EPISODIOS SIN RESPUESTAS

Hace poco Piñera estuvo en el famoso hospital de Curepto, ése cuya inauguración hizo la Bachelet con una puesta en escena que resultó ser de utilería: camillas prestadas, enfermos imaginarios y pseudo parturientas fueron entonces parte de la escenografía. Lo novedoso es que a juzgar por los estragos que causó el terremoto en el hospital, no sólo la implementación era de cartón sino también el edificio. La verdad es que la ex Mandataria no tuvo la culpa y fue víctima de un engaño frente al que se manifestó “indignada” con las autoridades de salud regional, el Intendente del Maule y los encargados de la avanzada presidencial de la época. Lo notable es que pese a que el escándalo involucró a una cantidad no menor de funcionarios de confianza de la ex Presidenta, el episodio ni siquiera rozó su popularidad.

Lagos tampoco estuvo exento de este tipo de problemas en su gobierno pero salió igualmente indemne de ellos. Durante su mandato la CORFO, cuyo Vicepresidente Ejecutivo era entonces un yerno de Lagos, entregó una buena cantidad de millones de dólares a una corredora de bolsa de dudosa reputación (Inverlink) para que los administrara ¿Qué pasó? La plata desapareció.

Lagos y Bachelet consiguieron no dejarse salpicar por escándalos. ¿Cuál fue la estrategia? Acotar la responsabilidad y así… zafar. Piñera comete el error contrario. Se hace omni-responsable de todo lo que pasa. En parte porque debe de estar acostumbrado a pagar los costos de su libertad, en parte porque como comunicador es un desastre.

Lagos y su yerno fueron víctimas de un engaño igual que la Michelle con el hospital de Curepto, pero vale la pena recordar la explicación del ex Mandatario porque fue de antología: “Es como si entran a mi casa me robaran un jarrón y después lo llevan a un reducidor. Ese es el rol de Inverlink. Lo llevan a un reducidor y después se descubre el jarrón. Obviamente, lo voy a recuperar, porque el jarrón es mío. Es exactamente lo que ha ocurrido en la CORFO”.

¡Así de simple! Que recuperar plata no fuera tan fácil como recuperar un jarrón, que nadie entró a la casa de gobierno sino que fuera el gobierno el que llevó el jarrón a una casa de mala reputación y que el jarrón no fuera de propiedad de Lagos sino de todos los contribuyentes, fueron detalles de la analogía que se le escaparon a la inteligencia preclara de Capitán Planeta. El hecho es que este episodio tampoco afectó en nada la aprobación popular de Lagos, como en nada afectó a la Michelle lo ocurrido en Curepto.

Chile deportes  merece también una mención especial. Durante el gobierno de Lagos se asignaron 400 millones de pesos a personas muertas, a ancianas que serían capacitadas en lucha libre y a proyectos que finalmente nunca se hicieron. Durante el de Bachelet, la irregularidad se destapó junto con el poco honroso currículo académico de  la vicepresidenta de Chile deportes.

Nuevamente, los Presidentes en cuestión salieron incólumes del escándalo. Bachelet dijo que el Gobierno sería “implacable” frente a ese tipo de abusos y Lagos hizo gala de una prudencia sin precedentes declinando referirse al asunto porque no le parecía “adecuado” comentar la contingencia.

La cosa es que después de muchos casos como éstos, Lagos y Bachelet pasaron a ser para mí algo así como la versión política del protagonista de una serie televisiva que se llamaba Highlander o Inmortal; e incluyo a Lagos porque tengo la convicción de que seguiría liderando las encuestas si no fuera porque cometió un par de errores que la gente sintió en carne propia (como el del Tren al Sur y el del Transantiago), y que eran demasiado groseros como para poder ser manipulados comunicacionalmente.

La pregunta que no puedo dejar de hacerme es cómo fue que ambos consiguieron no dejarse salpicar por cosas que pasaron en gobiernos y con funcionarios de su confianza y qué papel ocupó entonces en el discurso de la Concertación la idea de ‘responsabilidad política’, tan manoseada esta última semana.

