La mayoría de los establecimientos educacionales privados cobra la totalidad del arancel aun cuando el alumno no haya tomado la respectiva carrera, ya sea por enfermedad, viaje u otros inconvenientes. Un proyecto de ley pretende revertir esta realidad.
EDUCACIÓN: el reino de los contratos abusivos.Hoy, ninguna ley específica norma la relación contractual que pueda contraer un establecimiento educacional con un futuro alumno. Los miles de usuarios de la educación privada en el país sólo pueden resguardar sus derechos en su calidad de consumidores, lo que ha desatado un constante abuso por parte de los prestadores de este tipo de servicios.Conscientes de este vacío legal, los diputados Eugenio Tuma (PPD) y Patricio Hales (PPD) presentaron un proyecto de ley justamente destinado a regular la prestación de servicios educacionales, iniciativa que fue aprobada en la Comisión de Educación y en la cámara baja, pero que duerme desde mayo en el Senado a la espera de urgencia.La iniciativa pretende poner fin al imperio del más fuerte. "Hoy, el abuso reina en la relación establecimiento educacional y el usuario, con la ausencia de una norma que establezca un punto de equilibrio entre los que prestan servicios y los beneficiarios", sostiene el diputado Tuma, quien agrega que lo más delicado es que hoy nadie fiscaliza que las instituciones educacionales no se queden con el valor de servicios no prestados en caso de fuerza mayor o de retracto. "El que paga una vez, lo hace para siempre y a todo evento", denuncia.El proyecto de ley presentado por los diputados busca regular los contratos educacionales, "donde se debe expresar obligatoriamente que en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad de recibir el servicio se devolverán los dineros o no se cobrará", dice Tuma. "Esto se presta para que las universidades muchas veces no consideren ninguna devolución en caso de no prestación de servicio", agrega.Precisamente la inexistencia de una ley permite a las universidades establecer este tipo de contratos.LEY DEL CONSUMIDORSin embargo, el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa, explica que de no haber especificaciones sobre el sistema educacional, se aplican las reglas generales de la Ley del Consumidor.Para Roa, es posible perfeccionar la relación entre el consumidor de educación superior y los prestadores, como de hecho lo hacen proyectos presentados por el Ministerio de Educación y algunos parlamentarios. No obstante, señala que mientras esto no exista, se debe tener en cuenta que reclamar sirve y que "toda relación entre un consumidor y un proveedor profesional, incluido el contrato de prestación de servicios educacionales, está regulado por la ley del consumidor, y, en consecuencia, un contrato jamás puede significar renunciar o establecer reglas que vulneren el marco que establece la Ley del Consumidor", dice.Es por esta razón que el fallo en contra de la Universidad Andrés Bello (ver recuadro) que obligó a la institución a devolverle los dineros a una estudiante que no pudo iniciar la carrera contratada, releva la premisa del Sernac y pone en alerta a todos los padres, apoderados y estudiantes que firman contratos de prestación de servicios con alguna institución educacional. "En consecuencia, cláusulas que la ley estima como abusivas y en general aquellas que establezcan un desequilibrio importante entre los derechos y deberes de consumidores y proveedores, no tienen ningún valor, aunque el consumidor las haya leído, las haya aceptado y haya firmado el contrato. Las reglas del juego las establece la ley y no lo que estipule el contrato de las empresas, incluidas las entidades educacionales", resume Roa.El diputado Eugenio Tuma valora la incidencia que este fallo puede tener y los argumentos de la Corte de Apelaciones, sin embargo, señala que es completamente insuficiente, puesto que para hacer valer el derecho de equidad ante la ley, "se aplicó la Ley del Consumidor supletoriamente (que a falta de normas específicas o propias se aplican disposiciones generales) y fue necesario alegarla (en laCorte) y los tribunales no siempre lo consideran de esta forma".Si estuviera en vigencia una ley que regule la prestación de servicios educacionales, este tipo de cláusulas, que hoy son permitidas, estarían reguladas. "Este proyecto establece condiciones que no pueden ser establecidas en los contratos como las condiciones de no prestación de servicios e igual cobro. Todos los contratos deben estar de acuerdo a la ley, no pueden violentarla", enfatiza el diputado.
Nancy Arancibia El M ercurio 25/08/2008
jueves, 28 de agosto de 2008
martes, 26 de agosto de 2008
COMPLICADA SITUACIÓN DEL JEFE DEL CONSEJO DEFENSA DEL ESTADO EN VALPARAISO
La situación del abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la V Región, Enrique Vicente Molina, (capitán de corbeta (R), ex fiscal naval de Valparaíso DURANTE LA DICTADURA MILITAR y ex seremi de Justicia de Augusto Pinochet) se complica cada vez más.
El también ex fiscal naval Enrique Vicente está querellado en varios procesos por violaciones de los derechos humanos y es acusado por ex agentes de ejercer poder en centros de tortura. LO DEFIENDEN TRES ABOGADOS DEL PROPIO CDE DE LA V REGIÓN.
A las declaraciones de ex agentes del Grupo Zorro 2 -que lo acusan de ser uno de los hombres que tenía poder en los centros de detención y tortura como la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma, lo que Enrique Vicente niega- y al ocultamiento a la justicia de su labor como fiscal entre los años 1975 y 1977 -declaró que sólo sirvió como fiscal naval de Valparaíso hasta el 31 de diciembre de 1974- ahora se sumaron dos oficios del senador Nelson Ávila.
El parlamentario pidió al contralor general de la república, Ramiro Mendoza, que indague los términos en que ejercen la defensa de Vicente los abogados del mismo CDE de la V Región y subordinados suyos, Juan García Bilbao, Helga Göcke Saavedra y Alfredo Larreta Granger.
"Estos abogados han realizado en las causas criminales (donde está imputado Vicente) actuaciones y diligencias procesales en horarios que corresponderían a los de su función pública, y para los efectos de las notificaciones (judiciales de estas causas) han consignado las dependencias del propio CDE", sostiene Ávila.
