sábado, 28 de diciembre de 2013

PRESIDENTA BACHELET: VIVIENDAS SOCIALES PARA FAMILIAS MÀS VULNERABLES

Para nadie es misterio que la clave del relativo éxito del próximo gobierno de Michelle Bachelet (MB) con apoyo de la Nueva Mayoría (NM), estará en llevar adelante con vigorosidad lo que pretenda hacer. Debiese moverse desde el anuncio al cómo hacerlo, lo que requerirá menos concepto y mayor persistencia. Esto al menos tener claro el qué, cómo y cuándo, debe estar precisado cumplidos los seis primeros meses de gestión. En ese instante, el país ya podrá hacerse una idea de cómo viene la mano. De lo contrario, puede haber turbulencias.
Y lógico, esto para impulsar los cambios estructurales definidos en el programa de gobierno, es decir, respecto de los tres ejes fundamentales de la propuesta: reforma tributaria, de educación y nueva Constitución.
Pero, además, hay otras necesidades que se deben cubrir adecuada y prontamente. Política habitacional para sectores vulnerables que debe liderar el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU).
El déficit habitacional en materia de viviendas sociales que aún persiste con cifras que prenden la luz roja. Creemos que, con las actuales políticas que vienen funcionando desde la última década, no es posible reducirlo sustancialmente podría implicar décadas si se persiste en las mismas, debido a la lentitud y extrema burocracia de los programas habitacionales vigentes. Aparte de errores de enfoque y una serie de otros factores que inciden en esa inercia.
El Programa MB/NM que se presentó de forma oficial durante la campaña en materias de ciudad, territorio y vivienda, enumera una serie de acciones y propuestas en diversas áreas, pero no especifica cómo y en cuánto tiempo se lograría. Muchas de ellas, claramente no conseguirían siquiera salvar una primera etapa de estudios, y ya pasaron los 4 años… Por lo tanto, es hora de aterrizar y hacer propuestas concretas y viables de ejecutar en ese breve plazo.
Primero, en lo coyuntural, admitir que existe un antecedente con el cual hay que trabajar o del que no se puede prescindir. Esto es, hay un programa habitacional corriendo, dirigido al primer quintil de ingresos o sea, a las familias más vulnerables, que genera la actual situación de 50 mil subsidios en la calle sin solución, otros tantos subsidios en proyectos paralizados y los nuevos subsidios a otorgar en los próximos cuatro años de gobierno, los cuales carecen de oferta constructiva debido a un monto de subsidio subestimado por la administración vigente. Por tanto, se debe atacar eso de plano.
Segundo, y a partir de esa premisa, lo que se debe hacer es corregir el punto clave del problema: el monto del subsidio actual en torno a las 600 UF es insuficiente para cubrir el estándar de construcción fijado por la anterior y la actual administración –que hemos reconocido como aceptable– y mantener esas condiciones implica incrementarlo en torno a las 900 UF. Grosso modo, para llevar a cabo esta política de shock, hablamos de incrementos cercanos a los 100 millones de unidades de fomento para financiar el ajuste de los 50 mil subsidios sin canje otorgados a la fecha, los subsidios en proyectos paralizados y los nuevos subsidios a entregar en el periodo 2014-18. No es menor la cifra, pero el MINVU deberá entrar a negociar rápidamente con el titular de Hacienda porque el tema debe, sí o sí, enfrentarse: la presión que, a través de protestas frente al MINVU, realizan semana a semana los diversos comités de viviendas en pos de una pronta solución, no es un dato casual. Y lo más seguro, de cara a la expectativa ciudadana que se personifica en la figura de MB, es que, si no se resuelve, estas se incrementarán.
Para lograr lo anterior –incrementar el monto de subsidio y obtener el compromiso de su financiamiento se debiera llegar al 12 de marzo con los textos normativos listos,  incluidas las resoluciones que permitan efectuar las modificaciones para generar el necesario ajuste a objeto que el gobierno y privado actor clave del proceso, ejecute los proyectos sociales hoy urgentes. Obviamente esto implica, además, reducir la burocracia en puntos relevantes del proceso, incluidas revisiones y aprobaciones SERVIU a los proyectos, agilizar el pago a contratistas, inspecciones técnicas de obra proactivas y colaborativas,  lo que se logra con marcos normativos simples y concisos que propicien facultades para resolver los casos cada proyecto es un mundo propio de acuerdo a criterios y mecanismos de rápida aplicación, lo que a su vez implicará hacer ajustes a la operatoria del actual sistema público administrativo que la rige.
Tercero, en materia de inversión real esto es, las líneas asociadas a inversiones específicas del sector vivienda, como inversiones en espacios públicos, vialidades, infraestructura sanitaria y pavimentos participativos, se requiere ampliar el feeling (plazo)de necesidades con todas las autoridades locales, minimizando el feeling con autoridades de afinidad política, esto es, cambiar la práctica de priorizar inversiones a comunas afines políticamente a la administración de turno. Esta apertura la resuelve el Secretario Regional Ministerial de Vivienda en cada Región del país. Como el tiempo es escaso, comenzar paralelamente a presentar y darle forma a un plan general de alcance a mediano y largo plazo. No caer en pretender empezar de cero todo de nuevo. Este plan debiera contemplar todas aquellas ideas e incluso programas impulsados por la actual administración y que todavía se encuentran a nivel incipiente, como la Política Nacional de Desarrollo Urbano que debe aterrizarse, programas para sectores específicos que más lo necesitan y otras nuevas propuestas de inversión multisectorial que no verán luz al término del mandato, pero, al final, ideas país que trasciendan la administración en curso para encaminar a las siguientes.
En resumen, la sugerencia es entrar con vigorosidad a resolver temas urgentes y de alto impacto, como lo son un ajuste de precio a los subsidios de vivienda social que permita disponer de una oferta real para soluciones habitacionales definitivas, priorización de la inversión sectorial bajo una las racionalidad de impacto social y no de impacto político-partidista, además de un enfoque de simplificar la burocracia.
Lograrlo, dependerá no tan sólo de la necesaria mística y entusiasmo de quienes ejercerán cargos de niveles altos y medios, sino que también de la eficacia en obtener un diagnóstico certero del problema y el modelamiento de su solución. Esto requiere de liderazgos con experiencia y conocimiento del negocio, mezclado con la vitalidad que aportan los jóvenes. Al menos exceptuando al o la Ministro(a), de ahí para abajo, es primordial contar con un staff que domine la especialidad. El factor tiempo es vital para el objetivo de echar a andar la máquina, e improvisar con gente inexperta en cargos claves del organigrama institucional, no sería una buena idea… y algo de eso se vio en los últimos años. Aparte, entender que, para obtener resultados satisfactorios y en plazos prudentes, es fundamental contar con el concurso del sector privado, a la postre el ejecutor material de los proyectos, a través de crear vínculos virtuosos en la relación contractual, lo que se traducirá en exhibir esas metas en el corto plazo.
Por cierto, para que la política funcione, es primordial que la autoridad propenda a establecer con fuerza la idea de reducir la burocracia. En ese concepto que, por lo demás, suele ser muy funcional para explicar por qué no se hacen las cosas, y cuando se hacen, que estén dentro de márgenes y plazos aceptables. Consecuencia de esto, el país pierde vastos recursos de forma insensata y, lo peor, es que el sistema propicia que nadie sea responsable de la situación. Todos, desde autoridades de primer nivel a funcionarios del tercero, miran para el lado porque al final la excusa es la de siempre: la culpa es de la señora burocracia. Y sigue vivita y coleando…
El textual de Michelle Bachelet , ni ningún otro gobierno en el futuro próximo, será capaz de tener logros importantes y visibles en los cuatro años a cargo de la  administración del país, en la medida que no ataque frontal y exitosamente ese Virus que impide avanzar al ritmo deseado, el que, por cierto, aplicando inteligencia, sabiduría e ímpetu joven, es más que posible.    EM  R.A.H

