ONU pide a Chile más coordinación para investigar desapariciones en dictadura

Un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) reclamó este martes al gobierno de Chile que aplique políticas coherentes y coordinadas para investigar las desapariciones forzadas que se perpetraron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El organismo internacional escogió el patio 29 del Cementerio General de Santiago, donde se ubican más de 2.000 tumbas de víctimas del régimen militar, para presentar las conclusiones preliminares de un informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias (GTDFI) en Chile. Dicho informe, redactado por cinco analistas independientes de la ONU, constató un avance “importante” en materias como la justicia, la verdad, las reparaciones y la memoria, si bien señaló que las autoridades chilenas deben mejorar las políticas para investigar las desapariciones forzadas. “Vimos que estos avances se han dado sin que exista una política coherente del Estado chileno, sin que exista una política sistemática del Estado”, denunció el argentino Ariel Dulitzky, miembro del GTDFI. Dulitzky explicó las conclusiones del informe junto a la abogada bosnia, Jasminka Dzumhur, en una comparecencia en la que también asistieron familiares de detenidos y desaparecidos de la dictadura. “Gran parte de las iniciativas que nosotros vimos han surgido por el esfuerzo de las asociaciones de familiares y por la iniciativa de organizaciones del Estado que muchas veces no trabajan de manera coordinada”, argumentó Dulitzky. Durante la dictadura, 2.279 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 están en condición de detenidos desaparecidos, según estableció en 1991 el informe Rettig. Así, 22 años después del término de la dictadura, los analistas del GTDFI visitan Chile por primera vez para examinar las principales iniciativas emprendidas por el Estado chileno sobre cuestiones relativas a las desapariciones. La lentitud en los procesos judiciales, la permanencia de la jurisdicción militar incluso para casos de violaciones de derechos humanos y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas son algunos de los puntos que las autoridades de Chile deben mejorar, aseguraron los expertos de la ONU. Asimismo, denunciaron la persistencia de la Ley de Amnistía de abril de 1978, promulgada en plena dictadura militar para favorecer a los violadores de los derechos humanos. “El Gobierno chileno debe eliminar el decreto ley de amnistía. Es muy importante que la conjunción del legislativo y el ejecutivo confluya para decir que la desaparición forzada es un delito que no puede ser amnistiado”, argumentó Dulitzky. El informe aplaudió, en tanto, el nombramiento de jueces de dedicación exclusiva para investigar desapariciones, si bien matizó que los procesos judiciales avanzan de manera muy lenta. Entre ellos destaca la Comisión Valech, reabierta en 2010 y que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos durante la dictadura de Pinochet. Además de investigar casos de prisión política y tortura, como ya hizo en 1990, dicha comisión amplió su campo de trabajo a denuncias por desaparición forzada y ejecución política. “Creemos que a 40 años de las primeras desapariciones, los procesos avanzan de manera muy lenta. Se tienen que nombrar más jueces en dedicación exclusiva”, aseveró el analista argentino. Las conclusiones del GTDFI fueron escuchadas por una decena de miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes explicaron a Efe que el informe apunta lo que la asociación viene denunciando en los últimos 20 años. “Las heridas no se cierran. Han pasado 40 años y las heridas siguen abiertas porque no hay verdad y no hay justicia. Seguimos sin encontrar los restos de nuestros familiares”, enfatizó Gabi Rivera, dirigente de la agrupación e hija de Juan Luis Rivera, dirigente sindical desaparecido en 1975. Las conclusiones finales del informe serán entregadas al Gobierno de Chile en noviembre de este año, para posteriormente ser presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2013.