BUSCAN TUMBA CLANDESTINA

Buscan tumba clandestina de militante PS en Mapocho
Los antecedentes que posibilitaron esta búsqueda fueron aportados por dos ex agentes de la
Brigada Lautaro de la DINA al ministro Víctor Montiglio en su indagatoria por el caso Calle Conferencia y el cuartel clandestino de Simón Bolívar.
Buscan tumba clandestina de militante PS en Mapocho. La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones trabaja desde esta semana en un sector cercano al Puente Mapocho que se ubica en la ruta 68 camino a Valparaíso, zona conjunto habitacional Lomas de Lo Aguirre, con el fin de intentar dar con el lugar donde estaría sepultado clandestinamente el militante socialista Miguel Enrique Rodríguez Vergara.La policía trabaja con dos antropólogos en calidad de peritos designados por el tribunal que investiga la desaparición de este detenido desaparecido. La causa está en manos del ministro Joaquín Billard.Los antecedentes que posibilitaron esta búsqueda fueron aportados por dos ex agentes de la Brigada Lautaro de la DINA al ministro Víctor Montiglio en su indagatoria por el caso Calle Conferencia y el cuartel clandestino de Simón Bolívar, donde fueron exterminadas dos direcciones clandestinas del partido Comunista en 1976.El comerciante socialista, padre de ocho hijos, fue detenido por dos agentes hombres y una mujer el 17 de noviembre de 1975 en su domicilio de calle San Pablo 5470, y conducido a Villa Grimaldi. De acuerdo al relato de los dos agentes, Rodríguez se les murió en la tortura y recibieron la orden de sacar el cuerpo y sepultarlo clandestinamente en algún lugar, eligiendo según estos el sitio donde ahora se busca los restos. Esta vez el cuerpo no fue arrojado al mar, destino que tuvo la gran mayoría de los detenidos cuyos cuerpos desaparecieron para siempre en el fondo del mar.En la búsqueda también participan abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Joege Escalante La Nacion 28/08/2008

CASO RIGGS

Jueza libera fondos incautados a Pinochet y evita remate de sus propiedadesLa decisión fue adoptada por la ministra (s), Helga Marchant, quien a su vez es académica de la Escuela de Derecho de la Universidad del Desarrollo, donde PABLO RODRIGUEZ, el abogado Lucía Hiriart, viuda del ex dictador, ES EL DECANO. La Tesorería deberá enviar ahora un informe señalando a cuánto asciende la deuda.
LA MINISTRA (s) Helga Marchant, resolvió liberar los fondos a Lucia Hiriart, la viuda del fallecido Augusto Pinochet, para que cancele la millonaria deuda por contribuciones acumuladas, ya que estaba a punto de perder sus propiedades.La decisión de la magistrada en el marco del caso Riggs- evitó de esta manera que la Tesorería General de la República rematara varios de los bienes del ex dictador, entre ellos la casa que posee en Los Flamencos, en la comuna de Las Condes. El argumento usado por Marchant fue que los tribunales debían satisfacer las obligaciones para con el Fisco. El escrito fue ingresado por el representante de Hiriart, el abogado Pablo Rodríguez, QUIEN A SU VEZ ES EL JEFE DE LA MINISTRA (s) en la Universidad del Desarrollo, donde ejercen como decano y profesora, respectivamente.Hasta ahora se desconoce a cuánto asciende la deuda aunque fuentes judiciales señalaron que eran varios millones de pesos- por lo que la jueza ofició a la Tesorería, para que en el más breve plazo informe al tribunal y así destrabar los activos de los Pinochet.La investigación en contra de Pinochet y familia comenzó en 2004, luego que el Congreso de Estados Unidos revelara un informe sobre cómo el sistema financiero de ese país había sido utilizado para lavar los activos de distintos dictadores.La información provocó la designación del entonces ministro de la Corte de Apelaciones hoy está en la Suprema- Sergio Muñoz, quien logró determinar que la fortuna de Pinochet, tanto en el banco Riggs, como en otras instituciones de Estados Unidos y Europa, alcanzaban a más de US$ 30 millones.La liberación de fondos que acaba de ordenar Marchant, en todo caso, no es la primera. Antes lo hizo el propio Muñoz, mas no así el ministro Carlos Cerda, quien es el titular de este caso, pero que por haber sufrido un paro cardíaco, está siendo subrogado.Las propiedades de Pinochet -departamentos, terrenos y oficinas, entre otros- fueron escondidas a través de una serie de empresas creadas en paraísos fiscales, gracias a la labor delESTAFETA del ex dictador, el abogado OSCAR AITKEN, procesado también en esta causa.
Jorge Molina Sanhueza El Mostrador 28/08/2008

