miércoles, 7 de agosto de 2013

CONSEJO DE DEFENSA Y EL CASO RIGGS

Después de nueve años de trabajo, acumulados en 388 tomos de indagaciones, el ministro chileno Manuel Valderrama ha decidido cerrar el sumario del llamado caso Riggs sin inculpar a ningún familiar de Augusto Pinochet.  La investigación pretende determinar el origen de la fortuna de más de 28 millones de dólares del dictador que se tomo el poder y gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 que mantenía 128 cuentas secretas en el desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos.
El caso se inició en 2004 cuando una subcomisión del Senado estadounidense, que investigaba la financiación terrorista tras los ataques al Pentágono y al World Trade Center en 2001, descubrió el dinero en distintas cuentas inscritas con nombres falsos, como Daniel López o John Long, lo que sacó a la luz pública el periódico The Washington Post.
Se confirmó los procesos contra seis oficiales retirados del ejército por el delito de malversación de fondos públicos. Se trata de los generales Jorge Ballerino (John long) y Ramón Castro( Daniel López) quienes presuntamente abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs: banco que tras varios escándalos corporativos y problemas de administración se fusionó en 2005 con la compañía PNC Financial Services.
Sergio Moreno general retirado, que habría traspasado a las cuentas de Pinochet 23.721 dólares que correspondían a gastos reservados del Ejército.
Eugenio Castillo, Juan MacLean y Gabriel Vergara, coroneles retirados, secretarios privados que ejecutaron diversas gestiones para ocultar dinero y transferirlo a Pinochet, Todos los militares podría ser condenados a penas que van desde los cinco hasta los diez años de prisión. 
Margarita Ananías Kuncar, sargento de ejército, secretaria personal de Pinochet declarada imputada en el delito de declaración de impuestos maliciosamente incompleta o falsa, por cuanto ella había sido la persona que le entregaba los antecedentes al contador Eduardo Romero para que hiciera las declaraciones de renta de Pinochet. También tenía en su poder cuatro pasaportes falsos usados por Pinochet para manejar sus cuentas en el extranjero.
Verónica Rencoret, funcionaria de planta (sargento) del ejército, secretaria, trabajo junto a Margarita Ananías en el piso 22 del edificio Diego Portales. Hasta el año 2012 secretaria del ex alcalde de Providencia Cristian Labbé.
El año 98, al mismo tiempo que Pinochet dejaba la comandancia en jefe, Ananías renunció al Ejército con el grado de sargento. Sin embargo, el general Ricardo Izurieta la recontrató en la planta civil de la institución para que siguiera colaborando con Pinochet. Desde entonces recibe su jubilación y el sueldo del Ejército. 
Ananías ha declarado al juez que los documentos girados a su nombre o que ha cambiado fueron "por encargo directo de Augusto Pinochet" y que ha cobrado y entregado personalmente tales dineros. Es que Ananías fue mucho más que una secretaria para Pinochet. Con el tiempo se transformó en su asistente personal, a quien no sólo le entregó poderes para manejar sus cuentas tanto en Chile y en el extranjero, y controlar información sobre sus movimientos financieros, como consigna el informe del Senado estadounidense sobre las cuentas secretas de Pinochet en el Riggs 
Oscar Aitken Lavanchy, representante de las sociedades de Pinochet con acciones al portador para realizar inversiones y percibir sus ganancias no declaradas
        José Sobarzo, contador de las sociedades de Pinochet, muy ligado a Oscar Aitken.
Las primeras indagaciones determinaron que Pinochet llegó a tener 125 cuentas bancarias secretas en el Riggs con unos 27 millones de dólares, los cuales no fueron justificados en su origen. Los abogados de la acusación, Carmen Hertz y Alfonso Insunza, dijeron que estaban evaluando pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias, para lo que tienen 15 días. Es el mismo plazo que tienen los abogados defensores de los seis militares procesados y el Consejo de Defensa del Estado, entidad que –según el periódico El Mercurio– estudia presentar una demanda civil contra la familia.