Acerca de la tercera generación
Comisión Prais Iquique aclara:
Debido a numerosos reclamos y quejas de nuestros usuarios Prais de la región , sobre el no reconocimiento de los Nietos,Hijos de filiación no matrimonial y Tercera Generación, esta Comisión informa que las normas tecnicas del 05 de diciembre año 2000,dispuestas por el Ministerio de Salud y refrendadas por el Departamento de Asesoria Jurídica del Minsal señala que desde ese dia las Credenciales Prais son Indefinidas,credencial y atención a los familiares de filiación no matrimonial y se consideran como Afectados Directos nuestros Hijos dando lugar a la atención hasta la Tercera Generación.Esta mejoro la anterior de la Ley 19123 y las normas de las nuevas Leyes 19.980 y 19.992 han mejorado levemente el programa Prais.Pedimos paciencia y comprensión a los casi 3000 usuarios Prais de la region,nuestras demandas y aspiraciones creemos que van en buen camino,en casi todas las regiones del pais han habido cambios en los equipos Prais,por lo cuál pensamos que cuando estos profesionales se adapten a esos,todos juntos vamos a ser posible el sueño de los usuarios Prais ,salud,medicamentos,accesorios de acuerdo a nuestra edad y situación,comprensión y amabilidad hacia nuestros familiares.
Una pequeña historia:
Había una vez un hombre llamado Juan, que estaba reconocido como beneficiario PRAIS. Su hija Juana también gozaba del derecho a ser acogida en el programa, pues se le consideraba como la segunda generación.
Pero juan quería que el hijo de Juana (es decir su nieto juanito) también pudiera acogerse al programa, sin embargo esta aspiración no fructificaba por que Juanito era considerado como la tercera generación y por esa razón, no podía ser incluido.
Sucedió que las Normas Técnicas recientemente aprobadas resolvieron el problema sin necesidad de contar la primera, segunda o tercera generaciones, al establecer que juan y Juana son considerados Afectados Directos y por ese solo hecho tiene derecho ha ser acogidos, en esas condiciones Juanito es beneficiario, pues es hijo de una afectada directa.
Boletín Corporación Nacional de Beneficiarios PRAIS, fecha 15 mayo 2001.
Ley 19.123 13 Marzo 2000
Ley 19.992 07 julio 2001
Ley 19.980 09 noviembre 2004
Comisión Prais Iquique
Juana Torres Corp.Pisagua
Gustavo Césped Agrup.Nac.Expp
Ximena Brain Corp.Pisagua
Juan Parra Agrup.Nac.Expp
Rigoberto Pizarro Corp.Pisagua
Adolfo Césped Agrup.Nac.Expp
Contactos.
9-0093317 57-424792
Oscar Bonilla 201
jueves, 22 de noviembre de 2007
miércoles, 21 de noviembre de 2007
Triunfo del Senador INDEPENDIENTE Carlos Bianchi
Gobierno compensará a jubilados por su demanda histórica del 4% - Presidenta Michelle Bachelet instruyó a la intendenta Eugenia Mancilla que informara la decisión y exaltara las gestiones del parlamentario. - La oportunidad del anuncio fue atribuida a la urgencia que tenía La Moneda de contar con el voto favorable del parlamentario para la partida presupuestaria del Transantiago. Este finalmente sufragó en contra. - Compensación beneficiará a 920 pensionados y comenzará a ser cancelada desde abril del próximo año.