EL PODER ECONÓMICO MANEJA AL POLITICO Y JUDICIAL

Carta desde Aysén: ''El poder económico maneja al poder político y al judicial''
El emblemático sacerdote Luis Infanti lleva la batuta en la defensa del medio ambiente y por eso presentará la “Carta Pastoral del Agua”, que hará pública junto al mítico teólogo de la Liberación. En entrevista con El Mostrador.cl sitúa al mismo nivel la depredación de la naturaleza con las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y plantea una mirada ética-religiosa que rechaza la “venta” de los recursos naturales. Su propuesta es cambiar la Constitución y nacionalizar el vital elemento, todo, por cierto, en el contexto de su batalla contra Hidroaysén
Claudia Urquieta Chavarría Si durante los años 80 la Iglesia Católica llevó la voz cantante en la defensa de los derechos humanos en medio de la represiva dictadura militar, la cruzada actual que empieza a tomar fuerza en el mundo eclesiástico apunta a amparar los derechos medioambientales de los pobladores.Y si antes el conflicto llevaba uniforme militar, hoy se viste de neoliberalismo. Atuendo que a ojos del obispo de Aysén, Luis Infanti, responde a una herencia directa del régimen de Augusto Pinochet y de su más arraigada hija: la Constitución.Porque en su opinión, la Carta Magna que nos rige abrió las puertas a la “venta” del país y a que quien tenga plata “compre lo que quiera, incluyendo la conciencia de las personas”. Pero lo más preocupante para este italiano radicado en Chile desde 1973, es el silencioso y progresivo traspaso de los recursos nacionales a holding extranjeros. Sobre todo los hídricos.Por eso, el próximo 26 de agosto presentará “La Carta Pastoral del Agua” de más de 100 páginas y que seguirá en la línea de una primera misiva que escribió en 2006 y donde formuló 15 preguntas a la comunidad, promoviendo la reflexión en torno al tema medioambiental desde una mirada ética y espiritual, especialmente sobre el agua y los megaproyectos hidroeléctricos en general.Pero esta vez el texto no sólo traerá preguntas, sino que apuntará a remover conciencias tanto a nivel ciudadano como gubernamental para la titánica tarea de cambiar la Constitución. Y la no menos complicada meta de abrir la ruta hacia la nacionalización del vital elemento.La fecha elegida para difundir la misiva no es casual: ese día Leonardo Boff, uno de los principales mentores de la Teología de la Liberación y un ícono del movimiento ecologista de Brasil, se encontrará en Coyhaique y participará en la presentación del escrito. No fue fácil coordinar su llegada, pero, aprovechando un encuentro al que asistirá el brasileño en Bariloche, se hizo el enlace.Pero la veta medioambiental promovida por Infanti también ha calado en otras latitudes: la fuerte arremetida de la Iglesia en proyectos como Pascua Lama en la Tercera Región, la creación de la Pastoral del Medio Ambiente en Villarrica o el trabajo medioambiental a través del Departamento de Acción Social (DAS) de Temuco, dan cuenta de un movimiento que va cobrando fuerza. Y cuya inspiración no vino del cielo, pero casi: las líneas se trazaron luego de la Quinta Conferencia del Episcopado en Aparecida, Brasil, en 2007, donde se incorporó a los mandamientos eclesiásticos el desarrollo sustentable y la activa participación de la Iglesia en el tema.¿Cuáles son los principales temas a los que apunta en su carta?-La problemática actual del medio ambiente, principalmente en torno al agua. Quiénes son los propietarios en Chile, qué uso se le da, cuál es el trato que recibe legalmente. También desde el punto de vista de la energía, sobre los usos varios que se la da al agua y qué energías son de vida y de muerte: ahí se trata específicamente lo relativo a las megarepresas. Y no me refiero sólo a HidroAysén, sino también a Xstrata Copper, que planea unas hidroeléctricas en los ríos donde fue el epicentro del terremoto el año pasado.También me refiero al negocio del agua. Porque hay que tomar en cuenta que es uno de los elementos que escasean en el mundo, al punto de que se cree que para el año 2025, 40 por ciento de la humanidad no tendrá alcance al agua potable. Y eso legalmente hablando en Chile tiene un cuestionamiento muy serio.Según su tesis, el sistema neoliberal ha delineado la realidad medioambiental del país ¿De qué forma se ha llegado a eso?-Una sociedad consumista fruto de una política neoliberal desenfrenada lleva a que gastemos y gastemos siempre más, que busquemos un desarrollo cada vez más desmedido. Y todo desarrollo necesariamente pasa por usar bienes de la naturaleza. Sin embargo, el gran cuestionamiento de la crisis económica es que vamos destruyendo con este uso desmedido, haciendo morir el planeta.Sin embargo hay fuentes de energía que no son contaminantes ni destructivas, como la solar, eólica o mareomotriz, todas ellas de un enorme potencial en Chile. Pero no existe una política energética de Estado, que deja que la empresa privada asuma la responsabilidad de la producción energética. Evidentemente los criterios esenciales de la empresa privada apuntan al menor gasto y mayor rentabilidad, por lo tanto va por lo más fácil. Me pregunto ¿es éticamente correcta esta postura?¿Considera que el Gobierno hace la vista gorda al respecto?-Esto es un problema de Estado, no del Gobierno. Por eso entiendo que sería importante que las autoridades elegidas asuman su responsabilidad de soberanía. Incluso, los bienes y el potencial energético medioambiental se convierta en un tema de Estado. Por eso que el asunto de las aguas de Aysén y su uso es un tema estatal, no un problema de privados.Iglesia “verde”¿Considera que la defensa del medio ambiente asumido por la Iglesia en varias regiones del país puede equipararse a la lucha por los derechos humanos liderada durante la dictadura?-Lo que yo planteo es que aquí en Aysén por lo menos, así como en el Valle del Huasco con el proyecto minero Pascua Lama, el tema medioambiental es una violación de la misma intensidad al las violaciones a los Derechos Humanos. Echar a perder, violentar la naturaleza, es una agresión contra el ser humano y contra el creador de esa naturaleza. En ese sentido diría que es un pecado social grave, que tiene la misma intensidad valórica que violar los derechos y divinidad de la persona.Pero aún el movimiento no es a nivel nacional…- Es que en otras regiones todavía no tienen problemas tan relevantes ni emblemáticos, lo que no quiere decir que no tengan problemas medioambientales. Como aún el asunto es muy localizado, como Iglesia de Chile todavía no está muy calientito el tema que digamos. Pero creo que esta carta va a encender un fuego que espero arda.¿Por qué debería “prender” esta carta?-Al tener una mirada ética-bíblica y espiritual sobre temas relevantes como el agua y el medio ambiente, evidentemente tiene que alcanzar problemáticas políticas económicas, empresariales, populares. Y obviamente a la autoridad. De hecho, uno de los temas importantes que se tocan es la estructura del poder que hay en Chile: el poder político, económico y judicial es el mismo que había en tiempos de dictadura. De esto he hablado personalmente con la Presidenta Michelle Bachelet.¿Y qué concluyeron?-Conversamos…. El encuentro fue en el marco de lo que viví directamente en el Caso Aysén. Los hechos son tan contundentes que uno no lo puede desmentir: el poder económico maneja al poder político y al judicial, son una íntima unidad. Entonces hay una estructura de poder para mantenerse en el poder, y pasa lo mismo con el tema de las megarepresas, porque jurídicamente tienen todo los derechos asegurados. No hay ningún derecho que señale que están haciendo algo ilegal.--Este material ha sido tomado de un medio de prensa de libre circulación en Chile, cuyo crédito se menciona en el despacho. Los envios no representan la postura de Amnistía Internacional. Se le envía como servicio por que su contenido está relacionado con la temática de una lista de distribución operada por AI Chile a la que está suscripta su dirección. Si no desea recibir nuestros envíos, por favor devuélvanos el mensaje y retiraremos su dirección de nuestro listado.Alejandra MujicaCoordinadora de Información PúblicaAmnistía Internacional - ChileEntérate, indígnate, actúawww.amnistia.cl

Carlos Maldonado ¿EN CHILE NO HAY PRESOS POLITICOS?

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, aclaró que en Chile no hay presos políticos ante la calificación como tal de algunos mapuches detenidos por la ley antiterrorista y que anunciaron que están pidiendo beneficios.
Esto respecto a la calificación como tal de algunos mapuches que están detenidos por la ley antiterrorista y que están pidiendo beneficios.El ministro precisó en radio Cooperativa que “las personas que están privadas de libertad (...) están ahí exclusivamente por resolución de los tribunales y han tenido todas las garantías de un debido proceso”. Respecto a las condiciones en cómo se encuentran las cárceles concesionadas, Maldonado comentó que en la visita que realizó la semana pasada a nuestro país, el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, dijo que éstas eran unas de las mejores del continente. "(El relator) s eñalaba que las cárceles concesionadas -visitó Santiago 1 y Rancagua- están en la primera línea de lo que él ha visto en el continente, no solamente en Sudamérica ", dijo Maldonado. En este contexto, el ministro también aclaró que Mélendez había recibido denuncias de malos tratos reiterados por parte de algunos gendarmes, pero no de torturas. "Él me señaló que no había recibido ninguna apreciación ni declaración que a le permitiera pensar que en Chile en las cárceles habían torturas, el tema de torturas no estaba presente, sí recibió denuncias de malos tratos, de algunas prácticas que eran consideradas inadecuadas en términos de la dureza, de ciertos aspectos de la vida carcelarias chilenas", señaló Maldonado”. Además, el secretario de Estado precisó que en Chile no hay ningún caso de prácticas de torturas y tampoco de permisividad o hacer “la vista a un lado” en caso de malos tratos, ya que “si es necesario son investigados y sancionados como corresponde”.
La Nación 27/08/2008

