En el contexto del actual proceso eleccionario,
la eventual entrada en vigencia de la nueva Ficha Social –que reemplazaría a la
Ficha de Protección Social (FPS) puesta en marcha en 2007– ha estado al centro
de opiniones cruzadas entre el gobierno y la oposición. El debate ha permitido
poner arriba de la mesa ideas y posiciones diversas, alcanzando la cima más
polémica al entrar en la discusión ministros de Estado de la anterior y actual
administración. Incluso el vespertino La Segunda señaló, en un
reciente editorial, que si el país se inclinaba por asignar los beneficios
mediante otro sistema –una categorización– equivalía a asumir que optó
por el camino de los derechos sociales que pondría “una fuerte
presión sobre el gasto fiscal en el mediano plazo y funciona bajo el supuesto
de que la prosperidad del país está asegurada”. Desde la FSP queremos
profundizar en el debate de fondo: una nueva mirada sobre la pobreza, de lo
asistencial a lo promocional. Al margen de lo candente del ambiente ante un
escenario de medición de fuerzas políticas, lo cierto es que las reformas
siempre abren controversias, y lo importante del proceso es enriquecer las
posturas sin perder de vista a quienes en este caso serán los involucrados
centrales: las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por ello, hay
que tener mucho cuidado con los exitismos que algunos han planteado en esta
área. La buena focalización no es patrimonio de una sola forma de ver la
realidad y menos de un sólo tipo de instrumento, sostener lo contrario sería
absurdo. De hecho, el cambio de Ficha CAS1 a CAS2 y luego a Ficha de Protección
Social, tiene que ver con los problemas que presentan estos métodos. No existe
ningún instrumento de medición conocido que pueda detectar, con toda
fiabilidad, quién es pobre y quién no lo es. Podemos indagar la presencia
del fenómeno, pero resulta una aberración no sólo conceptual sino también
metodológica decir que poseemos un instrumento que permita discriminar con
exactitud vivencias dinámicas, sinérgicas, complejas y multidimensionales como
la pobreza. Por lo tanto, para iniciar una discusión seria sobre el tema de la
focalización social en Chile, se debe evitar en la conversación el uso de consignas
como la persecución de los falsos pobres. No estamos en el siglo XIX, donde
esta discusión se dio y resolvió erradicando dichas nefastas denominaciones de
la política pública. Todos los sistemas de focalización generan problemas de
inclusión y exclusión, que van mucho más allá del eventual falseamiento de los
datos, por lo que personas que debieran recibir apoyo no lo reciben y personas
que no parece tan razonable que los reciban han logrado obtenerlos, y estos
fenómenos no pueden ser confundidos con falseamiento y menos aun cuando
hablamos de una experiencia tan compleja como la pobreza. Cuando hablamos de
focalización, hacemos referencia a cómo el Estado reacciona ante las
invocaciones de apoyo de la población, ante situaciones emergentes, permanentes
o eventuales de pobreza y vulnerabilidad. Hoy la Ficha de Protección Social
(FPS) es parte de un sistema y enfoque de focalización individual/familiar, que
surge y se consolida históricamente, en un contexto de crisis económica, al
comienzo de los años 80, para la entrega de subsidios monetarios y otras ayudas
de emergencia. En términos técnicos, la estrategia seguida por Chile avanza desde
sistemas de comprobación simple a sustitutiva de la información autorreportada
por las personas (encuestaje). Estas alternativas técnicas, exigen la
“demostración de pobreza o miseria” por parte de quienes solicitan apoyo del
Estado. Implica un modo de conversación ensayado por 30 años entre el Estado y
las personas afectadas, que ha generado (acumulativamente) efectos subjetivos
muy negativos. Por un lado, la relación de las personas con el Estado ha
generado desde sentimientos de frustración, inseguridad, invisibilización,
hasta impotencia, persecución y desafiliación. Asimismo, ha obrado en una
dirección contraria a la promoción social, toda vez que este ejercicio ha
implicado para las personas en vulnerabilidad sentimientos de devaluación
social y autoimágenes empobrecidas de sí mismos. Según los estudios de Voces de
la Pobreza y Umbrales Sociales 2013, para los destinatarios, el concepto de
pobreza y vulnerabilidad que la FPS encierra no sería capaz de capturar
dimensiones dinámicas, subjetivas y emergentes que condicionan la experiencia
de la pobreza. Asimismo, todo progreso obtenido por las familias representa un
aumento de puntajes y pérdida de apoyos, en circunstancias que no es muy claro
que su nueva (y mejor) situación los deje en condiciones de enfrentar sus
proyectos y necesidades de manera autónoma. El fichaje ha poblado casi todos
los intersticios de la política social, siendo solicitado para los más
