En el Tribunal Oral Penal de La Serena comenzó ayer el juicio en contra del general (R) de Ejército Carlos Parera Silva por el delito de violación y abusos sexuales en contra de Alejandrina Janampa Quispe y su hija menor de edad, hechos denunciados en 2004 en la capital de la IV Región.La mujer, de nacionalidad peruana, se desempeñaba como asesora del hogar del uniformado que se hizo conocido al desairar al ex Presidente Patricio Aylwin en la Parada Militar de 1990.El ultraje ocurrió el 31 de julio de 2004, pero la afectada contó lo sucedido dos meses después, pues estaba atemorizada por el ex boina negra, también procesado por violaciones de los derechos humanos.Al iniciarse el proceso, el fiscal Adrián Vega, especialista en delitos sexuales, recordó que la mujer mantuvo silencio hasta que en un supermercado se le perdió su hija, por lo que llamó a Carabineros y al ver a efectivos armados sufrió un ataque de nervios que hizo sospechar a la policía."La víctima sufrió una sicosis reactiva provocada por los hechos que pudo denunciar recién dos meses después de ocurridos", aseguró Vega. Además, debió permanecer 15 días en el Hospital Siquiátrico de Putaendo.Vega afirmó que el general (R) Parera intentó en tres oportunidades abusar de su empleada, desde que llegó a trabajar en julio de 2004. Sin embargo, su intención se concretó el 31 de ese mes, cuando encañonándola con su pistola, la violó en la habitación de servicio que compartía con su hija, de quien también abusó.PEDIRÁN 10 AÑOS DE CÁRCELEl general (R) Parera, comando y paracaidista, fue formalizado el 22 de junio de 2006 por violación y abuso sexual.A pesar de la gravedad de la pena asignada a los delitos, el juez de Garantía de La Serena, Carlos Jorquera, rehusó dejarlo en prisión preventiva y tampoco ordenó medidas cautelares, por lo que Parera Silva estaba en libertad. La Fiscalía presentará 22 testigos que acreditan los hechos y pedirá una condena de 10 años.El ex uniformado aseguraba que al momento de los hechos no se encontraba en La Serena, pero el Ministerio Público echó por tierra su coartada tras indagar su flujo de llamadas telefónicas.TRAYECTORIAParera Silva asumió en 1976 la jefatura del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), para perseguir a los opositores de la dictadura en el extranjero.Fue sometido a proceso por el homicidio y secuestro de siete comandos del Regimiento Peldehue -caso conocido como Boinas Negras- asesinados por sus camaradas de armas por tener vínculos con la izquierda.En 1980, en su calidad de juez militar de Santiago, aplicó la Ley de Amnistía en 70 casos de detenidos desaparecidos
La Nación 17/06/2008
Comisión Salud Prais Agrupación Ex.P.P.Iquique.
martes, 17 de junio de 2008
martes, 10 de junio de 2008
CRISIS EN LA SALUD PUBLICA
Para la secretaria de Salud, lo que gatilló la denominada crisis de su sector tiene que ver con un tema político, ya que asegura que cuando se avanza en un sentido "te dan en otro". En entrevista con El Mostrador.cl entrega sus puntos de vista sobre las informaciones difundidas por este medio y que no han caído nada bien en su cartera.
Sobre todo, la relacionada con los dobles sueldos y el gran número de nuevos empleados de militancia socialista, situaciones que niega tajantemente.No ha sido un año fácil para la cartera de Soledad Barría. A salud le ha llovido sobre mojado desde diversos flancos: al nacimiento de un niño en el baño del Hospital San José se le sumó el montaje del hospital de Curepto, la irregular licitación para el Hospital de Arica, así como la falta de permisos sanitarios de gran parte de los centros hospitalarios.De hecho, el próximo lunes Barría asistirá ante la comisión Investigadora de la Crisis Hospitalaria de la Cámara Baja. Y también lo hará el director de la división de inversiones, Sergio Teke, que retomó sus funciones el lunes pasado luego de ser suspendido mientras se realizaban las investigaciones del caso. El objetivo es que expongan sobre las listas de espera y los criterios y mecanismos que se aplican en torno a la inversión en infraestructura. Y de paso, los parlamentarios consultarán sobre la licitación para el Hospital Juan Noé de Arica.Pero no es el único tópico sobre el que la comisión tiene puestos los ojos. Según un listado entregado por el diputado Roberto Sepúlveda (RN), 110 funcionarios del órgano público podrían estar percibiendo ?dobles sueldos?, por lo que se solicitó a través de un oficio que la Contraloría General de la República realice una investigación.Por otra parte, aunque no es un tema ilegal, también se cuestiona el hecho de que dentro del aumento de funcionarios del aparataje público, que incluye el nivel central y las seremis de Salud regionales y Metropolitana, 35 por ciento pertenece a la colectividad de Barría. O sea, de los 551 nuevos empleados integrados durante su gestión, a lo menos 128 son socialistas.El total de los nuevos puestos, ha significado 32 por ciento de crecimiento del gasto en personal administrativo (se pasó de 27 mil millones a más 36 mil millones), información que junto a la anterior, fue publicada por este medio.Al respecto, la ministra entrega sus puntos de vista.-¿Cómo explica el enorme aumento en fuerza laboral que no incluye contrataciones en los servicios de salud ni hospitales, así como el hecho de que gran porcentaje pertenezca al PS?-Conseguí 500 cargos y a mucha honra, porque le cuento que se ha duplicado el número de licencias y el gasto, por lo cual la inversión que estamos haciendo en recursos humanos a nivel nacional es un gasto absolutamente justificado.Felizmente hemos conseguido incrementar el presupuesto. El tema de la fiscalización o el personal de las Compin (Comisión Médica Preventiva y de Invalidez) no es administrativo. Y puedo a decir que ha habido más de 100 cargos que se han entregado sólo a las Compin. Con respecto a los funcionarios PS ¿acaso cree que manejo a distancia el ingreso de gente socialista a la nueva seremi que se acaba de crear en Arica?¿Entonces no hay cuoteo político dentro del Ministerio? ¿O sea si hay551 personas y hasta el momento se han encontrado 128 de 372 revisados, es una coincidencia?-¿Han revisado 372 y han encontrado 128? Pucha, entonces está súper fuerte el Partido Socialista. No tengo ni el dato ni el concepto y dudo que sean 120 porque cuesta hoy pillar 120 socialistas.En el caso de mi gabinete hay elementos políticos que hay que considerar. Y hay alguna gente que yo necesito que tenga determinada militancia, es cierto, porque para ir a conversar con alguna de la gente que le pasa a usted la información yo necesito que sea personal que entienda. Necesito tener un periodista de jefe de comunicaciones, no un doctor. De la misma manera, en mi Gabinete hay gente que es independiente, que es socialista, que es demócrata cristiana, que tiene distintos colores políticos y a mi me parece bien que así sea. Entiendo que el país es una diversidad.- Con respecto a los sueldos en su Gabinete: específicamente entre seis cargos de asesores al año se gastan poco más de 172 millones de pesos en sueldos ¿es una cifra razonable en ese ítem?