ABUSO DE LOS PRESTADORES EN EDUCACIÓN

La mayoría de los establecimientos educacionales privados cobra la totalidad del arancel aun cuando el alumno no haya tomado la respectiva carrera, ya sea por enfermedad, viaje u otros inconvenientes. Un proyecto de ley pretende revertir esta realidad.
EDUCACIÓN: el reino de los contratos abusivos.Hoy, ninguna ley específica norma la relación contractual que pueda contraer un establecimiento educacional con un futuro alumno. Los miles de usuarios de la educación privada en el país sólo pueden resguardar sus derechos en su calidad de consumidores, lo que ha desatado un constante abuso por parte de los prestadores de este tipo de servicios.Conscientes de este vacío legal, los diputados Eugenio Tuma (PPD) y Patricio Hales (PPD) presentaron un proyecto de ley justamente destinado a regular la prestación de servicios educacionales, iniciativa que fue aprobada en la Comisión de Educación y en la cámara baja, pero que duerme desde mayo en el Senado a la espera de urgencia.La iniciativa pretende poner fin al imperio del más fuerte. "Hoy, el abuso reina en la relación establecimiento educacional y el usuario, con la ausencia de una norma que establezca un punto de equilibrio entre los que prestan servicios y los beneficiarios", sostiene el diputado Tuma, quien agrega que lo más delicado es que hoy nadie fiscaliza que las instituciones educacionales no se queden con el valor de servicios no prestados en caso de fuerza mayor o de retracto. "El que paga una vez, lo hace para siempre y a todo evento", denuncia.El proyecto de ley presentado por los diputados busca regular los contratos educacionales, "donde se debe expresar obligatoriamente que en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad de recibir el servicio se devolverán los dineros o no se cobrará", dice Tuma. "Esto se presta para que las universidades muchas veces no consideren ninguna devolución en caso de no prestación de servicio", agrega.Precisamente la inexistencia de una ley permite a las universidades establecer este tipo de contratos.LEY DEL CONSUMIDORSin embargo, el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa, explica que de no haber especificaciones sobre el sistema educacional, se aplican las reglas generales de la Ley del Consumidor.Para Roa, es posible perfeccionar la relación entre el consumidor de educación superior y los prestadores, como de hecho lo hacen proyectos presentados por el Ministerio de Educación y algunos parlamentarios. No obstante, señala que mientras esto no exista, se debe tener en cuenta que reclamar sirve y que "toda relación entre un consumidor y un proveedor profesional, incluido el contrato de prestación de servicios educacionales, está regulado por la ley del consumidor, y, en consecuencia, un contrato jamás puede significar renunciar o establecer reglas que vulneren el marco que establece la Ley del Consumidor", dice.Es por esta razón que el fallo en contra de la Universidad Andrés Bello (ver recuadro) que obligó a la institución a devolverle los dineros a una estudiante que no pudo iniciar la carrera contratada, releva la premisa del Sernac y pone en alerta a todos los padres, apoderados y estudiantes que firman contratos de prestación de servicios con alguna institución educacional. "En consecuencia, cláusulas que la ley estima como abusivas y en general aquellas que establezcan un desequilibrio importante entre los derechos y deberes de consumidores y proveedores, no tienen ningún valor, aunque el consumidor las haya leído, las haya aceptado y haya firmado el contrato. Las reglas del juego las establece la ley y no lo que estipule el contrato de las empresas, incluidas las entidades educacionales", resume Roa.El diputado Eugenio Tuma valora la incidencia que este fallo puede tener y los argumentos de la Corte de Apelaciones, sin embargo, señala que es completamente insuficiente, puesto que para hacer valer el derecho de equidad ante la ley, "se aplicó la Ley del Consumidor supletoriamente (que a falta de normas específicas o propias se aplican disposiciones generales) y fue necesario alegarla (en laCorte) y los tribunales no siempre lo consideran de esta forma".Si estuviera en vigencia una ley que regule la prestación de servicios educacionales, este tipo de cláusulas, que hoy son permitidas, estarían reguladas. "Este proyecto establece condiciones que no pueden ser establecidas en los contratos como las condiciones de no prestación de servicios e igual cobro. Todos los contratos deben estar de acuerdo a la ley, no pueden violentarla", enfatiza el diputado.
Nancy Arancibia El M ercurio 25/08/2008

COMPLICADA SITUACIÓN DEL JEFE DEL CONSEJO DEFENSA DEL ESTADO EN VALPARAISO

La situación del abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la V Región, Enrique Vicente Molina, (capitán de corbeta (R), ex fiscal naval de Valparaíso DURANTE LA DICTADURA MILITAR y ex seremi de Justicia de Augusto Pinochet) se complica cada vez más.
El también ex fiscal naval Enrique Vicente está querellado en varios procesos por violaciones de los derechos humanos y es acusado por ex agentes de ejercer poder en centros de tortura. LO DEFIENDEN TRES ABOGADOS DEL PROPIO CDE DE LA V REGIÓN.
A las declaraciones de ex agentes del Grupo Zorro 2 -que lo acusan de ser uno de los hombres que tenía poder en los centros de detención y tortura como la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma, lo que Enrique Vicente niega- y al ocultamiento a la justicia de su labor como fiscal entre los años 1975 y 1977 -declaró que sólo sirvió como fiscal naval de Valparaíso hasta el 31 de diciembre de 1974- ahora se sumaron dos oficios del senador Nelson Ávila.
El parlamentario pidió al contralor general de la república, Ramiro Mendoza, que indague los términos en que ejercen la defensa de Vicente los abogados del mismo CDE de la V Región y subordinados suyos, Juan García Bilbao, Helga Göcke Saavedra y Alfredo Larreta Granger.
"Estos abogados han realizado en las causas criminales (donde está imputado Vicente) actuaciones y diligencias procesales en horarios que corresponderían a los de su función pública, y para los efectos de las notificaciones (judiciales de estas causas) han consignado las dependencias del propio CDE", sostiene Ávila.
A su vez, el senador ex PPD y hoy radical envió un segundo oficio dirigido al presidente del CDE, Carlos Mackenney, donde le hizo presente la misma situación pidiéndole que el consejo abra una investigación sumaria en contra de Vicente.
Pero en este caso Ávila agregó la INCONGRUENCIA de que, mientras el CDE es parte querellante en el país en diversas causas por delitos de lesa humanidad durante la opresión militar, en la V Región ello no sucede.
"Me tiene sorprendido el silencio y la pasividad del CDE en la instrucción y prosecución de causas por violaciones de los derechos humanos en la V Región", dijo el senador en su oficio a Mackenney.
En el texto el parlamentario citó el artículo que publicó La Nación Domingo el pasado 13 de julio, en el que se dio cuenta de las declaraciones y careos judiciales de los ex agentes del Grupo Zorro 2 que operó en la Academia de Guerra Naval y Cuartel Silva Palma de Valparaíso, teniente coronel (R) de Carabineros Alejandro Vargas Goas, y suboficial (R) de la misma institución, Guillermo Peña González, donde acusan a Vicente de circular frecuentemente en estos dos centros de tortura en el cerro Playa Ancha ejerciendo mando.
LND también informó acerca de un informe de la Policía de Investigaciones en el que se estableció que los agentes del Grupo Zorro 2 "cumplían en la inteligencia naval las instrucciones dadas por el fiscal Enrique Vicente Molina".
En su oficio a Mackenney, Ávila le recordó QUE YA HABIA DEMANDADO durante la presidencia de Clara Szczaranski que el CDE investigue a Vicente por las acusaciones que se le formulan en las querellas en su contra, pero NADA SUCEDIO AL RESPECTO.
Jorge Escalante La Nación 25/08/2008