Si uno revisa las declaraciones de la época, se encuentra con una serie de frases típicas que pueden servir de explicación. “La justicia tomará las medidas que correspondan”, “Dejemos que las instituciones funcionen” y “No se va a culpar al Presidente(a) por lo que hicieron un par de ejecutivos” son algunas de mis favoritas.

¿Cuál fue la estrategia? Acotar la responsabilidad, restringirla a una parcela de mínima extensión y así… zafar. Llenarse la boca con la defensa de toda clase de libertades individuales y al mismo tiempo reducir la responsabilidad personal a su más mínima expresión, sobre todo la del Presidente que por momentos pareció estar más allá del bien y del mal.

Piñera, por su parte, comete el error contrario. Se hace omnipresente y en esa misma medida, omni-responsable de todo lo que pasa. En parte porque como empresario debe de estar acostumbrado a asumir y pagar los costos de su libertad, en parte quizá porque como comunicador es un desastre.

Es de esperar que sin replicar el modelo anterior, de dudosa legitimidad moral, el Presidente aprenda un poco de sus predecesores.

ANEXPP-IQUIQUE Y EL ADULTO MAYOR

Con éxito termino la 1ª parte del proyecto de natación “ La vida es bella”  de la ANEXPP-IQUIQUE  en la piscina del complejo recreativo de la Araucana.

Los juegos y gimnasia para el adulto mayor tuvieron una asistencia de casi 30 personas por día, estas duraban una hora y fueron los días 17 18 19 y 24 25 26 del mes de febrero y tuvieron a cargo del profesor  Gonzalo Araya y la monitora Ángela Petruzzi. Una de sus jornadas se vio galardonada con la presencia del abogado y diputado de la republica Hugo Gutiérrez.

Felices y emocionados estaban los participantes, quienes expresaron que ojala esta experiencia se repita el próximo año.

La 2ª parte del proyecto será en una fecha próxima, se entregaran los diplomas y buzos a las personas participantes en una cena de camaradería.

DEMANDAS Y QUERELLAS DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS

Luego de ocho años de presentada la Demanda Contra el Estado de Chile, por la Agrupación de Ex Presas y Presos Politicos de la V Region, queremos compartir con Uds. la ultima respuesta elaborada por la Direccion Regional y firmada por los compañeros que encabezan la Demanda, a Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la CIDH, en relacion a la respuesta de agosto de 2010 del Gobierno de Chile.
Consideramos un deber informar de esto, cuando algunos recien inician gestiones para llevar el caso a las Cortes internacionales, para que sepan que hace mucho que el tema ya se esta tratando, que es un proceso lento, y en el cual el Gobierno centra el asunto -lo mismo que algunas ONGs- en el tema platas.
Para la Coordinadora, sin Verdad, sin Justicia, no hay Reparación.
Nelson Agustin AramburuPRESIDENTE AGRUPACION EX PP V REGIÓN

Ref.:    P –  451-03, Enrique Olegario Nuñez, Carlos Francisco Otazo, Eliana Vidal Cortez y otros.

Señor

Santiago A. Cantón

Secretario Ejecutivo

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organización de Estados Americanos

Washington D.C. Estados Unidos de América

 Señor Secretario Ejecutivo,

Con fecha 19 de Agosto de 2010, se nos envío información aportada por el Estado de Chile, con relación a la Demanda presentada el año 2003.

1.- Denegación de Justicia.

 Valoramos el reconocimiento y los énfasis que el Gobierno de Chile hace del Fallo de la Corte Suprema del 24 de septiembre de 2009 en la causa rol Nº 2182-98, en la que por primera vez en Chile, gracias al acucioso trabajo realizado por el Ministro de Fuero Sr. Alejandro Solís, se aplica una sentencia punitiva contra de agentes del Estado que torturaron a detenidos y se indemniza a víctimas de tortura.

 El caso que destaca Dn. Miguel Ángel González, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, pone en evidencia lo que los ex presos y ex presas políticas sostuvimos al momento de presentar la Demanda contra el Estado; En Chile no existían las condiciones para sancionar a los torturadores. Tuvieron que pasar 19 años desde el término del régimen militar y 6 más desde que presentamos la demanda, para que se obtuviera la primera condena.

