El Ejército
destina mensualmente varios millones de pesos para pagar sueldos a ex agentes de los organismos represivos de
la dictadura de Augusto Pinochet que figuran en sus plantillas como
personal "a honorarios", según se puede comprobar en la página
institucional de esa rama castrense. La situación se contradice con lo que declaró en
septiembre de 2009 el entonces comandante en jefe, general Oscar Izurieta, actual subsecretario de Defensa, a la
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que a esa fecha "no quedaban" ex agentes
recibiendo pagos del Ejército.
Según aparece en la página institucional del
Ejército correspondiente a 2013, reciben pagos mensuales los coroneles
retirados y vueltos a contratar Patricio
Zambelli Restelli y Hugo Acevedo Godoy, y el ex suboficial Eugenio Álvarez
Gonzalez, todos ellos ex agentes de la DINA.
También reciben pagos mensuales los ex agentes
operativos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA, Nazario Aracena Robles, Iván Droguett Ruiz y
Nora Carreño Barrera.
Ninguno de ellos figura
hasta ahora condenado o procesado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que cumplieron funciones operativas en brigadas
vinculadas a crímenes, lo que han negado en sus declaraciones judiciales.
EL CASO DE GONZALO
SANTELICES
Quién sí está encausado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en
Antofagasta en octubre de 1973, es el general
retirado Gonzalo Santelices Cuevas quien recibe una remuneración
mensual 1.670.000 pesos como "asesor del
Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)". Santelices no perteneció a la DINA o a la CNI,
pero estando al mando de la Guarnición Militar de Santiago, en febrero de 2008
fue dado de baja del Ejército por el Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, tras la publicación de un reportaje en el diario La Nación que
incluyó su declaración judicial, prestada en septiembre de 2002, admitiendo su
participación en ese crimen. Santelices declaró que la noche del 18 de octubre
de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way en
las afueras de esa ciudad. Con personal bajo su mando, formó a los presos
para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general
Sergio Arellano los asesinara. Después subió los cuerpos a los camiones y los
dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus
familiares.
LOS PAGOS
Patricio Zambelli
Restelli recibe del Ejercito 1.300.000 mensuales como "asesor
de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Según una declaración judicial de mayo de 2010,
Zambelli es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de
prisioneros Villa Grimaldi "junto a Miguel Krassnoff" mientras allí
se torturaba y asesinaba a prisioneros.
En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la
DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina
del partido Comunista, que finamente fueron asesinados en otro cuartel del
organismo (Simón Bolívar).
Hugo Acevedo recibe 750.000 pesos mensuales
como "asesor de proyectos
estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo".
En la DINA Acevedo integró la Brigada
"Rengo" y después pasó a la CNI, donde cumplió funciones operativas
hasta el fin de la dictadura, en 1990.
Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA
y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos (unos
660 dólares) como "asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento
del Ejército".
El ex
teniente coronel Nazario Aracena, antiguo agente operativo de la CNI,
gana 787.000 pesos mensuales como "supervisor de Seguridad del
Estado Mayor General del Ejército".
Nora Carreño, ex agente operativa de la CNI, gana al mes 660.000
pesos como "asesora de
la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago", mientras Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como "asesor del Estado Mayor General del Ejército".
"INDIGNANTE"
Jorge Tarud (PPD), miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados,
consideró "indignante" la situación y dijo que el comandante en jefe del Ejército, general Juan
Miguel Fuente-Alba, y el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, serán citados por dicha comisión, "para
dar explicaciones al país".
Consideró además que los ex agentes deben ser cesados
de inmediato de sus funciones.
La agrupación de Ex Presos Políticos de Iquique (Anexpp-Iquique) apoya a Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien señaló que con esta información queda
claro que el Ejército sigue comprometido con quienes violaron los derechos
humanos bajo la dictadura.
Anexpp-Iquique declara que lo grave es que el
Ejército atentó contra una institución de la democracia, como es la Comisión de
Defensa de la Cámara de Diputados, al afirmar en 2009 su comandante en jefe,
general Izurieta, que a esa fecha no quedaban ex agentes financiados por el
Ejército. Ahora vemos que no es verdad.
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