AGUA,COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS,CRISIS ENREDADAS

El espectro de una crisis que envuelva a los alimentos, el combustible y el agua" asedia a la mayoría de las naciones en desarrollo, advirtió Lars Thunell, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundia
"Creo que estamos en un punto de inflexión", señaló. La escasez de agua plantea una amenaza al suministro alimentario justo cuando el sector agrícola intensifica la producción, en respuesta a los disturbios por el encarecimiento de los alimentos y el aumento del hambre y la malnutrición.
En el cierre de la Conferencia Internacional del Agua de Estocolmo, este viernes, Thunell dijo que la creciente demanda de agua está superando a la oferta.
Se espera que la población mundial, de unos 6.000 millones de habitantes, aumente a alrededor de 9.000 millones para 2050, con más de 60 por ciento viviendo en megaciudades.
"Como el consumo de agua aumenta donde hay desarrollo y estilos de vida mejorados, podemos esperar demandas incluso mayores de agua dulce", dijo Thunell.
La agricultura, sector que hace un uso intensivo del líquido, se está expandiendo, y la industrialización y la producción energética están guiando la demanda, agregó.
La conferencia, a la que asistieron unos 2.400 expertos y funcionarios gubernamentales, terminó con una ominosa advertencia: que el agua y el saneamiento se enredan en las raíces de las crisis alimentaria, energética y climática.
El Instituto Internacional del Agua de Estocolmo dijo que el lento avance en materia de saneamiento hará que el mundo fracase en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.
Al mismo tiempo, una política débil, una mala administración, un derroche cada vez mayor y el estallido de las demandas hídricas empujarán al planeta hacia el punto de inflexión de una crisis mundial del agua.
Los Objetivos de Desarrollo, definidos en 2000 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyen reducir a la mitad la proporción de personas que padecen pobreza y hambre (en relación a 1990), garantizar la educación primaria universal, promover la igualdad de género y reducir la mortalidad infantil y la materna.
También contemplan combatir el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), la malaria y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo, todo esto con 2015 como fecha límite.
Según estimaciones de la ONU, unos 1.000 millones de personas en todo el mundo todavía carecen de acceso a agua potable, mientras que alrededor de 2.600 millones de personas carecen de un saneamiento adecuado.
El director general del Instituto Internacional del Manejo del Agua, Colin Chartres, dijo que las causas de la escasez hídrica son esencialmente idénticas a las de la crisis alimentaria.
"Hay factores serios y extremadamente preocupantes que indican que las fuentes de suministro de agua está cerca de agotarse en algunos países", expresó.
Chartres destacó que, según las estimaciones actuales, el mundo no tendrá suficiente agua para abastecerse en 40 años, "para cuando la actual crisis alimentaria puede convertirse en perpetua".
También manifestó que él y sus colegas científicos elevaron una bandera de
advertencia: "si se quiere evitar consecuencias nefastas", se requieren inversiones significativas en investigación y desarrollo de infraestructura hídrica.
Thunell, de la Corporación Financiera Internacional, dijo que proveer agua limpia y servicios de saneamiento no sólo representa oportunidades de negocios, sino también de mejorar vidas.
Agregó que los inversores ven una oportunidad en el sector hídrico mundial, de 450.000 millones de dólares, donde las acciones tienen un fuerte desempeño en todo el mundo.
Algunas firmas privadas también ven al suministro de agua como un riesgo empresarial y lo afrontan como parte integral de su estrategia de manejo de riesgos.
"Creo que el momento es correcto. Podemos evitar una crisis como socios, trabajando juntos", dijo Thunell.
Añadió que la Corporación hará lo suyo invirtiendo en compañías que buscan oportunidades en la conservación y la calidad del agua, y fomentando asociaciones público-privadas en el sector hídrico.
Pero Patti Lynn, directora de campañas de Corporate Accountability International, tiene una posición diferente sobre el rol del sector privado.
"La crisis se origina en una confluencia de problemas, pero tal vez ningún factor es más insidioso y corregible que la privatización del recurso", dijo a IPS.
"Cuando el acceso de la gente al agua limpia para beber depende de los intereses económicos de un puñado de transnacionales, todos nosotros pagamos un recargo, y a causa de esto muchos de los pobres del mundo tienen sed", agregó.
Consultada sobre si la comunidad internacional cumplirá los Objetivos del Milenio relativos al agua y el saneamiento para 2015, respondió: "No, si no cambiamos el curso inmediato de acción".
El Banco Mundial necesita dejar de poner la privatización del agua como condición para sus préstamos, dijo.
"Si el Banco está verdaderamente interesado en aliviar la pobreza, sus condiciones deberían adoptar un punto de vista más a largo plazo", sostuvo.
Mantener el agua bajo control local, público y democrático es la manera más justa de asegurar el mayor grado de acceso al líquido para la mayor cantidad de gente, agregó Lynn. (FIN/2008) A.I. 25/08/2008

SI SE SIENTE DISCRIMINADO,PINCHE AQUÍ

Un formulario donde puedes poner tu denuncia si crees que fuiste víctima de discriminación es una de las ofertas del sitio http://www.chilediverso.cl, página web que recoge información y difunde noticias, estudios y documentos sobre los derechos de minorías sociales y sectores históricamente discriminados.
Este sitio también asesora: dónde ir, qué leyes te defienden y quién te puede ayudar son algunos de los datos que te van a llegar después de hacer tu denuncia.
"Esto nos permitirá hacer un monitoreo más concreto y permanente de los casos de discriminación que ocurren en Chile, junto con ofrecer asesoría gratuita a quienes lo deseen, al objeto de paliar los efectos negativos de la exclusión", aseguraron los creadores de la página web.
El sitio se lanzó el sábado 16 y será promovido por afiches y cartillas que serán esparcidos por todo el país. Además, la primera edición de este espacio incluye una columna de opinión del director ejecutivo de Amnistía Internacional, Sergio Laurenti, uno de los organismos que integran la iniciativa, junto a otros como Participa, Genera, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Movilh. En total son más de 20 las ONG que crearon este sitio, pensando en que una de las cosas que le faltan a Chile es seguir sistemáticamente estos atropellos.