Y esta condena se obtuvo a pesar de la oposición del Estado de Chile, que a través del Consejo de Defensa interpuso acciones judiciales para evitar el pago de indemnizaciones. Quienes tienen el mérito de haber conseguido esta condena, son un grupo de 20 ex prisioneras y ex prisioneros políticos del Centro de Detención y Torturas del Regimiento Tejas Verde en San Antonio, quiénes a pesar de no contar con ningún apoyo del Estado, en base a sus propios recursos y tenacidad en la búsqueda de Justicia, lograron probar fuera de toda duda –como lo reconoce la Corte Suprema en el fallo en comento- la responsabilidad de los agentes del Estado en este delito de lesa humanidad.

Entre los sentenciados está el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras Sepúlveda,  y los oficiales de Ejèrcito, Raúl Quintana Salazar, Klaudio Kosiel Horning, el oficial de Sanidad, Vittorio Orvietto Tiplitzky, y el Prefecto de la Policía de Investigaciones, Nelson Valdés Cornejo,, con una condena de cinco años por torturar a 20 personas. Asimismo, El Fiscal Militar, David Miranda Monardes y el Oficial Jaime Nuñez Magallanes fueron sentenciados a tres años de presidio con el beneficio de libertad vigilada.

Las personas torturadas en el recinto de Tejas Verdes fueron Nelly Andrade Alcaíno, Segundo Cerda  Troncoso, Iván Contreras Puente, Juan Chacón González, Margarita Durán Fajardo, Arturo Farúas Vargas, Patricio Mac-Lean Labbe, María Nuñez Malhue, Mario Orellana Silva, Guillermo Ormazábal Silva, Luis Ovando Donoso, Luis Quilodrán Alcayata, Ramón Quilodrán Alcayata, Juan Ramón Ramírez Cortez, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, María Rojas Silva, Ernesto Salamanca Sepúlveda, Luisa Stagno Valenzuela, Luis Valenzuela González y Anatolio Zárate Oyarzún.

Además de las condenas irrisorias, la Corte Suprema, determinó que Contreras, Orvieto, Quintana, Valdés y Kosiel deberán pagar en forma solidaria, la  suma de $ 10.000.000 a cada una de las 20 víctimas. En tanto, Miranda y Núñez deberán pagar la  suma de  10 millones de pesos a las seis victimas por las que fueron condenados. Hasta el momento -2 años después- los condenados no pagan un solo peso, ante la indiferencia estatal.

Si consideramos, que la Comisión de Verdad y Reconciliación y sus continuadoras legales, establecieron en cerca de 5 mil los presos políticos que fueron ejecutados o sus cuerpos aún están desaparecidos; si el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, emitido el 28 de noviembre del 2004, acreditó 28 mil casos de personas que sufrieron prisión política y fueron sometidas sin excepción a tratos crueles, inhumanos y degradantes; si se tiene en cuenta que ante la actual Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, informa que no alcanza en el plazo establecido de seis meses –que vence el 17 de febrero 2011- a calificar los antecedentes de las 32 mil 500 personas que presentaron sus antecedentes; aparece con nitidez, la magnitud de la denegación de justicia: De un universo aproximado a las 60 mil personas reconocidas como víctimas del Terrorismo de Estado, solo 20 lograron sentencia condenatoria y una indemnización mínima equivalente a 20 mil dólares.

A esto debemos agregar algunos datos: Según las listas entregadas por el Ejército, sólo en el Estadio Nacional de Santiago –que fue habilitado como campo de prisioneros- entre septiembre y diciembre de 1973, pasaron mas de 50 mil personas. Si a eso le sumamos, las personas que estuvieron detenidas en los estadios regionales, en los barcos prisión de Valparaíso, en cárceles, cuarteles y Gobernaciones, regimientos, comisarías, etc., a lo largo de 17 años (la Comisión Valech identifica 1.132)… tenemos una cantidad real cercana a 300 mil presos políticos sobrevivientes!

En las conversaciones con el Gobierno anterior, las organizaciones de Ex Presos y Ex Presas Políticas pidieron reiteradamente que se ampliara la cobertura jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior –que atiende solo casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos- para poder reclamar justicia ante los tribunales, por las torturas y malos tratos a los que fueron sometidos miles de detenidos. Los Gobiernos de la Concertación, alegaron siempre problemas de recursos para dotar de apoyo jurídico a las víctimas.