-Puede ser. No es normal, no todo el mundotiene ese nivel, pero los asesores pueden llegar a ganar dos millones de pesos.-¿Cuál es su percepción respecto a los posibles dobles contratos?-Acabo de estar el martes en el Congreso en la Cámara y recién ahí el diputado Roberto Sepúlveda, contra quien me estoy querellando por injurias, estaba diciendo que iba dar a conocer 120 casos. ¿Ustedes chequearon que el listado había llegado a Contraloría? Porque después que ustedes publicaron, no antes, entregó al presidente de la comisión unos casos para que se estudiaran dobles contratos. Lo que ustedes publicaron no es cierto. Cuando se destapó el tema de la irregular licitación en el Hospital de Arica, se anunciaron una serie de medidas, entre ellas una querella a quienes resultaran responsables ¿en qué va eso?-Ya se presentó en la fiscalía, y efectivamente tomamos una serie de medidas. En primer lugar, llamamos a informar a la directora del Servicio de Salud Arica. La postulación es a Arica, es descentralizada, no es al ministerio. Y se vio que esta persona ?el funcionario que se presentó y ganó la licitación a pesar de trabajar en el Minsal, Luis Fuenzalida - omitió decir en el currículum que estaba contratado a honorarios en el mismo momento que estaba postulando allá.La directora no tenía el antecedente a la vista. Cuando se vino para la no objeción al contrato, se hace la indicación del nombre de la empresa pero no de quienes son las personas que constituyen, por lo tanto tampoco había manera de saber. Todo eso está en plena investigación, se inició un sumario y tuvimos una auditoría que se iba a empezar a realizar en todos los contratos de inversión.Si la investigación aún está abierta, ¿entonces por qué el jefe de la división, Sergio Teke, reasumió su cargo?- Para poder investigar mejor, el fiscal resolvió su suspensión. Y procedió a retirarla porque ya terminó la parte investigativa del sumario.-¿Entonces se concluyó que Teke no tenía nada que ver?-No ha habido resolución del sumario. No conozco el detalle, pero la suspensión era para poder realizar una investigación sin que estuvieran las personas que pudieran estar implicadas eventualmente. Esa fase culminó, con lo cual ha sido repuesto.-Con respecto a la llamada ?crisis hospitalaria? actual ¿cuál cree usted que es el problema específico?- El problema específico es la píldora. Ese es el problema. Nos atrevimos a poner una política pública de la magnitud de la equidad, de decir que si este país puede vender en las farmacias la píldora, tiene que entregarse en el sistema público. Y esa osadía aceptada por los 15 mil manifestantes que nos respaldaron, no es aceptable para mucha gente.¿Es una caza de brujas o mala suerte entonces?-No es mala suerte, este es un tema político. El hecho es que perdimos la píldora desde el punto de vista del Tribunal Constitucional. Sin embargo desde el punto de vista cultural creo que hubo un avance en decir que somos un país capaz de aceptar la diversidad o no. Y eso en política, cuando uno avanza en un sentido, te dan en otro. Y aquí se está buscando por una parte hacer pagar un costo respecto a la píldora, pero también hay mucha gente interesadísima en denostar al sistema público porque lo que quieren es privatizar.Chile es mirado como un ejemplo de organización sanitaria. Hay millones de problemas efectivos y reales. No quiero decirle que no existen esos problemas y para eso estamos trabajando duro para mejorarlos. Pero en el contexto de que, en general, las cosas funcionan. Y bien. Porque en este país no sucede lo que pasa en otros, donde mucha gente no tiene acceso: aquí nos podemos quejar que se demoran, ¿pero tenemos acceso?. Y podemos mejorarlo.
Sobre todo, la relacionada con los dobles sueldos y el gran número de nuevos empleados de militancia socialista, situaciones que niega tajantemente.No ha sido un año fácil para la cartera de Soledad Barría. A salud le ha llovido sobre mojado desde diversos flancos: al nacimiento de un niño en el baño del Hospital San José se le sumó el montaje del hospital de Curepto, la irregular licitación para el Hospital de Arica, así como la falta de permisos sanitarios de gran parte de los centros hospitalarios.De hecho, el próximo lunes Barría asistirá ante la comisión Investigadora de la Crisis Hospitalaria de la Cámara Baja. Y también lo hará el director de la división de inversiones, Sergio Teke, que retomó sus funciones el lunes pasado luego de ser suspendido mientras se realizaban las investigaciones del caso. El objetivo es que expongan sobre las listas de espera y los criterios y mecanismos que se aplican en torno a la inversión en infraestructura. Y de paso, los parlamentarios consultarán sobre la licitación para el Hospital Juan Noé de Arica.Pero no es el único tópico sobre el que la comisión tiene puestos los ojos. Según un listado entregado por el diputado Roberto Sepúlveda (RN), 110 funcionarios del órgano público podrían estar percibiendo ?dobles sueldos?, por lo que se solicitó a través de un oficio que la Contraloría General de la República realice una investigación.Por otra parte, aunque no es un tema ilegal, también se cuestiona el hecho de que dentro del aumento de funcionarios del aparataje público, que incluye el nivel central y las seremis de Salud regionales y Metropolitana, 35 por ciento pertenece a la colectividad de Barría. O sea, de los 551 nuevos empleados integrados durante su gestión, a lo menos 128 son socialistas.El total de los nuevos puestos, ha significado 32 por ciento de crecimiento del gasto en personal administrativo (se pasó de 27 mil millones a más 36 mil millones), información que junto a la anterior, fue publicada por este medio.Al respecto, la ministra entrega sus puntos de vista.-¿Cómo explica el enorme aumento en fuerza laboral que no incluye contrataciones en los servicios de salud ni hospitales, así como el hecho de que gran porcentaje pertenezca al PS?-Conseguí 500 cargos y a mucha honra, porque le cuento que se ha duplicado el número de licencias y el gasto, por lo cual la inversión que estamos haciendo en recursos humanos a nivel nacional es un gasto absolutamente justificado.Felizmente hemos conseguido incrementar el presupuesto. El tema de la fiscalización o el personal de las Compin (Comisión Médica Preventiva y de Invalidez) no es administrativo. Y puedo a decir que ha habido más de 100 cargos que se han entregado sólo a las Compin. Con respecto a los funcionarios PS ¿acaso cree que manejo a distancia el ingreso de gente socialista a la nueva seremi que se acaba de crear en Arica?¿Entonces no hay cuoteo político dentro del Ministerio? ¿O sea si hay551 personas y hasta el momento se han encontrado 128 de 372 revisados, es una coincidencia?-¿Han revisado 372 y han encontrado 128? Pucha, entonces está súper fuerte el Partido Socialista. No tengo ni el dato ni el concepto y dudo que sean 120 porque cuesta hoy pillar 120 socialistas.En el caso de mi gabinete hay elementos políticos que hay que considerar. Y hay alguna gente que yo necesito que tenga determinada militancia, es cierto, porque para ir a conversar con alguna de la gente que le pasa a usted la información yo necesito que sea personal que entienda. Necesito tener un periodista de jefe de comunicaciones, no un doctor. De la misma manera, en mi Gabinete hay gente que es independiente, que es socialista, que es demócrata cristiana, que tiene distintos colores políticos y a mi me parece bien que así sea. Entiendo que el país es una diversidad.