sábado, 14 de diciembre de 2013

NELSON MANDELA DEFENSOR DE LOS DDHH

Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. Nelson Mandela Nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, El Cabo. A los cinco años pastoreaba ovejas y becerros. Fue uno de los 15 hijos de Henry Mgadla Mandela, consejero principal del Jefe Supremo de Thembuland, quien a la muerte de su padre se convirtió en tutor de Mandela. Al concluir la educación primaria en una escuela local de misioneros, cursó estudios en el Colegio Universitario de Fort Hare para obtener su título de Bachiller en Artes y donde entra en contacto con la política y conoce a Oliver Tambo. Ambos tomaron parte en una huelga estudiantil en 1940 que supuso su expulsión del centro. Después conoce a Walter Sisulu, quien le proporcionó un trabajo en un despacho jurídico. En 1944, junto a Sisulu, Tambo y Anton Lembede, fundan la rama juvenil del Congreso Nacional Africano (ANC). Se convirtió en el secretario nacional de esta organización en 1948 y aunque en principio se oponía a colaborar con otros grupos raciales, cambió de opinión en 1952 durante el transcurso de la denominada 'Campaña del Desafío'. Por ello propugnó la acción conjunta contra la política gubernamental del apartheid. En esta época, era ya presidente nacional de la rama juvenil del ANC y, con Tambo, había fundado el primer despacho de abogados dirigido por negros en Sudáfrica. En diciembre de 1952, fue detenido en virtud de la Suppression of Communism Act (Ley de Represión del Comunismo). Aunque su condena de nueve meses quedó en suspenso, se le prohibió acudir a mítines o abandonar el distrito deJohannesburgo. Esta prohibición se renovaría repetidamente durante los siguientes nueve años. A pesar de esta inhabilitación, continuó trabajando con los líderes del ANC. En diciembre de 1956 fue, junto con otras 156 personas, juzgado por traición. El juicio se prolongó hasta 1961 y concluyó con la absolución de todos los cargos. Tras la matanza de Sharpeville, en la que 69 ciudadanos negros murieron asesinados por las fuerzas de seguridad surafricanas durante una manifestación en contra del apartheid, fueron prohibidos el ANC y el Congreso Panafricano (PAC). En marzo de 1961, con el fin de evitar su detención y una nueva inhabilitación, Mandela pasó a la clandestinidad y, junto a Sisulu, recorrió en secreto el país para organizar una huelga de tres días. En junio de 1961, los dirigentes del ANC decidieron iniciar la lucha armada y crearon el Umkhonto we Size ('La lanza de la nación'), brazo armado del ANC, con Mandela como máximo dirigente. En enero de 1962, abandonó Sudáfrica y acudió a la Conferencia Panafricana de Addis Abeba (Etiopía); más tarde viajó a Argelia, donde recibió entrenamiento para la lucha guerrillera, y por último a Londres, ciudad en la que se reunió con los líderes de la oposición en el exilio. Regresó a su país en julio de ese año y fue detenido el 5 de agosto acusado de rebelión y abandono ilegal del país, por lo que fue condenado a cinco años de prisión. Mientras se encontraba en la cárcel, la policía registró el cuartel general del ANC en Rivonia. La mayor parte de los miembros dirigentes de esta organización fueron arrestados; además se confiscaron diversos documentos, entre los que estaba el diario escrito por Mandela durante su viaje por el extranjero. Él y otros activistas fueron juzgados, en lo que se conoce como el juicio de la traición de Rivonia. Duró desde octubre de 1963 hasta junio de 1964, y llevó a cabo su propia defensa y la de los otros acusados. Fue condenado a cadena perpetua. Durante más de 25 años fue el preso político más famoso del mundo. Pasó dieciocho años en la prisión de Robben Island, antes de ser trasladado a la de Pollsmoor (Ciudad de El Cabo) en 1982, fecha en la que se inició una campaña internacional en favor de su liberación. Durante los años que permaneció en la prisión de Robben Island, fue obligado a realizar trabajos forzados en las minas de cal de la isla. No les permitían usar gafas oscuras y los reflejos del sol sobre la cal dañaron sus ojos para siempre. Estando en la cárcel murió su madre y uno de sus hijos, pero se le negó el permiso para asistir a sus funerales. En 1985 rechazó la oferta del presidente Pieter Willem Botha de libertad condicional sobre la premisa de que el presidente no estaba dispuesto a modificar su posición sobre el régimen del apartheid. El gobierno del presidente Frederik Willem de Klerk liberó a Mandela en febrero de 1990, después delegalizar el ANC y otros partidos políticos. Mandela asumió el liderazgo del ANC y dirigió las negociaciones con el gobierno entre los difíciles años de 1990 y 1994, cuando en muchas ocasiones parecía que las negociaciones se iban a romper y que estallaría la violencia. En 1991, el régimen sudafricano abrogó la última de las leyes que constituían la base legal del apartheid. Mandela y De Klerk compartieron en 1993 el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para establecer la democracia y la armonía racial en Sudáfrica. En mayo de 1994, tras las primeras elecciones generales en las que todos los grupos raciales (incluidos los negros) tenían derecho al voto, Mandela se convirtió en el primer presidente de raza negra de la República de Sudáfrica. Al asumir su cargo de presidente renunció a una tercera parte del salario y creó el Fondo Nelson Mandela para la Infancia. Tras la aprobación parlamentaria, en mayo de 1996, de la nueva Constitución sudafricana, el propio Mandela la firmó en diciembre de ese año ante miles de personas, en Johannesburgo, poniendo así fin al periodo de transición democrática iniciado con su salida de la cárcel en 1990 y significando también la desaparición del gobierno de coalición formado por el ANC y el Partido Nacional de Frederik Willem de Klerk. Mandela se convirtió definitivamente, en 1997, en un líder indiscutible de las relaciones internacionales africanas, mediando en varios conflictos, como en el de Zaire (actual República Democrática del Congo), que en la primera mitad de ese año acabó por suponer el fin del régimen de Mobutu Sese Seko. El 20 de junio de 1999, Mandela entrega el poder a su sucesor, Thabo Mbeki, y se retira de la política, al menos formalmente. Desde que abandonó el cargo asumió diversas responsabilidades de liderazgo en diversas esferas, entre ellas las negociaciones relativas al conflicto de la región de los Grandes Lagos. En julio de 2001, la oficina de Nelson Mandela anunció que el ex presidente sudafricano, padece un cáncer de próstata. Mandela contrajo matrimonio tres veces y tuvo 5 hijos. Winnie Mandela, su ex mujer, fue arrestada acusada de fraude y robo por un caso de préstamos bancarios. Su última esposa es la ex primera dama de Mozambique, Graça Machel. Recibió más de un centenar de títulos universitarios honoríficos y galardones de todo el mundo. Nelson Mandela falleció en compañía de su familia en su casa de Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica, alrededor de las 20:50 hora local del 5 de diciembre de 2013, a los 95 años. El que fuera presidente sudafricano y líder en la lucha contra el Apartheid arrastraba desde años atrás un delicado estado de salud. Fue hospitalizado el 8 de junio de este mismo año en Pretoria, debido a una neumonía, que le mantenía alejado de los actos oficiales. Su última aparición pública se produjo en 2010 durante el Mundial de Fútbol que se celebró en su país. Cargos Presidente de Sudáfrica 10 de mayo de 1994 – 14 de junio de 1999 Predecesor Frederik Willem de Klerk Sucesor Thabo Mbeki Secretario general del MPNA 1998-1999 Premios Orden del Águila Azteca (2010) Arthur Ashe Award (2009) Embajador de la Conciencia, premio otorgado por Amnistía Internacional (2006) Llaves de la ciudad (2004) Premio Nobel de la Paz en 1993 Premio de la Paz de Mahatma Gandhi Orden de Canadá Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1992) Orden de San Juan Medalla Presidencial de la Libertad (2002) Orden al Mérito del Reino Unido (1995) Isithwalandwe (1992) Bharat Ratna (1990) Premio Lenin de la Paz (1990) Orden Nacional José Martí, Cuba (1992) Premio Internacional Simón Bolívar (1983) Premio Nacional de la Paz (1995) Premio Sájarov (1988) Escultura en el Palacio de Westminster, Londres (2007) Orden del Mérito de la FIFA Doctor Honoris Causa por: Universidad Europea de Madrid Universidad Andrés Bello de Chile Walden University (Estados Unidos) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad de Bilgi (Estambul) Universidad de Carabobo (Venezuela) Universidad de las Américas, de Ecuador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)

