miércoles, 6 de julio de 2011

NO A EMPRESARIO QUE PARTICIPO EN LA MUERTE DE 6 SINDICALISTAS EN 1973

Que sea retirado de su cargo Fernán Gazmuri como nuevo director de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), por su participación en la muerte de seis sindicalistas en 1973, es el objetivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), que se manifestó en el frontis de la institución. El empresario y segundo vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), fue elegido por el periodo 2011-2014. Según la ACHS, la elección de Gazmuri marca el inicio de una nueva etapa en su conducción, cuya reestructuración comenzó en octubre pasado con el alejamiento de su fundador y presidente por 52 años, Eugenio Heiremans. Según la AFEP, Fernán Gazmuri tiene responsabilidad en la retención de un grupo de trabajadores de la empresa Elecmetal por parte del interventor militar Patricio Altamirano. Los trabajadores, que salieron de allí esposados para ser entregados a un destacamento del Ejército y Carabineros, fueron encontrados muertos en diferentes partes de la ciudad. Alicia Lira, presidenta de la AFEP, explicó que Gazmuri aún no es llamado a declarar, pero dijo que esperan dejarlo en evidencia ante la opinión pública para que luego la ley se encargue de los delitos de lesa humanidad: “Hasta el momento, no (ha declarado), porque el proceso está en investigación, solamente están los testimonios de los hermanos Fernández Cuevas, donde dijeron que este personaje los retuvo comandado por la dictadura militar. Nosotros quisimos primero entregarlo así, a la opinión pública, a los trabajadores, y vamos a entregarlo ahora formalmente a la comisión de DD.HH. del Senado y Cámara de Diputados, pero también a los organismos pertinentes”, señaló. En la causa que lleva el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Luis Zepeda, se encuentran registrados los testimonios de familiares de los hermanos Fernández Cuevas que dan cuenta de la participación culposa de Gazmuri. La AFEP llamó a que Fernán Gazmuri no siga gozando de total impunidad, como parte de la verdadera democracia que debiese existir en el país, además de no ostentar ningún cargo público porque está ética y moralmente inhabilitado. Lorena Cruzat