- Con respecto a los sueldos en su Gabinete: específicamente entre seis cargos de asesores al año se gastan poco más de 172 millones de pesos en sueldos ¿es una cifra razonable en ese ítem?-Puede ser. No es normal, no todo el mundotiene ese nivel, pero los asesores pueden llegar a ganar dos millones de pesos.-¿Cuál es su percepción respecto a los posibles dobles contratos?-Acabo de estar el martes en el Congreso en la Cámara y recién ahí el diputado Roberto Sepúlveda, contra quien me estoy querellando por injurias, estaba diciendo que iba dar a conocer 120 casos. ¿Ustedes chequearon que el listado había llegado a Contraloría? Porque después que ustedes publicaron, no antes, entregó al presidente de la comisión unos casos para que se estudiaran dobles contratos. Lo que ustedes publicaron no es cierto. Cuando se destapó el tema de la irregular licitación en el Hospital de Arica, se anunciaron una serie de medidas, entre ellas una querella a quienes resultaran responsables ¿en qué va eso?-Ya se presentó en la fiscalía, y efectivamente tomamos una serie de medidas. En primer lugar, llamamos a informar a la directora del Servicio de Salud Arica. La postulación es a Arica, es descentralizada, no es al ministerio. Y se vio que esta persona ?el funcionario que se presentó y ganó la licitación a pesar de trabajar en el Minsal, Luis Fuenzalida - omitió decir en el currículum que estaba contratado a honorarios en el mismo momento que estaba postulando allá.La directora no tenía el antecedente a la vista. Cuando se vino para la no objeción al contrato, se hace la indicación del nombre de la empresa pero no de quienes son las personas que constituyen, por lo tanto tampoco había manera de saber. Todo eso está en plena investigación, se inició un sumario y tuvimos una auditoría que se iba a empezar a realizar en todos los contratos de inversión.Si la investigación aún está abierta, ¿entonces por qué el jefe de la división, Sergio Teke, reasumió su cargo?- Para poder investigar mejor, el fiscal resolvió su suspensión. Y procedió a retirarla porque ya terminó la parte investigativa del sumario.-¿Entonces se concluyó que Teke no tenía nada que ver?-No ha habido resolución del sumario. No conozco el detalle, pero la suspensión era para poder realizar una investigación sin que estuvieran las personas que pudieran estar implicadas eventualmente. Esa fase culminó, con lo cual ha sido repuesto.-Con respecto a la llamada ?crisis hospitalaria? actual ¿cuál cree usted que es el problema específico?- El problema específico es la píldora. Ese es el problema. Nos atrevimos a poner una política pública de la magnitud de la equidad, de decir que si este país puede vender en las farmacias la píldora, tiene que entregarse en el sistema público. Y esa osadía aceptada por los 15 mil manifestantes que nos respaldaron, no es aceptable para mucha gente.¿Es una caza de brujas o mala suerte entonces?-No es mala suerte, este es un tema político. El hecho es que perdimos la píldora desde el punto de vista del Tribunal Constitucional. Sin embargo desde el punto de vista cultural creo que hubo un avance en decir que somos un país capaz de aceptar la diversidad o no. Y eso en política, cuando uno avanza en un sentido, te dan en otro. Y aquí se está buscando por una parte hacer pagar un costo respecto a la píldora, pero también hay mucha gente interesadísima en denostar al sistema público porque lo que quieren es privatizar.Chile es mirado como un ejemplo de organización sanitaria. Hay millones de problemas efectivos y reales. No quiero decirle que no existen esos problemas y para eso estamos trabajando duro para mejorarlos. Pero en el contexto de que, en general, las cosas funcionan. Y bien. Porque en este país no sucede lo que pasa en otros, donde mucha gente no tiene acceso: aquí nos podemos quejar que se demoran, ¿pero tenemos acceso?. Y podemos mejorarlo.
LIBERTAD PARA ELENA VARELA
Si un director de documentales resuelve hacer una película sobre el movimiento palestino Hamás y para hacerlo recibe subvenciones o recursos económicos de varias cadenas de televisión de Estados Unidos o Europa (dinero público o privado) está en pleno derecho de filmar el proyecto cinematográfico que ha concebido sin tener que dar explicaciones a nadie y menos ser acusado de malversación de fondos, agredido, humillado y encarcelado como le ha ocurrido a la cineasta chilena Elena Varela por filmar a los mapuche, que no poseen ni remotamente las armas y las ideas de Hamás.
Esta misma libertad de imagen vale para los documentalistas que están haciendo películas sobre Afganistán, Córcega, Georgia, Irak, Bolivia, Bélgica, Chechenia, Líbano, Tibet, Cachemira y muchos otros lugares donde existen movimientos de reivindicación nacionalista, ya que el papel del cineasta que hace documentales es filmar la realidad cualquiera que ella sea. El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los mapuches desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles. La operación es sostenida por un gobierno débil que no hace nada; deja que las cosas continúen adelante haciendo oídos sordos. Hace dos años la policía mexicana golpeó, robó, vejó sexualmente, encarceló y después expulsó del país a otra documentalista chilena, Valentina Palma, por estar filmando la represión policial en una comarca cerca de la capital. En aquella época encontré personalmente a la ministra de cultura, Paulina Urrutia, mientras acompañaba a la presidenta en la ciudad de Madrid. Le entregué un sobre con todos los antecedentes del caso, pero no pasó nada. El gobierno de Chile no pudo reclamar nada al gobierno mexicano. ¿Ahora pasa lo mismo con Elena Varela? ¿Quién tiene las pruebas de que Elena Varela es asaltante de bancos o guerrillera como dicen las autoridades de la justicia? ¿Por qué se la mantiene presa e incomunicada? ¿Por qué la policía actúa como si detrás del documental de Elena Varela se escondiera un complot de alcance nacional? ¿Es que en los profundos bosques mapuches se oculta un ejército de liberación que está preparando el asalto a Santiago? ¿Cómo es posible que la policía use las imágenes de Elena Varela para acusar más tarde a los participantes del documental como delincuentes? ¿No tienen ellos derecho a expresar sus ideas? Todo ello deja al desnudo una alarmante falta de libertad de expresión, revela unos procedimientos de la justicia y unas fuerzas del orden público que usan métodos propios de una dictadura y no las vías de un país democrático. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de terminar con las conductas dictatoriales en un país que se considera moderno y dinámico, soberano y con un estado de derecho? Me indigna que esto ocurra en mi país; me indigna como cualquier demócrata en cualquier parte del mundo. Me sumo a las exigencias de mis colegas cineastas: libertad para Elena Varela y la devolución de su material.
