HISTORIA LEY CORTA

En mayo, después de veinte y nueve días en huelga de hambre, cerca de 20 ex presos políticos, apoyados por el Comando Unitario lograron firmar un acuerdo con el Gobierno para instalar una mesa de trabajo por reajustes de las pensiones Valech y el compromiso de enviar una “ley corta”, para definir un aporte único de carácter Reparatorio en materia de violaciones de Derechos Humanos. Dicho proyecto ingresó con fecha 15 de julio a tramitación en el Congreso y un mes después, tras ser aprobado por la comisión de DDHH, ya se encuentra en la comisión de Hacienda. No obstante, los cambios y declaraciones vertidas por su paso en la comisión que preside el PS Raúl Saldívar, encendieron las alarmas en los diputados.  La instancia aprobó en general de la entrega de $1.000.000 para todos los calificados Valech y un 60% para las viudas de ex presos políticos fallecidos, según contemplaba el proyecto, pero con un leve cambio producto de una indicación ingresada por diputados de la Nueva Mayoría y el autonomista Gabriel Boric. Así, se reemplazó la frase inicial contenida en el proyecto “otorgase un aporte único de carácter Reparatorio” por “otorgase un aporte único, en carácter de reparación parcial”, lo que a juicio del gremialismo es el primer paso para extender beneficios de quienes, según se considera , ya han tenido beneficios monetarios, médicos, educacionales y de vivienda. A esto se suma la presentación del Gobierno ante la comisión, en voz de la subsecretaria Segpres, Patricia Silva, quien se centró en indicar que esta denominada ley corta -que fue aprobada por la Mesa de Alto Nivel de negociación- otorga un “aporte Reparatorio” de carácter inicial de $1.000.000, pero que está lejos de ser el aporte final. Según expuso ante los asistentes el pasado 12 de agosto, dicha mesa aún se encuentra en negociaciones con el Gobierno, relevando que hubo una propuesta de aporte “complementario” emanada desde el Ejecutivo, que de todas formas fue desechada por la mesa negociadora. La idea era un monto para todos aquellos mayores de 65 años, de $9 millones, de los cuales se descontará este bono inicial de $1.000.000. Los ocho millones restantes se pagarían a los beneficiarios en un número de cuotas anuales, según estratificación etaria. Esto motivó la presentación de un oficio por parte varios diputados para individualizar a los parlamentarios y autoridades (incluidos ministros, subsecretarios, alcaldes, concejales, Seremis, Cores y jefes de servicio) que recibirían este beneficio al basarse en los listados emanados del Informe Valech. Según los catastros, bajo esos parámetros estarían los diputados Osvaldo Andrade (PS), Sergio Aguiló (IC), Guillermo Teillier (PC), Pepe Auth (PPD) y el senador socialista Carlos Montes. Asimismo, embajadores como Patricio Hales (Francia) y Domingo Namuncura (Guatemala). Se desliza (desde el Gobierno) que se tendría un bono adicional de $9 millones o $10 millones, llevando la cifra a más de $300 mil millones en los bonos que se pretenden pagar, añadió el diputado y miembro de la comisión de DDHH, Juan Antonio Coloma.

MILITARES MANCILLARON MONOLITO A DETENIDOS DESAPARECIDOS

Al parecer estos oficiales ejecutan órdenes de una civilidad enferma de odio por los privilegios que están perdiendo, en una sociedad con abismantes desigualdades que ha existido hasta el día de hoy. Mentes enfermas rayaron la oficina del diputado Gutiérrez, nuestra tarea no está terminada, debemos seguir contando a Chile y el mundo, como fueron atropellados nuestros DDHH en dictadura, cuyos sufrimientos y dolores persisten hasta hoy.  Recordamos las palabras de nuestro compañero comunista Víctor Alfaro A. ´´ La semilla ya está sembrada y nunca la van a poder exterminar ´´ .  Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos y Familiares Iquique.