“La Mandataria ha instruido a este gobierno regional dar cumplimiento al compromiso contraído sobre este tema (compensación por el 4%) y cuya defensa fue liderada, como ha sido de público conocimiento, por el senador Carlos Bianchi”. Informar esto a toda la comunidad magallánica debió ser una de las cosas más amargas y enojosas que le ha solicitado la Presidenta Michelle Bachelet a la intendenta Eugenia Mancilla. “La justicia tarda, pero llega”, fueron las palabras con que el senador Bianchi resolvió iniciar el comunicado que emitió para comentar el contundente triunfo que logró por su capacidad y oportunismo negociadores ante el Ejecutivo. Bianchi negoció su voto y fue casi el héroe de la jornada cuando su sufragio permitió al gobierno de Bachelet, en junio de este año, obtener los 290 millones de dólares para inyectar al Transantiago. Pero, la referida visita de Bachelet a Magallanes no resultó tan explícita como Bianchi hubiera querido. Esto fue agravado por las declaraciones que efectuó en su reciente paso por Punta Arenas el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien no sólo restó casi toda posibilidad a las gestiones de Bianchi en torno al 4%, sino también habló sobre el futuro de las leyes de excepción en un franco desconocimiento de las negociaciones que el parlamentario sostenía en Santiago con representantes de la dirección Nacional de Presupuestos y de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Así, un indignado Bianchi advirtió al ministro Viera-Gallo que ya lo iba a tener de nuevo golpeando la puerta de su oficina en el Senado cuando el gobierno tuviera que sumar votos para aprobar su proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2008. Dicho y hecho, Bianchi se tomó la hora de la venganza ayer, pues, pese al anuncio presidencial en favor del 4%, terminó rechazando la partida presupuestaria para el Transantiago.Qué es el 4% Es una histórica deuda que mantiene el Estado con los jubilados magallánicos que impusieron en la desaparecida caja de Empleados Particulares,ex Empart. Se trata de una cotización adicional que efectuaron estos empleados entre 1958 y 1977 . Este esfuerzo superior les permitiría jubilar en forma anticipada a los 35 años de trabajo. De los iniciales tres mil reclamantes de este beneficio calculado, el sistema de “ventanilla única” abierto bajo este gobierno permitió reducir y acortar la lista a mil 500 casos, ya que la otra mitad corresponde a personas ya fallecidas. Según cálculos, se trataría de una deuda cercana a los ocho mil millones de pesos. El beneficio sólo regía para los que vivían y jubilaban en Magallanes. La cotización adicional debió reintegrarse a los cotizantes cuando sus fondos pasaron a las administradoras de fondos de pensiones. La posibilidad de la cotización adicional del 4% fue establecida como una forma de homologar el beneficio que existía en la década de los ‘50 para los empleados bancarios y municipales. Como no había financiamiento por parte del Estado, se llegó al acuerdo que este 4% adicional sería financiado en partes iguales por cada empleador y empleado.
“La Mandataria ha instruido a este gobierno regional dar cumplimiento al compromiso contraído sobre este tema (compensación por el 4%) y cuya defensa fue liderada, como ha sido de público conocimiento, por el senador Carlos Bianchi”. Informar esto a toda la comunidad magallánica debió ser una de las cosas más amargas y enojosas que le ha solicitado la Presidenta Michelle Bachelet a la intendenta Eugenia Mancilla. “La justicia tarda, pero llega”, fueron las palabras con que el senador Bianchi resolvió iniciar el comunicado que emitió para comentar el contundente triunfo que logró por su capacidad y oportunismo negociadores ante el Ejecutivo. Bianchi negoció su voto y fue casi el héroe de la jornada cuando su sufragio permitió al gobierno de Bachelet, en junio de este año, obtener los 290 millones de dólares para inyectar al Transantiago. Pero, la referida visita de Bachelet a Magallanes no resultó tan explícita como Bianchi hubiera querido. Esto fue agravado por las declaraciones que efectuó en su reciente paso por Punta Arenas el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien no sólo restó casi toda posibilidad a las gestiones de Bianchi en torno al 4%, sino también habló sobre el futuro de las leyes de excepción en un franco desconocimiento de las negociaciones que el parlamentario sostenía en Santiago con representantes de la dirección Nacional de Presupuestos y de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Así, un indignado Bianchi advirtió al ministro Viera-Gallo que ya lo iba a tener de nuevo golpeando la puerta de su oficina en el Senado cuando el gobierno tuviera que sumar votos para aprobar su proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2008. Dicho y hecho, Bianchi se tomó la hora de la venganza ayer, pues, pese al anuncio presidencial en favor del 4%, terminó rechazando la partida presupuestaria para el Transantiago.Qué es el 4% Es una histórica deuda que mantiene el Estado con los jubilados magallánicos que impusieron en la desaparecida caja de Empleados Particulares,ex Empart. Se trata de una cotización adicional que efectuaron estos empleados entre 1958 y 1977 . Este esfuerzo superior les permitiría jubilar en forma anticipada a los 35 años de trabajo. De los iniciales tres mil reclamantes de este beneficio calculado, el sistema de “ventanilla única” abierto bajo este gobierno permitió reducir y acortar la lista a mil 500 casos, ya que la otra mitad corresponde a personas ya fallecidas. Según cálculos, se trataría de una deuda cercana a los ocho mil millones de pesos. El beneficio sólo regía para los que vivían y jubilaban en Magallanes. La cotización adicional debió reintegrarse a los cotizantes cuando sus fondos pasaron a las administradoras de fondos de pensiones. La posibilidad de la cotización adicional del 4% fue establecida como una forma de homologar el beneficio que existía en la década de los ‘50 para los empleados bancarios y municipales. Como no había financiamiento por parte del Estado, se llegó al acuerdo que este 4% adicional sería financiado en partes iguales por cada empleador y empleado.