Patricio Guzman 30/mayo/ 2008 La Pandereta Paris
Esta misma libertad de imagen vale para los documentalistas que están haciendo películas sobre Afganistán, Córcega, Georgia, Irak, Bolivia, Bélgica, Chechenia, Líbano, Tibet, Cachemira y muchos otros lugares donde existen movimientos de reivindicación nacionalista, ya que el papel del cineasta que hace documentales es filmar la realidad cualquiera que ella sea. El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los mapuches desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles. La operación es sostenida por un gobierno débil que no hace nada; deja que las cosas continúen adelante haciendo oídos sordos. Hace dos años la policía mexicana golpeó, robó, vejó sexualmente, encarceló y después expulsó del país a otra documentalista chilena, Valentina Palma, por estar filmando la represión policial en una comarca cerca de la capital. En aquella época encontré personalmente a la ministra de cultura, Paulina Urrutia, mientras acompañaba a la presidenta en la ciudad de Madrid. Le entregué un sobre con todos los antecedentes del caso, pero no pasó nada. El gobierno de Chile no pudo reclamar nada al gobierno mexicano. ¿Ahora pasa lo mismo con Elena Varela? ¿Quién tiene las pruebas de que Elena Varela es asaltante de bancos o guerrillera como dicen las autoridades de la justicia? ¿Por qué se la mantiene presa e incomunicada? ¿Por qué la policía actúa como si detrás del documental de Elena Varela se escondiera un complot de alcance nacional? ¿Es que en los profundos bosques mapuches se oculta un ejército de liberación que está preparando el asalto a Santiago? ¿Cómo es posible que la policía use las imágenes de Elena Varela para acusar más tarde a los participantes del documental como delincuentes? ¿No tienen ellos derecho a expresar sus ideas? Todo ello deja al desnudo una alarmante falta de libertad de expresión, revela unos procedimientos de la justicia y unas fuerzas del orden público que usan métodos propios de una dictadura y no las vías de un país democrático. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de terminar con las conductas dictatoriales en un país que se considera moderno y dinámico, soberano y con un estado de derecho? Me indigna que esto ocurra en mi país; me indigna como cualquier demócrata en cualquier parte del mundo. Me sumo a las exigencias de mis colegas cineastas: libertad para Elena Varela y la devolución de su material.
Patricio Guzman 30/mayo/ 2008 La Pandereta Paris
jueves, 5 de junio de 2008
"Saber quién asesinó a Victor seria triunfo mundial para los derechos humanos"
Joan Turner, quien desde hace 35 años es conocida como Joan Jara, se siente hoy 'apoyada y esperanzada' porque un juez reabrió la investigación para saber quién mató a su marido, el cantautor chileno Víctor Jara.
El asesinato de Víctor es un símbolo mundial de las violaciones a los derechos humanos, esclarecer lo que pasó sería un triunfo, una demostración de que no puede haber impunidad para los crímenes contra la humanidad', declaró Joan Jara en una entrevista con Efe.El pasado 15 de mayo, el juez Juan Eduardo Fuentes dio carpetazo a la investigación por la muerte del autor de 'Te Recuerdo Amanda', ocurrida el 15 de septiembre de 1973, apenas cuatro días después del golpe militar del general Augusto Pinochet.Víctor Jara fue brutalmente torturado. Cuando Joan fue a reconocerlo a la morgue, sus manos estaban machacadas por los culatazos de los fusiles y su cuerpo, lleno de moretones, había recibido 44 tiros, 'como si le hubieran disparado desde dos lados y atravesado la carne'.El único inculpado hasta ahora por este asesinato es el coronel retirado Mario Manríquez, quien estaba a cargo del batallón del Ejército que custodiaba el Estadio Chile, hoy rebautizado como Estadio 'Víctor Jara'.Pero su viuda y sus hijas, Amanda y Manuela, iniciaron semanas atrás una campaña de recogida de firmas para exigir al poder judicial la reapertura de la investigación e hicieron un llamamiento público a las 5.000 personas que estuvieron en ese centro de reclusión y tortura para que aportaran pruebas.A los pocos días, la información comenzó a fluir.'La respuesta en Chile y en el extranjero ha sido tremenda, miles y miles de personas nos ha mandado su apoyo y nos han dado mucha fuerza', comentó la viuda del autor de 'El Derecho de Vivir en Paz'.Con la llegada de nuevos datos, el abogado de la familia, Nelson Caucoto, solicitó hace ocho días al juez que efectuara cuarenta nuevas diligencias, la mayor parte de las cuales ha sido aceptada, lo que supone la reapertura del caso y de la esperanza.'Ahora nos sentimos más optimistas para seguir con la investigación, se ha abierto una brecha respondiendo a nuestra llamada para que los testigos que había en el Estadio Chile dieran información', afirmó.Convencidas de que 'el caso está llegando a otra etapa', Joan y sus hijas se reunieron hoy con el responsable de Defensa, José Goñi, quien se comprometió a poner a disposición del juez toda la información de que dispongan las Fuerzas Armadas.'Como han pasado 35 años, muchos de los militares ya están retirados y ya no tienen relación directa con las Fuerzas Armadas, pero en los archivos puede haber información y tenemos el apoyo del ministro para acceder a ella', dijo Joan Jara a Efe.'El ministro nos ha acogido con mucho cariño, nos sentimos apoyadas y esperanzadas', comentó la viuda de Víctor Jara, quien se lamenta de que 'los jefes de las Fuerzas Armadas no han sido generosos en dar información'.'Siempre ha habido una especie de velo, de secreto sobre lo que pasó en el Estadio Chile en el momento del golpe, y bastante confusión; por eso nunca se ha podido reconstruir lo que pasó', sostuvo.Nacida en una familia inglesa de origen humilde, Joan llegó por primera vez a Chile en 1954 y tuvo que marcharse al exilio a las pocas semanas del golpe militar.En 1981 volvió para encerrarse en su casa de Santiago y escribir un libro sobre su vida junto al cantautor y director teatral asesinado.'Ellos mataron a Víctor Jara, pero lo importante fue su vida, su creatividad, su gran compromiso social como artista y su lucha por un mundo mejor', destacó.Durante más de tres décadas, la viuda de Víctor Jara ha tratado de mantener vivo su ejemplo, pero confesó: 'En este momento, me doy cuenta de que también he sido negligente'.Joan se reprocha 'no haber estado siempre investigando y buscando la verdad pacientemente, como han hecho muchos familiares de los desaparecidos y ejecutados'.Y aunque los últimos días para ella 'han sido como volver a la muerte', ahora está convencida de que finalmente se esclarecerá el asesinato.'Algún día se sabrá toda la verdad, se lo debemos no solo a Víctor, sino a todas las víctimas. Tenemos que seguir adelante con esta investigación', indicó. L na 03/06/2008