A su vez, el senador ex PPD y hoy radical envió un segundo oficio dirigido al presidente del CDE, Carlos Mackenney, donde le hizo presente la misma situación pidiéndole que el consejo abra una investigación sumaria en contra de Vicente.
Pero en este caso Ávila agregó la INCONGRUENCIA de que, mientras el CDE es parte querellante en el país en diversas causas por delitos de lesa humanidad durante la opresión militar, en la V Región ello no sucede.
"Me tiene sorprendido el silencio y la pasividad del CDE en la instrucción y prosecución de causas por violaciones de los derechos humanos en la V Región", dijo el senador en su oficio a Mackenney.
En el texto el parlamentario citó el artículo que publicó La Nación Domingo el pasado 13 de julio, en el que se dio cuenta de las declaraciones y careos judiciales de los ex agentes del Grupo Zorro 2 que operó en la Academia de Guerra Naval y Cuartel Silva Palma de Valparaíso, teniente coronel (R) de Carabineros Alejandro Vargas Goas, y suboficial (R) de la misma institución, Guillermo Peña González, donde acusan a Vicente de circular frecuentemente en estos dos centros de tortura en el cerro Playa Ancha ejerciendo mando.
LND también informó acerca de un informe de la Policía de Investigaciones en el que se estableció que los agentes del Grupo Zorro 2 "cumplían en la inteligencia naval las instrucciones dadas por el fiscal Enrique Vicente Molina".
En su oficio a Mackenney, Ávila le recordó QUE YA HABIA DEMANDADO durante la presidencia de Clara Szczaranski que el CDE investigue a Vicente por las acusaciones que se le formulan en las querellas en su contra, pero NADA SUCEDIO AL RESPECTO.
Jorge Escalante La Nación 25/08/2008
El también ex fiscal naval Enrique Vicente está querellado en varios procesos por violaciones de los derechos humanos y es acusado por ex agentes de ejercer poder en centros de tortura. LO DEFIENDEN TRES ABOGADOS DEL PROPIO CDE DE LA V REGIÓN.
A las declaraciones de ex agentes del Grupo Zorro 2 -que lo acusan de ser uno de los hombres que tenía poder en los centros de detención y tortura como la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma, lo que Enrique Vicente niega- y al ocultamiento a la justicia de su labor como fiscal entre los años 1975 y 1977 -declaró que sólo sirvió como fiscal naval de Valparaíso hasta el 31 de diciembre de 1974- ahora se sumaron dos oficios del senador Nelson Ávila.
El parlamentario pidió al contralor general de la república, Ramiro Mendoza, que indague los términos en que ejercen la defensa de Vicente los abogados del mismo CDE de la V Región y subordinados suyos, Juan García Bilbao, Helga Göcke Saavedra y Alfredo Larreta Granger.
"Estos abogados han realizado en las causas criminales (donde está imputado Vicente) actuaciones y diligencias procesales en horarios que corresponderían a los de su función pública, y para los efectos de las notificaciones (judiciales de estas causas) han consignado las dependencias del propio CDE", sostiene Ávila.
A su vez, el senador ex PPD y hoy radical envió un segundo oficio dirigido al presidente del CDE, Carlos Mackenney, donde le hizo presente la misma situación pidiéndole que el consejo abra una investigación sumaria en contra de Vicente.
Pero en este caso Ávila agregó la INCONGRUENCIA de que, mientras el CDE es parte querellante en el país en diversas causas por delitos de lesa humanidad durante la opresión militar, en la V Región ello no sucede.
"Me tiene sorprendido el silencio y la pasividad del CDE en la instrucción y prosecución de causas por violaciones de los derechos humanos en la V Región", dijo el senador en su oficio a Mackenney.
En el texto el parlamentario citó el artículo que publicó La Nación Domingo el pasado 13 de julio, en el que se dio cuenta de las declaraciones y careos judiciales de los ex agentes del Grupo Zorro 2 que operó en la Academia de Guerra Naval y Cuartel Silva Palma de Valparaíso, teniente coronel (R) de Carabineros Alejandro Vargas Goas, y suboficial (R) de la misma institución, Guillermo Peña González, donde acusan a Vicente de circular frecuentemente en estos dos centros de tortura en el cerro Playa Ancha ejerciendo mando.
LND también informó acerca de un informe de la Policía de Investigaciones en el que se estableció que los agentes del Grupo Zorro 2 "cumplían en la inteligencia naval las instrucciones dadas por el fiscal Enrique Vicente Molina".
En su oficio a Mackenney, Ávila le recordó QUE YA HABIA DEMANDADO durante la presidencia de Clara Szczaranski que el CDE investigue a Vicente por las acusaciones que se le formulan en las querellas en su contra, pero NADA SUCEDIO AL RESPECTO.
Jorge Escalante La Nación 25/08/2008
AGUA,COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS,CRISIS ENREDADAS
El espectro de una crisis que envuelva a los alimentos, el combustible y el agua" asedia a la mayoría de las naciones en desarrollo, advirtió Lars Thunell, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundia
"Creo que estamos en un punto de inflexión", señaló. La escasez de agua plantea una amenaza al suministro alimentario justo cuando el sector agrícola intensifica la producción, en respuesta a los disturbios por el encarecimiento de los alimentos y el aumento del hambre y la malnutrición.
En el cierre de la Conferencia Internacional del Agua de Estocolmo, este viernes, Thunell dijo que la creciente demanda de agua está superando a la oferta.
Se espera que la población mundial, de unos 6.000 millones de habitantes, aumente a alrededor de 9.000 millones para 2050, con más de 60 por ciento viviendo en megaciudades.
"Como el consumo de agua aumenta donde hay desarrollo y estilos de vida mejorados, podemos esperar demandas incluso mayores de agua dulce", dijo Thunell.