PROPUESTA DELA AGRUPACIÓN NACIONAL DE EX PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES IQUIQUE

En la reunión sostenida en abril de 2014 con el Subsecretario del Interior, Sr. Mahmud Aleuy, este manifestó la voluntad del Gobierno de cerrar definitivamente el tema de la Reparación a los sobrevivientes de la prisión política y la tortura. Esto dio origen a la “Primera Mesa de Trabajo” donde durante 7 meses se analizaron, a la luz de la Plataforma Unitaria, las experiencias reparatorias previas, la legislación internacional, los temas pendientes y las líneas de solución. Este trabajo culminó con un macizo Informe, redactado finalmente por el Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos (PDH-MIySP) Francisco Ugás, para luego ser entregado al Subsecretario de Interior el 10 de abril de 2015. Luego vino la prolongada Huelga de Hambre y los acuerdos subscritos por el Gobierno con los compañeros de Rancagua, uno de los cuales era constituir una Mesa de Alto Nivel. Acorde con su rol de mediador Monseñor Goic aceptó presidir la Mesa, con el apoyo del Senado y la Cámara de Diputados – que enviaron sus representantes-, y el acompañamiento del Alto Comisionado de N.U. para los DD.HH. y del INDH. En esta, rápidamente se enlazaron las peticiones de los Huelguistas con la Plataforma del Comando Unitario; cuyo objetivo específico es la elaboración de un Proyecto de ley de reparación que cerrara adecuadamente este triste capítulo de nuestra historia. Nuestras bases tienen claro que esta negociación no ha sido fácil. Que a pesar de tener el Gobierno un discurso que habla del compromiso país con los derechos humanos, sus negociadores –con honrosas excepciones- siguen más la política “austera y simbólica” de Lagos, que una que busque cerrar adecuadamente el tema Reparación. Los hechos demuestran que con leyes para “salir del paso”, como la Ley que nos impuso la dupla Lagos-Insulza el 2005, los problemas se alargan indefinidamente sin resolverse, y reaparecen una y otra vez. En el documento “Nuestra Posición” fijamos los criterios rectores de nuestro accionar. En este período en que la Mesa no ha sesionado, le hemos hecho llegar al Gobierno diversas propuestas que apuntan a desbloquear la negociación, en el marco que nos impone la Plataforma Unitaria y los acuerdos establecidos entre organizaciones. En el tema económico, esperamos que los diversos actores involucrados en esta iniciativa flexibilicen criterios y el Gobierno busque los recursos y mecanismos que permitan dar una respuesta digna a la precariedad de miles de sobrevivientes que perdieron todo producto de la persecución de que fueron objeto durante tantos años. Sabemos que es la hora de la responsabilidad. Por las esperanzas que miles han depositado en nosotros, no podemos simplemente dar un portazo e irnos con nuestras banderas a la calle, frente a una propuesta gubernamental que no satisface las expectativas. Esperamos que  Monseñor Goic logre concitar los respaldos necesarios para cerrar adecuadamente la Mesa… pero, ya no se debe seguir dilatando. Llamamos a nuestras bases a mantenerse alerta en esta etapa, y aprontar las fuerzas para las  tareas que vienen asociadas a un Proyecto de Ley. Estamos cohesionados y sabemos que no podemos ganar el 100 por ciento de nuestro petitorio… Pero el costo ético y político que pagaría el Gobierno de Michele Bachelet, ante un eventual fracaso de la Mesa de Alto Nivel, sería muy elevado. 

PROPUESTA de la ANEXPP – IQUIQUE

SALUD

Dotar y habilitar los consultorios, como clínicas solidarias, semejantes a las privadas para terminar con las listas de espera, recibir medicamentos, fármacos  que nunca han estado en la farmacia y así recibir una atención buena y rápida en los hospitales. Crear una farmacia que dependa de la municipalidad de Iquique, el estado no subsidie ni bonifique a las clínicas privadas, mutuales e isapres. Sueldos y bonos extraordinarios atractivos a médicos y profesionales, para que sientan que su trabajo humanitario, ahora si es tomado en cuenta.

