LOS DERECHOS inHUMANOS EN CHILE

Es sabido por todos en nuestro país de los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo de manera sistemática por agentes del Estado y asociaciones ilícitas mientras Pinochet estuvo en el poder. Para algunos los detenidos desaparecidos son cosa del pasado, como es el caso de Carlos Larraín (Presidente de RN), que llegó a afirmar que son restos arqueológicos. Los derechos humanos son de alguna manera una frontera entre las dos coaliciones que gobiernan este país, ya que unos son los que de alguna manera los defienden y otros son los que estuvieron ligados a un régimen que los pisoteó. Sin embargo, esta temática tan fundamental en toda sociedad ha sido convertida por algunos en una consigna con el único fin de tratar de diferenciarse de la derecha cuando en otros aspectos (especialmente el económico) aquellas diferencias son muy menores. Solo basta recordar que cuando el tirano fue detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei exigió su devuelta al país, aduciendo que Chile posee un “Estado de Derecho” y que eran los tribunales nacionales los que tenían que juzgar sus crímenes, Los resultados son conocidos, la justicia chilena no tocó a Pinochet, por lo que el Estado de Derecho de nuestro país puede ser cuestionado. Hubo políticos oficialistas que tenían miedo de juzgarlo, seguía en su pensamiento la salida pactada a la democracia con la Constitución del 80, el sistema binominal, la ley de amnistía y otra variedad de resquicios legales que nos ataban a un sistema democrático restringido y a una sociedad desigual. Si bien ha habido avances en algunos juicios, persiste en algunos casos la aplicación de la ley de amnistía que protege a personas que estuvieron involucradas en violaciones a los derechos humanos. Ha habido rebaja de penas en el caso Colonia Dignidad y cuestionamientos a jueces como Carlos Cerda que es un destacable hombre de leyes que fue impugnado por la derecha para ser miembro de la Corte Suprema porque él fue imparcial en el caso del “Comando Conjunto” y las cuentas del Riggs. También hay que considerar las políticas de seguridad ciudadana, y el derecho de las personas de vivir en una sociedad justa y tranquila que también se ha transformado en una consigna manoseada por ciertos personeros. La solución para la delincuencia es la justicia social, tener derecho a un trabajo digno y vivir en condiciones que aseguren calidad de vida. Pero en vez de eso se apunta al aumento de la represión y al fortalecimiento de los grupos policiales. Lo que muchos quieren olvidar es que el narcotráfico y el lavado de dinero se instalan en gloria y majestad y se desarrolla en la dictadura. La DINA y la CNI se aliaron con grupos narcos nacionales y extranjeros para lograr el ingreso a gran escala de la pasta base en Chile. En seguridad ciudadana se ataca la consecuencia pero no la causa. Otro aspecto es la intromisión de la Justicia Militar en causas civiles, en donde los crímenes quedan impunes. Tal es el caso del obrero forestal Rodrigo Cisternas y del estudiante mapuche Matías Catrileo, que fueron asesinados por Carabineros. El poder civil siempre esta por sobre el poder militar, pero en la justicia no sucede eso al parecer. Un hecho anecdótico es que el lunes 28 de enero en Chañaral fueron detenidos 3 dirigentes comunistas de Copiapó en un acto al que fueron invitados por la Presidenta Bachelet, funcionarios de Carabineros les hicieron un control de identidad y ellos expresaron que eran miembros del PC invitados al acto por el mismo gobierno, es decir cayeron “preciosos” por el sólo hecho de pensar distinto. Las detenciones arbitrarias no son cosa del pasado. Y lo que es más descarado, el Gobierno dio un portazo a la opción de que observadores internacionales monitoreen el conflicto chileno-mapuche. Esta noticia fue dada a conocer por el vocero de gobierno subrrogante Augusto Prado, quien declaró que Chile no necesita de otras personas que nos digan cómo solucionar nuestros problemas. Se acusa de intervencionismo a agentes extranjeros cuando por ejemplo nuestro país tiene tropas militares en Haití. Éste es el camino de la soberbia y de creernos los jaguares de Latinoamérica, se podrían poner más cosas sobre la mesa, como el hecho de que los chilenos en el exterior no pueden ejercer su derecho a voto. Pero ya queda claro que en derechos humanos nos queda mucho por aprender, por lo que necesitamos conquistar una verdadera democracia con participación ciudadana que asegure el cumplimiento de nuestros derechos básicos.