La agricultura, sector que hace un uso intensivo del líquido, se está expandiendo, y la industrialización y la producción energética están guiando la demanda, agregó.
La conferencia, a la que asistieron unos 2.400 expertos y funcionarios gubernamentales, terminó con una ominosa advertencia: que el agua y el saneamiento se enredan en las raíces de las crisis alimentaria, energética y climática.
El Instituto Internacional del Agua de Estocolmo dijo que el lento avance en materia de saneamiento hará que el mundo fracase en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.
Al mismo tiempo, una política débil, una mala administración, un derroche cada vez mayor y el estallido de las demandas hídricas empujarán al planeta hacia el punto de inflexión de una crisis mundial del agua.
Los Objetivos de Desarrollo, definidos en 2000 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyen reducir a la mitad la proporción de personas que padecen pobreza y hambre (en relación a 1990), garantizar la educación primaria universal, promover la igualdad de género y reducir la mortalidad infantil y la materna.
También contemplan combatir el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), la malaria y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo, todo esto con 2015 como fecha límite.
Según estimaciones de la ONU, unos 1.000 millones de personas en todo el mundo todavía carecen de acceso a agua potable, mientras que alrededor de 2.600 millones de personas carecen de un saneamiento adecuado.
El director general del Instituto Internacional del Manejo del Agua, Colin Chartres, dijo que las causas de la escasez hídrica son esencialmente idénticas a las de la crisis alimentaria.
"Hay factores serios y extremadamente preocupantes que indican que las fuentes de suministro de agua está cerca de agotarse en algunos países", expresó.
Chartres destacó que, según las estimaciones actuales, el mundo no tendrá suficiente agua para abastecerse en 40 años, "para cuando la actual crisis alimentaria puede convertirse en perpetua".
También manifestó que él y sus colegas científicos elevaron una bandera de
advertencia: "si se quiere evitar consecuencias nefastas", se requieren inversiones significativas en investigación y desarrollo de infraestructura hídrica.
Thunell, de la Corporación Financiera Internacional, dijo que proveer agua limpia y servicios de saneamiento no sólo representa oportunidades de negocios, sino también de mejorar vidas.
Agregó que los inversores ven una oportunidad en el sector hídrico mundial, de 450.000 millones de dólares, donde las acciones tienen un fuerte desempeño en todo el mundo.
Algunas firmas privadas también ven al suministro de agua como un riesgo empresarial y lo afrontan como parte integral de su estrategia de manejo de riesgos.
"Creo que el momento es correcto. Podemos evitar una crisis como socios, trabajando juntos", dijo Thunell.
Añadió que la Corporación hará lo suyo invirtiendo en compañías que buscan oportunidades en la conservación y la calidad del agua, y fomentando asociaciones público-privadas en el sector hídrico.
Pero Patti Lynn, directora de campañas de Corporate Accountability International, tiene una posición diferente sobre el rol del sector privado.
"La crisis se origina en una confluencia de problemas, pero tal vez ningún factor es más insidioso y corregible que la privatización del recurso", dijo a IPS.
"Cuando el acceso de la gente al agua limpia para beber depende de los intereses económicos de un puñado de transnacionales, todos nosotros pagamos un recargo, y a causa de esto muchos de los pobres del mundo tienen sed", agregó.
Consultada sobre si la comunidad internacional cumplirá los Objetivos del Milenio relativos al agua y el saneamiento para 2015, respondió: "No, si no cambiamos el curso inmediato de acción".
El Banco Mundial necesita dejar de poner la privatización del agua como condición para sus préstamos, dijo.
"Si el Banco está verdaderamente interesado en aliviar la pobreza, sus condiciones deberían adoptar un punto de vista más a largo plazo", sostuvo.
Mantener el agua bajo control local, público y democrático es la manera más justa de asegurar el mayor grado de acceso al líquido para la mayor cantidad de gente, agregó Lynn. (FIN/2008) A.I. 25/08/2008
"Creo que estamos en un punto de inflexión", señaló. La escasez de agua plantea una amenaza al suministro alimentario justo cuando el sector agrícola intensifica la producción, en respuesta a los disturbios por el encarecimiento de los alimentos y el aumento del hambre y la malnutrición.
En el cierre de la Conferencia Internacional del Agua de Estocolmo, este viernes, Thunell dijo que la creciente demanda de agua está superando a la oferta.
Se espera que la población mundial, de unos 6.000 millones de habitantes, aumente a alrededor de 9.000 millones para 2050, con más de 60 por ciento viviendo en megaciudades.
"Como el consumo de agua aumenta donde hay desarrollo y estilos de vida mejorados, podemos esperar demandas incluso mayores de agua dulce", dijo Thunell.
La agricultura, sector que hace un uso intensivo del líquido, se está expandiendo, y la industrialización y la producción energética están guiando la demanda, agregó.
La conferencia, a la que asistieron unos 2.400 expertos y funcionarios gubernamentales, terminó con una ominosa advertencia: que el agua y el saneamiento se enredan en las raíces de las crisis alimentaria, energética y climática.
El Instituto Internacional del Agua de Estocolmo dijo que el lento avance en materia de saneamiento hará que el mundo fracase en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.
Al mismo tiempo, una política débil, una mala administración, un derroche cada vez mayor y el estallido de las demandas hídricas empujarán al planeta hacia el punto de inflexión de una crisis mundial del agua.
Los Objetivos de Desarrollo, definidos en 2000 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyen reducir a la mitad la proporción de personas que padecen pobreza y hambre (en relación a 1990), garantizar la educación primaria universal, promover la igualdad de género y reducir la mortalidad infantil y la materna.
También contemplan combatir el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), la malaria y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo, todo esto con 2015 como fecha límite.
Según estimaciones de la ONU, unos 1.000 millones de personas en todo el mundo todavía carecen de acceso a agua potable, mientras que alrededor de 2.600 millones de personas carecen de un saneamiento adecuado.
