Alberto Juan Fernandez Michell
Teniente(R) de Carabineros
C.I 5.587.826 - 9
Los Nogales # 2949
Alto Hospicio - Iquique
Fue una cacería. En septiembre de 1973 los
carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y
Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que
llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente.
Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la
que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el
agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares,
el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto
del año pasado.
Como era arena no era
difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de
profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los
arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante
de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel
González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar.
Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova,
yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la
tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la
orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto
Fernández Michell. Les disparamos por
la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los
tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso.
Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas
ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando
el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta
papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo
que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo
siguió como si nada”.
El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años
guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con
los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de
la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego
meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos
clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.
La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó
esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una
querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita
de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó.
Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a
los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez
preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos
aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los
carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los
habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de
Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían
entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les
perdieron la pista.
Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez:
se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de
Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera,
cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un
agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos
restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor
Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca
se investigó
Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al
cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y
entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En
marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la
Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y
a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción
de la justicia.
27 años después, la Asociación de Familiares de
Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del
Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la
reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos
Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los
carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte
Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol
27-2010.
CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos
de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14
de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces
comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19
trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del
18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la
ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su
exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la
zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y
cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.
El juramento que los carabineros de la Tenencia de
Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a
cargo, el teniente Alberto
Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que
pitiárselo entre los mismos compañeros”.
.bmp)