CHILE VUELVE A SER REPROBADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Brutalidad policial para enfrentar las movilizaciones sociales, torturas en las cárceles y discriminación que impide, por razones económicas, que todas las mujeres tengan derecho a un parto sin dolor.
Estos son sólo algunos de los aspectos que marcan la realidad del país de cara al Bicentenario, según el poco alentador documento elaborado por la casa de estudios superiores.
Las iniciativas en materia sanitaria, judicial y laboral que se han emprendido los últimos años no han permitido que Chile pueda mejorar sus falencias en relación al respeto de los derechos humanos de las personas.
Así lo establece el informe Anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales que se dio a conocer de manera íntegra este martes, el cual pone en tela de juicio los resultados de una serie de iniciativas impulsadas en los últimos años en materias de salud, laborales y judiciales, entre otras.
DERECHO DE LA SALUD
El documento sostiene que el Derecho a la SALUD ni siquiera está GARANTIZADO en el Plan Auge, donde queda al descubierto que la promesa de COBERTURA ANUNCIADA se supedita– en la práctica- a criterios económicos y no sanitarios.
Al respecto la académica Alejandra Zúñiga devela que prácticamente todas las Guías Clínicas AUGE – verdaderas “LETRAS CHICAS” del Plan que son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema-, establecen CRITERIOS DE EXCLUCIÓN, tales como: la edad o lugar de residencia del paciente, HACIENDO IMPOSIBLE el cumplimiento de la promesa de cobertura que la propia ley Nº 19.966 estableció para que ‘TODA`PERSONA RESIDENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL, independiente de su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso, PUEDA CONTAR con un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a una ATENCIÓN DE SALUD ADECUADA y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad”.
En tanto, tomando fuentes oficiales y diversos estudios, el capítulo sobre el tema realiza un exhaustivo análisis de IMCUMPLIMIENTO Y DISCRIMINACIÓN, siendo particularmente graves aquellos que ocurren en atenciones garantizadas a la mujer, como el DERECHO AL PARTO SIN DOLOR, incorporado al AUGE a partir de julio del 2007. “Lo que parecía ser una gran noticia resulta en una garantía sin contenido, una GES para unas pocas mujeres que, por distintas circunstancias, pueden hacer uso de este ‘derecho’”, plantea Zúñiga.
MOVILICACIONES SOCIALES Y TORTURAS CARCELARIAS
En tanto, el director del centro de DDHH de la UDP, Nicolás Espejo, se refirió a cómo está enfrentando el país las movilizaciones sociales.
“Una república que se apresta a celebrar 200 años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe”, expresó.
Agregó además que existen dificultades para comprender "cómo el Estado de Chile permite las HUMILLANTES CONDICIONES en las que miles de adolescentes privados de libertad se encuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia, o con las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se siguen registrando en diversas cárceles de Chile".
Espejo destacó que este año el informe haya abarcado el tema de la protesta social y derecho a huelga. Sostuvo al respecto que mientras el Gobierno impulsa sendas reformas a la forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios (particularmente el mapuche) al sistema educacional, al sistema electoral y a la justicia y condiciones laborales, al mismo tiempo mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento, salvo cuando se trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después.
“El derecho a la libertad de expresión juega también un rol fundamental en el ejercicio de otros derechos políticos, tales como el derecho de reunión y protesta. Por tanto, debe evitarse un acercamiento a las movilizaciones sociales que reduzca tales manifestaciones legítimas a meros actos de violencia y falta de razón”, puntualizó.
El estudio sostiene que a pesar de diversas recomendaciones hechas por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el Estado de Chile mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales.
Al mismo tiempo, este contexto restrictivo se manifiesta también en la retórica del Gobierno, los medios de comunicación y la jurisprudencia judicial y administrativa, agravando las posibilidades de reconocimiento del derecho a huelga, se afirma en el capítulo dedicado al tema. “Un Estado QUE NO RECONOCE adecuadamente el derecho A LA HUELGA DE SUS TRABAJADORES, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital”, planteó Espejo.
ACCESO A LA JUSTICIA Y TRIBUNALES MILITARES
El capítulo dedicado al acceso a la Justicia revela “la preocupante situación de las corporaciones de Asistencia Judicial, -las que constituyen el principal soporte del sistema de asistencia jurídica gratuita del país- toda vez que cuentan con un PRESUPUESTO INSUFICIENTE y una estructura organizacional atomizada y asentada en la figura de los egresados de derecho, que realizan su práctica profesional”.
También hay un capítulo dedicado a revisar las principales violaciones al derecho al debido proceso por parte de la legislación militar y su aplicación a civiles. En particular, presta atención a la forma en que el ESTADO DE CHILE, a pesar de haber sido CONDENADO HACE CASI 4 AÑOS por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continúa APLICANDO UN SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR PLENAMENTE INCOMPATIBLE con las exigencias básicas de la Convención Americana Sobre DERECHOS HUMANOS.
PUEBLOS ORIGINARIOS
Otro de los capítulos revisa el modo en que las instituciones constitucionales, legales, judiciales y administrativas –incluyendo las policías- incurren en diversas "violaciones" a los derechos de estos pueblos. En particular, pone énfasis en el deficiente modelo de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y de quienes intentan defenderlas y el constante crecimiento de denuncias internacionales en contra de Chile en esta materia.
Otros temas tocados por el Informe son los derechos de niños, niñas y adolescentes, medio ambiente, de la mujer, violaciones a los DDHH en el pasado, minorías sexuales y condiciones carcelarias.
“El reconocimiento de los errores en estas materias es, sin lugar a dudas, excepcional. Por ello, un informe sobre violaciones a los derechos humanos es demasiado importante para la calidad de la democracia. Su objetivo no es agradar, sino incomodar. Su metodología no es la misma utilizada en informes de avance o implementación de políticas públicas o legislación. Su vocación no es el compromiso entre los intereses en juego, sino la férrea defensa de aquello que más valoramos cuando nos enfrentamos al poder o la ausencia del mismo", dijo Espejo.
El mostrador 19/08/2008