El asesinato de Víctor es un símbolo mundial de las violaciones a los derechos humanos, esclarecer lo que pasó sería un triunfo, una demostración de que no puede haber impunidad para los crímenes contra la humanidad', declaró Joan Jara en una entrevista con Efe.El pasado 15 de mayo, el juez Juan Eduardo Fuentes dio carpetazo a la investigación por la muerte del autor de 'Te Recuerdo Amanda', ocurrida el 15 de septiembre de 1973, apenas cuatro días después del golpe militar del general Augusto Pinochet.Víctor Jara fue brutalmente torturado. Cuando Joan fue a reconocerlo a la morgue, sus manos estaban machacadas por los culatazos de los fusiles y su cuerpo, lleno de moretones, había recibido 44 tiros, 'como si le hubieran disparado desde dos lados y atravesado la carne'.El único inculpado hasta ahora por este asesinato es el coronel retirado Mario Manríquez, quien estaba a cargo del batallón del Ejército que custodiaba el Estadio Chile, hoy rebautizado como Estadio 'Víctor Jara'.Pero su viuda y sus hijas, Amanda y Manuela, iniciaron semanas atrás una campaña de recogida de firmas para exigir al poder judicial la reapertura de la investigación e hicieron un llamamiento público a las 5.000 personas que estuvieron en ese centro de reclusión y tortura para que aportaran pruebas.A los pocos días, la información comenzó a fluir.'La respuesta en Chile y en el extranjero ha sido tremenda, miles y miles de personas nos ha mandado su apoyo y nos han dado mucha fuerza', comentó la viuda del autor de 'El Derecho de Vivir en Paz'.Con la llegada de nuevos datos, el abogado de la familia, Nelson Caucoto, solicitó hace ocho días al juez que efectuara cuarenta nuevas diligencias, la mayor parte de las cuales ha sido aceptada, lo que supone la reapertura del caso y de la esperanza.'Ahora nos sentimos más optimistas para seguir con la investigación, se ha abierto una brecha respondiendo a nuestra llamada para que los testigos que había en el Estadio Chile dieran información', afirmó.Convencidas de que 'el caso está llegando a otra etapa', Joan y sus hijas se reunieron hoy con el responsable de Defensa, José Goñi, quien se comprometió a poner a disposición del juez toda la información de que dispongan las Fuerzas Armadas.'Como han pasado 35 años, muchos de los militares ya están retirados y ya no tienen relación directa con las Fuerzas Armadas, pero en los archivos puede haber información y tenemos el apoyo del ministro para acceder a ella', dijo Joan Jara a Efe.'El ministro nos ha acogido con mucho cariño, nos sentimos apoyadas y esperanzadas', comentó la viuda de Víctor Jara, quien se lamenta de que 'los jefes de las Fuerzas Armadas no han sido generosos en dar información'.'Siempre ha habido una especie de velo, de secreto sobre lo que pasó en el Estadio Chile en el momento del golpe, y bastante confusión; por eso nunca se ha podido reconstruir lo que pasó', sostuvo.Nacida en una familia inglesa de origen humilde, Joan llegó por primera vez a Chile en 1954 y tuvo que marcharse al exilio a las pocas semanas del golpe militar.En 1981 volvió para encerrarse en su casa de Santiago y escribir un libro sobre su vida junto al cantautor y director teatral asesinado.'Ellos mataron a Víctor Jara, pero lo importante fue su vida, su creatividad, su gran compromiso social como artista y su lucha por un mundo mejor', destacó.Durante más de tres décadas, la viuda de Víctor Jara ha tratado de mantener vivo su ejemplo, pero confesó: 'En este momento, me doy cuenta de que también he sido negligente'.Joan se reprocha 'no haber estado siempre investigando y buscando la verdad pacientemente, como han hecho muchos familiares de los desaparecidos y ejecutados'.Y aunque los últimos días para ella 'han sido como volver a la muerte', ahora está convencida de que finalmente se esclarecerá el asesinato.'Algún día se sabrá toda la verdad, se lo debemos no solo a Víctor, sino a todas las víctimas. Tenemos que seguir adelante con esta investigación', indicó. L na 03/06/2008
Ex juez Guman: "maquinación de las forestales"
El ex juez Juan Guzmán, abogado defensor del comunero mapuche Héctor Llaitul Carrillanca afirmó ayer que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) no está detrás del atentado al Banco Santander Santiago, ocurrido el lunes en Concepción, hecho en el que hubo rayados a favor de la causa mapuche.
Marcha por el asesinado universitario Matías Catrileo intentó llegar hasta el tribunal de Temuco en que se desarrolla el juicio, pero fue disuelta enérgicamente por las Fuerzas Especiales de Carabineros."Si pedimos que nos declaren inocentes, “vamos nosotros a poner una bomba incendiaria” Es ridículo", aseveró el ex magistrado que defiende a Llaitul, acusado de un atentado incendiario contra la Forestal Mininco en Chol Chol.Guzmán dijo que había una maquinación "de las forestales, pagándoles naturalmente a pájaros para que hagan este trabajo... “sicarios”... sicarios... indudablemente". Afirmó que dirigentes de la CAM le manifestaron que no habían tenido participación en la quema del banco.VIAJE A COSTA RICA .El ex magistrado suspendió ayer su participación en el juicio que se desarrolla en Temuco contra Llaitul y Roberto Painemil Parra, para viajar a Costa Rica a dictar una conferencia sobre pueblos originarios. "No dejo el patrocinio de la causa, quedo comprometido para otras instancias, si el caso sigue más adelante", explicó.Dijo que viajará tranquilo porque vio el inicio del juicio oral y que cada día se convence de que fue una inculpación basada en un montaje. La defensa quedará en manos de los abogados Pablo Ortega Manosalva, en el caso de Llaitul, y de Juan Enrique Prieto, por Painemil.En el caso de Painemil, el ex juez aseguró que se le tendió una trampa con las dos armas de fuego que se le incautaron, una perteneciente a un suboficial de la Fuerza Aérea y otra a un carabinero, "respecto de la cual jamás hubo denuncia. Después le pusieron dos celulares que son de carabineros. Es bien curioso", afirmó.El día de los hechos, según Llaitul, él se encontraba con sus dos hijos mayores en la casa de una familia amiga. En tanto, Painemil denunció haber sido víctima de amenazas y torturas y obligado a firmar una declaración acusando a otros comuneros mapuche, entre ellos a Llaitul.La fiscalía ha presentado testigos civiles y de Carabineros que han declarado tras un biombo de madera. En total, la parte acusadora pretende presentar 50 testigos.MARCHA POR CATRILEOEn forma paralela, ayer se realizó en Temuco una marcha en conmemoración del asesinato del estudiante Matías Catrileo Quezada.Los manifestantes intentaron llegar hasta el Tribunal Oral para brindar apoyo a los mapuche enjuiciados. No obstante, un fuerte contingente de fuerzas especiales reprimió enérgicamente a los manifestantes, con un total de seis detenidos."Esto da cuenta que en esta democracia está prohibido manifestarse y cualquier acto de esta índole, por más pacífica que sea, será reprimida y criminalizada, sobre todo si se trata de las reivindicaciones de la Nación Mapuche", afirmaron organizaciones indígenas y familiares de los procesados en una declaración pública.
