Consideramos un deber informar de esto, cuando algunos recien inician gestiones para llevar el caso a las Cortes internacionales, para que sepan que hace mucho que el tema ya se esta tratando, que es un proceso lento, y en el cual el Gobierno centra el asunto -lo mismo que algunas ONGs- en el tema platas.
Para la Coordinadora, sin Verdad, sin Justicia, no hay Reparación.
Nelson Agustin AramburuPRESIDENTE AGRUPACION EX PP V REGIÓN
Ref.: P – 451-03, Enrique Olegario Nuñez, Carlos Francisco Otazo, Eliana Vidal Cortez y otros.
Señor
Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos
Washington D.C. Estados Unidos de América
Con fecha 19 de Agosto de 2010, se nos envío información aportada por el Estado de Chile, con relación a la Demanda presentada el año 2003.
1.- Denegación de Justicia.
Y esta condena se obtuvo a pesar de la oposición del Estado de Chile, que a través del Consejo de Defensa interpuso acciones judiciales para evitar el pago de indemnizaciones. Quienes tienen el mérito de haber conseguido esta condena, son un grupo de 20 ex prisioneras y ex prisioneros políticos del Centro de Detención y Torturas del Regimiento Tejas Verde en San Antonio, quiénes a pesar de no contar con ningún apoyo del Estado, en base a sus propios recursos y tenacidad en la búsqueda de Justicia, lograron probar fuera de toda duda –como lo reconoce la Corte Suprema
Entre los sentenciados está el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras Sepúlveda, y los oficiales de Ejèrcito, Raúl Quintana Salazar, Klaudio Kosiel Horning, el oficial de Sanidad, Vittorio Orvietto Tiplitzky, y el Prefecto de la Policía de Investigaciones, Nelson Valdés Cornejo,, con una condena de cinco años por torturar a 20 personas. Asimismo, El Fiscal Militar, David Miranda Monardes y el Oficial Jaime Nuñez Magallanes fueron sentenciados a tres años de presidio con el beneficio de libertad vigilada.
Las personas torturadas en el recinto de Tejas Verdes fueron Nelly Andrade Alcaíno, Segundo Cerda Troncoso, Iván Contreras Puente, Juan Chacón González, Margarita Durán Fajardo, Arturo Farúas Vargas, Patricio Mac-Lean Labbe, María Nuñez Malhue, Mario Orellana Silva, Guillermo Ormazábal Silva, Luis Ovando Donoso, Luis Quilodrán Alcayata, Ramón Quilodrán Alcayata, Juan Ramón Ramírez Cortez, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, María Rojas Silva, Ernesto Salamanca Sepúlveda, Luisa Stagno Valenzuela, Luis Valenzuela González y Anatolio Zárate Oyarzún.
Además de las condenas irrisorias, la Corte Suprema10.000.000 a cada una de las 20 víctimas. En tanto, Miranda y Núñez deberán pagar la suma de 10 millones de pesos a las seis victimas por las que fueron condenados. Hasta el momento -2 años después- los condenados no pagan un solo peso, ante la indiferencia estatal.
Si consideramos, que la Comisión de Verdad y Reconciliación y sus continuadoras legales, establecieron en cerca de 5 mil los presos políticos que fueron ejecutados o sus cuerpos aún están desaparecidos; si el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, emitido el 28 de noviembre del 2004, acreditó 28 mil casos de personas que sufrieron prisión política y fueron sometidas sin excepción a tratos crueles, inhumanos y degradantes; si se tiene en cuenta que ante la actual Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, informa que no alcanza en el plazo establecido de seis meses –que vence el 17 de febrero 2011- a calificar los antecedentes de las 32 mil 500 personas que presentaron sus antecedentes; aparece con nitidez, la magnitud de la denegación de justicia: De un universo aproximado a las 60 mil personas reconocidas como víctimas del Terrorismo de Estado, solo 20 lograron sentencia condenatoria y una indemnización mínima equivalente a 20 mil dólares.
A esto debemos agregar algunos datos: Según las listas entregadas por el Ejército, sólo en el Estadio Nacional de Santiago –que fue habilitado como campo de prisioneros- entre septiembre y diciembre de 1973, pasaron mas de 50 mil personas. Si a eso le sumamos, las personas que estuvieron detenidas en los estadios regionales, en los barcos prisión de Valparaíso, en cárceles, cuarteles y Gobernaciones, regimientos, comisarías, etc., a lo largo de 17 años (la Comisión Valech
En las conversaciones con el Gobierno anterior, las organizaciones de Ex Presos y Ex Presas Políticas pidieron reiteradamente que se ampliara la cobertura jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior –que atiende solo casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos- para poder reclamar justicia ante los tribunales, por las torturas y malos tratos a los que fueron sometidos miles de detenidos. Los Gobiernos de la Concertación , alegaron siempre problemas de recursos para dotar de apoyo jurídico a las víctimas.
