El Libro Negro de la Justicia Chilena

A casi una década de la prohibición de El Libro Negro de la Justicia Chilena y el consiguiente procesamiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado de su autora, Alejandra Matus; el Estado chileno reconoció el daño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y se comprometió a reparar a la periodista por violaciones a sus derechos a la libertad de expresión y de propiedad.
Sin embargo, en los tribunales nacionales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le está negando toda validez a la resolución del organismo internacional y asegura que no hay nada que reparar.Chile debe pagar, pero...El Estado chileno carece de un procedimiento interno para cumplir las recomendaciones o sentencias de los órganos internacionales, lo que obliga resolver caso a caso. Fue así que la familia de Carmelo Soria -funcionario internacional asesinado por la DINA en 1976- tras la intervención del sistema interamericano de derechos humanos, llegó a un acuerdo de recibir una indemnización del Estado, el que se está resolviendo vía proyecto de ley.Otro mecanismo de reparación para este tipo de casos es iniciar un proceso civil por indemnización de perjuicios, que es el camino que tomó Alejandra Matus tras la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 2005 (Informe N° 90/05 del caso 12.142). El organismo concluyó que el Estado chileno violó los derechos a la libertad de expresión y de propiedad de Matus y recomienda repararla adecuadamente. Además, ha declinado enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado el compromiso del Estado de cumplir con la resolución.De hecho, en comunicación oficial del gobierno chileno al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, enviada a fines de 2005 por Amira Esquivel -entonces directora de Derechos Humanos de la Cancillería- se le manifestó "la firme e irrestricta voluntad del Estado chileno de dar cumplimiento a la recomendación (de la Comisión) de reparar adecuadamente" a Alejandra Matus. Es decir, el Estado reconoce que violó los derechos de la periodista y se compromete a repararla; y lo único que pide es más tiempo para coordinar los organismos que permitan materializar esta voluntad.
El ente chileno que se encargó de materializar el acuerdo reparatorio entre el Estado y Matus fue el Consejo de Defensa del Estado. Para ello debía iniciarse una demanda civil que, en una primera etapa, permitiera a las partes negociar los montos. Hasta ese momento no se puso en duda que a la periodista le correspondía legítimamente ser indemnizada por las consecuencias que tuvo el proceso en su contra. Así, en julio de 2006, el abogado Adil Brkovic presentó ante el 15º. Juzgado Civil de Santiago una demanda por indemnización de perjuicios, punto de partida para lo que esperaban fuera una negociación con el Consejo. Esta última todavía no se ha concretado. "Hicimos una propuesta de transacción -explica Brkovic- de orden económico que reparaba el perjuicio moral y el económico, que incluía tanto los gastos en que ella había incurrido en todo este proceso como lo que había dejado de ganar como periodista y como autora de El Libro Negro... Hicimos una presentación extensamente fundada, abiertos a una negociación. La propuesta era la mitad de lo que estamos demandando en el juicio civil, pero estábamos dispuestos a discutir los montos. Pero no hubo ninguna recepción por parte del Consejo de Defensa del Estado. Fue un no rotundo". La propuesta de Matus y su abogado fue rechazada por el Consejo en enero de 2008, sin explicación ni fundamentos, los que sí entregó en la etapa probatoria del juicio civil actualmente en curso.De hecho, en ese momento Matus pensó en desistir del proceso porque "se me abrió la perspectiva de un juicio que puede tardar cinco, siete años. Sentí el cansancio de los años que ya hay de proceso, me agoté. Y, además, tiene un costo económico. Litigar implica gastos. Pero lo conversé con mi pareja y, en realidad, si ya había llegado hasta aquí era absurdo e injusto renunciar ahora", explica Matus.CDE: No hay nada que repararAnte el portazo del Consejo, el juicio civil siguió su curso y está finalizando su etapa probatoria. En esta el CDE, en resumen, ha planteado que el Estado no puede reparar un supuesto daño que habría sido cometido por alguno de sus órganos (poderes Legislativo y Judicial), debido a un proceso del todo legal en su momento. Y además, que por el tiempo transcurrido, ha prescrito cualquier acción "por responsabilidad extracontractual" del Estado. Por último, que en definitiva no ha habido violaciones a los derechos de la periodista y que, por lo tanto, no corresponde indemnizar. Sin embargo, lo más sorprendente de la postura del Consejo es su alegato contra