LOS DERECHOS HUMANOS VIVEN

Para muchos con esto se salda una deuda pendiente con Cerda, cuya figura ha sido destacada en los procesos contra violadores a derechos humanos durante la dictadura. Este miércoles, se llevó a cabo la ceremonia de juramento de Carlos Cerda Fernández, quien con ello se incorpora como ministro de la Corte Suprema. El presidente del máximo tribunal del país, Sergio Muñoz, se mostró satisfecho señalando que Cerda “ha nacido para ser y será uno de los mejores jueces de la República” que llega a dicha instancia. El arribo de Cerda, de 70 años, al máximo tribunal fue respaldado el pasado 15 de abril por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y más tarde la Sala de la Cámara Alta dio 30 votos a favor y dos abstenciones. Para muchos con esto se salda una deuda pendiente con Cerda, cuya figura ha sido destacada en los procesos contra violadores a derechos humanos durante la dictadura. Y es que si bien el nuevo miembro de la Corte Suprema ha procesado a más de 40 personas por la desaparición de militantes socialistas, en 1986 fue suspendido por negarse a dictar sobreseimiento en el caso Comando Conjunto, instancia en la que sometió a proceso al ex comandante en jefe de la FACh, Gustavo Leigh. También investigó el enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet en el caso Riggs y llegó a procesar a su viuda, Lucía Hiriart, a sus cinco hijos y a militares del entorno familiar.Para muchos con esto se salda una deuda pendiente con Cerda, cuya figura ha sido destacada en los procesos contra violadores a derechos humanos durante la dictadura. Este miércoles, se llevó a cabo la ceremonia de juramento de Carlos Cerda Fernández, quien con ello se incorpora como ministro de la Corte Suprema. El presidente del máximo tribunal del país, Sergio Muñoz, se mostró satisfecho señalando que Cerda “ha nacido para ser y será uno de los mejores jueces de la República” que llega a dicha instancia. El arribo de Cerda, de 70 años, al máximo tribunal fue respaldado el pasado 15 de abril por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y más tarde la Sala de la Cámara Alta dio 30 votos a favor y dos abstenciones. La investigación de la causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar no tienen plazos de término, dijo el presidente de la Corte Suprema, durante una reunión con representantes de organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria. Los representantes de Londres 38, la Casa de Memoria José Domingo Cañas, la Corporación Vila Grimaldi, la Comisión Ética Contra la Tortura, el Centro Verdad y Justicia y el Colectivo 119, Familiares, Amigos y Compañeros, fueron recibidos por el alto magistrado en su despacho, quien ante la consulta respecto a las investigaciones que actualmente llevan los tribunales y lo señalado recientemente por la fiscal Beatriz Pedrals, al presentar 726 nuevos requerimientos de investigación,  respecto a la necesidad de “un horizonte de término” de estos procesos, puntualizó que para los jueces lo importante es “avanzar en las investigaciones” y que no hay ninguna orientación en el sentido de establecer  plazos para el término de éstas. El objetivo de las agrupaciones fue hacerle presente al alto tribunal su preocupación por los cambios en la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, los despidos en el Programa de DDHH del Gobierno, la demora de este mismo programa en hacerse parte en más de medio centenar de procesos por ejecutados políticos, así como las recientes informaciones sobre la permanencia en altos cargos de las FFAA de oficiales que estuvieron en los organismos represivos, como la DINA y la CNI.  El presidente del máximo tribunal destacó la importancia de la labor de los organismos auxiliares de la justicia y la disposición del Instituto Médico Legal, cuyo director lo visitó recientemente para reiterar la disponibilidad del servicio que dirige para colaborar con las nuevas investigaciones. Ante la preocupación manifestada por las agrupaciones ante el virtual desmantelamiento de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, señaló que el director de la PDI le había manifestado  que los recientes traslados no afectarían el compromiso de la institución con las tareas relacionadas con las causas criminales.