En reunión sostenida con Rossi Lamas, actual encargada del Programa -en enero de este año-, se le volvió a plantear el tema, pero la respuesta de esta funcionaria, fue “que su ámbito de acción estaba fijado por Ley, por lo que no estaba dentro de sus atribuciones ampliar la cobertura del Programa de Derechos Humanos”. Como a pesar de haber solicitado formalmente audiencia tanto a Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior, como a Sebastian Piñera Echeñique, actual Presidente de la República -sin que se hayan dignado responder- no sabemos cual es la actitud de este Gobierno respecto a la posibilidad de aumentar la cobertura jurídica a los Ex PP sobrevivientes.
Concordamos con la respuesta del Gobierno, en que el tema central es la Obligación del Estado de reparar a las víctimas de prisión política y torturas; y enfatizamos que en la medida que los autores, cómplices y encubridores, de este delito de lesa humanidad, no sean juzgados y sancionados como corresponde, no sólo no hay Reparación, sino que no hay Justicia. Y en este contexto, los organismos interamericanos son absolutamente competentes para conocer de violaciones ocurridas con posterioridad al 21 de agosto de 1990.
La propia Cancillería señala textualmente en la pagina 06 párrafo 2: “Es del caso precisar que la reparación requiere el esclarecimiento de los hechos, la identificación y sanción de los responsables, y el reconocimiento de lo sucedido por la autoridad; implica, en suma, asumir que es de responsabilidad del Estado reparar el daño causado de la forma mas integral posible.” Los que encabezamos esta demanda ante la Comisión Interamericana
En la Pág. 16, párrafo tercero, la respuesta hace mofa de la desmedrada situación en que se encuentran los miles de prisioneros sobrevivientes de la Dictadura , al señalar que: “…las víctimas no están impedidas de ejercer las acciones legales tendientes a perseguir la responsabilidad de quienes son responsables por los hechos que los afectaron…”
Como lo hemos expuesto, ante la propia Comisión Calificadora establecida por la ley 20.405 y ante la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, el acceso a la justicia en Chile, tiene costos que los ex presos políticos no están en condiciones de solventar; como muy bien lo sabe el Gobierno, lo que garantiza la impunidad de torturadores, cómplices y encubridores.
La respuesta gubernamental, hace ostentación de los montos destinados a reparar a diversos grupos de víctimas del Terrorismo de Estado que se ejerció en Chile desde 1973 hasta 1990.
Reconocemos la preocupación del Estado en los casos de detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos. Pero no es el caso de las y los sobrevivientes de prisión política.
Sin entrar en comparaciones odiosas, basta comparar los montos que aparecen en la pagina 17, para ver la diferencia entre lo entregado –sólo en el periodo 2000 a 2008- a familiares de 3 mil quinientos Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos (216 millones de dólares) y a los 28 mil calificados como Victimas de Prisión Política y Tortura (195 millones de dólares). Cabe señalar que el grueso de la Reparación económica a los beneficiarios de la Comisión Rettig
Si bien muchos ex presos políticos tienen también el carácter de retornados o exonerados políticos, estos no son el tema que dio origen a la denuncia ante la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y consideramos una maniobra distractiva homologar situaciones, políticas y montos.
Los denunciantes, lo mismo que las seis organizaciones de Ex Presos Políticos y Familiares que integran el Comando Unitario –contraparte oficial del Gobierno de Chile- sostenemos, que el tema reparatorio en Chile, solo se ha traducido en mínimos beneficios pecuniarios, como la pensión Valech, las becas de estudio y una atención de salud a nivel de indigentes a través del Programa PRAIS; pero en lo principal, hay una denegación sistemática de justicia, en lo que al esclarecimiento de los hechos, la individualización y sanción de los responsables se refiere.
Por ley, han puesto bajo llave por 50 años los testimonios que inculpan a instituciones y agentes del estado. La Corte Supremala Policía de Investigaciones (policía civil) y del Programa (jurídico) de DD.HH. del Ministerio del Interior, que jugaron un rol clave en la identificación, procesamiento y condenas de agentes del Estado, responsables de crímenes de lesa humanidad.
Valparaíso, 29 enero 2011.
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