las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señala que la Comisión es solo un organismo mediador cuyas resoluciones "carecen de fuerza obligatoria en el derecho internacional" y que el Estado de Chile ha reconocido su competencia solo para recibir alegaciones entre Estados partes y no de particulares, como es el caso de Matus. Y que la Comisión, por lo tanto, ha violado el derecho internacional con su resolución en este caso. Brkovic sostiene al respecto que "la sensación que a uno le queda es que los compromisos que el Estado de Chile suscribe a través de la Cancillería y su Dirección de Derechos Humanos, en definitiva no se cumplen".Juan Aníbal Barría, actual director de Derechos Humanos de la Cancillería, afirma que desconoce el documento presentado por el CDE en el proceso, pero supone que no hay diferencias de fondo sino que de montos. "Afirmamos la existencia del acuerdo. El daño tendrán que determinarlo los tribunales... No puedo creer que tribunales puedan desconocer la resolución de la Comisión. Pero hay que discutir el monto y la cuantía del daño. Creo que el tema de fondo son los montos involucrados", dijo Barría. Alejandra Matus, sin embargo, cuenta que "no es un tema de monto. No nos han dicho que discutamos sobre el monto. Han dicho que no corresponde y que no van a reparar. Hay una contradicción que es clara y evidente entre lo que sostiene la cancillería y el CDE. Y estoy a la mitad de esto sin ver cómo puede resolverse". Casos similares indican que Alejandra Matus tiene pocas posibilidades de ser reparada. "La expectativa que puede tener un abogado de derechos humanos en materia de indemnización por violación a los derechos humanos en Chile es bajísima. La historia demuestra que el Estado chileno en los tribunales se las ha arreglado, por el lobby del CDE, para no pagarle a las víctimas o pagarle lo que el Estado se le ocurra, cuestión que no tiene ni un gramo de justicia. Y eso sienta muy mal precedente para el futuro. Porque el caso de la Alejandra es un caso del presente, no del pasado. Pero veo muchas dificultades, porque no percibo al Estado comprometido en esta materia. No hay coherencia entre su discurso público o su actuación a nivel de organismos internacionales, donde propone reparaciones, proyectos, etc., y lo que hace en su propia casa. Demostración de esto son los cientos de fallos negativos que han obtenido los abogados que han intentado acciones indemnizatorias por violaciones a los derechos humanos", explica Adil Brkovic.Por cierto, Matus y Brkovic informarán cuanto antes a la Comisión Interamericana de los obstáculos impuestos por el propio Estado de Chile para cumplir con el compromiso que el mismo adquirió ante el organismo internacional. CuántoLa propuesta de negociación de Matus y su abogado al CDE fue por $150 millones. Ante la negativa del Consejo, la demanda al sistema interamericano contra el Estado de Chile es por $487 millones de pesos, que se desglosa de la siguiente manera:1. Lucro cesante: a) por derechos de autor no percibidos: $77 millones, calculando unas 100 mil copias ilegales del libro durante los más de dos años que estuvo prohibido; b) Por imposibilidad de ejercer como periodista en Chile debido al exilio: $60 millones.2. Daño emergente por $50 millones: a) Gastos como consecuencia del asilo político en Estados Unidos durante 30 meses; b) Gastos en defensa legal en Chile y ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (viajes a Washington D.C. y a Costa Rica, traslados, llamadas telefónicas, servicios de correos, etc.).3. Daño moral por persecución injusta, exilio y asilo político en un país extranjero, separación familiar, alejamiento de la vida profesional y de las redes que la hacen posible: $300 millones.Alejandra Matus ha recibido comentarios respecto del supuestamente alto monto exigido, considerando que las indemnizaciones en casos de ejecutados políticos, por ejemplo, se mueven entre 20 y 30 millones. "Es un comentario odioso. Me imagino que es lo mismo que sentían los exiliados cuando les decían que se habían ganado la ‘beca Pinochet', que finalmente salieron ‘beneficiados'. Me parece un argumento absurdo. Pero no me puedo hacer cargo", se lamenta Matus.En relación al proceso, el juez a cargo de la causa ya cerró la etapa probatoria y se espera que en unos dos meses más dicte la sentencia de primera instancia. Sin embargo, en virtud de las casi seguras apelaciones el juicio podría extenderse otros cinco años más. Y, como ya se indicó, con un mal pronóstico para Alejandra Matus. Es decir, de persistir la actitud del Consejo de Defensa del Estado, no solo se consagrará una nueva injusticia, sino que además Chile quedará gravemente desprestigiado ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Claudia Lagos A.I