Largos años han pasado ya desde el retorno a la democracia, pero aún no contamos con un sistema capaz de establecer normas que representen el sentir mayoritario y respeten la pluralidad.
Por Teresa Valdés E., Observatorio de Género y Equidad Muchos se sorprenderán en estos días con la masiva y activa reacción que ha generado en amplios sectores de la población el fallo del Tribunal Constitucional aceptando el requerimiento de 36 diputados de derecha para dejar sin efecto varias medidas contenidas en las Normas Nacionales de Regulación de Fertilidad. Las normas, instauradas por decreto supremo de la Presidenta de la República, son una guía para los profesionales y personal de la salud pública, destinada a proveer servicios de calidad y orientar a la población en la toma de decisiones respecto del método de regulación de fertilidad más apropiado a sus necesidades.Los diputados de derecha solicitaron que se declarara inconstitucional la entrega en los servicios públicos de Salud de la píldora anticonceptiva de emergencia (píldora del día después), las píldoras combinadas que contengan Levonorgestrel y un estrógeno (éstas son todas las pastillas que dan en los consultorios), el dispositivo intrauterino conocido como la T de cobre -utilizada por la mayoría de las mujeres que se atienden en el sector público-, y los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de catorce años de edad sin consentimiento de sus padres/madres.El fallo del tribunal declaró inconstitucional para las mujeres -cualquiera sea su edad- la anticoncepción hormonal de emergencia, a saber la distribución de Levonorgestrel solo -en dos dosis- o en el método Yuzpe (ingesta de varias pastillas anticonceptivas). Pero es evidente que, más allá de los argumentos esgrimidos por el TC, el fallo amenaza gravemente la gobernabilidad democrática.En este caso se constata un desbalance entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado. Si bien el actual Gobierno ha desarrollado políticas públicas que responden a las necesidades de la población y a los intereses ciudadanos, la estructura de poder prevaleciente en el Estado -con enquistes autoritarios como este tribunal, rémora de la dictadura, y la sobrerrepresentación de la minoría de derecha- impide una respuesta adecuada a las demandas sociales.Largos años han pasado ya desde el retorno a la democracia, pero aún no contamos con un sistema capaz de establecer normas que representen el sentir mayoritario y respeten la pluralidad y diversidad de una sociedad crecientemente compleja. En este caso, una política de Gobierno que concita la mayor adhesión ciudadana se ha vuelto inviable en virtud de una institucionalidad heredada de la dictadura, que amenaza con agudizar tensiones y desatar graves conflictos sociales.Poco espacio tiene la ciudadanía -las mujeres y los jóvenes cuyos derechos sexuales y reproductivos han sido conculcados- para hacer valer sus demandas y necesidades. Sin espacio han quedado los proveedores de la salud pública para cumplir con su deber hipocrático y quienes trabajan con los sectores populares para atender situaciones de riesgo de embarazos no deseados y de violencia sexual.Es esperable la rebeldía ciudadana, expresada en rabia y desconocimiento de una institucionalidad que no sólo desprotege derechos ciudadanos, sino que desconoce la autonomía individual y la libertad de conciencia. Todos los organismos nacionales e internacionales que buscan avanzar en materia de gobernabilidad democrática señalan como imperativo: profundizar el régimen democrático, reduciendo las barreras institucionales que limitan la participación y la movilización social y garantizando espacios y autonomía a la sociedad civil; la institucionalización de estructuras políticas que permiten ejercer adecuadamente la mediación de intereses y la resolución de conflictos; y la obtención de resultados económicos y sociales que se traduzcan en la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Las reglas y normas deben ser el resultado de un proceso de participación y deliberación entre actores que tienen en cuenta no sólo sus intereses sino también la estabilidad y avances de la sociedad toda.El fallo del Tribunal Constitucional hace todo lo contrario y hace visible cuán lejos estamos como país de alcanzar condiciones efectivas de gobernabilidad democrática. A.I
Por Teresa Valdés E., Observatorio de Género y Equidad Muchos se sorprenderán en estos días con la masiva y activa reacción que ha generado en amplios sectores de la población el fallo del Tribunal Constitucional aceptando el requerimiento de 36 diputados de derecha para dejar sin efecto varias medidas contenidas en las Normas Nacionales de Regulación de Fertilidad. Las normas, instauradas por decreto supremo de la Presidenta de la República, son una guía para los profesionales y personal de la salud pública, destinada a proveer servicios de calidad y orientar a la población en la toma de decisiones respecto del método de regulación de fertilidad más apropiado a sus necesidades.Los diputados de derecha solicitaron que se declarara inconstitucional la entrega en los servicios públicos de Salud de la píldora anticonceptiva de emergencia (píldora del día después), las píldoras combinadas que contengan Levonorgestrel y un estrógeno (éstas son todas las pastillas que dan en los consultorios), el dispositivo intrauterino conocido como la T de cobre -utilizada por la mayoría de las mujeres que se atienden en el sector público-, y los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de catorce años de edad sin consentimiento de sus padres/madres.El fallo del tribunal declaró inconstitucional para las mujeres -cualquiera sea su edad- la anticoncepción hormonal de emergencia, a saber la distribución de Levonorgestrel solo -en dos dosis- o en el método Yuzpe (ingesta de varias pastillas anticonceptivas). Pero es evidente que, más allá de los argumentos esgrimidos por el TC, el fallo amenaza gravemente la gobernabilidad democrática.En este caso se constata un desbalance entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado. Si bien el actual Gobierno ha desarrollado políticas públicas que responden a las necesidades de la población y a los intereses ciudadanos, la estructura de poder prevaleciente en el Estado -con enquistes autoritarios como este tribunal, rémora de la dictadura, y la sobrerrepresentación de la minoría de derecha- impide una respuesta adecuada a las demandas sociales.Largos años han pasado ya desde el retorno a la democracia, pero aún no contamos con un sistema capaz de establecer normas que representen el sentir mayoritario y respeten la pluralidad y diversidad de una sociedad crecientemente compleja. En este caso, una política de Gobierno que concita la mayor adhesión ciudadana se ha vuelto inviable en virtud de una institucionalidad heredada de la dictadura, que amenaza con agudizar tensiones y desatar graves conflictos sociales.Poco espacio tiene la ciudadanía -las mujeres y los jóvenes cuyos derechos sexuales y reproductivos han sido conculcados- para hacer valer sus demandas y necesidades. Sin espacio han quedado los proveedores de la salud pública para cumplir con su deber hipocrático y quienes trabajan con los sectores populares para atender situaciones de riesgo de embarazos no deseados y de violencia sexual.Es esperable la rebeldía ciudadana, expresada en rabia y desconocimiento de una institucionalidad que no sólo desprotege derechos ciudadanos, sino que desconoce la autonomía individual y la libertad de conciencia. Todos los organismos nacionales e internacionales que buscan avanzar en materia de gobernabilidad democrática señalan como imperativo: profundizar el régimen democrático, reduciendo las barreras institucionales que limitan la participación y la movilización social y garantizando espacios y autonomía a la sociedad civil; la institucionalización de estructuras políticas que permiten ejercer adecuadamente la mediación de intereses y la resolución de conflictos; y la obtención de resultados económicos y sociales que se traduzcan en la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Las reglas y normas deben ser el resultado de un proceso de participación y deliberación entre actores que tienen en cuenta no sólo sus intereses sino también la estabilidad y avances de la sociedad toda.El fallo del Tribunal Constitucional hace todo lo contrario y hace visible cuán lejos estamos como país de alcanzar condiciones efectivas de gobernabilidad democrática. A.I
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