martes, 13 de noviembre de 2007
cuando el medico no sirve de nada
Chile /Cuando el medico no sirve de nada
Cuando el médico en Chile no sirve de nada Profunda sorpresa sentí el viernes pasado cuando recibí una carta de la ISAPRE CONSALUD, comunicándome que la licencia médica emitida por una psiquiatra colegiada, era "injustificada". Al parecer en Chile y sólo en Chile el enfermo es el culpable de padecer. Novecientos mil compatriotas sufren de estrés diagnosticado profesionalmente, sin embargo, los médicos de las ISAPRE rechazan y refutan la conclusión de sus colegas, sin siquiera -increíblemente- examinar al paciente que carga con una enfermedad que según especialistas, es un producto de la contemporánea realidad social.Esta aberrante situación podría ser analogada con los médicos que sirvieron en los centros secretos de tortura de la dictadura. Ellos, determinaban qué prisionero estaba en condiciones de seguir siendo atormentado. En la actualidad, los "nuevos" galenos cuidan los arcas de sus patrones, definiendo a priori cuánto tiempo un enfermo debe estar con licencia o peor aun, si un enfermo no amerita descanso, pero con la particularidad de no examinar al aquejado. Lo paradójico es que en última instancia, esta forma de establecer quien merece reposo o no, convierte a las Isapres en juez y parte; hecho cuestionado por la Superintendencia de Salud en reiteradas ocasiones, que en todo caso, no ha pasado más allá del cuestionamiento. Resulta sorprendente constatar la débil respuesta de los colegiados, como cuerpo, y de los propios profesionales del sector afectados por los dictámenes de estos verdaderos reyezuelos de la Salud, aceptando de hecho que se contradiga su ética profesional. Sería interesante encontrar datos recientes de cuánto ahorro le significa a estas instituciones los rechazos de licencias, que pasan a integrar parte de sus utilidades, y, si los "doctores" reciben un estímulo pecuniario por este "gran servicio". Por ende, si uno analiza esta práctica de "biocomercio", ve que en realidad es bastante congruente con lo que ocurre en otros ámbitos de la vida social de los chilenos, como es el caso de la educación y la previsión donde el "medio", el dinero, es el insuperable que está sobre el "fin".Las instituciones estatales que prestan respaldo al enfermo "cuando es culpable" son el COMPIN y la Superintendencia de ISAPRE; se apela ante la primera y desde ahí lo derivan a la segunda. En esos pasos burocráticos el virus ya está instalado en el presupuesto familiar; se han apropiado de su sueldo y en forma legal. Una seria pandemia que la doctora Bachelet aun no ha examinado.
Cuando el médico en Chile no sirve de nada Profunda sorpresa sentí el viernes pasado cuando recibí una carta de la ISAPRE CONSALUD, comunicándome que la licencia médica emitida por una psiquiatra colegiada, era "injustificada". Al parecer en Chile y sólo en Chile el enfermo es el culpable de padecer. Novecientos mil compatriotas sufren de estrés diagnosticado profesionalmente, sin embargo, los médicos de las ISAPRE rechazan y refutan la conclusión de sus colegas, sin siquiera -increíblemente- examinar al paciente que carga con una enfermedad que según especialistas, es un producto de la contemporánea realidad social.Esta aberrante situación podría ser analogada con los médicos que sirvieron en los centros secretos de tortura de la dictadura. Ellos, determinaban qué prisionero estaba en condiciones de seguir siendo atormentado. En la actualidad, los "nuevos" galenos cuidan los arcas de sus patrones, definiendo a priori cuánto tiempo un enfermo debe estar con licencia o peor aun, si un enfermo no amerita descanso, pero con la particularidad de no examinar al aquejado. Lo paradójico es que en última instancia, esta forma de establecer quien merece reposo o no, convierte a las Isapres en juez y parte; hecho cuestionado por la Superintendencia de Salud en reiteradas ocasiones, que en todo caso, no ha pasado más allá del cuestionamiento. Resulta sorprendente constatar la débil respuesta de los colegiados, como cuerpo, y de los propios profesionales del sector afectados por los dictámenes de estos verdaderos reyezuelos de la Salud, aceptando de hecho que se contradiga su ética profesional. Sería interesante encontrar datos recientes de cuánto ahorro le significa a estas instituciones los rechazos de licencias, que pasan a integrar parte de sus utilidades, y, si los "doctores" reciben un estímulo pecuniario por este "gran servicio". Por ende, si uno analiza esta práctica de "biocomercio", ve que en realidad es bastante congruente con lo que ocurre en otros ámbitos de la vida social de los chilenos, como es el caso de la educación y la previsión donde el "medio", el dinero, es el insuperable que está sobre el "fin".Las instituciones estatales que prestan respaldo al enfermo "cuando es culpable" son el COMPIN y la Superintendencia de ISAPRE; se apela ante la primera y desde ahí lo derivan a la segunda. En esos pasos burocráticos el virus ya está instalado en el presupuesto familiar; se han apropiado de su sueldo y en forma legal. Una seria pandemia que la doctora Bachelet aun no ha examinado.