Afilación y Legitimidad,el denominador común de candidatos a la C.U.T

Terminado el proceso que llaman "reconstrucción" de la CUT, los aspirantes, más allá de sus propuestas temáticas y partidistas que incluye por primera vez una lista de la derecha, apuestan a consolidar el espacio ganado desde 1990 y lograr más adherentes. Acá una radiografía de las listas.
En medio de proyectos que han cambiado la fisonomía laboral en Chile y de nuevas iniciativas que apuestan a seguir mejorando las actuales condiciones, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) vivirá el próximo 28 de agosto un nuevo proceso eleccionario que será clave para el sindicalismo nacional.
Cerca de 500 mil trabajadores elegirán a sus representantes. Son siete listas. Tres de ellas encabezadas por líderes emblemáticos como Arturo Martínez, del Partido Socialista (PS); María Rozas, por la Democracia Cristiana (DC), y Jaime Gajardo representante del Partido Comunista (PC). Las cuatro restantes, si bien no muestran líderes reconocidos por la opinión pública, sí apuestan por cartas con un gran kilometraje sindical, incluida la oposición.
Más allá de las propuestas de cada lista -que reafirma el fin de algunos subpactos- los postulantes buscan a un mayor desarrollo organizativo, un crecimiento afiliativo y mejorar la continuidad y legitimidad que ha ganado la central.
Justicia social, ni más ni menos
Dos potentes figuras sindicales como María Rozas y Jorge Matute, la primera como presidenta y el segundo como generalísimo de campaña, componen la lista C de la Democracia Cristiana. Ambos están acompañados por jóvenes y experimentados dirigentes como Nolberto Díaz, (ENAP), Janett Soto (ANEF), Luis Destefani (BancoEstado) y Jessica Cáceres (CTC).
Rozas destaca que la DC ha dado unidad a la CUT y resalta que su
eslogan: Justicia Social, ni más ni menos, apela al llamado efectuado hace años por el desaparecido presidente de la central, Manuel Bustos.
Precisó que la lista está conformada fundamentalmente por adherentes a Soledad Alvear y explicó que en el último congreso de la DC, se delineó una carta de navegación que pretende lograr un 100% de sindicalización, negociación colectiva para todos los trabajadores más allá de la empresa, a lograr que la huelga sea realmente un elemento útil (Alvear encabeza justamente un proyecto en ese sentido) y la contraparte de la flexibilización. Para ello, utilizan el concepto "contractualizar" el trabajo, que persigue eliminar las boletas y la informalidad laboral. "Rozas aspira a conseguir la mayor cantidad de consejeros y a dejar en claro que la DC sigue participando activamente en la CUT. "Militamos, pero tenemos autonomía para decidir y un mandato que está por sobre la posiciones partidarias", reflexiona la dirigente.
Matute añade que la diferencia de fondo con la actual administración es la poca capacidad de diálogo. "El diálogo social es valioso para los trabajadores, lo que no impide la movilización. Queremos más justicia social, más negociación colectiva, eso se concilia con movilización y diálogo, las dos cosas no son incoherentes".
Autonomía sindical
Arturo Martínez lidera la lista D. El actual presidente de la CUT decidió no contestar los llamados hasta nuevo aviso. Sin embargo, uno de los apoderados de su candidatura, Fernando Olivares, explicó los principales lineamientos.
"Hemos entendido que el proceso de reconstrucción de la CUT ha cumplido una etapa y viene otra que es posicionar a los trabajadores en el quehacer de la sociedad en su conjunto, es decir, tenemos que ser actores relevantes para tomar decisiones clave", dijo.
Agregó que Martínez es el indicado para dirigir ese, toda vez que ha liderado la reconstrucción de la CUT y tiene las herramientas para potenciarla en la opinión pública. "Tenemos que respetar los liderazgos que con el tiempo han sobresalido", Según Olivares, la CUT es la casa madre de la representatividad de los trabajadores y su deber es ampliar el diálogo.
Explicó que a nivel partidista, la lista que representa al PS tiene en general más afinidad por el presidente de ese partido, Camilo Escalona, aunque insistió que "si bien existe el apoyo del partido y quienes lo dirigen, esta es una lista de trabajadores Autonomía sindical, una CUT para todos los trabajadores, ahí esta clarito el mensaje", concluyó.
Más lucha, más unidad
En el PC se fueron con todo. Jaime Gajardo, actual presidente del Colegio de Profesores y secretario general de la multisindical, encabeza la lista E -"Más lucha, más unidad"-, seguido del líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas. Según Gajardo, sus propuestas se basan en una necesaria continuidad de los actuales logros y desafíos de los trabajadores y, para ello "tenemos que ser capaces de obtener un poder real de negociación que hoy no existe, para que durante la negociación colectiva el empresario no tenga la facultad del reemplazo y tampoco del descuelgue. Eso es muy importante porque es una forma de distribuir la riqueza y dotar de un poder de negociación real a los trabajadores.
Y señala que siempre se buscará el dialogo, a través de mesas donde se discutan los puntos de vista, no desechan la movilización. "Estamos por dialogar, pero con los trabajadores movilizados, activos, respaldando las demandas. Desafortunadamente, hoy los empresarios no dejan otra opción, porque no tienen ningún espíritu para dialogar", remata el profesor.
Carlos Palma/J.C.Prado/La Nación 13/08/2008

CONADI NIEGA QUE NEGOCIE TIERRAS CON CORREDOR DE PROPIEDADES

El subdirector de la zona sur de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Daniel Neculpán, aclaró que ese organismo no negocia la adquisición de tierras con corredores de propiedades. De esta manera, desmintió cualquier vinculación suya y de ese organismo con la corredora Mitzy Bayer, quien en los últimos meses aparece como intermediaria en conversaciones entre comunidades mapuches y agricultores de Ercilla para la venta de predios.
Precisó que la Conadi trata directamente con los dueños la posible adquisición de tierras cuando las comunidades mapuches demandan terrenos. Lo mismo ocurre cuando los propietarios manifiestan su voluntad de negociar la venta.
Neculpán formuló la aclaración tras ser consultado sobre el rol que cumple Bayer en negociaciones reservadas con al menos seis agricultores de la zona de Ercilla -todos vecinos del productor René Urban-, que promueven algunas comunidades indígenas del sector interesadas en sus tierras.
Mitzy Bayer explicó que interviene en las negociaciones en representación de la comunidad Temucuicui -para lo cual exhibe un poder notarial del dirigente mapuche Jorge Huenchullán.
La mujer es investigada por organismos policiales para establecer si durante su intervención entre comunidades mapuches y agricultores ha presionado indebidamente a propietarios para que se vean obligados a realizar transacciones con sus predios.
El Mercurio 13/08/2008

CUALQUIERA PODRÁ EXIGIR QUE EL ESTADO LE RESPONDA EN 20 DIAS

La normativa además establece la información que deberá estar actualizada en las páginas web de las instituciones, como la planta de personal, las adquisiciones de bienes y servicios, los beneficiarios de programas sociales y la ejecución del presupuesto.
Cualquiera podrá exigir que el Estado le responda en 20 días.
En una ceremonia que contó con la presencia de la UDI y la notoria ausencia de RN, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó ayer la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado y reafirmó su compromiso” contra cualquier tipo de corrupción”
En su discurso, la Jefa de Estado destacó que "la fijación de altos estándares de probidad pública contribuye a la lucha frontal y sin contemplaciones contra la corrupción", aunque dijo estar consciente de que las leyes no producen efecto por el sólo hecho de promulgarlas.
Por ello, puso énfasis en que se necesita fortalecer "la cultura de la corrección de procedimientos y consiguientemente el rechazo social a las prácticas turbias que provengan tanto del sector público como privado".
La Mandataria reafirmó su rechazo "a todo tipo de corrupción, venga de donde venga y sin doble discurso, porque la corrupción es un mal social que no tiene bandera política, sino responsables individuales que deben responder ante la justicia de sus delitos".
La Presidenta Bachelet valoró el rol de los senadores Hernán Larraín
(UDI) y Jaime Gazmuri (PS), impulsores de la nueva normativa, y señaló que esta ley marcará un hito en la historia del sistema político y administrativo del país porque a partir de su plena vigencia -ocho meses después de su publicación en el Diario Oficial- Chile tendrá "el más alto nivel de transparencia pública".
Junto con recordar que esta iniciativa es parte de los compromisos asumidos en la Agenda de Transparencia y Probidad de su Gobierno, recalcó que "quienes más cambios han realizado en el Estado, en materia de probidad y transparencia, históricamente en Chile han sido los gobiernos de la Concertación".
La ceremonia de promulgación -que se efectuó en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda- contó con la presencia del presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, además del senador de la misma colectividad Hernán Larraín, quienes dijeron sentirse plenamente interpretados con la nueva normativa.
Sin embargo, fue notoria la ausencia de representantes de RN, quienes habían sido invitados a participar en este acto. De hecho el diputado ex RN y ahora independiente pro Alianza, Alberto Cardemil, llegó hasta la sede de Gobierno con intenciones de participar en la ceremonia, pero antes de su inicio abandonó el lugar argumentando que tenía otro compromiso.
Cabe recordar que la promulgación de esta ley motivó una extensa exposición durante el consejo de gabinete de cuatro horas que encabezó la Presidenta Bachelet el 31 de julio pasado, oportunidad en que el titular de la Segpres, José Antonio Viera- Gallo,” informó a los ministros sobre el contenido de la ley y las medidas que deberán adoptar para adecuarse a la normativa”.
INTEGRANTES DEL CONSEJO
El propio Viera-Gallo será el encargado de una de las tareas más difíciles que vienen ahora: buscar consenso en el Senado para el nombramiento de los” cuatro integrantes del Consejo para la Transparencia”.
La propuesta debe ser hecha por la Presidenta de la República en un plazo no superior a 60 días y ratificada por los dos tercios del Senado, el mismo quórum que se requiere para nominar a los jueces de la Corte Suprema.
El escenario no es el óptimo, si se considera el ambiente que se generó en la Alianza tras la negativa del Senado a aprobar el nombramiento del magistrado Alfredo Pfeiffer para la Corte Suprema.
¿Pero el ministro está optimista?.
Junto con señalar que la idea del Gobierno es hacer la propuesta "ojalá la próxima semana", afirmó que en esta definición se utilizará "básicamente un criterio técnico" y se buscarán personas que comprendan bien el derecho administrativo, que sean competentes, que pertenezcan a distintas corrientes de opinión y que hayan participado en el proceso para sacar adelante esta ley.
"Esperamos que esto no sea algo que esté dirigido por el principio del binominalismo y del cuoteo estricto", concluyó Viera- Gallo.
"A RN NO LE INTERESA LA TRANSPARENCIA"
El senador DC Jorge Pizarro dijo que la ausencia de RN en la ceremonia de promulgación "es una nueva señal de RN, Piñera y compañía, quienes siguen tratando de implementar el famoso desalojo con una actitud negativa, rupturista, y polarizadora".
El parlamentario agregó que "la transparencia es un objetivo de todos los chilenos del sector público y del sector privado, de las autoridades de Gobierno y de oposición, del Parlamento y los municipios, y por supuesto de los ciudadanos comunes y corrientes, por tanto, negarse a eso, es decir no a la posibilidad de gobernar algún día, porque teniendo este tipo de actitudes no se avanza".