impresionantes temas como: la exención de los costes de la Defensoría Penal
Pública, acceso al Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles, recibir ayudas
médicas o, inclusive, para enfrentar no sólo carencias sino también desafíos,
como el desarrollo de emprendimientos Fosis o Indap, o postular a beneficios
económicos para cursar educación superior, etc. Son más de 100 los programas
que hemos detectado que usan este sistema sin existir claridad de que aquello
guarde relación con sus objetivos, en especial, frente a programas que actúan
sobre una determinada comunidad en su conjunto y no sólo con familias o
individuos. La Ficha ha sido usada tan extensiva y excesivamente, que hoy
empieza a ser utilizada también por el sector privado, como referente para
desarrollar acciones de bienestar. De esta manera, podemos afirmar que estamos
enfrentados a una enorme ampliación de los efectos subjetivos y objetivos
(negativos) del encuestaje. Además, al ser un método de focalización
familiar/individual, provoca perjuicios en el capital social de las
comunidades, en razón que genera sentimientos de desconfianza y competencia
entre los propios vecinos, en especial cuando obtienen puntajes
diametralmente diferentes y unos quedan dentro y otros fuera de ciertas
políticas e intervenciones, pese a que viven realidades socioresidenciales y
culturales muy similares. Esta segmentación es absurda, innecesaria y
perjudicial para superar pobreza. La demostración de miseria encierra un
profundo acto de indignidad, toda vez que se abusa de su uso como única
puerta de entrada para obtener accesos y apoyos. Como el instrumento no se
adapta a sus necesidades y desafíos cambiantes, sinérgicos de las personas,
éstas se ven obligadas a adaptar su realidad a lo que este instrumento es capaz
de detectar. Esto llega al extremo que la ficha no cuenta entre sus preguntas
“para qué se está solicitando su aplicación”, lo que pone en evidencia el bajo
interés que esta información tiene para el sistema, pese a ser de enorme
importancia para construir o definir la estrategia de apoyo. Por eso la
Fundación Superación de la Pobreza propone minimizar la focalización social
basada en la estrategia comprobación simple o sustitutiva y avanzar a
comprobación administrativa y formas categóricas, en concordancia con lo
señalado por organismos internacionales. Asimismo, deben ser implementados
sistemas de diálogo con los afectados, basados en cuestionarios que lejos de
exigir demostrar miseria, logren visibilizar, valorar y movilizar los propios
recursos que las personas y comunidades han acumulado. Para ello, debemos
modificar el sistema de apoyos al que se accede, poniendo al centro de los
esquemas de apoyo estatal cuestiones de orden promocional y complementar con
cuestiones asistenciales. También es clave que evolucionemos a esquemas de
trabajo colectivo, donde el Estado favorezca la entrega de apoyos a comunidades
como un todo, donde existen familias e individuos. Este tipo de acción
debe estar disponible no sólo para la extrema pobreza, también deben ser
incorporadas aquellas familias y comunidades en pobreza no extrema y sectores
medio-bajos. En efecto, actuar sobre los problemas de la clase media no es
contradictorio con la superación de la pobreza, por el contrario, es
fundamental para completar el proceso de resolución del problema. Lo anterior,
en especial, si se toma en cuenta que amplios sectores de la mal denominada
clase media, viven o forman parte del fenómeno de la pobreza transitoria, que
han revelado los propios estudios que ha hecho el Estado a través de Mideplan
(actual MDS). Por último, señalar que la propuesta de Umbrales Sociales Garantizados
y el enfoque de derechos sociales, no es contradictoria con prácticas de
focalización. Sostener lo contrario es un error. Lo que ocurre es que, en
efecto, dicho enfoque exige que las formas de focalización no caigan en
discriminaciones arbitrarias e intolerables, que las políticas no se centren en
sólo incrementar las “tenencias” de las personas, sino que se preocupen por que
las personas puedan realmente “hacer lo que hemos acordado que todos debemos
poder hacer”, es decir, educarnos de forma adecuada, vivir saludablemente,
trabajar en forma y condiciones, habitar de manera digna e integrada, etc.
Indudablemente, aquello no se logra abusando de la entrega de bonos. Los
Umbrales Sociales Garantizados pueden y deben implicar una mayor focalización de
esfuerzos estatales en aquellos que exhiben más dificultades para “hacer”
(educarse, trabajar, habitar, sanar), pero el método de focalización escogido
debe ser congruente con un trato digno, comprensivo, centrado en la promoción y
el empoderamiento de las personas.
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