NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE

Abogados, académicos, intelectuales y representantes de organizaciones sociales formaron un movimiento ciudadano que, persigue, la elaboración de una nueva Carta Fundamental, pues, dicen, el texto de 1980 se impuso “para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios”.Un nuevo debate se está instalando en el país, no sólo en la clase política, también entre académicos, intelectuales, abogados y al interior de las organizaciones sociales. ¿Y cuál es el tema?: la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que de origen a una nueva y democrática Constitución, en la que se garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional al pueblo de Chile. Esta iniciativa fue precisamente uno de los temas abordados en el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, realizado en diciembre de 2007.Uno de los argumentos planteados a favor de esta propuesta, en ese encuentro, es la necesidad de que la Carta Fundamental "recobre los recursos naturales y estratégicos, instrumentos clave para definir y sustentar la vida futura en el país; recupere para el Estado los servicios públicos básicos como transporte público, agua, electricidad, salud, vivienda, educación y seguridad social; y que combata la corrupción e inseguridad".Sin embargo, más allá que este tema se discutiera en el seno de ese encuentro, en el país se ha formado un movimiento ciudadano que, precisamente aboga por el establecimiento de una Asamblea Constituyente. Sus integrantes consideran que es imprescindible el diseño de una agenda que movilice a la ciudadanía, que se dote de una nueva institucionalidad política al país, fundada en el respeto de los derechos humanos y que tenga al hombre como valor central de dicha institucionalidad.Este grupo a comienzos de 2007 elaboró un documento en el que seadvierte: “La Constitución Política no representa la voluntad soberana del pueblo chileno, pues fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios”. Y se agrega en el mismo texto que “el rumbo actual del país compromete gravemente el futuro de las jóvenes generaciones y nos conduce inexorablemente a la pérdida de independencia, libertad y dignidad. Chile, con su colosal riqueza y su extensa trayectoria republicana, se encuentra en condiciones de proveer, con creces, la satisfacción de las necesidades materiales, culturales y espirituales de toda su población. Para que ello sea una realidad, no podemos soslayar los temas institucionales...No hay razones para resignarse y permitir que nuestro país permanezca, por tiempo indefinido, bajo la tutela del capital foráneo y los poderes fácticos locales”.FIN A LA DEMOCRACIA TUTELADAPara el sociólogo y militante de la Democracia Cristiana, Felipe Portales, “se requiere una nueva constitución democrática. Si bien ha habido cambios significativos en la instaurada por Augusto Pinochet, sigue aún vigente su obra y es irreformable sin el apoyo de la derecha. Desde el punto de vista de la doctrina democrática aún somos una democracia tutelada”.Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos señala que “pese a suponer que en Chile se vive una democracia... la institucionalidad pinochetista y su Constitución sigue intacta, junto a la impunidad de los violadores de los derechos humanos, la miseria, represión y la criminalización de la protesta. Esta es la demanda del pueblo que dice basta, que dice empecemos a construir una democracia verdadera terminando con todo amarre que nos haya legado aquel criminal de Augusto Pinochet".Por su parte, Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, manifiesta que una nueva Constitución debiera consignar la recuperación de la soberanía económica, como la explotación del cobre y otros recursos básicos. “Democratizar la institucionalidad del país, estableciéndola sobre la base de la voluntad popular; garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y a los de los trabajadores; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y cambiar la cláusula que hoy impide que el Estado pueda ser empresario”, comenta.VOTE POR LA ASAMBLEA EN LAS MUNICIPALESEl abogado Roberto Garretón es miembro del movimiento ciudadano pro Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. Junto a este grupo busca promover que en las próximas elecciones municipales, al momento de marcar la preferencia, el votante escriba en la papeleta que apoya una Constitución democrática. “La actual Constitución no reconoce el único derecho humano que está establecido en el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político y en el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural. El artículo 1 establece el derecho humano de los pueblos a su libre determinación y, ese derecho, el pueblo de Chile no lo ha recuperado. Otro problema es que le atribuye categoría de derecho sólo a algunos derechos y parcialmente, por ejemplo, el derecho a la salud “no está garantizado el sistema de salud, lo que está garantizado que no te pueden imponer un sistema de salud-”.Agrega que “esta nueva Constitución debe extender el recurso de protección, conceder derecho a voto a los chilenos que viven en el extranjero, terminar con esta cosa fascista de leyes que se aprueban unas con un quórum y, otras, con otro, lo que hace que el nivel de veto que tiene el pinochetismo depende de la naturaleza de la ley. Se debe reconocer el pueblo indígena, la diversidad racial, que se respeten mejor los instrumentos internacionales de DD.HH., y establecer el voto obligatorio”.Mauricio Salinas, secretario ejecutivo de la Corporación Ciudadanía y Justicia, señala que, en estos momentos, están dadas las condiciones para impulsar fuertemente el movimiento ciudadano a favor de la Asamblea Constituyente. “Tenemos que encontrar un método que nos permita pensar que esto es posible. Podemos a través de este movimiento, bien estructurado, forzar a quienes detentan cuotas de poder que entiendan que no es posible mantener el sistema y que es imprescindible una Carta Fundamental que no amarre a un modelo económico”.El también académico del Instituto Jorge Ahumada asegura que “se requiere una Constitución democrática que permita el libre juego de mayoría y minoría. Una Constitución que pueda pasar el test democrático”.