CHILE ES UN ESTADO QUE NO RESPETA LAS LIBERTADES DEMOCRITICAS

El académico cristiano Hervi Lara, integrante del equipo ejecutivo de la Comisión Etica Contra la Tortura afirmó que en Chile se está viviendo la lógica de una "guerra preventiva" en la que los jóvenes que protestan por no tener futuro, los estudiantes que se oponen al lucro en la educación, los trabajadores que luchan por un salario digno y los mapuche que exigen la restitución de sus tierras ancestrales han sido declarados enemigos y son objeto de una brutal represión. Se está configurando, agregó, un estado policial similar al existente en tiempos de la dictadura militar.
La conferencia de prensa del organismo tuvo lugar en la mañana del 6 de agosto en la flamante sede de la Conferencia de Religiosos CONFERRE, de calle San Ignacio, en Santiago. La Comisión Etica Contra la Tortura, organismo integrado por personalidades de destacada trayectoria en la lucha antidictatorial y por organizaciones cristianas y de derechos humanos, sostuvo que en el país están desapareciendo los indicadores de un sistema democrático: la libertad de expresión y reunión, el respeto a la integridad física y síquica y el respeto a la vida.
Hechos recientes como la represión a los trabajadores del holding Santander Banefe, la expulsión de la estudiante María Música Sepúlveda de su liceo, los constantes casos de torturas y maltratos al pueblo mapuche, y la muerte de dos jóvenes de 26 años Matías Catrileo y Johnny Cariqueo como resultado de la violencia policial en el campo y la ciudad, se citan como fundamentos de esa afirmación. La organización advierte que informará de estos hechos al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ya que Chile es signatario de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
8Monseñor Alfonso Baeza, actual vicepresidente de Cáritas y ex Vicario de la Pastoral Obrera, que integra la Comisión, denunció que en Chile la tortura se manifiesta a través de la violenta represión que se descarga "cada vez que trabajadores o estudiantes salen a la calle".
El sacerdote sostuvo que hay una "mala calidad" de la policía, y reivindicó el uso de la calle como "el único lugar de expresión que tienen los más débiles", recordando que las movilizaciones sindicales de trabajadores de empresas como el Banco Santander, Telefónica y Copec no aparecen en la televisión que sólo informa de crímenes.
Agregó además que las condiciones que se viven al interior de las cárceles son de gravísima violencia tanto para los gendarmes como para los presos.
El pastor luterano Helmuth Frenz por su parte, también miembro de la CECT, afirmó que el Estado de Chile y nuestra sociedad están enfermos, porque los mecanismos democráticos no funcionan. Dijo que para los gobernantes ha sido más fácil gobernar dentro de un sistema "casi dictatorial" y por eso han aceptado la herencia “PINOCHETISTA”. Frenz, uno de los fundadores del Comité Pro Paz, nacionalizado chileno por gracia como homenaje a su rol en la defensa de los derechos humanos en dictadura, aseguró: "La parte sana de la sociedad es la que protesta, es la juventud que reclama y el pueblo mapuche ". Deploró al mismo tiempo la criminalización de las demandas de los movimientos sociales.
Demandó de las autoridades otro tipo de entrenamiento para los carabineros y reiteró que la calle "es nuestra, es de los ciudadanos libres".
Testimonio de la Hermana Cristina
En representación de la Conferencia de Religiosos, la Hermana Cristina Hoar, recordó los deberes que tienen los Estados respecto del cumplimiento de los Derechos Humanos, y citó párrafos marcados de la Constitución chilena sobre los derechos ciudadanos, interrogándose públicamente: "¿Qué informes hacen los países a Naciones Unidas? ¿Algunas mentiras más o la verdad?"
Dio un emocionado testimonio de la represión vivida cuando caminaba junto a enfermeras en una marcha pacífica por sus derechos y fueron agredidas por un guanaco que lanzó agua tóxica, y llamó a respetar la dignidad y el valor de las personas, incluyendo a los más desfavorecidos, tales como los indígenas que vivían en estas tierras antes que llegaran los colonizadores. Citó palabras de Gandhi sobre el poder del dolor y concluyó clamando "bienaventurados los no violentos".
La periodista Lucía Sepúlveda se refirió a los montajes mediáticos y policiales que se utilizan para aplastar las luchas sociales, remitiéndose al informe elaborado por la Comisión sobre 55 casos de prisión política a luchadores mapuche en el período de la Presidenta Bachelet, en que se relata el abuso de medidas cautelares y prisión preventiva, y la práctica de allanamientos similares a los vividos en dictadura. Recordó la existencia de dos querellas por tortura: de Waikilaf Cadin, y de Elena Varela, condenada sin juicio a través de los medios, que aún permanece en prisión preventiva en una Cárcel de Alta Seguridad sometida a trato inhumano, cruel y degradante.
Los derechos del Niño y Música
El tratamiento dado por la prensa y televisión a la estudiante María Música Sepúlveda fue señalado como otra muestra de la desinformación.
Los medios exaltaron una interpretación descontextualizada del episodio del jarro de agua lanzado contra la Ministra, ignorando la violenta agresión policial a que había sido sometida previamente la niña y que era precisamente lo que ella intentó explicar a la Ministra en el inexistente diálogo ciudadano al que fue convocada. También se rechazó la medida de expulsión de la estudiante en un proceso que no respetó los Derechos del Niño, y se hizo un llamado a la Ministra a retirar la demanda judicial entablada contra Música.
Hervi Lara, parafraseando a Monseñor Romero, concluyó el encuentro con la prensa con un solemne llamado: "¡En nombre de Dios, paren la represión!"