miércoles, 27 de noviembre de 2013

BECA LUKSIC A JUAN JOSE UGARTE

A comienzos de mayo de este año, el Ministerio de Educación confirmó así la noticia: el hasta entonces jefe de la División de Educación Superior de la cartera, Juan José Ugarte, dejaba su cargo para “seguir especializándose en el extranjero, en un centro universitario de referencia mundial”. Ese centro era Harvard y el gran auspicio tras de sí era la Beca Luksic. Según consta en la página de Harvard University, y el Centro para Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, el ex funcionario del Mineduc como académico invitado, fue financiado por la Beca Luksic por el período 2013-2014.
El título del proyecto es “Incorporando el modelo de las Artes Liberales al sistema de Educación Superior chileno: Oportunidades y desafíos”.
El Ministerio de Educación comunicó este jueves la renuncia del jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, quien había presentado durante el verano la dimisión voluntaria a su cargo, la que se convino hacer efectiva desde el día 3 de mayo.
“Las razones expuestas por el profesional, que se desempeñó en el cargo desde 2010, se relacionan con su intención de retomar la actividad académica, aceptando una invitación para seguir especializándose en el extranjero, en un centro universitario de referencia mundial”, explicó el Mineduc a través de un comunicado de prensa.
Ugarte hizo frente a la crisis que afectó a la Universidad del Mar y estuvo en medio del escándalo por irregularidades al interior de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Un informe publicado por la Contraloría General de la República determinó que durante 2011 “en general, los integrantes —de la comisión— asistieron con rigurosidad a las sesiones, a excepción del Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, el que alcanzó el 29 % de asistencia de un total de 113 reuniones”.
Sin embargo, una resolución del ente fiscalizador finalmente lo sobreseyó del sumario disciplinario en su contra, al determinar que  “el porcentaje de asistencia respecto de aquellas sesiones en las que se encontraba habilitado, asciende a 67,6%”, y por tanto no le cabía “responsabilidad administrativa al respecto”
Ugarte, conocido como el hombre fuerte del poder de la Universidad Católica en el Mineduc, además se enfrentó con el Consejo de Rectores. Recordada es su polémica con la Universidad de Chile, entidad a la que acusó de evitar que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) fuera modificada por el Mineduc.
También es mencionado por el informe de la Contraloría debido a su rechazo a la utilización de una “minuta financiera”, documento en que se entregaban las bases para el análisis financiero realizado por la Secretaría Ejecutiva de la CNA como apoyo para la toma de decisiones de acreditación.
Escándalo en las becas Valech, Universidad Uniacc no acreditada recibe 5.400 millones de pesos a través del estado por programas de magister a personas que no tenían enseñanza media terminada y algunos no sabían leer ni escribir. Al consultar al ministerio este se excuso por encontrarse en el extranjero el encargado de la División de Educación Superior Juan José Ugarte.               Agosto 2013

lunes, 25 de noviembre de 2013

¿ PAGOS A EX AGENTES DE LA DINA ?