EDUCACIÓN

Recuperar y devolver las becas que le fueron robadas a los expp por la Uniacc cuyo rector era el actual diputado Daniel Farcas. Que en alumnos regulares, sean considerados las personas que trabajan de dia y estudian de noche, subir el monto de dinero en las becas cuyo valor es el mismo del año 2006, para que se haga efectiva en la ley 19992 art.3 la beca permite financiar el 100% de los estudios de educación superior en una institución reconocida por Estado (arancel y matrícula), además de cubrir  los gastos que sean cobrados por la institución hasta un año después  del egreso, como, por ejemplo, el costo del examen  de grado  y/o tesis. El  beneficio al cual acceden los estudiantes es el  mismo dispuesto para el sistema de becas de educación superior: Para los alumnos  matriculados  en Universidades del  Consejo de Rectores, la cobertura del beneficio es hasta el arancel de referencia de  la carrera,los alumnos  que opten  por  matricularse en Instituciones de Educación Superior Privadas, tendrán como cobertura un  tope máximo de $1.150.000 por año, en el caso de las carreras profesionales y de $500.000 para las carreras técnicas. El artículo 27 de la Ley N° 20.129, las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, sea que no se presenten al proceso de acreditación o que presentándose  no  logran ser acreditadas, no podrán acceder a  ningún tipo  de recursos otorgados  directamente por el  Estado

VIVIENDA

Las leyes 19992 y 20405 habla de personas incluidas en ambos informes y en su reemplazo, a su cónyuge, al estar uno o ambos fallecidos debido a su avanzada edad y no se pierda el beneficio, agregar o familiar. D.S.N°49, (V. y U.), de 2011, destinado a jefes de familias que viven en condición de vulnerabilidad social y carencia habitacional, según su Ficha de Protección Social (FPS). Por su condición de expp y vulnerabilidad social, obviar la FPS.

REPARACIÓN

Aceptar el pago inmediato Bono $1.000.000 por firma de convenio

Aceptar el pago de Bono $9.000.000 en 30 cuotas mensuales de $300.000, al terminar el bono, la pensión mensual queda fija en $280.000.

Aceptar el pago inmediato Bono $9.000.000, quedando la pensión mensual fija en $230.000.
No condicionar los beneficios y reparaciones a firma de 50 años de silencio o demandas, querellas en contra del estado

PATRIMONIO

Mantener la memoria viva, con un local en Pisagua que sirva de museo para que las generaciones venideras sepan las atrocidades y genocidios que se cometieron con  los ex presos políticos y familiares en esa caleta, casa de Eventos en Iquique para organizar encuentros, reuniones con ex presos políticos, familiares, gente de los DDHH de Chile y el mundo, casa de Acogida para los ex presos politicos, familiares y personas en general que quieran escribir, comentar y conocer mas el genocidio que se cometió durante la dictadura de pinochet.

NO TE OLVIDAMOS PRESIDENTE

Este jueves 4 de septiembre, se cumplen 45 años del triunfo electoral del presidente Salvador Allende en Chile, lo que significó un cambio político trascendental para el momento, pues con su victoria se daban los primeros pasos para que esta nación construyera su camino al socialismo. Este líder político fue candidato a la presidencia de la República de Chile en cuatro oportunidades: 1952, 1958, 1964 y finalmente en 1970, en donde luego de una reñida elección a tres bandas, obtuvo la primera mayoría relativa con un 36,6%, superando a Jorge Alessandri (34,9 %) y a Radomiro Tomic (27,8 %). De ese modo, se convirtió en el primer presidente socialista en occidente que accedió al poder a través de la vía electoral. El gobierno de Salvador Allende, apoyado por un conglomerado de partidos de izquierda, agrupados en la organización política Unidad Popular, se destacó por el intento de establecer un camino no violento hacia un Estado socialista, en el que se proyectaron importantes cambios para el país, como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas estratégicas de la economía y la aceleración de la reforma agraria. La experiencia de la Unidad Popular se desarrollaría por un lapso de mil días, hasta que una conspiración, en la que tomaron parte activa el capital nacional y transnacional, el imperialismo estadounidense, las fuerzas políticas del centro y la derecha y los gremios empresariales y profesionales, creó las condiciones que condujeron a las elitescas fuerzas armadas de Chile a interrumpir, mediante un golpe de estado el 11 de septiembre de 1973, la democracia de ese país. Tras el fin de su gobierno sobrevino una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet, que duró dieciséis años y medio.

CRIMINAL EN ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

Alberto Juan Fernandez Michell
Teniente(R) de Carabineros
C.I 5.587.826 - 9
Los Nogales # 2949
Alto Hospicio - Iquique

Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.

Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

Las miserables reparaciones del gobierno

Higinio Espergue, dirigente de la Coordinación de ex Presos Políticos de Chile, informó que se logró un avance en las tratativas que llevan a cabo con el Gobierno, durante las negociaciones presididas por la ministra subrogante de la Secretaria General de la Presidencia, Patricia Silva.  Espergue indicó que el Ejecutivo accedió a incorporar a las víctimas calificadas por la Comisión Valech que reciben la pensión de exonerados.  La llamada “ley corta” consiste en un bono inmediato, por una única vez, de un millón de pesos. Aseguró que anteriormente el Ejecutivo se había negado a incluir a las viudas y a los exonerados. Sin embargo, el aumento de la pensión mensual continúa pendiente y llamaron al Gobierno a cumplir los “Acuerdos de Rancagua” del 24 de mayo pasado, que pusieron fin a una huelga de hambre de más de 40 días y que se replicó en varias ciudades del país. Espergue relató que al término de los ayunos realizados en numerosas ciudades de Chile, se realizaron tres reuniones de una comisión presidida por el obispo Alejandro Goic. “Se mostró buena disposición. Hablaron el garante de Naciones Unidas y Lorena Fries, presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes dieron el marco de referencia para que el Gobierno cumpla”. Sin embargo, agregó que “cuando llegamos a conversar el beneficio de reparación, el Gobierno comienza a dilatar, a no responder. Formando una comisión del Ministerio de Hacienda  para ver la factibilidad del aumento de las pensiones. Entonces se van transgrediendo los acuerdos que firmamos. No se puede hacer una burla de la demanda de los ex presos políticos que son más de 28 mil”.     “Yo estuve prisionero a los 20 años. Estuve en Villa Grimaldi, ex centro de tortura y exterminio durante la dictadura, lugar  donde también estuvo la Presidenta Michelle Bachelet con su madre Ángela Jeria. Era un centro de tortura, de exterminio, de terror. Sobrevivimos, otros desaparecieron”, recordó. “Al Gobierno queremos decirle que cumpla los compromisos, los tratados internacionales y la palabra empeñada. Eso le pedimos a la Presidenta Bachelet”,  indicó. “Esos tratados dicen que el Estado tiene el deber y la responsabilidad de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y Chile los  ha asumido en forma muy parcial e insuficiente. Uno de los puntos es que la reparación tiene que ser acorde al daño causado, expresó Espergue, quien es además director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. “En otros países se reparó como en Argentina. Eso es fácil, se calcula el sueldo de un empleado fiscal base, a la fecha actual y se hacen los cálculos”, precisó.

DEMOLICIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN CHILE

 Parte importante de los principales órganos superiores del Estado están en situación de tránsito. Indefinición acerca del nuevo Fiscal Nacional, indeterminación del nuevo director de la PDI, ambos organismos estrechamente vinculados a los procesos investigativos de corrupción política en curso. La Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos en interinato y, pese a la conmoción de las últimas semanas, además del director general, el único cambio significativo fue la cesación del subdirector jurídico, único funcionario que abiertamente deseaba que se investigaran los ilícitos de financiamiento ilegal de la política.

Cuánto valen las instituciones y cuál es el fondo institucional que le queda al Estado de Chile, se convierten en preguntas legítimas. Lo único cierto es que –hablando en materia de imagen corporativa– Chile vale hoy mucho menos que ayer, debido a la demolición de sus instituciones generada por su elite política y empresarial. Pérdida neta para todos los ciudadanos. La política nacional parece moverse a ciegas. Sin razonamientos acerca de lo que está ocurriendo en todo el sistema político y económico; sin ver el peso real de los factores intervinientes ni menos el daño objetivo a la imagen corporativa del país y la demolición de sus instituciones. Parece una república de zombies en pos de dominar el arte crudo de la amenaza o la omisión, con llamados casi pueriles pero indignantes, para la mayoría de la ciudadanía, acerca de lo necesario que es “sincerar las cosas”. No se trata de “pontificar” sobre conductas públicas, como dicen personeros políticos que se sienten escrutados precisamente en su vida pública. Tal acto no corresponde al periodismo sino a las iglesias u otras entidades morales de la sociedad que predican modelos de conducta. La prensa debe poner el foco informativo basada en el interés público de conocer y transparentar todo lo posible la crisis y evidenciar las responsabilidades no cumplidas. Porque ello está afectando el núcleo del pacto social, que es la confianza, y afecta la calidad de vida y convicción democrática de los ciudadanos. En democracia, la selección de los representantes es uno de los actos fundamentales del pacto constitucional. No hay institución más significativa de la igualdad que el derecho a elegir de manera igual y libre. No es necesario repetir conceptos como soberanía, mandato constitucional o representación, para entender que la veracidad de los procedimientos de elección es uno de los requisitos indispensables de la salud política pública. Lo que la crisis del Chile actual nos entrega como dato duro es que el financiamiento ilegal de la política se disparó, en manos de candidatos de todo tipo, como una regadera enloquecida que moja a todos los sectores políticos, si no por igual, al menos con idéntico fin: obtener posiciones dominante y reguladas. Que el poder económico ha operado como un mecanismo censitario frente a la ciudadanía, oculto en el pacto entre la elite política y las empresas, generando posiciones dominantes y ganancias ilegales de ellas y con la omisión de quienes deben regularlas y fiscalizarlas, es un hecho de la causa. El lucro no es ilegítimo ni es siempre ilegal la organización de recolección de dinero para la política. Pero su clandestinidad, su origen poco transparente, no solo esconde ilegalidades sino que además será siempre ilegítimo.