Presidenta Bachelet anuncia Beneficios para Mayores
En un encuentro de la Presidenta Michelle Bachelet con personas mayores de Pudahuel, la ministra de la Vivienda, Patricia Poblete, anunció que su cartera destinará seis mil millones de pesos cada año para la construcción de establecimientos especialmente habilitados para personas vulnerables de la tercera edad.Los recursos permitirían construir establecimientos para más de mil adultos mayores al año. Para desarrollar este programa el Minvu y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) llamarán a licitación a las instituciones especializadas en adultos mayores.El primer proceso comenzará en diciembre próximo y los interesados deberán presentar un proyecto de arquitectura y construcción, uno de administración y un tercero de atención a los usuarios.La ministra Poblete explicó que estos centros estarán destinados a adultos mayores semivalentes, postrados o que por condiciones económicas no pueden vivir solos. “Este programa es un reflejo de lo que está construyendo este gobierno: oportunidades y dignidad para todos, especialmente para los grupos más vulnerables”, señaló.El sistema considera, además de la solución habitacional y de cuidados, el trabajo de la institución a cargo para involucrar en este servicio integral a los diversos actores sociales de la comuna, que incluye la participación de los municipios y los establecimientos de salud.
Se estima que en Chile el 13,4% de la población adulta mayor vive sola. Por otra parte, y aunque no hay datos precisos, en el Censo del 92 las personas mayores institucionalizadas eran 14.114 y en el 2002 eran 26.854.La secretaria de Estado recordó la situación de la señora Dina Ortiz, de Peñalolén, “abandonada, desnutrida y solitaria a sus 68 años. No nos hemos quedado en el impacto y en la pena que nos causó. El Estado ha generado una respuesta. Ahora invito a los privado a sumarse a este esfuerzo”.
Se estima que en Chile el 13,4% de la población adulta mayor vive sola. Por otra parte, y aunque no hay datos precisos, en el Censo del 92 las personas mayores institucionalizadas eran 14.114 y en el 2002 eran 26.854.La secretaria de Estado recordó la situación de la señora Dina Ortiz, de Peñalolén, “abandonada, desnutrida y solitaria a sus 68 años. No nos hemos quedado en el impacto y en la pena que nos causó. El Estado ha generado una respuesta. Ahora invito a los privado a sumarse a este esfuerzo”.
SALUDOS AL ADULTO MAYOR
Comisión Prais Iquique
Saluda,en primer lugar a todas las mujeres y todos los hombres que forman el universo
de las personas mayores de Chile, en el día 1º. de Octubre, que la Organización de las Naciones Unidas, instauró como el “Día Internacional para las Personas Mayores”.
También agradecemos a todas aquellas organizaciones que hacen un trabajo con los adultos mayores desde sus muy diversos objetivos y desde el sector público y privado, pero todos, no cabe duda, buscando en primer término, mejorar la calidad de vida de todos ellos.
Vaya, entonces, este saludo sincero y agradecido, desde esta Comisión Prais Iquique,que espera, no pase mucho tiempo, para que nosotros, los adultos mayores de chile, nos constituyamos en los verdaderos creadores de nuestro destino y veamos, por fin, a una sociedad que nos trate con la dignidad que merecemos.