El Ejército destina mensualmente varios millones de pesos para pagar sueldos a ex agentes de los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet que figuran en sus plantillas como personal "a honorarios", según se puede comprobar en la página institucional de esa rama castrense. La situación se contradice con lo que declaró en septiembre de 2009 el entonces comandante en jefe, general Oscar Izurieta, actual subsecretario de Defensa, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que a esa fecha "no quedaban" ex agentes recibiendo pagos del Ejército.
Según aparece en la página institucional del Ejército correspondiente a 2013, reciben pagos mensuales los coroneles retirados y vueltos a contratar Patricio Zambelli Restelli y Hugo Acevedo Godoy, y el ex suboficial Eugenio Álvarez Gonzalez, todos ellos ex agentes de la DINA.
También reciben pagos mensuales los ex agentes operativos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA, Nazario Aracena Robles, Iván Droguett Ruiz y Nora Carreño Barrera.
Ninguno de ellos figura hasta ahora condenado o procesado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que cumplieron funciones operativas en brigadas vinculadas a crímenes, lo que han negado en sus declaraciones judiciales.
      EL CASO DE GONZALO SANTELICES
Quién sí está encausado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en Antofagasta en octubre de 1973, es el general retirado Gonzalo Santelices Cuevas quien recibe una remuneración mensual 1.670.000 pesos como "asesor del Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)". Santelices no perteneció a la DINA o a la CNI, pero estando al mando de la Guarnición Militar de Santiago, en febrero de 2008 fue dado de baja del Ejército por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, tras la publicación de un reportaje en el diario La Nación que incluyó su declaración judicial, prestada en septiembre de 2002, admitiendo su participación en ese crimen. Santelices declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way en las afueras de esa ciudad. Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara. Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.
      LOS PAGOS
Patricio Zambelli Restelli recibe del Ejercito 1.300.000 mensuales como "asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Según una declaración judicial de mayo de 2010, Zambelli es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi "junto a Miguel Krassnoff" mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.
En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del partido Comunista, que finamente fueron asesinados en otro cuartel del organismo (Simón Bolívar).
Hugo Acevedo recibe 750.000 pesos mensuales como "asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo".
En la DINA Acevedo integró la Brigada "Rengo" y después pasó a la CNI, donde cumplió funciones operativas hasta el fin de la dictadura, en 1990.
Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos (unos 660 dólares) como "asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército".
El ex teniente coronel Nazario Aracena, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como "supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército".
Nora Carreño, ex agente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como "asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago", mientras Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como "asesor del Estado Mayor General del Ejército".
      "INDIGNANTE"
Jorge Tarud (PPD), miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, consideró "indignante" la situación y dijo que el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, y el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, serán citados por dicha comisión, "para dar explicaciones al país".
Consideró además que los ex agentes deben ser cesados de inmediato de sus funciones.
La agrupación de Ex Presos Políticos de Iquique (Anexpp-Iquique) apoya a Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien señaló que con esta información queda claro que el Ejército sigue comprometido con quienes violaron los derechos humanos bajo la dictadura.
Anexpp-Iquique declara que lo grave es que el Ejército atentó contra una institución de la democracia, como es la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, al afirmar en 2009 su comandante en jefe, general Izurieta, que a esa fecha no quedaban ex agentes financiados por el Ejército. Ahora vemos que no es verdad.


