La dinámica de dimes y diretes iniciada por el ministro de Justicia Teodoro Ribera el viernes, respondida luego por Juica, contestado a su vez por Chadwick, y refrendada finalmente hoy por el propio Presidente Piñera quien le pidió a los magistrados "que apliquen todo el rigor de la ley contra los delincuentes y que protejan con toda su dedicación el derecho de los ciudadanos a poder vivir en paz y tranquilidad", configuran un escenario de conflicto institucional entre dos poderes, que en toda democracia deben estar separados y actuar con autonomía el uno respecto del otro para poder cumplir su misión de mantener el imperio del derecho. La escenificación de esta disputa sobre el rol de los jueces, no se puede comprender bien sin considerar el lastre ideológico de varios personeros de Gobierno, que siguen preconizando una ideología de la seguridad que se superpone al Estado de Derecho, asumiendo así que el poder Ejecutivo podría tener de manera extraordinaria y arbitraria facultades inquisitivas. Cuando se publicó la primera versión del "Informe Valech", muchos echaron de menos un "mea culpa" del Poder Judicial, que por esos años ya daba señales poderosas de avanzar en la lucha contra la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos. Hubo que esperar todavía varios años más, hasta que llegara Milton Juica a ser presidente de la Corte Suprema, para que se escucharan palabras más claras sobre la responsabilidad de los jueces durante la dictadura en amparar los excesos y abusos que las fuerzas de orden cometieron. En estos años, como un lento cuenta gotas, han ido siendo condenados los militares de menor a mayor rango por los atropellos cometidos en el pasado, sin embargo, la justicia no podría estar completa si no se investigara también a aquellos civiles que instigaron a los militares a tomarse el poder, a aquellos que los asesoraron desde las sombras en la instauración de un modelo político y económico sostenido en la represión, y que sobre todo, al final les prometieron -en vano- impunidad para que volvieran a sus cuarteles, y les entregaran el mando del nuevo orden político que ellos habían creado.
El Mercurio con gran hipocresía ha venido denunciando en los últimos años la "politización de los jueces", sobre todo cuando se trata de magistrados proclives a avanzar en la lucha contra la impunidad, y que fueron ascendidos durante los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, fue en las reformas constitucionales de 2005, cuando precisamente la Concertación sin mayores cuestionamientos, cedió a la derecha a cambio de acabar con los senadores designados y vitalicios, a que los jueces que integren la Corte Suprema no sólo sean escogidos por el Presidente de la República de una quina elaborada por el máximo tribunal, sino que además deban ser ratificados por el Senado. Introduciendo así una suerte de derecho a veto de los bloques del sistema binominal, sobre quienes deben administrar Justicia con la mayor independencia posible. Este mecanismo, ha sido denunciado insistentemente en todos los informes de Derechos Humanos que se han hecho sobre Chile, como una merma en la autonomía que la Corte Suprema tenía previamente respecto del poder político. Milton Juica es un magistrado cuya trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos lo sitúa en un lugar ético sólido, como para encarar esta increíble y regresiva arremetida del Gobierno que pretende socavar principios democráticos tan básicos como la separación de los poderes del Estado, siendo además el responsable de solucionar el conflicto por la Educación.
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