Parte importante de los
principales órganos superiores del Estado están en situación de tránsito.
Indefinición acerca del nuevo Fiscal Nacional, indeterminación del nuevo
director de la PDI, ambos organismos estrechamente vinculados a los procesos
investigativos de corrupción política en curso. La Contraloría General de la
República y el Servicio de Impuestos Internos en interinato y, pese a la conmoción
de las últimas semanas, además del director general, el único cambio
significativo fue la cesación del subdirector jurídico, único funcionario que
abiertamente deseaba que se investigaran los ilícitos de financiamiento ilegal
de la política.
Cuánto valen las instituciones y cuál es el fondo
institucional que le queda al Estado de Chile, se convierten en preguntas
legítimas. Lo único cierto es que –hablando en materia de imagen corporativa–
Chile vale hoy mucho menos que ayer, debido a la demolición de sus
instituciones generada por su elite política y empresarial. Pérdida neta para
todos los ciudadanos. La política nacional parece
moverse a ciegas. Sin razonamientos acerca de lo que está ocurriendo en todo el
sistema político y económico; sin ver el peso real de los factores
intervinientes ni menos el daño objetivo a la imagen corporativa del país y la
demolición de sus instituciones. Parece una república de zombies en pos de
dominar el arte crudo de la amenaza o la omisión, con llamados casi pueriles
pero indignantes, para la mayoría de la ciudadanía, acerca de lo necesario que
es “sincerar las cosas”. No se trata de
“pontificar” sobre conductas públicas, como dicen personeros políticos que se
sienten escrutados precisamente en su vida pública. Tal acto no corresponde al
periodismo sino a las iglesias u otras entidades morales de la sociedad que
predican modelos de conducta. La prensa debe poner el foco informativo basada
en el interés público de conocer y transparentar todo lo posible la crisis y
evidenciar las responsabilidades no cumplidas. Porque ello está afectando el
núcleo del pacto social, que es la confianza, y afecta la calidad de vida y
convicción democrática de los ciudadanos. En
democracia, la selección de los representantes es uno de los actos
fundamentales del pacto constitucional. No hay institución más significativa de
la igualdad que el derecho a elegir de manera igual y libre. No es necesario
repetir conceptos como soberanía, mandato constitucional o representación, para
entender que la veracidad de los procedimientos de elección es uno de los
requisitos indispensables de la salud política pública. Lo que la crisis del Chile actual nos entrega como dato
duro es que el financiamiento ilegal de la política se disparó, en manos de
candidatos de todo tipo, como una regadera enloquecida que moja a todos los
sectores políticos, si no por igual, al menos con idéntico fin: obtener
posiciones dominante y reguladas. Que el
poder económico ha operado como un mecanismo censitario frente a la ciudadanía,
oculto en el pacto entre la elite política y las empresas, generando posiciones
dominantes y ganancias ilegales de ellas y con la omisión de quienes deben
regularlas y fiscalizarlas, es un hecho de la causa. El lucro no es ilegítimo
ni es siempre ilegal la organización de recolección de dinero para la política.
Pero su clandestinidad, su origen poco transparente, no solo esconde ilegalidades
sino que además será siempre ilegítimo.
¿Cuánto valen las instituciones de
todo el mecanismo electoral y de generación de representación política? En más
de algún lugar, sobre todo en países dominados por oligarquías corruptas o
dictaduras, valen hasta una guerra civil. Tal es su valor para el ejercicio de
la libertad. Desde la A a la Z los dirigentes políticos del país son
responsables, por acción u omisión, de la demolición de las instituciones que
permiten el funcionamiento de la representación política. ¿Cuánto vale para una
sociedad abierta y de libre mercado la salud de las instituciones económicas?
Qué significa para ellas que su actuación esté siendo auscultada no por los
entes reguladores, lo que sería lo normal, sino por la Justicia y la
investigación criminal? Es una respuesta que debieran dar los propios
empresarios y los gremios a los cuales ellos pertenecen. Es verdad que ha
habido voces que repudian las prácticas corruptivas, pero han sido las menos.
Lo que más se ha visto es una expresión de victimización, de amparo social o
simplemente de omisión y silencio. En la sociedad moderna la confianza es un
bien público perfecto que influye desde la base en el funcionamiento de toda la
sociedad. La vergüenza y el desprestigio en política son fluidos que nacen de
la calidad de este bien público cuando es mala, que trascienden las fronteras
físicas y psicológicas e impregnan mercados y banderas, que una vez caídas
cuesta mucho levantar. Es imposible que, luego de los escándalos del sistema
financiero chileno y la promiscuidad empresarial con la política, haya algún
ministro de Hacienda o alto funcionario diplomático que se pare con la misma
seguridad que hace apenas cinco años en las sedes internacionales de la
economía. Difícilmente hoy somos un ejemplo de economía y democracia
transparente y sana. Parte importante de los principales órganos superiores del
Estado están en situación de tránsito. Indefinición acerca del nuevo Fiscal
Nacional, indeterminación del nuevo director de la PDI, ambos organismos
estrechamente vinculados a los procesos investigativos de corrupción política
en curso. La Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos
Internos en interinato y, pese a la conmoción de las últimas semanas en este
último organismo, además del director general, el único cambio significativo
fue la cesación del subdirector jurídico, único funcionario que abiertamente
deseaba que se investigaran los ilícitos de financiamiento ilegal de la
política. En ese cuadro, la Presidencia de la República no solo se omite de
optar por un programa de fortalecimiento de las instituciones o referirse a la
crisis, sino que se concentra en el arte del “buen Gobierno”, pese a que su
credibilidad respecto de ello se encuentra desfondada según señalan las
encuestas. Todo el entorno palaciego y de los partidos gira en torno a la verdad
de una precampaña presidencial, como si ello fuera importante para algo o
cambiara en algo del escenario, cuando lo certero es que el roce frontal entre
la Presidenta y sus principales ex asesores tiene tambaleando al Gobierno. Cuánto
valen las instituciones y cuál es el fondo institucional que le queda al Estado
de Chile, se convierten en preguntas legítimas. Lo único cierto es que
–hablando en materia de imagen corporativa– Chile vale hoy mucho menos que
ayer, debido a la demolición de sus instituciones generada por su elite
política y empresarial. Pérdida neta para todos los ciudadanos.
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