En reunión sostenida con Rossi Lamas, actual encargada del Programa -en enero de este año-, se le volvió a plantear el tema, pero la respuesta de esta funcionaria, fue “que su ámbito de acción estaba fijado por Ley, por lo que no estaba dentro de sus atribuciones ampliar la cobertura del Programa de Derechos Humanos”. Como a pesar de haber solicitado formalmente audiencia tanto a Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior, como a Sebastian Piñera Echeñique, actual Presidente de la República -sin que se hayan dignado responder- no sabemos cual es la actitud de este Gobierno respecto a la posibilidad de aumentar la cobertura jurídica a los Ex PP sobrevivientes.

 II.- Otras Consideraciones Esenciales:

Concordamos con la respuesta del Gobierno, en que el tema central es la Obligación del Estado de reparar a las víctimas de prisión política y torturas; y enfatizamos que en la medida que los autores, cómplices y encubridores, de este delito de lesa humanidad, no sean juzgados y sancionados como corresponde, no sólo no hay Reparación, sino que no hay Justicia. Y en este contexto, los organismos interamericanos son absolutamente competentes para conocer de violaciones ocurridas con posterioridad al 21 de agosto de 1990.

La propia Cancillería señala textualmente en la pagina 06 párrafo 2: “Es del caso precisar que la reparación requiere el esclarecimiento de los hechos, la identificación y sanción de los responsables, y el reconocimiento de lo sucedido por la autoridad; implica, en suma, asumir que es de responsabilidad del Estado reparar el daño causado de la forma mas integral posible.” Los que encabezamos esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en representación de miles de ex presas y ex presos políticos, solo pedimos coherencia al Estado de Chile, a sus autoridades y altos funcionarios, en el tema reparatorio de las y los sobrevivientes de prisión política y tortura.

En la Pág. 16, párrafo tercero, la respuesta hace mofa de la desmedrada situación en que se encuentran los miles de prisioneros sobrevivientes de la Dictadura, al señalar que: “…las víctimas no están impedidas de ejercer las acciones legales tendientes a perseguir la responsabilidad de quienes son responsables por los hechos que los afectaron…”

Como lo hemos expuesto, ante la propia Comisión Calificadora establecida por la ley 20.405 y ante la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, el acceso a la justicia en Chile, tiene costos que los ex presos políticos no están en condiciones de solventar; como muy bien lo sabe el Gobierno, lo que garantiza la impunidad de torturadores, cómplices y encubridores.

 III.- Políticas de Reparación en Chile

La respuesta gubernamental, hace ostentación de los montos destinados a reparar a diversos grupos de víctimas del Terrorismo de Estado que se ejerció en Chile desde 1973 hasta 1990.

Reconocemos la preocupación del Estado en los casos de detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos. Pero no es el caso de las y los sobrevivientes de prisión política.

Sin entrar en comparaciones odiosas, basta comparar los montos que aparecen en la pagina 17, para ver la diferencia entre lo entregado –sólo en el periodo 2000 a 2008- a familiares de 3 mil quinientos Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos (216 millones de dólares) y a los 28 mil calificados como Victimas de Prisión Política y Tortura (195 millones de dólares). Cabe señalar que el grueso de la Reparación económica a los beneficiarios de la Comisión Rettig (familiares de DD y EP), se cancelo desde marzo del 1991 en adelante.

Si bien muchos ex presos políticos tienen también el carácter de retornados o exonerados políticos, estos no son el tema que dio origen a la denuncia ante la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y consideramos una maniobra distractiva homologar situaciones, políticas y montos.

 Resumiendo:

Los denunciantes, lo mismo que las seis organizaciones de Ex Presos Políticos y Familiares que integran el Comando Unitario –contraparte oficial del Gobierno de Chile- sostenemos, que el tema reparatorio en Chile, solo se ha traducido en mínimos beneficios pecuniarios, como la pensión Valech, las becas de estudio y una atención de salud a nivel de indigentes a través del Programa PRAIS; pero en lo principal, hay una denegación sistemática de justicia, en lo que al esclarecimiento de los hechos, la individualización y sanción de los responsables se refiere.