¿Cuánto valen las instituciones de todo el mecanismo electoral y de generación de representación política? En más de algún lugar, sobre todo en países dominados por oligarquías corruptas o dictaduras, valen hasta una guerra civil. Tal es su valor para el ejercicio de la libertad. Desde la A a la Z los dirigentes políticos del país son responsables, por acción u omisión, de la demolición de las instituciones que permiten el funcionamiento de la representación política. ¿Cuánto vale para una sociedad abierta y de libre mercado la salud de las instituciones económicas? Qué significa para ellas que su actuación esté siendo auscultada no por los entes reguladores, lo que sería lo normal, sino por la Justicia y la investigación criminal? Es una respuesta que debieran dar los propios empresarios y los gremios a los cuales ellos pertenecen. Es verdad que ha habido voces que repudian las prácticas corruptivas, pero han sido las menos. Lo que más se ha visto es una expresión de victimización, de amparo social o simplemente de omisión y silencio. En la sociedad moderna la confianza es un bien público perfecto que influye desde la base en el funcionamiento de toda la sociedad. La vergüenza y el desprestigio en política son fluidos que nacen de la calidad de este bien público cuando es mala, que trascienden las fronteras físicas y psicológicas e impregnan mercados y banderas, que una vez caídas cuesta mucho levantar. Es imposible que, luego de los escándalos del sistema financiero chileno y la promiscuidad empresarial con la política, haya algún ministro de Hacienda o alto funcionario diplomático que se pare con la misma seguridad que hace apenas cinco años en las sedes internacionales de la economía. Difícilmente hoy somos un ejemplo de economía y democracia transparente y sana. Parte importante de los principales órganos superiores del Estado están en situación de tránsito. Indefinición acerca del nuevo Fiscal Nacional, indeterminación del nuevo director de la PDI, ambos organismos estrechamente vinculados a los procesos investigativos de corrupción política en curso. La Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos en interinato y, pese a la conmoción de las últimas semanas en este último organismo, además del director general, el único cambio significativo fue la cesación del subdirector jurídico, único funcionario que abiertamente deseaba que se investigaran los ilícitos de financiamiento ilegal de la política. En ese cuadro, la Presidencia de la República no solo se omite de optar por un programa de fortalecimiento de las instituciones o referirse a la crisis, sino que se concentra en el arte del “buen Gobierno”, pese a que su credibilidad respecto de ello se encuentra desfondada según señalan las encuestas. Todo el entorno palaciego y de los partidos gira en torno a la verdad de una precampaña presidencial, como si ello fuera importante para algo o cambiara en algo del escenario, cuando lo certero es que el roce frontal entre la Presidenta y sus principales ex asesores tiene tambaleando al Gobierno. Cuánto valen las instituciones y cuál es el fondo institucional que le queda al Estado de Chile, se convierten en preguntas legítimas. Lo único cierto es que –hablando en materia de imagen corporativa– Chile vale hoy mucho menos que ayer, debido a la demolición de sus instituciones generada por su elite política y empresarial. Pérdida neta para todos los ciudadanos.