Una elite
sorda, que vive obsesionada en las ganancias de una pasada económica es lo más
nocivo para la democracia, pues la hace incapaz de calcular el valor de los
intangibles que otorgan a sus negocios las buenas instituciones y la buena
política. Más perjudicial aún es que una parte de ella actúe convencida de
estar más allá de la igualdad ante la ley, cubierta por impunidad social, como
si ello fuera parte del orden natural de las cosas.
Donde eso
sucede, la sociedad alumbra un origen lumpen, de empresarios incultos, que no
escuchan ni analizan la ecología social de sus negocios, y hacen caso omiso de
valores éticos, reglas del juego, igualdad ciudadana o respeto de la ley. La
crisis del Grupo Penta es un ejemplo de esto. Es verdad que golpea frontalmente
a la idea de impunidad, pero deja profundas evidencias de lumpen-empresariado y
lumpen-política, y alumbra la idea de una crisis de proporciones del modelo
económico que rige el país, y los fundamentos políticos que lo sostienen. Parece
evidente que el financiamiento ilegal de la política salido a la luz no es un
caso aislado sino una práctica corriente para financiar a “los muchachos” por
fuera del marco legal. Dados los vínculos de interés entre política y
negocios y la promiscuidad de una economía de asociación público-privada con
muy bajos controles, es propio pensar en el canje de favores o sospechar que la
captura de las decisiones políticas del Estado resulta un negocio rentable para
los corruptores. Con todo, parece que la elite se niega a admitir que el
escenario político y social cambió en materia de estándares sobre lo permitido
y lo ilegítimo en los últimos tres años. Lo que ayer era astucia empresarial o
trabajo de lobbistas, hoy es un acto repudiable para la ciudadanía,
y los asesores de imagen ya no pueden apostar al empate político y al manejo de
la prensa, y se ven obligados a recomendar a sus clientes colaborar con la
justicia. De esta colaboración, si efectivamente es tal, pueden salir a la luz
datos que pongan transparencia sobre hechos y temas que hemos sostenido
permanentemente en nuestros editoriales los últimos años, motivados en su
mayoría por la seguidilla de escándalos que conmovieron al sistema financiero,
al retail, los temas ambientales en el pasado reciente y la total
impasibilidad efectiva de la política, más allá de la retórica del momento.
Es esa
sordera persistente lo que hoy aumenta el tono de crisis frente a temas que
debieran haberse controlado a tiempo:
“El
empresariado nacional debiera tener la sensibilidad suficiente para percibir
que los hechos anómalos que han golpeado el sistema financiero nacional el
último tiempo constituyen una bomba de tiempo para la credibilidad y
legitimidad de todo el sistema financiero. Y entender que entorpecer las
investigaciones que, en muchos casos obligada por la evidencia pública de los
hechos, lleva adelante la autoridad regulatoria es literalmente dispararse en
los pies”. “Si el funcionamiento del mercado deja en evidencia una
concentración de operaciones y actividades al borde de la legalidad, con gran
amparo de vínculos familiares o de negocios y una malla de poder con
ramificaciones políticas a todas partes, significa que los empresarios están
horadando su propia base de poder en un escenario de cambio” El
Mostrador Marzo 2015
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