El director general del Instituto Internacional del Manejo del Agua, Colin Chartres, dijo que las causas de la escasez hídrica son esencialmente idénticas a las de la crisis alimentaria.
"Hay factores serios y extremadamente preocupantes que indican que las fuentes de suministro de agua está cerca de agotarse en algunos países", expresó.
Chartres destacó que, según las estimaciones actuales, el mundo no tendrá suficiente agua para abastecerse en 40 años, "para cuando la actual crisis alimentaria puede convertirse en perpetua".
También manifestó que él y sus colegas científicos elevaron una bandera de
advertencia: "si se quiere evitar consecuencias nefastas", se requieren inversiones significativas en investigación y desarrollo de infraestructura hídrica.
Thunell, de la Corporación Financiera Internacional, dijo que proveer agua limpia y servicios de saneamiento no sólo representa oportunidades de negocios, sino también de mejorar vidas.
Agregó que los inversores ven una oportunidad en el sector hídrico mundial, de 450.000 millones de dólares, donde las acciones tienen un fuerte desempeño en todo el mundo.
Algunas firmas privadas también ven al suministro de agua como un riesgo empresarial y lo afrontan como parte integral de su estrategia de manejo de riesgos.
"Creo que el momento es correcto. Podemos evitar una crisis como socios, trabajando juntos", dijo Thunell.
Añadió que la Corporación hará lo suyo invirtiendo en compañías que buscan oportunidades en la conservación y la calidad del agua, y fomentando asociaciones público-privadas en el sector hídrico.
Pero Patti Lynn, directora de campañas de Corporate Accountability International, tiene una posición diferente sobre el rol del sector privado.
"La crisis se origina en una confluencia de problemas, pero tal vez ningún factor es más insidioso y corregible que la privatización del recurso", dijo a IPS.
"Cuando el acceso de la gente al agua limpia para beber depende de los intereses económicos de un puñado de transnacionales, todos nosotros pagamos un recargo, y a causa de esto muchos de los pobres del mundo tienen sed", agregó.
Consultada sobre si la comunidad internacional cumplirá los Objetivos del Milenio relativos al agua y el saneamiento para 2015, respondió: "No, si no cambiamos el curso inmediato de acción".
El Banco Mundial necesita dejar de poner la privatización del agua como condición para sus préstamos, dijo.
"Si el Banco está verdaderamente interesado en aliviar la pobreza, sus condiciones deberían adoptar un punto de vista más a largo plazo", sostuvo.
Mantener el agua bajo control local, público y democrático es la manera más justa de asegurar el mayor grado de acceso al líquido para la mayor cantidad de gente, agregó Lynn. (FIN/2008) A.I. 25/08/2008
domingo, 24 de agosto de 2008
SI SE SIENTE DISCRIMINADO,PINCHE AQUÍ
Un formulario donde puedes poner tu denuncia si crees que fuiste víctima de discriminación es una de las ofertas del sitio http://www.chilediverso.cl, página web que recoge información y difunde noticias, estudios y documentos sobre los derechos de minorías sociales y sectores históricamente discriminados.
Este sitio también asesora: dónde ir, qué leyes te defienden y quién te puede ayudar son algunos de los datos que te van a llegar después de hacer tu denuncia.
"Esto nos permitirá hacer un monitoreo más concreto y permanente de los casos de discriminación que ocurren en Chile, junto con ofrecer asesoría gratuita a quienes lo deseen, al objeto de paliar los efectos negativos de la exclusión", aseguraron los creadores de la página web.
El sitio se lanzó el sábado 16 y será promovido por afiches y cartillas que serán esparcidos por todo el país. Además, la primera edición de este espacio incluye una columna de opinión del director ejecutivo de Amnistía Internacional, Sergio Laurenti, uno de los organismos que integran la iniciativa, junto a otros como Participa, Genera, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Movilh. En total son más de 20 las ONG que crearon este sitio, pensando en que una de las cosas que le faltan a Chile es seguir sistemáticamente estos atropellos.
Este sitio también asesora: dónde ir, qué leyes te defienden y quién te puede ayudar son algunos de los datos que te van a llegar después de hacer tu denuncia.
"Esto nos permitirá hacer un monitoreo más concreto y permanente de los casos de discriminación que ocurren en Chile, junto con ofrecer asesoría gratuita a quienes lo deseen, al objeto de paliar los efectos negativos de la exclusión", aseguraron los creadores de la página web.
El sitio se lanzó el sábado 16 y será promovido por afiches y cartillas que serán esparcidos por todo el país. Además, la primera edición de este espacio incluye una columna de opinión del director ejecutivo de Amnistía Internacional, Sergio Laurenti, uno de los organismos que integran la iniciativa, junto a otros como Participa, Genera, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Movilh. En total son más de 20 las ONG que crearon este sitio, pensando en que una de las cosas que le faltan a Chile es seguir sistemáticamente estos atropellos.
CHILE VUELVE A SER REPROBADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Brutalidad policial para enfrentar las movilizaciones sociales, torturas en las cárceles y discriminación que impide, por razones económicas, que todas las mujeres tengan derecho a un parto sin dolor.
Estos son sólo algunos de los aspectos que marcan la realidad del país de cara al Bicentenario, según el poco alentador documento elaborado por la casa de estudios superiores.
Las iniciativas en materia sanitaria, judicial y laboral que se han emprendido los últimos años no han permitido que Chile pueda mejorar sus falencias en relación al respeto de los derechos humanos de las personas.
Así lo establece el informe Anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales que se dio a conocer de manera íntegra este martes, el cual pone en tela de juicio los resultados de una serie de iniciativas impulsadas en los últimos años en materias de salud, laborales y judiciales, entre otras.
DERECHO DE LA SALUD
El documento sostiene que el Derecho a la SALUD ni siquiera está GARANTIZADO en el Plan Auge, donde queda al descubierto que la promesa de COBERTURA ANUNCIADA se supedita– en la práctica- a criterios económicos y no sanitarios.