Saluda,en primer lugar a todas las mujeres y todos los hombres que forman el universo
de las personas mayores de Chile, en el día 1º. de Octubre, que la Organización de las Naciones Unidas, instauró como el “Día Internacional para las Personas Mayores”.
También agradecemos a todas aquellas organizaciones que hacen un trabajo con los adultos mayores desde sus muy diversos objetivos y desde el sector público y privado, pero todos, no cabe duda, buscando en primer término, mejorar la calidad de vida de todos ellos.
Vaya, entonces, este saludo sincero y agradecido, desde esta Comisión Prais Iquique,que espera, no pase mucho tiempo, para que nosotros, los adultos mayores de chile, nos constituyamos en los verdaderos creadores de nuestro destino y veamos, por fin, a una sociedad que nos trate con la dignidad que merecemos.
miércoles, 7 de noviembre de 2007
BENEFICIARIOS PRAIS
¿Quiénes son beneficiarios PRAIS?
Para responder a esta pregunta, publicamos a continuación las especificaciones que determinadas por el Equipo PRAIS el 26 de Diciembre del 2005:
"A partir del 9 de Noviembre del 2004, fue publicada en el Diario oficial la Ley 19.980, que modifica la ley 19.123, ampliando o estableciendo beneficios a favor de las personas que especifica. En su artículo séptimo, esta Ley establece como uno de los beneficios de reparación, el derecho de las personas a ingresar al PRAIS. Al mismo tiempo ratifica los objetivos de este programa y establece que el presupuesto del Ministerio de Salud se consultarán recursos especiales para su operación al mismo tiempo que en los presupuestos de los servicios de salud se consultarán los recursos específicos para dotar a cada uno de ellos de un equipo interdisciplinario especializado para atender la salud mental de los beneficiarios y derivarlos a la Red de Salud Pública.
Población beneficiaria: Quiénes son beneficiarios PRAIS
De acuerdo a lo establecido en el Artículo Séptimo de la Ley 19.980 son beneficiarios del Prais las siguientes personas:
Padre, madre, hermanos, padre o hermanos de los hijos de filiación no matrimonial del causante, hijos y nietos de las víctimas reconocidas por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
Aquellas personas que estén acreditadas como beneficiarios de este programa hasta el día 30 de agosto del año 2003, inclusive.
Aquellos que hubieren trabajado en la protección del los derechos humanos prestando atención directa a las personas señaladas en las letras anteriores con un período contínuo de a lo menos 10 años, acreditado por el Prais.
Aquellos que se individualizan en la nómina de personas reconocidas como víctimas que forman parte del informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. (Ley 19.992).
Padre, madre, hermanos, padre o madre de los hijos de filiación no matrimonial, del causante e hijos de las personas identificadas en el listado oficial de víctimas de los delitos cometidos por quienes son beneficiarios del indulto que establece la Ley 19.965, elaborado por el Ministerio del Interior.
De acuerdo a todo lo anteriormente planteado a partir del día 26 de Diciembre del presente año se hace extensivo y aplicable la reglamentación y acreditación, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Ley 19.980 y especificado en esta Circular."
Para responder a esta pregunta, publicamos a continuación las especificaciones que determinadas por el Equipo PRAIS el 26 de Diciembre del 2005:
"A partir del 9 de Noviembre del 2004, fue publicada en el Diario oficial la Ley 19.980, que modifica la ley 19.123, ampliando o estableciendo beneficios a favor de las personas que especifica. En su artículo séptimo, esta Ley establece como uno de los beneficios de reparación, el derecho de las personas a ingresar al PRAIS. Al mismo tiempo ratifica los objetivos de este programa y establece que el presupuesto del Ministerio de Salud se consultarán recursos especiales para su operación al mismo tiempo que en los presupuestos de los servicios de salud se consultarán los recursos específicos para dotar a cada uno de ellos de un equipo interdisciplinario especializado para atender la salud mental de los beneficiarios y derivarlos a la Red de Salud Pública.
Población beneficiaria: Quiénes son beneficiarios PRAIS
De acuerdo a lo establecido en el Artículo Séptimo de la Ley 19.980 son beneficiarios del Prais las siguientes personas:
Padre, madre, hermanos, padre o hermanos de los hijos de filiación no matrimonial del causante, hijos y nietos de las víctimas reconocidas por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
Aquellas personas que estén acreditadas como beneficiarios de este programa hasta el día 30 de agosto del año 2003, inclusive.