sábado, 23 de noviembre de 2013

NUEVA FICHA SOCIAL

En el contexto del actual proceso eleccionario, la eventual entrada en vigencia de la nueva Ficha Social –que reemplazaría a la Ficha de Protección Social (FPS) puesta en marcha en 2007– ha estado al centro de opiniones cruzadas entre el gobierno y la oposición. El debate ha permitido poner arriba de la mesa ideas y posiciones diversas, alcanzando la cima más polémica al entrar en la discusión ministros de Estado de la anterior y actual administración. Incluso el vespertino La Segunda señaló, en un reciente editorial, que si el país se inclinaba por asignar los beneficios mediante otro sistema –una categorización–  equivalía a asumir que optó por el camino de los derechos sociales que pondría “una fuerte presión sobre el gasto fiscal en el mediano plazo y funciona bajo el supuesto de que la prosperidad del país está asegurada”. Desde la FSP queremos profundizar en el debate de fondo: una nueva mirada sobre la pobreza, de lo asistencial a lo promocional. Al margen de lo candente del ambiente ante un escenario de medición de fuerzas políticas, lo cierto es que las reformas siempre abren controversias, y lo importante del proceso es enriquecer las posturas sin perder de vista a quienes en este caso serán los involucrados centrales: las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por ello, hay que tener mucho cuidado con los exitismos que algunos han planteado en esta área. La buena  focalización no es patrimonio de una sola forma de ver la realidad y menos de un sólo tipo de instrumento, sostener lo contrario sería absurdo. De hecho, el cambio de Ficha CAS1 a CAS2 y luego a Ficha de Protección Social, tiene que ver con los problemas que presentan estos métodos. No existe ningún instrumento de medición conocido que pueda detectar, con toda fiabilidad, quién es pobre y quién no lo es.  Podemos indagar la presencia del fenómeno, pero resulta una aberración no sólo conceptual sino también metodológica decir que poseemos un instrumento que permita discriminar con exactitud vivencias dinámicas, sinérgicas, complejas y multidimensionales como la pobreza. Por lo tanto, para iniciar una discusión seria sobre el tema de la focalización social en Chile, se debe evitar en la conversación el uso de consignas como la persecución de los falsos pobres. No estamos en el siglo XIX, donde esta discusión se dio y resolvió erradicando dichas nefastas denominaciones de la política pública. Todos los sistemas de focalización generan problemas de inclusión y exclusión, que van mucho más allá del eventual falseamiento de los datos, por lo que personas que debieran recibir apoyo no lo reciben y personas que no parece tan razonable que los reciban han logrado obtenerlos, y estos fenómenos no pueden ser confundidos con falseamiento y menos aun cuando hablamos de una experiencia tan compleja como la pobreza. Cuando hablamos de focalización, hacemos referencia a cómo el Estado reacciona ante las invocaciones de apoyo de la población, ante situaciones emergentes, permanentes o eventuales de pobreza y vulnerabilidad. Hoy la Ficha de Protección Social (FPS) es parte de un sistema y enfoque de focalización individual/familiar, que surge y se consolida históricamente, en un contexto de crisis económica, al comienzo de los años 80, para la entrega de subsidios monetarios y otras ayudas de emergencia. En términos técnicos, la estrategia seguida por Chile avanza desde sistemas de comprobación simple a sustitutiva de la información autorreportada por las personas (encuestaje). Estas alternativas técnicas, exigen la “demostración de pobreza o miseria” por parte de quienes solicitan apoyo del Estado. Implica un modo de conversación ensayado por 30 años entre el Estado y las personas afectadas, que ha generado (acumulativamente) efectos subjetivos muy negativos. Por un lado, la relación de las personas con el Estado ha generado desde sentimientos de frustración, inseguridad, invisibilización, hasta impotencia, persecución y desafiliación. Asimismo, ha obrado en una dirección contraria a la promoción social, toda vez que este ejercicio ha implicado para las personas en vulnerabilidad sentimientos de devaluación social y autoimágenes empobrecidas de sí mismos. Según los estudios de Voces de la Pobreza y Umbrales Sociales 2013, para los destinatarios, el concepto de pobreza y vulnerabilidad que la FPS encierra no sería capaz de capturar dimensiones dinámicas, subjetivas y emergentes que condicionan la experiencia de la pobreza. Asimismo, todo progreso obtenido por las familias representa un aumento de puntajes y pérdida de apoyos, en circunstancias que no es muy claro que su nueva (y mejor) situación los deje en condiciones de enfrentar sus proyectos y necesidades de manera autónoma. El fichaje ha poblado