Por ley, han puesto bajo llave por 50 años los testimonios que inculpan a instituciones y agentes del estado. La Corte Suprema esta aplicando prescripciones que rebajan substancialmente las condenas a los agentes del Estado que torturaron y asesinaron a miles de chilenos y extranjeros. Gobiernos de distinto signo, nos niegan por ley la asistencia jurídica que permitiría llevar a juicio a nuestros verdugos; y ya comenzó el desmantelamiento del grupo especializado en delitos de lesa humanidad de la Policía de Investigaciones (policía civil) y del Programa (jurídico) de DD.HH. del Ministerio del Interior, que jugaron un rol clave en la identificación, procesamiento y condenas de agentes del Estado, responsables de crímenes de lesa humanidad.

 Saludan atentamente a V.E.                                                    

 Enrique Olegario Nuñez             Eliana Vidal Cortés             Carlos  Francisco Otazo

  enunez@indh.cl                        valpomar@yahoo.es                            carlicia2@yahoo.es 

Valparaíso, 29 enero 2011.

ONGS Y FIDH POR LOS DDHH

La Agrupación Nacional de Ex Prisioneros Políticos – Iquique valora el ejemplo de lucha que están dando las ONGS y FIDH por los DDHH de todas las personas, en especial de los familiares de los detenidos desaparecidos, los que sufrieron prisión y tortura en Chile y los chilenos que viven en el extranjero a los cuales aún no se le reconocen sus derechos. Hacemos notar que esta agrupación (ANEXPP-IQUIQUE) el año 2006 en la ley 19992 el presidente Lagos se comprometió a entregar una pensión de $330.000 lo cual no se cumplió y así vemos como nos alejamos de la salud, educación y vivienda, lo que esta quedando y vamos a luchar para que sea derogado los 50 años de silencio, maniobra similar hecha por la dictadura para pertenecer a una AFP, solo la UNIDAD nos llevara a todos a un final feliz.

   Tras el quinto informe presentado por el estado chileno ante el organismo de

    Naciones Unidas el 4 y 5 de mayo de 2009, se le formularon recomendaciones   y

    se confirió un año de plazo para informar sobre avances en cuatro de ellas, que

    revestían la mayor preocupación: DL de Amnistía, alegaciones de tortura, justicia

    militar, reparación y programa PRAIS.

Ni el gobierno de Bachelet en su momento, ni el de Piñera hasta ahora, han cumplido con esta disposición, por lo que diversas organizaciones nacionales de derechos humanos enviaron su informe alternativo.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas, ratificada por Chile, los estados parte deben informar cada cuatro años sobre el cumplimiento e implementación de dicho tratado internacional, ante el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT).

El Comité examinó el quinto informe periódico de Chile –presentado con años de retraso, se debe resaltar- en sus sesiones 877 y 879 celebradas los días 4 y 5 de mayo de 2009, y aprobó luego, en su sesión 891 de 14 de mayo, las observaciones finales y recomendaciones al estado. En ellas, el Comité solicitó al estado “que en el plazo de un año le informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los párrafos 12, 13, 14, 18 y 25, referidas ala persistencia del Decreto Ley de Amnistía, a su preocupación por múltiples alegaciones de tortura recibidas, a la competencia de la justicia militar y la figura de la obediencia debida, así como en materia de reparación a las violaciones de la dictadura y la cobertura del programa PRAIS.

Sin embargo, ni el gobierno de Bachelet en su momento, ni el de Piñera hasta ahora, han cumplido con esta disposición, por lo que el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Corporación Humanas y el Observatorio Ciudadano, enviaron un informe alternativo al organismo en el que responden a los puntos priorizados, el que además fue suscrito por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Para el coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, José Araya, “los avances en estas materias son muy lentos en Chile. Puesto que falta voluntad en el ejecutivo y en el parlamento para democratizar las reglas que rigen a las fuerzas armadas y eso incluye a la policía uniformada.” Agregando que “este gobierno (de Sebastián Piñera) está aún más presionado para generar cambios, pero no es una prioridad en su agenda y la sombra de Pinochet se mantiene presente. Por eso la importancia del trabajo de las agrupaciones de víctimas y de organizaciones de derechos humanos de informar sobre estas materias, lo que será relevante para dar nuevos pasos y hacer cumplir estas recomendaciones del CAT”, concluyó.