Al respecto la académica Alejandra Zúñiga devela que prácticamente todas las Guías Clínicas AUGE – verdaderas “LETRAS CHICAS” del Plan que son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema-, establecen CRITERIOS DE EXCLUCIÓN, tales como: la edad o lugar de residencia del paciente, HACIENDO IMPOSIBLE el cumplimiento de la promesa de cobertura que la propia ley Nº 19.966 estableció para que ‘TODA`PERSONA RESIDENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL, independiente de su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso, PUEDA CONTAR con un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a una ATENCIÓN DE SALUD ADECUADA y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad”.
En tanto, tomando fuentes oficiales y diversos estudios, el capítulo sobre el tema realiza un exhaustivo análisis de IMCUMPLIMIENTO Y DISCRIMINACIÓN, siendo particularmente graves aquellos que ocurren en atenciones garantizadas a la mujer, como el DERECHO AL PARTO SIN DOLOR, incorporado al AUGE a partir de julio del 2007. “Lo que parecía ser una gran noticia resulta en una garantía sin contenido, una GES para unas pocas mujeres que, por distintas circunstancias, pueden hacer uso de este ‘derecho’”, plantea Zúñiga.
MOVILICACIONES SOCIALES Y TORTURAS CARCELARIAS
En tanto, el director del centro de DDHH de la UDP, Nicolás Espejo, se refirió a cómo está enfrentando el país las movilizaciones sociales.
“Una república que se apresta a celebrar 200 años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe”, expresó.
Agregó además que existen dificultades para comprender "cómo el Estado de Chile permite las HUMILLANTES CONDICIONES en las que miles de adolescentes privados de libertad se encuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia, o con las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se siguen registrando en diversas cárceles de Chile".
Espejo destacó que este año el informe haya abarcado el tema de la protesta social y derecho a huelga. Sostuvo al respecto que mientras el Gobierno impulsa sendas reformas a la forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios (particularmente el mapuche) al sistema educacional, al sistema electoral y a la justicia y condiciones laborales, al mismo tiempo mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento, salvo cuando se trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después.
“El derecho a la libertad de expresión juega también un rol fundamental en el ejercicio de otros derechos políticos, tales como el derecho de reunión y protesta. Por tanto, debe evitarse un acercamiento a las movilizaciones sociales que reduzca tales manifestaciones legítimas a meros actos de violencia y falta de razón”, puntualizó.
El estudio sostiene que a pesar de diversas recomendaciones hechas por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el Estado de Chile mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales.
Al mismo tiempo, este contexto restrictivo se manifiesta también en la retórica del Gobierno, los medios de comunicación y la jurisprudencia judicial y administrativa, agravando las posibilidades de reconocimiento del derecho a huelga, se afirma en el capítulo dedicado al tema. “Un Estado QUE NO RECONOCE adecuadamente el derecho A LA HUELGA DE SUS TRABAJADORES, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital”, planteó Espejo.
ACCESO A LA JUSTICIA Y TRIBUNALES MILITARES
El capítulo dedicado al acceso a la Justicia revela “la preocupante situación de las corporaciones de Asistencia Judicial, -las que constituyen el principal soporte del sistema de asistencia jurídica gratuita del país- toda vez que cuentan con un PRESUPUESTO INSUFICIENTE y una estructura organizacional atomizada y asentada en la figura de los egresados de derecho, que realizan su práctica profesional”.
También hay un capítulo dedicado a revisar las principales violaciones al derecho al debido proceso por parte de la legislación militar y su aplicación a civiles. En particular, presta atención a la forma en que el ESTADO DE CHILE, a pesar de haber sido CONDENADO HACE CASI 4 AÑOS por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continúa APLICANDO UN SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR PLENAMENTE INCOMPATIBLE con las exigencias básicas de la Convención Americana Sobre DERECHOS HUMANOS.
PUEBLOS ORIGINARIOS
Otro de los capítulos revisa el modo en que las instituciones constitucionales, legales, judiciales y administrativas –incluyendo las policías- incurren en diversas "violaciones" a los derechos de estos pueblos. En particular, pone énfasis en el deficiente modelo de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y de quienes intentan defenderlas y el constante crecimiento de denuncias internacionales en contra de Chile en esta materia.
Otros temas tocados por el Informe son los derechos de niños, niñas y adolescentes, medio ambiente, de la mujer, violaciones a los DDHH en el pasado, minorías sexuales y condiciones carcelarias.
“El reconocimiento de los errores en estas materias es, sin lugar a dudas, excepcional. Por ello, un informe sobre violaciones a los derechos humanos es demasiado importante para la calidad de la democracia. Su objetivo no es agradar, sino incomodar. Su metodología no es la misma utilizada en informes de avance o implementación de políticas públicas o legislación. Su vocación no es el compromiso entre los intereses en juego, sino la férrea defensa de aquello que más valoramos cuando nos enfrentamos al poder o la ausencia del mismo", dijo Espejo.
El mostrador 19/08/2008
Estos son sólo algunos de los aspectos que marcan la realidad del país de cara al Bicentenario, según el poco alentador documento elaborado por la casa de estudios superiores.
Las iniciativas en materia sanitaria, judicial y laboral que se han emprendido los últimos años no han permitido que Chile pueda mejorar sus falencias en relación al respeto de los derechos humanos de las personas.
Así lo establece el informe Anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales que se dio a conocer de manera íntegra este martes, el cual pone en tela de juicio los resultados de una serie de iniciativas impulsadas en los últimos años en materias de salud, laborales y judiciales, entre otras.
DERECHO DE LA SALUD
El documento sostiene que el Derecho a la SALUD ni siquiera está GARANTIZADO en el Plan Auge, donde queda al descubierto que la promesa de COBERTURA ANUNCIADA se supedita– en la práctica- a criterios económicos y no sanitarios.