casi todos los intersticios de la política social, siendo solicitado para los más impresionantes temas como: la exención de los costes de la Defensoría Penal Pública, acceso al Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles, recibir ayudas médicas o, inclusive, para enfrentar no sólo carencias sino también desafíos, como el desarrollo de emprendimientos Fosis o Indap, o postular a beneficios económicos para cursar educación superior, etc. Son más de 100 los programas que hemos detectado que usan este sistema sin existir claridad de que aquello guarde relación con sus objetivos, en especial, frente a programas que actúan sobre una determinada comunidad en su conjunto y no sólo con familias o individuos. La Ficha ha sido usada tan extensiva y excesivamente, que hoy empieza a ser utilizada también por el sector privado, como referente para desarrollar acciones de bienestar. De esta manera, podemos afirmar que estamos enfrentados a una enorme ampliación de los efectos subjetivos y objetivos (negativos) del encuestaje. Además, al ser un método de focalización familiar/individual, provoca perjuicios en el capital social de las comunidades, en razón que genera sentimientos de desconfianza y competencia entre los propios vecinos, en especial cuando obtienen  puntajes diametralmente diferentes y unos quedan dentro y otros fuera de ciertas políticas e intervenciones, pese a que viven realidades socioresidenciales y culturales muy similares. Esta segmentación es absurda, innecesaria y perjudicial para superar pobreza. La demostración de miseria encierra un profundo acto de indignidad, toda vez que se abusa de su uso como única puerta de entrada para obtener accesos y apoyos. Como el instrumento no se adapta a sus necesidades y desafíos cambiantes, sinérgicos de las personas, éstas se ven obligadas a adaptar su realidad a lo que este instrumento es capaz de detectar. Esto llega al extremo que la ficha no cuenta entre sus preguntas “para qué se está solicitando su aplicación”, lo que pone en evidencia el bajo interés que esta información tiene para el sistema, pese a ser de enorme importancia para construir o definir la estrategia de apoyo. Por eso la Fundación Superación de la Pobreza propone minimizar la focalización social basada en la estrategia comprobación simple o sustitutiva y avanzar a comprobación administrativa y formas categóricas, en concordancia con lo señalado por organismos internacionales. Asimismo, deben ser implementados sistemas de diálogo con los afectados, basados en cuestionarios que lejos de exigir demostrar miseria, logren visibilizar, valorar y movilizar los propios recursos que las personas y comunidades han acumulado. Para ello, debemos modificar el sistema de apoyos al que se accede, poniendo al centro de los esquemas de apoyo estatal cuestiones de orden promocional y complementar con cuestiones asistenciales. También es clave que evolucionemos a esquemas de trabajo colectivo, donde el Estado favorezca la entrega de apoyos a comunidades como un todo, donde existen familias e individuos.  Este tipo de acción debe estar disponible no sólo para la extrema pobreza, también deben ser incorporadas aquellas familias y comunidades en pobreza no extrema y sectores medio-bajos. En efecto, actuar sobre los problemas de la clase media no es contradictorio con la superación de la pobreza, por el contrario, es fundamental para completar el proceso de resolución del problema. Lo anterior, en especial, si se toma en cuenta que amplios sectores de la mal denominada clase media, viven o forman parte del fenómeno de la pobreza transitoria, que han revelado los propios estudios que ha hecho el Estado a través de Mideplan (actual MDS). Por último, señalar que la propuesta de Umbrales Sociales Garantizados y el enfoque de derechos sociales, no es contradictoria con prácticas de focalización. Sostener lo contrario es un error. Lo que ocurre es que, en efecto, dicho enfoque exige que las formas de focalización no caigan en discriminaciones arbitrarias e intolerables, que las políticas no se centren en sólo incrementar las “tenencias” de las personas, sino que se preocupen por que las personas puedan realmente “hacer lo que hemos acordado que todos debemos poder hacer”, es decir, educarnos de forma adecuada, vivir saludablemente, trabajar en forma y condiciones, habitar de manera digna e integrada, etc. Indudablemente, aquello no se logra abusando de la entrega de bonos. Los Umbrales Sociales Garantizados pueden y deben implicar una mayor focalización de esfuerzos estatales en aquellos que exhiben más dificultades para “hacer” (educarse, trabajar, habitar, sanar), pero el método de focalización escogido debe ser congruente con un trato digno, comprensivo, centrado en la promoción y el empoderamiento de las personas.


