NUEVA FICHA SOCIAL

En el contexto del actual proceso eleccionario, la eventual entrada en vigencia de la nueva Ficha Social –que reemplazaría a la Ficha de Protección Social (FPS) puesta en marcha en 2007– ha estado al centro de opiniones cruzadas entre el gobierno y la oposición. El debate ha permitido poner arriba de la mesa ideas y posiciones diversas, alcanzando la cima más polémica al entrar en la discusión ministros de Estado de la anterior y actual administración. Incluso el vespertino La Segunda señaló, en un reciente editorial, que si el país se inclinaba por asignar los beneficios mediante otro sistema –una categorización–  equivalía a asumir que optó por el camino de los derechos sociales que pondría “una fuerte presión sobre el gasto fiscal en el mediano plazo y funciona bajo el supuesto de que la prosperidad del país está asegurada”. Desde la FSP queremos profundizar en el debate de fondo: una nueva mirada sobre la pobreza, de lo asistencial a lo promocional. Al margen de lo candente del ambiente ante un escenario de medición de fuerzas políticas, lo cierto es que las reformas siempre abren controversias, y lo importante del proceso es enriquecer las posturas sin perder de vista a quienes en este caso serán los involucrados centrales: las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por ello, hay que tener mucho cuidado con los exitismos que algunos han planteado en esta área. La buena  focalización no es patrimonio de una sola forma de ver la realidad y menos de un sólo tipo de instrumento, sostener lo contrario sería absurdo. De hecho, el cambio de Ficha CAS1 a CAS2 y luego a Ficha de Protección Social, tiene que ver con los problemas que presentan estos métodos. No existe ningún instrumento de medición conocido que pueda detectar, con toda fiabilidad, quién es pobre y quién no lo es.  Podemos indagar la presencia del fenómeno, pero resulta una aberración no sólo conceptual sino también metodológica decir que poseemos un instrumento que permita discriminar con exactitud vivencias dinámicas, sinérgicas, complejas y multidimensionales como la pobreza. Por lo tanto, para iniciar una discusión seria sobre el tema de la focalización social en Chile, se debe evitar en la conversación el uso de consignas como la persecución de los falsos pobres. No estamos en el siglo XIX, donde esta discusión se dio y resolvió erradicando dichas nefastas denominaciones de la política pública. Todos los sistemas de focalización generan problemas de inclusión y exclusión, que van mucho más allá del eventual falseamiento de los datos, por lo que personas que debieran recibir apoyo no lo reciben y personas que no parece tan razonable que los reciban han logrado obtenerlos, y estos fenómenos no pueden ser confundidos con falseamiento y menos aun cuando hablamos de una experiencia tan compleja como la pobreza. Cuando hablamos de focalización, hacemos referencia a cómo el Estado reacciona ante las invocaciones de apoyo de la población, ante situaciones emergentes, permanentes o eventuales de pobreza y vulnerabilidad. Hoy la Ficha de Protección Social (FPS) es parte de un sistema y enfoque de focalización individual/familiar, que surge y se consolida históricamente, en un contexto de crisis económica, al comienzo de los años 80, para la entrega de subsidios monetarios y otras ayudas de emergencia. En términos técnicos, la estrategia seguida por Chile avanza desde sistemas de comprobación simple a sustitutiva de la información autorreportada por las personas (encuestaje). Estas alternativas técnicas, exigen la “demostración de pobreza o miseria” por parte de quienes solicitan apoyo del Estado. Implica un modo de conversación ensayado por 30 años entre el Estado y las personas afectadas, que ha generado (acumulativamente) efectos subjetivos muy negativos. Por un lado, la relación de las personas con el Estado ha generado desde sentimientos de frustración, inseguridad, invisibilización, hasta impotencia, persecución y desafiliación. Asimismo, ha obrado en una dirección contraria a la promoción social, toda vez que este ejercicio ha implicado para las personas en vulnerabilidad sentimientos de devaluación social y autoimágenes empobrecidas de sí mismos. Según los estudios de Voces de la Pobreza y Umbrales Sociales 2013, para los destinatarios, el concepto de pobreza y vulnerabilidad que la FPS encierra no sería capaz de capturar dimensiones dinámicas, subjetivas y emergentes que condicionan la experiencia de la pobreza. Asimismo, todo progreso obtenido por las familias representa un aumento de puntajes y pérdida de apoyos, en circunstancias que no es muy claro que su nueva (y mejor) situación los deje en condiciones de enfrentar sus proyectos y necesidades de manera autónoma. El fichaje ha poblado casi todos los