Aquellos que hubieren trabajado en la protección del los derechos humanos prestando atención directa a las personas señaladas en las letras anteriores con un período contínuo de a lo menos 10 años, acreditado por el Prais.
Aquellos que se individualizan en la nómina de personas reconocidas como víctimas que forman parte del informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. (Ley 19.992).
Padre, madre, hermanos, padre o madre de los hijos de filiación no matrimonial, del causante e hijos de las personas identificadas en el listado oficial de víctimas de los delitos cometidos por quienes son beneficiarios del indulto que establece la Ley 19.965, elaborado por el Ministerio del Interior.
De acuerdo a todo lo anteriormente planteado a partir del día 26 de Diciembre del presente año se hace extensivo y aplicable la reglamentación y acreditación, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Ley 19.980 y especificado en esta Circular."
Decepcionante,Paradojico,Contradictorio,Proyecto del Instituto de los Derechos Humanos
Opinión frente al Proyecto de Instituto de los Derechos Humanos
La siguiente es una carta enviada a la Presidenta Michelle Bachelet por los trabajadores del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
Los abajo firmantes, todos trabajadores del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, manifestamos nuestra mayor preocupación a la Presidenta de la República, a los parlamentarios y a las agrupaciones de derechos humanos respecto a las indicaciones sustitutivas del Proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aprobadas anteayer por el Senado.
El nuevo texto suprimió la facultad que entregaba el artículo 4 número 7 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, para “deducir querella y ejercer las demás acciones legales respecto de hechos que sean constitutivos de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. La misma obligación recaerá sobre los crímenes y simples delitos que deban ser investigados y sancionados según los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.
También se le quitó la obligación – establecida en el número 8 de este artículo- de hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con causas de detenidos desaparecidos de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.123.
De acuerdo con lo anterior el Instituto no tendrá la facultad de actuar judicialmente.
El ministro Viera-Gallo ha expresado a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la opinión pública: “eso no nos preocupa, porque respecto a los juicios pasados está el Programa de Derechos Humanos”.
Sin embargo, de acuerdo al texto aprobado no es posible que el Programa de Derechos Humanos pueda seguir actuando en los juicios. Este Programa ha operado como continuador de la ley 19.123 ejerciendo acciones judiciales como parte, en virtud de los artículos 2° y 6° de esta ley, lo que no podrá seguir haciendo porque ya no será el continuador de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; sino que lo será el Instituto de Derechos Humanos, el que –según la historia fidedigna de la ley- no estará facultada para actuar en los juicios. (Ver Artículo 4 N° 5).
A mayor abundamiento, el texto aprobado señala que le corresponderá especialmente al Instituto “Custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por (...) el Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior”.
En la práctica es y ha sido el Programa de Derechos Humanos el organismo que sostiene la acción penal en la inmensa mayoría de las causas en que se persigue la responsabilidad penal de los violadores de derechos humanos, respecto de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos.
Por tanto, dado que el Programa de Derechos Humanos no podrá seguir efectuando sus funciones y que el Instituto no tendrá facultades para accionar judicialmente, es claro que este proyecto favorece a los defensores de los violadores de derechos humanos, ya que deja fuera de los procesos al organismo que está dando movimiento y haciendo seguimiento a las causas. El proyecto, para los violadores de derechos humanos, es tan favorable como el decreto ley de amnistía ya que posibilita la impunidad impidiendo que desde el Estado se persiga en los tribunales de justicia la responsabilidad criminal de los agentes.
Resulta paradójico, contradictorio y decepcionante que el futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos pudiera facilitar la impunidad. No nos oponemos a su creación, sino a que sea un organismo que prive a los familiares de la víctimas y a la sociedad de obtener la anhelada verdad y justicia.
