HISTORIA LEY CORTA

En mayo, después de veinte y nueve días en huelga de hambre, cerca de 20 ex presos políticos, apoyados por el Comando Unitario lograron firmar un acuerdo con el Gobierno para instalar una mesa de trabajo por reajustes de las pensiones Valech y el compromiso de enviar una “ley corta”, para definir un aporte único de carácter Reparatorio en materia de violaciones de Derechos Humanos. Dicho proyecto ingresó con fecha 15 de julio a tramitación en el Congreso y un mes después, tras ser aprobado por la comisión de DDHH, ya se encuentra en la comisión de Hacienda. No obstante, los cambios y declaraciones vertidas por su paso en la comisión que preside el PS Raúl Saldívar, encendieron las alarmas en los diputados.  La instancia aprobó en general de la entrega de $1.000.000 para todos los calificados Valech y un 60% para las viudas de ex presos políticos fallecidos, según contemplaba el proyecto, pero con un leve cambio producto de una indicación ingresada por diputados de la Nueva Mayoría y el autonomista Gabriel Boric. Así, se reemplazó la frase inicial contenida en el proyecto “otorgase un aporte único de carácter Reparatorio” por “otorgase un aporte único, en carácter de reparación parcial”, lo que a juicio del gremialismo es el primer paso para extender beneficios de quienes, según se considera , ya han tenido beneficios monetarios, médicos, educacionales y de vivienda. A esto se suma la presentación del Gobierno ante la comisión, en voz de la subsecretaria Segpres, Patricia Silva, quien se centró en indicar que esta denominada ley corta -que fue aprobada por la Mesa de Alto Nivel de negociación- otorga un “aporte Reparatorio” de carácter inicial de $1.000.000, pero que está lejos de ser el aporte final. Según expuso ante los asistentes el pasado 12 de agosto, dicha mesa aún se encuentra en negociaciones con el Gobierno, relevando que hubo una propuesta de aporte “complementario” emanada desde el Ejecutivo, que de todas formas fue desechada por la mesa negociadora. La idea era un monto para todos aquellos mayores de 65 años, de $9 millones, de los cuales se descontará este bono inicial de $1.000.000. Los ocho millones restantes se pagarían a los beneficiarios en un número de cuotas anuales, según estratificación etaria. Esto motivó la presentación de un oficio por parte varios diputados para individualizar a los parlamentarios y autoridades (incluidos ministros, subsecretarios, alcaldes, concejales, Seremis, Cores y jefes de servicio) que recibirían este beneficio al basarse en los listados emanados del Informe Valech. Según los catastros, bajo esos parámetros estarían los diputados Osvaldo Andrade (PS), Sergio Aguiló (IC), Guillermo Teillier (PC), Pepe Auth (PPD) y el senador socialista Carlos Montes. Asimismo, embajadores como Patricio Hales (Francia) y Domingo Namuncura (Guatemala). Se desliza (desde el Gobierno) que se tendría un bono adicional de $9 millones o $10 millones, llevando la cifra a más de $300 mil millones en los bonos que se pretenden pagar, añadió el diputado y miembro de la comisión de DDHH, Juan Antonio Coloma.