Las recomendaciones priorizadas por el CAT

Decreto-Ley de Amnistía 2.191:

12. El Comité toma nota de que los tribunales de justicia chilenos y, en particular su Corte Suprema, hayan venido declarando en sus fallos la inaplicabilidad del Decreto-Ley de Amnistía que veda el castigo a individuos responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, aduciendo como fundamento legal los instrumentos de derechos humanos. Sin embargo, el Comité considera, en línea con el fallo de la Corte Interamericana en el asunto Almonacid Arellanos y otros, de 26 de septiembre de 2006, que el hecho de que dicho Decreto-Ley continúe vigente deja todavía al arbitrio de las cortes internas la aplicación o no de la amnistía. En ese sentido, el Comité ha tenido conocimiento de sentencias recientes de la Corte Suprema que parecen tener en cuenta la vigencia formal de dicho Decreto, en particular, para disminuir las penas aplicables a crímenes graves cometidos bajo la dictadura. (Artículo 2)

El Comité insta al Estado parte, siguiendo sus recomendaciones anteriores, a que derogue el Decreto-Ley de Amnistía. En este sentido señala a la atención del Estado parte el párrafo 5 de su Observación general n° 2 (2007) conforme a la cual, el Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición de la tortura. Asimismo, el Comité recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean realizadas exhaustivamente, con prontitud y de manera imparcial y que se proceda al enjuiciamiento y castigo de los autores, así como a la adopción de medidas de reparación a las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en la Convención.

Alegaciones de tortura:

13. Al Comité le preocupa que sigan recibiéndose alegaciones de delitos graves cometidos por agentes policiales en el desarrollo de sus funciones y lamenta las restricciones legales a la publicidad de tales actos en la actualidad, lo cual contribuye a que esos delitos permanezcan impunes. (Artículos 2 y 12)

El Comité recomienda al Estado parte que introduzca reformas legislativas en relación al control de las fuerzas policiales lo antes posible, con miras a garantizar que ningún acto de éstas contrario a la Convención permanezca impune y que las investigaciones correspondientes sean efectivas y transparentes. El Estado parte debe reforzar los programas educativos para lograr que todos los agentes de las fuerzas del orden tengan plena conciencia de las disposiciones de la Convención. El Comité recomienda igualmente al Estado parte que continúe acelerando los trámites para la creación del Ministerio de Seguridad Pública, bajo cuya supervisión se colocaría a Carabineros y Policía de Investigaciones.

Reforma de la Justicia Militar:

14. El Comité observa con preocupación las demoras que retrasan la adopción definitiva de la reforma del Código de Justicia Militar, que ha recomendado el Comité insistentemente al Estado parte. (Artículo 2)

El Comité recomienda al Estado parte que agilice el proceso de adopción de la ley que modifica el Código de Justicia Militar, por medio del cual se establecen límites a la competencia material y personal de los tribunales militares. Asimismo, el Comité reitera al Estado parte que elimine el principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar.

Programa de reparación y atención integral en salud (PRAIS):

18. El Comité toma nota de que en el Estado parte las víctimas de tortura tienen acceso al sistema PRAIS de salud y celebra que dicho programa se haya extendido a todo el país. El Comité también celebra el nivel de cooperación de dicho programa con organizaciones como CINTRAS, CODEPU, ILAS y FASIC. Sin embargo, al Comité le preocupa que las víctimas de tortura que residen fuera del país no puedan beneficiarse de ese Programa. (Artículos 14 y 16)

El Comité recomienda al Estado parte que tenga en cuenta el deber de reparar a todas las víctimas de tortura y que considere establecer acuerdos de cooperación con países donde residen para que aquéllas puedan tener acceso al tipo de tratamiento médico necesario por su condición de víctimas de tortura. Asimismo, el Comité insta al Estado parte a tomar medidas con miras a garantizar el financiamiento necesario para que cada equipo PRAIS u otros puedan atender de un modo efectivo a todos los consultantes acreditados. El Comité insta también al Estado parte a que incorpore una política de género que incluya la capacitación y sensibilización de los funcionarios encargados de atender los casos de las víctimas de agresión y violencia sexual. El Comité recomienda al Estado parte que incremente los esfuerzos en materia de reparación, indemnización y rehabilitación de manera que se garantice una reparación justa y adecuada a todas las víctimas de tortura.