L Na 05/06/2008
Marcha por el asesinado universitario Matías Catrileo intentó llegar hasta el tribunal de Temuco en que se desarrolla el juicio, pero fue disuelta enérgicamente por las Fuerzas Especiales de Carabineros."Si pedimos que nos declaren inocentes, “vamos nosotros a poner una bomba incendiaria” Es ridículo", aseveró el ex magistrado que defiende a Llaitul, acusado de un atentado incendiario contra la Forestal Mininco en Chol Chol.Guzmán dijo que había una maquinación "de las forestales, pagándoles naturalmente a pájaros para que hagan este trabajo... “sicarios”... sicarios... indudablemente". Afirmó que dirigentes de la CAM le manifestaron que no habían tenido participación en la quema del banco.VIAJE A COSTA RICA .El ex magistrado suspendió ayer su participación en el juicio que se desarrolla en Temuco contra Llaitul y Roberto Painemil Parra, para viajar a Costa Rica a dictar una conferencia sobre pueblos originarios. "No dejo el patrocinio de la causa, quedo comprometido para otras instancias, si el caso sigue más adelante", explicó.Dijo que viajará tranquilo porque vio el inicio del juicio oral y que cada día se convence de que fue una inculpación basada en un montaje. La defensa quedará en manos de los abogados Pablo Ortega Manosalva, en el caso de Llaitul, y de Juan Enrique Prieto, por Painemil.En el caso de Painemil, el ex juez aseguró que se le tendió una trampa con las dos armas de fuego que se le incautaron, una perteneciente a un suboficial de la Fuerza Aérea y otra a un carabinero, "respecto de la cual jamás hubo denuncia. Después le pusieron dos celulares que son de carabineros. Es bien curioso", afirmó.El día de los hechos, según Llaitul, él se encontraba con sus dos hijos mayores en la casa de una familia amiga. En tanto, Painemil denunció haber sido víctima de amenazas y torturas y obligado a firmar una declaración acusando a otros comuneros mapuche, entre ellos a Llaitul.La fiscalía ha presentado testigos civiles y de Carabineros que han declarado tras un biombo de madera. En total, la parte acusadora pretende presentar 50 testigos.MARCHA POR CATRILEOEn forma paralela, ayer se realizó en Temuco una marcha en conmemoración del asesinato del estudiante Matías Catrileo Quezada.Los manifestantes intentaron llegar hasta el Tribunal Oral para brindar apoyo a los mapuche enjuiciados. No obstante, un fuerte contingente de fuerzas especiales reprimió enérgicamente a los manifestantes, con un total de seis detenidos."Esto da cuenta que en esta democracia está prohibido manifestarse y cualquier acto de esta índole, por más pacífica que sea, será reprimida y criminalizada, sobre todo si se trata de las reivindicaciones de la Nación Mapuche", afirmaron organizaciones indígenas y familiares de los procesados en una declaración pública.
L Na 05/06/2008
El Libro Negro de la Justicia Chilena
A casi una década de la prohibición de El Libro Negro de la Justicia Chilena y el consiguiente procesamiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado de su autora, Alejandra Matus; el Estado chileno reconoció el daño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y se comprometió a reparar a la periodista por violaciones a sus derechos a la libertad de expresión y de propiedad.
Sin embargo, en los tribunales nacionales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le está negando toda validez a la resolución del organismo internacional y asegura que no hay nada que reparar.Chile debe pagar, pero...El Estado chileno carece de un procedimiento interno para cumplir las recomendaciones o sentencias de los órganos internacionales, lo que obliga resolver caso a caso. Fue así que la familia de Carmelo Soria -funcionario internacional asesinado por la DINA en 1976- tras la intervención del sistema interamericano de derechos humanos, llegó a un acuerdo de recibir una indemnización del Estado, el que se está resolviendo vía proyecto de ley.Otro mecanismo de reparación para este tipo de casos es iniciar un proceso civil por indemnización de perjuicios, que es el camino que tomó Alejandra Matus tras la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 2005 (Informe N° 90/05 del caso 12.142). El organismo concluyó que el Estado chileno violó los derechos a la libertad de expresión y de propiedad de Matus y recomienda repararla adecuadamente. Además, ha declinado enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado el compromiso del Estado de cumplir con la resolución.De hecho, en comunicación oficial del gobierno chileno al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, enviada a fines de 2005 por Amira Esquivel -entonces directora de Derechos Humanos de la Cancillería- se le manifestó "la firme e irrestricta voluntad del Estado chileno de dar cumplimiento a la recomendación (de la Comisión) de reparar adecuadamente" a Alejandra Matus. Es decir, el Estado reconoce que violó los derechos de la periodista y se compromete a repararla; y lo único que pide es más tiempo para coordinar los organismos que permitan materializar esta voluntad.