Santiago, 07 de septiembre de 2007
-Sonia Arnal Morey -Alma Barahona Cancino
-Joseph Bereaud Barraza -Rosemarie Bornand Jarpa
-Rodrigo Cortes Muñoz -Cristián Cruz Rivera
-Karinna Fernández Neira -José Antonio Guerrero Uriarte
-Magdalena Garcés Fuentes -Humberto Lagos Schuffeneger
-Jaime Madariaga De la Barra -Isabel Maturana Villagra
-Loreto Meza Van den Daele -María José Middleton Humeres
-MaríaEugenia Miranda Brossard -Hugo Montero Toro
-Cecilia Noguer Fernández -Boris Paredes Bustos
-Patricia Parra Poblete -Isabel Rojas Zepeda
-Norma Rojas Pizarro -Wladimir Riesco Bahamondes
-Luis Romeo Canibilo -Eduardo Saavedra Díaz
-Gladys Vásquez Parra -Agustín Villalobos Molina
-Marta Madrid Acevedo -Enrique Ross Leiva
-Olga Bascuñán Parraguierre
La siguiente es una carta enviada a la Presidenta Michelle Bachelet por los trabajadores del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
Los abajo firmantes, todos trabajadores del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, manifestamos nuestra mayor preocupación a la Presidenta de la República, a los parlamentarios y a las agrupaciones de derechos humanos respecto a las indicaciones sustitutivas del Proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aprobadas anteayer por el Senado.
El nuevo texto suprimió la facultad que entregaba el artículo 4 número 7 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, para “deducir querella y ejercer las demás acciones legales respecto de hechos que sean constitutivos de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. La misma obligación recaerá sobre los crímenes y simples delitos que deban ser investigados y sancionados según los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.
También se le quitó la obligación – establecida en el número 8 de este artículo- de hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con causas de detenidos desaparecidos de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.123.
De acuerdo con lo anterior el Instituto no tendrá la facultad de actuar judicialmente.
El ministro Viera-Gallo ha expresado a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la opinión pública: “eso no nos preocupa, porque respecto a los juicios pasados está el Programa de Derechos Humanos”.
Sin embargo, de acuerdo al texto aprobado no es posible que el Programa de Derechos Humanos pueda seguir actuando en los juicios. Este Programa ha operado como continuador de la ley 19.123 ejerciendo acciones judiciales como parte, en virtud de los artículos 2° y 6° de esta ley, lo que no podrá seguir haciendo porque ya no será el continuador de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; sino que lo será el Instituto de Derechos Humanos, el que –según la historia fidedigna de la ley- no estará facultada para actuar en los juicios. (Ver Artículo 4 N° 5).
A mayor abundamiento, el texto aprobado señala que le corresponderá especialmente al Instituto “Custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por (...) el Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior”.
En la práctica es y ha sido el Programa de Derechos Humanos el organismo que sostiene la acción penal en la inmensa mayoría de las causas en que se persigue la responsabilidad penal de los violadores de derechos humanos, respecto de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos.
Por tanto, dado que el Programa de Derechos Humanos no podrá seguir efectuando sus funciones y que el Instituto no tendrá facultades para accionar judicialmente, es claro que este proyecto favorece a los defensores de los violadores de derechos humanos, ya que deja fuera de los procesos al organismo que está dando movimiento y haciendo seguimiento a las causas. El proyecto, para los violadores de derechos humanos, es tan favorable como el decreto ley de amnistía ya que posibilita la impunidad impidiendo que desde el Estado se persiga en los tribunales de justicia la responsabilidad criminal de los agentes.
Resulta paradójico, contradictorio y decepcionante que el futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos pudiera facilitar la impunidad. No nos oponemos a su creación, sino a que sea un organismo que prive a los familiares de la víctimas y a la sociedad de obtener la anhelada verdad y justicia.
Santiago, 07 de septiembre de 2007
-Sonia Arnal Morey -Alma Barahona Cancino
-Joseph Bereaud Barraza -Rosemarie Bornand Jarpa
-Rodrigo Cortes Muñoz -Cristián Cruz Rivera
-Karinna Fernández Neira -José Antonio Guerrero Uriarte
-Magdalena Garcés Fuentes -Humberto Lagos Schuffeneger
-Jaime Madariaga De la Barra -Isabel Maturana Villagra
-Loreto Meza Van den Daele -María José Middleton Humeres
-MaríaEugenia Miranda Brossard -Hugo Montero Toro
-Cecilia Noguer Fernández -Boris Paredes Bustos
-Patricia Parra Poblete -Isabel Rojas Zepeda
-Norma Rojas Pizarro -Wladimir Riesco Bahamondes
-Luis Romeo Canibilo -Eduardo Saavedra Díaz
-Gladys Vásquez Parra -Agustín Villalobos Molina
-Marta Madrid Acevedo -Enrique Ross Leiva
-Olga Bascuñán Parraguierre
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