Reparación:

25. El Comité toma nota de la información facilitada acerca de las indemnizaciones otorgadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura a las personas que fueron reconocidas como víctimas de tortura de la dictadura. Sin embargo, al Comité le preocupa que no todas las víctimas hayan tenido derecho a una reparación justa y adecuada. En este sentido, el Comité considera que el hecho de que las víctimas no residan en el Estado parte no debe ser un impedimento para acceder a la reparación. (Artículo 14)

El Comité recomienda al Estado parte su obligación de velar por que todas las víctimas de actos de tortura tengan derecho a una reparación justa y adecuada. El Estado parte debe velar por que todas aquellas personas que fueron víctimas de actos de tortura durante la dictadura, incluidas aquellas que no se encuentran actualmente en el Estado parte, puedan tener acceso a una reparación adecuada, acorde con la gravedad del delito de que fueron objeto.

    Fuente:

    Mapu Express

¿Iglesia Católica Firma Acuerdo Hidroeléctrico?

¿Acuerdo en Neltume? ¿Quién puede arrogarse la representación de la Iglesia Católica? ¿Cuál es la posición oficial de la Iglesia frente a los proyectos de inversión e intervencionismos de Transnacionales que destruyen territorios, intervienen ríos, impactan ecosistemas, dividen familias, quiebran comunidades? ¿Sabe la Iglesia Católica lo ocurrido en Ralco y Pangue y las prácticas de Endesa?

Un habitante de la zona señala “El fin de semana asistí a una actividad de Endesa en Neltume llamado casa abierta, donde encontré un anexo a su proyecto de impacto ambiental, uno de sus anexos habla de compensaciones para Neltume y salen firmas de varias organizaciones de Neltume, una de esas firmas la hace una persona natural de Neltume y firma como Iglesia Católica de Neltume”. A esto agrega… “yo soy católico y de Neltume y nunca me preguntaron si estaba de acuero y peor aun alguien firma por mí y todos los católicos de Neltume, además por lo que conozco la única persona que puede firmar en nombre de la Iglesia es un Obispo o el mismo Papa”

¿La Iglesia Católica firmando acuerdos con Endesa en Neltume? ¿Quién explica esto?

Derechos de los pueblos indígenas   Mapu Express  09/Febrero/2011

COMISIÓN SALUD PRAIS INFORMA

La ANEXPP-IQUIQUE a través de la Comisión Salud Prais sigue recibiendo reclamos y quejas de los usuarios del programa de salud con respecto a distintas anomalías que surgen en el hospital y los consultorios.

Una de las más graves es la lista de espera, plazos demasiados largos y cuado se cumplen no hay profesionales, equipos malos y ahí tiene que cumplirse la Ley 19966 Art.2  derivar al paciente a otra institución compatible para cumplir su programa. Han habido casos de personas que fallecieron esperando ser atendidas.

Otro de los más recurrente es el de las recetas extendidas por los médicos, generalmente de alto valor y no se encuentran en la farmacia, lo que da a lugar que se cumpla la solicitud de fármaco, lo que en la practica no se lleva a efecto, nadie sabe porque, generando un grave daño a la salud del usuario por no contar con los recursos, por lo que obligatoriamente tienen que hacer enormes sacrificios para poder contar con sus medicamentos para que su salud no siga empeorando.

Siempre hemos querido que el equipo Prais vaya adelante con su preparación, estudios  talleres y reunión de trabajo, pero adecuarlos a horarios y días que no entorpezcan la atención del usuario que es lo primordial.

Las personas esperan después de largos meses ser atendidas por los profesionales, pero cuando llegan al establecimiento, se encuentran con la sorpresa que estan en talleres o reunión de trabajo, lo que hace que ellos pierdan su hora y nuevamente otra larga espera.

El usuario de Iquique se prepara con resignación, pero quien ve el drama de los que viven en Alto Hospicio, Huara, Pozo Almonte, La Tirana, Pica y los demás pueblos de la Provincia. Seria importante hacer un estudio para no dejar ningún usuario sin su hora de atención.