Al respecto la académica Alejandra Zúñiga devela que prácticamente todas las Guías Clínicas AUGE – verdaderas “LETRAS CHICAS” del Plan que son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema-, establecen CRITERIOS DE EXCLUCIÓN, tales como: la edad o lugar de residencia del paciente, HACIENDO IMPOSIBLE el cumplimiento de la promesa de cobertura que la propia ley Nº 19.966 estableció para que ‘TODA`PERSONA RESIDENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL, independiente de su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso, PUEDA CONTAR con un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a una ATENCIÓN DE SALUD ADECUADA y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad”.
En tanto, tomando fuentes oficiales y diversos estudios, el capítulo sobre el tema realiza un exhaustivo análisis de IMCUMPLIMIENTO Y DISCRIMINACIÓN, siendo particularmente graves aquellos que ocurren en atenciones garantizadas a la mujer, como el DERECHO AL PARTO SIN DOLOR, incorporado al AUGE a partir de julio del 2007. “Lo que parecía ser una gran noticia resulta en una garantía sin contenido, una GES para unas pocas mujeres que, por distintas circunstancias, pueden hacer uso de este ‘derecho’”, plantea Zúñiga.
MOVILICACIONES SOCIALES Y TORTURAS CARCELARIAS
En tanto, el director del centro de DDHH de la UDP, Nicolás Espejo, se refirió a cómo está enfrentando el país las movilizaciones sociales.
“Una república que se apresta a celebrar 200 años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe”, expresó.
Agregó además que existen dificultades para comprender "cómo el Estado de Chile permite las HUMILLANTES CONDICIONES en las que miles de adolescentes privados de libertad se encuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia, o con las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se siguen registrando en diversas cárceles de Chile".
Espejo destacó que este año el informe haya abarcado el tema de la protesta social y derecho a huelga. Sostuvo al respecto que mientras el Gobierno impulsa sendas reformas a la forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios (particularmente el mapuche) al sistema educacional, al sistema electoral y a la justicia y condiciones laborales, al mismo tiempo mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento, salvo cuando se trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después.
“El derecho a la libertad de expresión juega también un rol fundamental en el ejercicio de otros derechos políticos, tales como el derecho de reunión y protesta. Por tanto, debe evitarse un acercamiento a las movilizaciones sociales que reduzca tales manifestaciones legítimas a meros actos de violencia y falta de razón”, puntualizó.
El estudio sostiene que a pesar de diversas recomendaciones hechas por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el Estado de Chile mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales.
Al mismo tiempo, este contexto restrictivo se manifiesta también en la retórica del Gobierno, los medios de comunicación y la jurisprudencia judicial y administrativa, agravando las posibilidades de reconocimiento del derecho a huelga, se afirma en el capítulo dedicado al tema. “Un Estado QUE NO RECONOCE adecuadamente el derecho A LA HUELGA DE SUS TRABAJADORES, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital”, planteó Espejo.
ACCESO A LA JUSTICIA Y TRIBUNALES MILITARES
El capítulo dedicado al acceso a la Justicia revela “la preocupante situación de las corporaciones de Asistencia Judicial, -las que constituyen el principal soporte del sistema de asistencia jurídica gratuita del país- toda vez que cuentan con un PRESUPUESTO INSUFICIENTE y una estructura organizacional atomizada y asentada en la figura de los egresados de derecho, que realizan su práctica profesional”.
También hay un capítulo dedicado a revisar las principales violaciones al derecho al debido proceso por parte de la legislación militar y su aplicación a civiles. En particular, presta atención a la forma en que el ESTADO DE CHILE, a pesar de haber sido CONDENADO HACE CASI 4 AÑOS por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continúa APLICANDO UN SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR PLENAMENTE INCOMPATIBLE con las exigencias básicas de la Convención Americana Sobre DERECHOS HUMANOS.
PUEBLOS ORIGINARIOS
Otro de los capítulos revisa el modo en que las instituciones constitucionales, legales, judiciales y administrativas –incluyendo las policías- incurren en diversas "violaciones" a los derechos de estos pueblos. En particular, pone énfasis en el deficiente modelo de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y de quienes intentan defenderlas y el constante crecimiento de denuncias internacionales en contra de Chile en esta materia.
Otros temas tocados por el Informe son los derechos de niños, niñas y adolescentes, medio ambiente, de la mujer, violaciones a los DDHH en el pasado, minorías sexuales y condiciones carcelarias.
“El reconocimiento de los errores en estas materias es, sin lugar a dudas, excepcional. Por ello, un informe sobre violaciones a los derechos humanos es demasiado importante para la calidad de la democracia. Su objetivo no es agradar, sino incomodar. Su metodología no es la misma utilizada en informes de avance o implementación de políticas públicas o legislación. Su vocación no es el compromiso entre los intereses en juego, sino la férrea defensa de aquello que más valoramos cuando nos enfrentamos al poder o la ausencia del mismo", dijo Espejo.
El mostrador 19/08/2008
Afilación y Legitimidad,el denominador común de candidatos a la C.U.T
Terminado el proceso que llaman "reconstrucción" de la CUT, los aspirantes, más allá de sus propuestas temáticas y partidistas que incluye por primera vez una lista de la derecha, apuestan a consolidar el espacio ganado desde 1990 y lograr más adherentes. Acá una radiografía de las listas.
En medio de proyectos que han cambiado la fisonomía laboral en Chile y de nuevas iniciativas que apuestan a seguir mejorando las actuales condiciones, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) vivirá el próximo 28 de agosto un nuevo proceso eleccionario que será clave para el sindicalismo nacional.