intersticios de la política social, siendo solicitado para los más impresionantes temas como: la exención de los costes de la Defensoría Penal Pública, acceso al Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles, recibir ayudas médicas o, inclusive, para enfrentar no sólo carencias sino también desafíos, como el desarrollo de emprendimientos Fosis o Indap, o postular a beneficios económicos para cursar educación superior, etc. Son más de 100 los programas que hemos detectado que usan este sistema sin existir claridad de que aquello guarde relación con sus objetivos, en especial, frente a programas que actúan sobre una determinada comunidad en su conjunto y no sólo con familias o individuos. La Ficha ha sido usada tan extensiva y excesivamente, que hoy empieza a ser utilizada también por el sector privado, como referente para desarrollar acciones de bienestar. De esta manera, podemos afirmar que estamos enfrentados a una enorme ampliación de los efectos subjetivos y objetivos (negativos) del encuestaje. Además, al ser un método de focalización familiar/individual, provoca perjuicios en el capital social de las comunidades, en razón que genera sentimientos de desconfianza y competencia entre los propios vecinos, en especial cuando obtienen  puntajes diametralmente diferentes y unos quedan dentro y otros fuera de ciertas políticas e intervenciones, pese a que viven realidades socioresidenciales y culturales muy similares. Esta segmentación es absurda, innecesaria y perjudicial para superar pobreza. La demostración de miseria encierra un profundo acto de indignidad, toda vez que se abusa de su uso como única puerta de entrada para obtener accesos y apoyos. Como el instrumento no se adapta a sus necesidades y desafíos cambiantes, sinérgicos de las personas, éstas se ven obligadas a adaptar su realidad a lo que este instrumento es capaz de detectar. Esto llega al extremo que la ficha no cuenta entre sus preguntas “para qué se está solicitando su aplicación”, lo que pone en evidencia el bajo interés que esta información tiene para el sistema, pese a ser de enorme importancia para construir o definir la estrategia de apoyo. Por eso la Fundación Superación de la Pobreza propone minimizar la focalización social basada en la estrategia comprobación simple o sustitutiva y avanzar a comprobación administrativa y formas categóricas, en concordancia con lo señalado por organismos internacionales. Asimismo, deben ser implementados sistemas de diálogo con los afectados, basados en cuestionarios que lejos de exigir demostrar miseria, logren visibilizar, valorar y movilizar los propios recursos que las personas y comunidades han acumulado. Para ello, debemos modificar el sistema de apoyos al que se accede, poniendo al centro de los esquemas de apoyo estatal cuestiones de orden promocional y complementar con cuestiones asistenciales. También es clave que evolucionemos a esquemas de trabajo colectivo, donde el Estado favorezca la entrega de apoyos a comunidades como un todo, donde existen familias e individuos.  Este tipo de acción debe estar disponible no sólo para la extrema pobreza, también deben ser incorporadas aquellas familias y comunidades en pobreza no extrema y sectores medio-bajos. En efecto, actuar sobre los problemas de la clase media no es contradictorio con la superación de la pobreza, por el contrario, es fundamental para completar el proceso de resolución del problema. Lo anterior, en especial, si se toma en cuenta que amplios sectores de la mal denominada clase media, viven o forman parte del fenómeno de la pobreza transitoria, que han revelado los propios estudios que ha hecho el Estado a través de Mideplan (actual MDS). Por último, señalar que la propuesta de Umbrales Sociales Garantizados y el enfoque de derechos sociales, no es contradictoria con prácticas de focalización. Sostener lo contrario es un error. Lo que ocurre es que, en efecto, dicho enfoque exige que las formas de focalización no caigan en discriminaciones arbitrarias e intolerables, que las políticas no se centren en sólo incrementar las “tenencias” de las personas, sino que se preocupen por que las personas puedan realmente “hacer lo que hemos acordado que todos debemos poder hacer”, es decir, educarnos de forma adecuada, vivir saludablemente, trabajar en forma y condiciones, habitar de manera digna e integrada, etc. Indudablemente, aquello no se logra abusando de la entrega de bonos. Los Umbrales Sociales Garantizados pueden y deben implicar una mayor focalización de esfuerzos estatales en aquellos que exhiben más dificultades para “hacer” (educarse, trabajar, habitar, sanar), pero el método de focalización escogido debe ser congruente con un trato digno, comprensivo, centrado en la promoción y el empoderamiento de las personas.