El ente chileno que se encargó de materializar el acuerdo reparatorio entre el Estado y Matus fue el Consejo de Defensa del Estado. Para ello debía iniciarse una demanda civil que, en una primera etapa, permitiera a las partes negociar los montos. Hasta ese momento no se puso en duda que a la periodista le correspondía legítimamente ser indemnizada por las consecuencias que tuvo el proceso en su contra. Así, en julio de 2006, el abogado Adil Brkovic presentó ante el 15º. Juzgado Civil de Santiago una demanda por indemnización de perjuicios, punto de partida para lo que esperaban fuera una negociación con el Consejo. Esta última todavía no se ha concretado. "Hicimos una propuesta de transacción -explica Brkovic- de orden económico que reparaba el perjuicio moral y el económico, que incluía tanto los gastos en que ella había incurrido en todo este proceso como lo que había dejado de ganar como periodista y como autora de El Libro Negro... Hicimos una presentación extensamente fundada, abiertos a una negociación. La propuesta era la mitad de lo que estamos demandando en el juicio civil, pero estábamos dispuestos a discutir los montos. Pero no hubo ninguna recepción por parte del Consejo de Defensa del Estado. Fue un no rotundo". La propuesta de Matus y su abogado fue rechazada por el Consejo en enero de 2008, sin explicación ni fundamentos, los que sí entregó en la etapa probatoria del juicio civil actualmente en curso.De hecho, en ese momento Matus pensó en desistir del proceso porque "se me abrió la perspectiva de un juicio que puede tardar cinco, siete años. Sentí el cansancio de los años que ya hay de proceso, me agoté. Y, además, tiene un costo económico. Litigar implica gastos. Pero lo conversé con mi pareja y, en realidad, si ya había llegado hasta aquí era absurdo e injusto renunciar ahora", explica Matus.CDE: No hay nada que repararAnte el portazo del Consejo, el juicio civil siguió su curso y está finalizando su etapa probatoria. En esta el CDE, en resumen, ha planteado que el Estado no puede reparar un supuesto daño que habría sido cometido por alguno de sus órganos (poderes Legislativo y Judicial), debido a un proceso del todo legal en su momento. Y además, que por el tiempo transcurrido, ha prescrito cualquier acción "por responsabilidad extracontractual" del Estado. Por último, que en definitiva no ha habido violaciones a los derechos de la periodista y que, por lo tanto, no corresponde indemnizar. Sin embargo, lo más sorprendente de la postura del Consejo es su alegato contra las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señala que la Comisión es solo un organismo mediador cuyas resoluciones "carecen de fuerza obligatoria en el derecho internacional" y que el Estado de Chile ha reconocido su competencia solo para recibir alegaciones entre Estados partes y no de particulares, como es el caso de Matus. Y que la Comisión, por lo tanto, ha violado el derecho internacional con su resolución en este caso. Brkovic sostiene al respecto que "la sensación que a uno le queda es que los compromisos que el Estado de Chile suscribe a través de la Cancillería y su Dirección de Derechos Humanos, en definitiva no se cumplen".Juan Aníbal Barría, actual director de Derechos Humanos de la Cancillería, afirma que desconoce el documento presentado por el CDE en el proceso, pero supone que no hay diferencias de fondo sino que de montos. "Afirmamos la existencia del acuerdo. El daño tendrán que determinarlo los tribunales... No puedo creer que tribunales puedan desconocer la resolución de la Comisión. Pero hay que discutir el monto y la cuantía del daño. Creo que el tema de fondo son los montos involucrados", dijo Barría. Alejandra Matus, sin embargo, cuenta que "no es un tema de monto. No nos han dicho que discutamos sobre el monto. Han dicho que no corresponde y que no van a reparar. Hay una contradicción que es clara y evidente entre lo que sostiene la cancillería y el CDE. Y estoy a la mitad de esto sin ver cómo puede resolverse". Casos similares indican que Alejandra Matus tiene pocas posibilidades de ser reparada. "La expectativa que puede tener un abogado de derechos humanos en materia de indemnización por violación a los derechos humanos en Chile es bajísima. La historia demuestra que el Estado chileno en los tribunales se las ha arreglado, por el lobby del CDE, para no pagarle a las víctimas o pagarle lo que el Estado se le ocurra, cuestión que no tiene ni un gramo de justicia. Y eso sienta muy mal precedente para el futuro. Porque el caso de la Alejandra es un caso del presente, no del pasado. Pero veo muchas dificultades, porque no percibo al Estado comprometido en esta materia. No hay coherencia entre su discurso público o su actuación a nivel de organismos internacionales, donde propone reparaciones, proyectos, etc., y lo que hace en su propia casa. Demostración de esto son los cientos de fallos negativos que han obtenido los abogados que han intentado acciones indemnizatorias por violaciones a los derechos humanos", explica Adil Brkovic.Por cierto, Matus y Brkovic informarán cuanto antes a la Comisión Interamericana de los obstáculos impuestos por el propio Estado de Chile para cumplir con el compromiso que el mismo adquirió ante el organismo internacional. CuántoLa propuesta de negociación de Matus y su abogado al CDE fue por $150 millones. Ante la negativa del Consejo, la demanda al sistema interamericano contra el Estado de Chile es por $487 millones de pesos, que se desglosa de la siguiente manera:1. Lucro cesante: a) por derechos de autor no percibidos: $77 millones, calculando unas 100 mil copias ilegales del libro durante los más de dos años que estuvo prohibido; b) Por imposibilidad de ejercer como periodista en Chile debido al exilio: $60 millones.2. Daño emergente por $50 millones: a) Gastos como consecuencia del asilo político en Estados Unidos durante 30 meses; b) Gastos en defensa legal en Chile y ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (viajes a Washington D.C. y a Costa Rica, traslados, llamadas telefónicas, servicios de correos, etc.).3. Daño moral por persecución injusta, exilio y asilo político en un país extranjero, separación familiar, alejamiento de la vida profesional y de las redes que la hacen posible: $300 millones.Alejandra Matus ha recibido comentarios respecto del supuestamente alto monto exigido, considerando que las indemnizaciones en casos de ejecutados políticos, por ejemplo, se mueven entre 20 y 30 millones. "Es un comentario odioso. Me imagino que es lo mismo que sentían los exiliados cuando les decían que se habían ganado la ‘beca Pinochet', que finalmente salieron ‘beneficiados'. Me parece un argumento absurdo. Pero no me puedo hacer cargo", se lamenta Matus.En relación al proceso, el juez a cargo de la causa ya cerró la etapa probatoria y se espera que en unos dos meses más dicte la sentencia de primera instancia. Sin embargo, en virtud de las casi seguras apelaciones el juicio podría extenderse otros cinco años más. Y, como ya se indicó, con un mal pronóstico para Alejandra Matus. Es decir, de persistir la actitud del Consejo de Defensa del Estado, no solo se consagrará una nueva injusticia, sino que además Chile quedará gravemente desprestigiado ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Claudia Lagos A.I
Sin embargo, en los tribunales nacionales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le está negando toda validez a la resolución del organismo internacional y asegura que no hay nada que reparar.Chile debe pagar, pero...El Estado chileno carece de un procedimiento interno para cumplir las recomendaciones o sentencias de los órganos internacionales, lo que obliga resolver caso a caso. Fue así que la familia de Carmelo Soria -funcionario internacional asesinado por la DINA en 1976- tras la intervención del sistema interamericano de derechos humanos, llegó a un acuerdo de recibir una indemnización del Estado, el que se está resolviendo vía proyecto de ley.Otro mecanismo de reparación para este tipo de casos es iniciar un proceso civil por indemnización de perjuicios, que es el camino que tomó Alejandra Matus tras la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 2005 (Informe N° 90/05 del caso 12.142). El organismo concluyó que el Estado chileno violó los derechos a la libertad de expresión y de propiedad de Matus y recomienda repararla adecuadamente. Además, ha declinado enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado el compromiso del Estado de cumplir con la resolución.De hecho, en comunicación oficial del gobierno chileno al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, enviada a fines de 2005 por Amira Esquivel -entonces directora de Derechos Humanos de la Cancillería- se le manifestó "la firme e irrestricta voluntad del Estado chileno de dar cumplimiento a la recomendación (de la Comisión) de reparar adecuadamente" a Alejandra Matus. Es decir, el Estado reconoce que violó los derechos de la periodista y se compromete a repararla; y lo único que pide es más tiempo para coordinar los organismos que permitan materializar esta voluntad.