Cerca de 500 mil trabajadores elegirán a sus representantes. Son siete listas. Tres de ellas encabezadas por líderes emblemáticos como Arturo Martínez, del Partido Socialista (PS); María Rozas, por la Democracia Cristiana (DC), y Jaime Gajardo representante del Partido Comunista (PC). Las cuatro restantes, si bien no muestran líderes reconocidos por la opinión pública, sí apuestan por cartas con un gran kilometraje sindical, incluida la oposición.
Más allá de las propuestas de cada lista -que reafirma el fin de algunos subpactos- los postulantes buscan a un mayor desarrollo organizativo, un crecimiento afiliativo y mejorar la continuidad y legitimidad que ha ganado la central.
Justicia social, ni más ni menos
Dos potentes figuras sindicales como María Rozas y Jorge Matute, la primera como presidenta y el segundo como generalísimo de campaña, componen la lista C de la Democracia Cristiana. Ambos están acompañados por jóvenes y experimentados dirigentes como Nolberto Díaz, (ENAP), Janett Soto (ANEF), Luis Destefani (BancoEstado) y Jessica Cáceres (CTC).
Rozas destaca que la DC ha dado unidad a la CUT y resalta que su
eslogan: Justicia Social, ni más ni menos, apela al llamado efectuado hace años por el desaparecido presidente de la central, Manuel Bustos.
Precisó que la lista está conformada fundamentalmente por adherentes a Soledad Alvear y explicó que en el último congreso de la DC, se delineó una carta de navegación que pretende lograr un 100% de sindicalización, negociación colectiva para todos los trabajadores más allá de la empresa, a lograr que la huelga sea realmente un elemento útil (Alvear encabeza justamente un proyecto en ese sentido) y la contraparte de la flexibilización. Para ello, utilizan el concepto "contractualizar" el trabajo, que persigue eliminar las boletas y la informalidad laboral. "Rozas aspira a conseguir la mayor cantidad de consejeros y a dejar en claro que la DC sigue participando activamente en la CUT. "Militamos, pero tenemos autonomía para decidir y un mandato que está por sobre la posiciones partidarias", reflexiona la dirigente.
Matute añade que la diferencia de fondo con la actual administración es la poca capacidad de diálogo. "El diálogo social es valioso para los trabajadores, lo que no impide la movilización. Queremos más justicia social, más negociación colectiva, eso se concilia con movilización y diálogo, las dos cosas no son incoherentes".
Autonomía sindical
Arturo Martínez lidera la lista D. El actual presidente de la CUT decidió no contestar los llamados hasta nuevo aviso. Sin embargo, uno de los apoderados de su candidatura, Fernando Olivares, explicó los principales lineamientos.
"Hemos entendido que el proceso de reconstrucción de la CUT ha cumplido una etapa y viene otra que es posicionar a los trabajadores en el quehacer de la sociedad en su conjunto, es decir, tenemos que ser actores relevantes para tomar decisiones clave", dijo.
Agregó que Martínez es el indicado para dirigir ese, toda vez que ha liderado la reconstrucción de la CUT y tiene las herramientas para potenciarla en la opinión pública. "Tenemos que respetar los liderazgos que con el tiempo han sobresalido", Según Olivares, la CUT es la casa madre de la representatividad de los trabajadores y su deber es ampliar el diálogo.
Explicó que a nivel partidista, la lista que representa al PS tiene en general más afinidad por el presidente de ese partido, Camilo Escalona, aunque insistió que "si bien existe el apoyo del partido y quienes lo dirigen, esta es una lista de trabajadores Autonomía sindical, una CUT para todos los trabajadores, ahí esta clarito el mensaje", concluyó.
Más lucha, más unidad
En el PC se fueron con todo. Jaime Gajardo, actual presidente del Colegio de Profesores y secretario general de la multisindical, encabeza la lista E -"Más lucha, más unidad"-, seguido del líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas. Según Gajardo, sus propuestas se basan en una necesaria continuidad de los actuales logros y desafíos de los trabajadores y, para ello "tenemos que ser capaces de obtener un poder real de negociación que hoy no existe, para que durante la negociación colectiva el empresario no tenga la facultad del reemplazo y tampoco del descuelgue. Eso es muy importante porque es una forma de distribuir la riqueza y dotar de un poder de negociación real a los trabajadores.
Y señala que siempre se buscará el dialogo, a través de mesas donde se discutan los puntos de vista, no desechan la movilización. "Estamos por dialogar, pero con los trabajadores movilizados, activos, respaldando las demandas. Desafortunadamente, hoy los empresarios no dejan otra opción, porque no tienen ningún espíritu para dialogar", remata el profesor.
Carlos Palma/J.C.Prado/La Nación 13/08/2008
En medio de proyectos que han cambiado la fisonomía laboral en Chile y de nuevas iniciativas que apuestan a seguir mejorando las actuales condiciones, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) vivirá el próximo 28 de agosto un nuevo proceso eleccionario que será clave para el sindicalismo nacional.
Cerca de 500 mil trabajadores elegirán a sus representantes. Son siete listas. Tres de ellas encabezadas por líderes emblemáticos como Arturo Martínez, del Partido Socialista (PS); María Rozas, por la Democracia Cristiana (DC), y Jaime Gajardo representante del Partido Comunista (PC). Las cuatro restantes, si bien no muestran líderes reconocidos por la opinión pública, sí apuestan por cartas con un gran kilometraje sindical, incluida la oposición.
Más allá de las propuestas de cada lista -que reafirma el fin de algunos subpactos- los postulantes buscan a un mayor desarrollo organizativo, un crecimiento afiliativo y mejorar la continuidad y legitimidad que ha ganado la central.
Justicia social, ni más ni menos
Dos potentes figuras sindicales como María Rozas y Jorge Matute, la primera como presidenta y el segundo como generalísimo de campaña, componen la lista C de la Democracia Cristiana. Ambos están acompañados por jóvenes y experimentados dirigentes como Nolberto Díaz, (ENAP), Janett Soto (ANEF), Luis Destefani (BancoEstado) y Jessica Cáceres (CTC).
