GRANDE CAMPEON

Por orden del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, equipos antimotines de Gendarmería desalojaron a los cuatro miembros de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados que habían decidido permanecer al interior de la cárcel de Temuco, y unirse a la protesta de los prisioneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre desde hace dos meses.
Según las primeras versiones los diputados, que ya habían iniciado también su propia huelga de hambre, habrían puesto algún grado de resistencia a su expulsión.El grupo de legisladores, compuesto por Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Aguiló, Manuel Monsalve (PS) y Tucapel Jiménez (PPD), según un testigo (un dirigente regional del PC) habrían decidido “in situ”, tras constatar el mal estado físico de los prisioneros, sumarse al ayuno, pidiendo el establecimiento de una mesa de diálogo entre el gobierno y los familiares de los presos.Tras conocerse la decisión, esta fue duramente criticada por sectores de la DC, la Alianza y altos funcionarios de gobierno. Incluso parlamentarios de la UDI anunciaron que estaban estudiando pedir la destitución de sus colegas, aduciendo la Constitución del 80 (Artículo 60)que impide a los legisladores involucrarse en cualquier conflicto social o estudiantil, alterar el orden público o abogar por un cambio del orden jurídico institucional.Gendarmería, al momento de iniciar el desalojo, ya tenía preparado un comunicado explicando la medida. El texto argumenta razones reglamentarias: “El actuar de los diputados al negarse a abandonar el establecimiento y permanecer más allá de las horas de visita permitidas, infringe las disposiciones básicas de nuestra legislación y reglamento penitenciario, que como se ha indicado, regulan perentoriamente las personas llamadas a permanecer en los establecimientos penitenciarios y las modalidades de visita (…) el actuar de los diputados altera el normal ejercicio de la función pública de Gendarmería de Chile, cual es vigilar y atender a las personas privadas de libertad, por cuanto con esta actitud ponen en riesgo la seguridad integral del establecimiento e infringen las normas legales y reglamentarias, las cuales no les permiten a ellos decidir por su sola voluntad el quedarse indefinidamente en dicho establecimiento”. Los prisioneros mapuches se definen a sí mismos como presos políticos, al estar privados de libertad en virtud de la ley antiterrorista en vigencia desde la dictadura de Pinochet. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la falta de un debido proceso en los juicios a los que fueron sometidos.