El ente chileno que se encargó de materializar el acuerdo reparatorio entre el Estado y Matus fue el Consejo de Defensa del Estado. Para ello debía iniciarse una demanda civil que, en una primera etapa, permitiera a las partes negociar los montos. Hasta ese momento no se puso en duda que a la periodista le correspondía legítimamente ser indemnizada por las consecuencias que tuvo el proceso en su contra. Así, en julio de 2006, el abogado Adil Brkovic presentó ante el 15º. Juzgado Civil de Santiago una demanda por indemnización de perjuicios, punto de partida para lo que esperaban fuera una negociación con el Consejo. Esta última todavía no se ha concretado. "Hicimos una propuesta de transacción -explica Brkovic- de orden económico que reparaba el perjuicio moral y el económico, que incluía tanto los gastos en que ella había incurrido en todo este proceso como lo que había dejado de ganar como periodista y como autora de El Libro Negro... Hicimos una presentación extensamente fundada, abiertos a una negociación. La propuesta era la mitad de lo que estamos demandando en el juicio civil, pero estábamos dispuestos a discutir los montos. Pero no hubo ninguna recepción por parte del Consejo de Defensa del Estado. Fue un no rotundo". La propuesta de Matus y su abogado fue rechazada por el Consejo en enero de 2008, sin explicación ni fundamentos, los que sí entregó en la etapa probatoria del juicio civil actualmente en curso.De hecho, en ese momento Matus pensó en desistir del proceso porque "se me abrió la perspectiva de un juicio que puede tardar cinco, siete años. Sentí el cansancio de los años que ya hay de proceso, me agoté. Y, además, tiene un costo económico. Litigar implica gastos. Pero lo conversé con mi pareja y, en realidad, si ya había llegado hasta aquí era absurdo e injusto renunciar ahora", explica Matus.CDE: No hay nada que repararAnte el portazo del Consejo, el juicio civil siguió su curso y está finalizando su etapa probatoria. En esta el CDE, en resumen, ha planteado que el Estado no puede reparar un supuesto daño que habría sido cometido por alguno de sus órganos (poderes Legislativo y Judicial), debido a un proceso del todo legal en su momento. Y además, que por el tiempo transcurrido, ha prescrito cualquier acción "por responsabilidad extracontractual" del Estado. Por último, que en definitiva no ha habido violaciones a los derechos de la periodista y que, por lo tanto, no corresponde indemnizar. Sin embargo, lo más sorprendente de la postura del Consejo es su alegato contra las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señala que la Comisión es solo un organismo mediador cuyas resoluciones "carecen de fuerza obligatoria en el derecho internacional" y que el Estado de Chile ha reconocido su competencia solo para recibir alegaciones entre Estados partes y no de particulares, como es el caso de Matus. Y que la Comisión, por lo tanto, ha violado el derecho internacional con su resolución en este caso. Brkovic sostiene al respecto que "la sensación que a uno le queda es que los compromisos que el Estado de Chile suscribe a través de la Cancillería y su Dirección de Derechos Humanos, en definitiva no se cumplen".Juan Aníbal Barría, actual director de Derechos Humanos de la Cancillería, afirma que desconoce el documento presentado por el CDE en el proceso, pero supone que no hay diferencias de fondo sino que de montos. "Afirmamos la existencia del acuerdo. El daño tendrán que determinarlo los tribunales... No puedo creer que tribunales puedan desconocer la resolución de la Comisión. Pero hay que discutir el monto y la cuantía del daño. Creo que el tema de fondo son los montos involucrados", dijo Barría. Alejandra Matus, sin embargo, cuenta que "no es un tema de monto. No nos han dicho que discutamos sobre el monto. Han dicho que no corresponde y que no van a reparar. Hay una contradicción que es clara y evidente entre lo que sostiene la cancillería y el CDE. Y estoy a la mitad de esto sin ver cómo puede resolverse". Casos similares indican que Alejandra Matus tiene pocas posibilidades de ser reparada. "La expectativa que puede tener un abogado de derechos humanos en materia de indemnización por violación a los derechos humanos en Chile es bajísima. La historia demuestra que el Estado chileno en los tribunales se las ha arreglado, por el lobby del CDE, para no pagarle a las víctimas o pagarle lo que el Estado se le ocurra, cuestión que no tiene ni un gramo de justicia. Y eso sienta muy mal precedente para el futuro. Porque el caso de la Alejandra es un caso del presente, no del pasado. Pero veo muchas dificultades, porque no percibo al Estado comprometido en esta materia. No hay coherencia entre su discurso público o su actuación a nivel de organismos internacionales, donde propone reparaciones, proyectos, etc., y lo que hace en su propia casa. Demostración de esto son los cientos de fallos negativos que han obtenido los abogados que han intentado acciones indemnizatorias por violaciones a los derechos humanos", explica Adil Brkovic.Por cierto, Matus y Brkovic informarán cuanto antes a la Comisión Interamericana de los obstáculos impuestos por el propio Estado de Chile para cumplir con el compromiso que el mismo adquirió ante el organismo internacional. CuántoLa propuesta de negociación de Matus y su abogado al CDE fue por $150 millones. Ante la negativa del Consejo, la demanda al sistema interamericano contra el Estado de Chile es por $487 millones de pesos, que se desglosa de la siguiente manera:1. Lucro cesante: a) por derechos de autor no percibidos: $77 millones, calculando unas 100 mil copias ilegales del libro durante los más de dos años que estuvo prohibido; b) Por imposibilidad de ejercer como periodista en Chile debido al exilio: $60 millones.2. Daño emergente por $50 millones: a) Gastos como consecuencia del asilo político en Estados Unidos durante 30 meses; b) Gastos en defensa legal en Chile y ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (viajes a Washington D.C. y a Costa Rica, traslados, llamadas telefónicas, servicios de correos, etc.).3. Daño moral por persecución injusta, exilio y asilo político en un país extranjero, separación familiar, alejamiento de la vida profesional y de las redes que la hacen posible: $300 millones.Alejandra Matus ha recibido comentarios respecto del supuestamente alto monto exigido, considerando que las indemnizaciones en casos de ejecutados políticos, por ejemplo, se mueven entre 20 y 30 millones. "Es un comentario odioso. Me imagino que es lo mismo que sentían los exiliados cuando les decían que se habían ganado la ‘beca Pinochet', que finalmente salieron ‘beneficiados'. Me parece un argumento absurdo. Pero no me puedo hacer cargo", se lamenta Matus.En relación al proceso, el juez a cargo de la causa ya cerró la etapa probatoria y se espera que en unos dos meses más dicte la sentencia de primera instancia. Sin embargo, en virtud de las casi seguras apelaciones el juicio podría extenderse otros cinco años más. Y, como ya se indicó, con un mal pronóstico para Alejandra Matus. Es decir, de persistir la actitud del Consejo de Defensa del Estado, no solo se consagrará una nueva injusticia, sino que además Chile quedará gravemente desprestigiado ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Claudia Lagos A.I
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