SUCEDIÓ EN FEBRERO DE 1 975

Anselmo Sule, Hugo Miranda, Carlos Morales, Jaime Tohá, Carlos Jorquera y otros 22 dirigentes de la Unidad Popular, todos detenidos a raíz del Golpe Militar, son embarcados en Pudahuel con destino a Caracas en calidad de exiliados.

El grupo había sido precedido el día anterior por Claudio Huepe, quien viajaba a Londres.

El ex diputado democratacristiano se encontraba detenido en Ritoque por negarse a ponerse de pie en un restaurant donde se interpretaba el himno nacional en honor de un alto oficial allí presente.

AGRUPACIONES DE DDHH PIDEN REINCORPORACIÓN DE SANDRO GAETE

Joan Jara, viuda de Víctor Jara, afirmó en conferencia de prensa, que cambios en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), perjudican avances en verdad y justicia.

“No es posible que los criminales, a treinta y siete años, sigan caminando impunemente por las calles de nuestro país”, afirmó la viuda frente a la prensa, en representación de la Fundación Víctor Jara y otras agrupaciones, en referencia a los cambios ocurridos al interior de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Acompañada, también, por los diputados Hugo Gutiérrez, Sergio Aguiló y el abogado querellante en el caso del cantautor, Nelson Caucoto, Jara aseguró que el desmantelamiento de dicha Brigada “afecta gravemente no sólo al caso de Víctor, sino a todos los casos de violaciones de los derechos humanos que demandan verdad y justicia en nuestro país”. Calificó de “incomprensible exilio interno” el alejamiento del subprefecto Sandro Gaete, quien fue sacado de la jefatura de la unidad y enviado a la ciudad de Puerto Aysén.

Para Joan Jara y las agrupaciones allí presentes, el traslado de Gaete implica “un grave retroceso en la investigación de este horrendo crimen de lesa humanidad que ya lleva treinta y siete años esperando su esclarecimiento”. A su vez, criticaron la decisión de nombrar al subprefecto Luis Nieto, pues éste proviene de la Brigada de Delitos Medioambientales, y no tiene experiencia en casos de Derechos Humanos.

Ante esta situación, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos , afirmó que en una reunión sostenida con Marcos Vásquez, Director de Investigaciones, le solicitaron la reincorporación de Sandro Gaete a la Brigada, reiterando el retroceso que ello significa para el avance de la justicia.

Coincidieron con esta opinión los parlamentarios, miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Para Aguiló, la presencia de Gaete en las causas de delitos de lesa humanidad llevadas por la Brigada es fundamental, advirtiendo que “mientras más se busque verdad y justicia, mayor paz social existirá en Chile (…) El Estado de Derecho debe funcionar”, dijo, criticando de paso la permanencia de la llamada Ley de Amnistía de 1978.

Gutiérrez dirigió sus críticas al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por no insistir en la búsqueda de los culpables del crimen de Víctor Jara, e hizo un llamado a investigar todas las muertes ocurridas durante la dictadura.

Por su parte, Nelson Caucoto, abogado querellante en la causa del asesinato de Jara, hizo un reconocimiento a la labor ejercida por Sandro Gaete al interior de la Brigada, en el sentido de haber permitido el avance en muchos casos de delitos de lesa humanidad, calificando a esta unidad policial como un “baluarte en la defensa de los DDHH”. Por eso, el abogado calificó su alejamiento como un hecho contradictorio, justo en el momento en que se presentan ante el Poder Judicial cerca de 800 querellas por violaciones y crímenes ocurridos durante la dictadura, entre ellas, la relacionada con la muerte del ex presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

“Esto no se puede improvisar”, afirmó Caucoto, refiriéndose a los nuevos nombramientos en la Brigada. “Se necesita gente capacitada para dirigir esta investigación. Probablemente la opinión pública no tiene muy claro que detrás de estos éxitos judiciales está la Policía de Investigaciones”, afirmó.

El abogado comentó, también, que es muy importante la apertura de causas cerradas; en especial, las relacionadas con muertos y desaparecidos en el período 1973-1990, que suman unos 5 mil.

Fuente: 

El Ciudadano  01/ enero/ 2011