Después de un largo recorrido
judicial, finalmente el 30 de enero la Tercera Sala de la Corte Suprema debería
aprobar el acuerdo conciliatorio entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y
la familia de Estela Ortiz, para el pago de una indemnización por 120
millones de pesos por el daño moral causado por agentes del Estado tras la
detención y desaparición del ex secretario general del PC en la clandestinidad
y padre de aquella, Juan Ortiz Letelier, en diciembre de 1976. Eso, luego que
el Presidente Sebastián Piñera optara por dar el visto bueno a la negociación y
autorizar el pago que debe hacer el Fisco, revirtiendo así el rechazo explícito
del Ministerio de Hacienda.
Así
consta en las transcripciones de las actas de la audiencia que se realizó el
lunes 30 de diciembre en el Palacio de Tribunales, cuando se realizó el
comparendo de conciliación. El abogado del Fisco, Alfredo Larreta, explicó al
tribunal que el presidente del CDE, Sergio Urrejola, “le informó con esta fecha
que la transacción habría sido aprobada por el Presidente de la República”.
Urrejola
hizo gestiones personales ante el Mandatario para destrabar el caso. Fue
necesario, porque después que se llegó a un acuerdo entre la familia Ortiz y el
CDE, el visto bueno del Ministerio de Hacienda fue dilatado durante casi un
año, a pesar de que los montos le fueron informados oficialmente al titular de
dicha cartera, Felipe Larraín, en septiembre del 2012.
En
Hacienda no se vio con buenos ojos el acuerdo, razón por la cual formalmente
rechazó la transacción en septiembre, justo en la misma semana en que toda la
agenda política del país, impulsada por el propio Piñera, estaba marcada
transversalmente por la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar y toda
la clase política hablaba de respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
El
ministro subrogante, Julio Dittborn (UDI), a través del oficio 2149 con fecha
13 de septiembre del 2013, notificó al CDE “la decisión de no aprobar dicha
transacción, considerando el precedente que podría sentarse en contra de la
solidez de los argumentos presentados por ese Consejo de Defensa del Estado,
que se sustentan en la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema,
según fundamentos expuestos en el oficio de la Dirección de Presupuesto” y
añadió que “no se advierte que la transacción resguarde de la mejor manera los
intereses del Fisco que los argumentos fundantes del recurso de casación en
actual tramitación”.
Ese
oficio fue en respuesta a la insistencia del CDE –a través de la presidenta (s)
Clara Szczaranski–, en agosto del año pasado, para conocer el estado en que se
encontraba la tramitación del visto bueno, ante la cantidad de meses
transcurridos sin respuesta. En el oficio, Szczaranski le recordó al ministro
Larraín que el Consejo, en su sesión del 23 octubre del 2012, había aprobado el
pago de indemnización en la causa “Ortiz Rojas, María y otros”, rol nº
5.341-03.
Una
vez formalizado el rechazo de Dittborn, el 26 de septiembre el CDE solicitó
formalmente a Hacienda que reconsiderara su decisión y, en paralelo, informó en
el mismo oficio que Urrejola “había solicitado una audiencia” con el Presidente
Piñera para pedir que su gobierno recapacitara en este caso.
No
son montos cuantiosos. La indemnización implica 50 millones de pesos para María
Estela Ortiz y otros 50 millones para su hermana María Luisa, 10 millones para
la pareja de Juan Ortiz al momento de su desaparición, María Luisa Azócar
García, y cinco millones para cada uno de sus nietos que fueron parte de la
demanda, Manuel Antonio y Sebastián Ortiz Ossandón.
El
periplo
La
familia de Ortiz interpuso, en agosto del 2003, ante el Primer Juzgado Civil de
Santiago, la demanda contra el Fisco por el daño moral que produjo la detención
de Ortiz Letelier, cuya desaparición es parte del llamado “Caso de los 13” y de
la operación “retiro de televisores” que desplegó la dictadura en 1979 para
ocultar los restos de las víctimas, después que fueron descubiertos los
cadáveres de quince campesinos en los hornos de Lonquén. En el año 2007, el
tribunal rechazó la demanda argumentando prescripción.
Sin
embargo, en marzo del 2010, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó ese
fallo adverso, rechazó la prescripción establecida inicialmente y acogió la
demanda, condenando al Fisco al pago de indemnización por montos casi idénticos
a los que finalmente se establecieron en el acuerdo conciliatorio. En el fallo
del 2007, la Corte otorgaba 20 millones y no sólo 10 a la pareja de Ortiz y se
consideraban 10 millones adicionales para la hermana del dirigente comunista,
María Elena, quien a estas alturas, sin embargo, se encuentra fallecida.
Con
esta resolución del tribunal de alzada, el Fisco interpuso un recurso de
casación en el fondo –al que apeló Dittborn para rechazar el pago– en que se
argumentaba que esta acción civil vulneraba las normas de derecho por
encontrarse prescrita. Dos años después, en el 2012, el CDE optó por llegar a
un acuerdo, basado en que las actuaciones procesales de los actores
involucrados en el proceso eran suficientes para producir la interrupción de la
prescripción de la acción civil.
Desde
entonces han sido muchos los oficios y audiencias en la causa de Ortiz, como
las ocurridas el 5 de agosto, el 18 de noviembre y el 17 de diciembre del 2013,
donde quedó establecido que sólo faltaba la respuesta de Hacienda para lograr
que se concretara el pago del acuerdo, que no había respuesta de las peticiones
de reconsideración y de las gestiones con Piñera para cambiar la respuesta del
gobierno.
El
caso de Ortiz es de aquellas causas emblemáticas en materia de Derechos
Humanos. No sólo por las circunstancias de su detención y muerte, sino también
por los hechos que rodearon su hallazgo y posterior identificación.
El
padre de Estela Ortiz –estrecha amiga y colaboradora de la Presidenta electa
Michelle Bachelet– es uno de los cuatro detenidos desaparecidos que fueron
enterrados en el fondo de una mina en la Cuesta Barriga y que, a pesar de que
fueron arrojados al mar, los restos de osamentas que quedaron en el lugar
permitieron el trabajo de identificación que realizó el Servicio Médico Legal.
Junto
a de los dirigentes comunistas Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda y el militante
del MIR Ángel Guerrero Castillo, Ortiz finalmente fue identificado con certeza
por el SML en julio del 2012.
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