jueves, 21 de noviembre de 2013

NO A LA ENTREGA DE LA PATAGONIA

Una campaña para que empresarios extranjeros se queden con extensiones de atractivos terrenos turísticos en la Patagonia austral realiza el gobierno de Piñera.
Alfonso Roux, seremi de Bienes Nacionales en Magallanes, dijo a El Mercurio que en julio empezarán a venderse lotes en Caleta María y el Lago Fagnano, por un valor de $6,5 millones la hectárea.
¿Qué le parece a usted?.El gobierno estima que a fines de este año podría adjudicar los primeros terrenos. La idea, dijo Roux, es fomentar la creación de para alojamiento y que promuevan actividades de turismo de intereses especiales, como montañismo, navegación en kayak, buceo y caminatas.Actualmente se están licitando 10 hectáreas en tres zonas del río Batchelor, casi 200 km al suroeste de Punta Arenas y en el área del parque marino Francisco Coloane. Todos estos lugares fueron visitados recientemente por un grupo de 56 operadores turísticos y potenciales inversionistas.
EMPRESARIOS ENCANTADOS “Esta es la región perfecta para el turismo de aventura”, dijo el brasileño Lorenzo Bagini, tras recorrer la zona sur de la isla Tierra del Fuego. El grupo recorrió 12 kilómetros de caminos construidos por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) hasta el Lago Fagnano para conocer en terreno los 29 lotes (58 hectáreas en total) en licitación. Los operadores turísticos visitaron también la zona de bahía Parry y, a bordo de botes zodiac, conocieron parte de los glaciares que se descuelgan de la cordillera Darwin. Durante la travesía en crucero, aprovecharon de intercambiar ideas y delinear posibles opciones de negocios.
PREGUNTA ¿Vamos a seguir entregando la Patagonia a empresarios y a extranjeros para fomentar el turismo de ricos  ¿Y por qué el Estado a través de CONAF o SERNATUR mejor no invierte en estos lugares para que puedan ser visitados y apreciados por los propios chilenos?