Rozas destaca que la DC ha dado unidad a la CUT y resalta que su
eslogan: Justicia Social, ni más ni menos, apela al llamado efectuado hace años por el desaparecido presidente de la central, Manuel Bustos.
Precisó que la lista está conformada fundamentalmente por adherentes a Soledad Alvear y explicó que en el último congreso de la DC, se delineó una carta de navegación que pretende lograr un 100% de sindicalización, negociación colectiva para todos los trabajadores más allá de la empresa, a lograr que la huelga sea realmente un elemento útil (Alvear encabeza justamente un proyecto en ese sentido) y la contraparte de la flexibilización. Para ello, utilizan el concepto "contractualizar" el trabajo, que persigue eliminar las boletas y la informalidad laboral. "Rozas aspira a conseguir la mayor cantidad de consejeros y a dejar en claro que la DC sigue participando activamente en la CUT. "Militamos, pero tenemos autonomía para decidir y un mandato que está por sobre la posiciones partidarias", reflexiona la dirigente.
Matute añade que la diferencia de fondo con la actual administración es la poca capacidad de diálogo. "El diálogo social es valioso para los trabajadores, lo que no impide la movilización. Queremos más justicia social, más negociación colectiva, eso se concilia con movilización y diálogo, las dos cosas no son incoherentes".
Autonomía sindical
Arturo Martínez lidera la lista D. El actual presidente de la CUT decidió no contestar los llamados hasta nuevo aviso. Sin embargo, uno de los apoderados de su candidatura, Fernando Olivares, explicó los principales lineamientos.
"Hemos entendido que el proceso de reconstrucción de la CUT ha cumplido una etapa y viene otra que es posicionar a los trabajadores en el quehacer de la sociedad en su conjunto, es decir, tenemos que ser actores relevantes para tomar decisiones clave", dijo.
Agregó que Martínez es el indicado para dirigir ese, toda vez que ha liderado la reconstrucción de la CUT y tiene las herramientas para potenciarla en la opinión pública. "Tenemos que respetar los liderazgos que con el tiempo han sobresalido", Según Olivares, la CUT es la casa madre de la representatividad de los trabajadores y su deber es ampliar el diálogo.
Explicó que a nivel partidista, la lista que representa al PS tiene en general más afinidad por el presidente de ese partido, Camilo Escalona, aunque insistió que "si bien existe el apoyo del partido y quienes lo dirigen, esta es una lista de trabajadores Autonomía sindical, una CUT para todos los trabajadores, ahí esta clarito el mensaje", concluyó.
Más lucha, más unidad
En el PC se fueron con todo. Jaime Gajardo, actual presidente del Colegio de Profesores y secretario general de la multisindical, encabeza la lista E -"Más lucha, más unidad"-, seguido del líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas. Según Gajardo, sus propuestas se basan en una necesaria continuidad de los actuales logros y desafíos de los trabajadores y, para ello "tenemos que ser capaces de obtener un poder real de negociación que hoy no existe, para que durante la negociación colectiva el empresario no tenga la facultad del reemplazo y tampoco del descuelgue. Eso es muy importante porque es una forma de distribuir la riqueza y dotar de un poder de negociación real a los trabajadores.
Y señala que siempre se buscará el dialogo, a través de mesas donde se discutan los puntos de vista, no desechan la movilización. "Estamos por dialogar, pero con los trabajadores movilizados, activos, respaldando las demandas. Desafortunadamente, hoy los empresarios no dejan otra opción, porque no tienen ningún espíritu para dialogar", remata el profesor.
Carlos Palma/J.C.Prado/La Nación 13/08/2008
CONADI NIEGA QUE NEGOCIE TIERRAS CON CORREDOR DE PROPIEDADES
El subdirector de la zona sur de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Daniel Neculpán, aclaró que ese organismo no negocia la adquisición de tierras con corredores de propiedades. De esta manera, desmintió cualquier vinculación suya y de ese organismo con la corredora Mitzy Bayer, quien en los últimos meses aparece como intermediaria en conversaciones entre comunidades mapuches y agricultores de Ercilla para la venta de predios.
Precisó que la Conadi trata directamente con los dueños la posible adquisición de tierras cuando las comunidades mapuches demandan terrenos. Lo mismo ocurre cuando los propietarios manifiestan su voluntad de negociar la venta.
Neculpán formuló la aclaración tras ser consultado sobre el rol que cumple Bayer en negociaciones reservadas con al menos seis agricultores de la zona de Ercilla -todos vecinos del productor René Urban-, que promueven algunas comunidades indígenas del sector interesadas en sus tierras.
Mitzy Bayer explicó que interviene en las negociaciones en representación de la comunidad Temucuicui -para lo cual exhibe un poder notarial del dirigente mapuche Jorge Huenchullán.
La mujer es investigada por organismos policiales para establecer si durante su intervención entre comunidades mapuches y agricultores ha presionado indebidamente a propietarios para que se vean obligados a realizar transacciones con sus predios.
El Mercurio 13/08/2008
Precisó que la Conadi trata directamente con los dueños la posible adquisición de tierras cuando las comunidades mapuches demandan terrenos. Lo mismo ocurre cuando los propietarios manifiestan su voluntad de negociar la venta.
Neculpán formuló la aclaración tras ser consultado sobre el rol que cumple Bayer en negociaciones reservadas con al menos seis agricultores de la zona de Ercilla -todos vecinos del productor René Urban-, que promueven algunas comunidades indígenas del sector interesadas en sus tierras.
Mitzy Bayer explicó que interviene en las negociaciones en representación de la comunidad Temucuicui -para lo cual exhibe un poder notarial del dirigente mapuche Jorge Huenchullán.
La mujer es investigada por organismos policiales para establecer si durante su intervención entre comunidades mapuches y agricultores ha presionado indebidamente a propietarios para que se vean obligados a realizar transacciones con sus predios.
El Mercurio 13/08/2008
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