NO A LA ENTREGA DE LA PATAGONIA A LOS CAPITALISTAS EXTRANJEROS.

domingo, 17 de noviembre de 2013

¿HIJAS DE GOLBORNE CON SUBSIDIO HABITACIONAL ?

La Fundación Defendamos la Ciudad explicó que la polémica surgida por los subsidios entregados a las hijas del candidato a senador por Santiago Oriente, Laurence Golborne, están siendo mal utilizados, debido a que los inmuebles adquiridos son usados como hoteles para turistas. El presidente del organismo de defensa ciudadana, Patricio Herman, dijo que las hijas de Golborne son dueñas naturales desde el año 2000 de los departamentos 527C y 627C del edificio localizado en la calle Huérfanos 1400, en la comuna de Santiago, cuyo destino es comercial, porque es arrendado como hotel a turistas de paso en esta ciudad. Herman agregó que los subsidios de UF 200 recibidos por cada una de las hermanas “ha sido mal utilizados, porque ellas no viven en los inmuebles comprados. Así las cosas, en razón a que se trata de viviendas económicas acogidas al DFL2, instrumento legal que entrega innumerables franquicias tributarias a quienes tienen el dominio de estos inmuebles, automáticamente estos beneficios se han perdido y para ello el Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá que fiscalizar in situ para quitar esa clasificación”. Explicó que tal franquicia permite, entre otras cosas, que los “ingresos monetarios que generan los arriendos de estas viviendas no son declarados a perpetuidad en el global complementario de sus dueños y están exentos de pagar contribuciones de bienes raíces. Entonces y como no se ha cumplido el fin buscado con estos subsidios, que es entregar ayudas monetarias a las familias emergentes de clase media para que sean propietarias de los inmuebles en donde viven, entendemos que las sumas recibidas en el año 2000 serán devueltas por Laurence Golborne al Minvu a partir del lunes próximo”. En tanto, el portal El Desconcierto.cl confirmó que tales departamentos están actualmente arrendados a ciudadanos extranjeros. El administrador del edificio donde se encuentran ubicados y que no quiso dar su nombre, dijo que “funcionan como hotel”, lo cual habría sido también corroborado por dos conserjes del edificio. Ambos inmuebles pertenecen a Daniela e Ignacia Golborne Piccardo, siendo esta última la candidata que postula a un escaño en la Cámara de Diputados por San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.Sin embargo, esto no es lo único que se pone en tela de juicio, ya que Ignacia Golborne está inscrita para votar en la comuna de Las Condes, específicamente en el sector El Mirador de San Damián, el cual es conocido por el altísimo valor de las propiedades, ya que cada casa cuesta más de 500 millones de pesos. Los requisitos para postular a dicho beneficio, el cual entrega 4.600.000 (200 UF), son ser mayor de edad, de nacionalidad chilena, acreditar el ahorro mínimo que exige el programa y carecer de vivienda. Sin embargo, a pesar que la Ficha de Protección Social (ex CAS) no es excluyente, esta aporta a la postulación si es inferior al puntaje de corte del tercer quintil. Lo que señala el Minvu, a través de su página web, es que dicho subsidio está dirigido a “familias de sectores medios, con capacidad de ahorro, que puedan acceder a crédito hipotecario –si lo necesitan– y estén interesados en comprar su vivienda en zonas de Renovación Urbana o en Zonas de Desarrollo Prioritario”. Además, el Serviu exige presentar documentación sobre el grupo familiar y declarar el monto total del ingreso mensual neto que no podrá exceder de 60 UF. Otro de los requisitos es que “el postulante, su cónyuge, conviviente o algún integrante del grupo familiar declarado al postular no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: Sea propietario o asignatario de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio con destino habitacional (en el último caso, sólo se puede postular para construir en dicho sitio), sea beneficiario de un subsidio habitacional o posea un Certificado de Subsidio Habitacional vigente. “Esté postulando a cualquier otro programa habitacional, haya sido declarado como integrante del grupo familiar de personas beneficiadas en llamados anteriores, de hasta tres años al que se está postulando”.