¿QUIEN NOS DEFIENDE DEL C.D.E?

¿Qué tienen en común un hombre que perdió un brazo por culpa de un proyectil del Ejército, un joven inocente que estuvo cinco años preso y decenas de familiares de detenidos desaparecidos? Todos han pedido reparación económica y han recibido un portazo o varios años de espera de vuelta. El CDE aparece cómo el más fiero staff de abogados. ¿Hasta dónde se deben defender las platas públicas?
Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Enero de 2002. Las palabras de la entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, cayeron como un balde de agua fría. "Se había llegado a una especie de acuerdo sobre una cantidad que parecía adecuada a lo que era la vida de las personas... Cuánto vale un codo, cuánto vale un rostro quemado, cuánto vale una cadera, cuánto vale una vida".Como si se tratase de una empresa de seguros, la abogada intentaba explicar el final de un largo y dramático camino: las indemnizaciones que el CDE pagaría a los familiares de las 27 víctimas que cayeron en un boquete de la ruta 220 que une Puerto Varas con Ensenada. Esa noche del 7 de mayo de 1995, la tragedia del estero Minte causó heridas no sólo a quienes sobrevivieron al socavón.La abogada María Eugenia Concha aún recuerda la "tabla de pago" a la que hizo referencia Szczaranski. En ese entonces, como jueza a cargo de la causa, ordenó al fisco pagar 3 mil 600 millones de pesos a los afectados. Después de acusaciones en su contra de parte del CDE, debió abandonar el Poder Judicial. El consejo llegó a un acuerdo con las familias de las víctimas: 1.200 millones. "Yo sabía que tenía dos posibilidades: o no les daba nada porque la vida del ser humano no tiene precio, o les daba todo. No se reemplaza a los niños que murieron ni a las familias que quedaron sin historia y yo quería que a través de un monto justo se pudiera mitigar en algo el daño. Yo creo que CDE tiene una tremenda labor que realizar, pero desde el punto de vista de proteger a la sociedad, no sólo las platas estatales", dice Concha, insatisfecha por el monto que recibieron las familias, pero también conforme porque con el acuerdo extrajudicial al que llegaron finalmente, el CDE reconocía cierta culpa en los hechos, una responsabilidad que, pese al pago, el organismo negó hasta el final.Los huérfanos y viudos del estero Minte recibieron la indemnización siete años después del accidente. Aunque la pérdida que sufrieron no se puede cuantificar en la tabla entregada por Szczaranski, aceptaron una indemnización que por lo menos deja claro que hay un responsable.Por ley, el Consejo de Defensa del Estado tiene una misión: defender judicialmente los intereses patrimoniales del Estado. Y el CDE la cumple a cabalidad. Según el informe de gestión del organismo, el año pasado el Estado fue demandado por 125 mil 330 millones de pesos y de esos sólo pagaron 8 mil 844 millones de pesos. Un triunfo que es cuestionado por los abogados que están del otro lado y que deben defender a cientos de chilenos cuyos daños o perjuicios fueron cometidos por algún organismo del Estado. ¿Cuáles son los límites para los guardianes del fisco”UN PROYECTIL EN EL DESIERTOEl 17 de diciembre de 1994, la vida de José Miguel Larenas se fue a negro. Tenía 18 años y festejaba con sus compañeros el fin del colegio en el Valle de la Luna cuando, a la entrada del lugar al lado de un cartel que lo anunciaba como "santuario de la naturaleza" , la camioneta de sus amigos se volcó hacia un costado del camino. Él, que conducía otro vehículo delante de ellos, se devolvió para pedir ayuda y coordinar el traslado de los heridos. Caminó hasta la camioneta siniestrada e intentó sacarla del lugar. Sólo recuerda que retrocedió, sintió el fuego y su brazo izquierdo colgando.Un experto en limpieza de minas antipersonales determinó que la explosión que casi mató a José Miguel se debió a un proyectil sin estallar del Ejército. Una negligencia por la que aún José Miguel explicaciones y una respuesta económica.Larenas presentó una querella que fue sobreseída temporalmente el 18 de septiembre de 2000. En 1999 interpuso una demanda en contra el Estado de Chile por daños y perjuicios y aún no hay resultados. "El CDE sigue ciegamente las directrices y estatutos que se resumen en defender a toda costa al fisco sin diferenciar santos de demonios. El CDE no conoce de moral, ética o justicia, solo de procedimientos eternos. Pero, afortunadamente, la justicia no está en manos del CDE sino que recae en el Poder Judicial, en el que abrigo la esperanza y confianza que nos dará la razón aunque sea luego de 14 años", dice.Larenas cree que en este tipo de casos, en que "existen pruebas irrefutables de la responsabilidad del Estado", el organismo debería negociar rápidamente con las víctimas para que al "sufrimiento humano que ya se ha causado" no se sume un dilatado y destructor proceso judicial.Jorge Baeza, abogado jefe de la división de Defensa Estatal del CDE, reconoce que el retraso de las causas y el intento del organismo por rebajar las indemnizaciones puedan generar molestias, pero dice que esto corresponde a la rigurosidad con que deben hacer su trabajo. "Pensemos esto objetivamente dice Baeza . Si alguien llega y nos demanda por 100 millones y decimos “paguemos 100 millones”, de esos 100 millones hay plata suya, de sus padres, de su marido, de sus parientes, de sus amigos. Llegar y pagar sería cómodo, un problema menos. ¡Pero es muy fácil disponer de plata ajena! Nosotros tenemos que cuidar el patrimonio".Andrea Flores, asesora de la misma división, cree que los juicios del CDE no se dilatan más que otros juicios. Es más, suma dos datos para destacar que podría ser más beneficioso litigar contra el Estado: "El fisco siempre va a tener plata para pagar y nunca vamos a hacer algo ilegal en el juicio". Andrea también acusa que el "daño moral", que muchas veces hace subir hasta en un 80% el monto de la indemnización demandada, es muy subjetivo. "Incluso en el último tiempo se ha hablado de la mercantilización del daño moral", comenta.El CDE ha logrado proteger el erario nacional ganando sobre el 90% de las demandas. La fiereza y profesionalismo de sus abogados es desatacada en el mercado laboral, pero quienes han sido contrapartereclaman: "Todos somos chilenos, cómo van a actuar de igual modo cuando defienden una demanda por expropiación que cuando se trata de una vida humana".CINCO AÑOS Y UN DÍAAlfredo Soto aprendió tres cosas en la cárcel: coa, a hacer dibujos con hilos de colores y que nada material puede compensar el dolor humano. No se le olvida. Es su mantra desde que en 1990 lo detuvieron como autor del crimen de la joven de 17 años María Soledad Opazo, un homicidio conocido como el "crimen de La Calchona", en Talca.Después de pasar cinco años y un día tras las rejas, y de ser torturado y maltratado en el proceso de confesión al igual que otros dos amigos inculpados , la Corte de Apelaciones de Talca lo absolvió y ordenó su liberación inmediata.Hoy, Soto trabaja como maestro pintor en su ciudad. "Cuando la gente me ve me dice “tú eres el inocente de La Calchona”", cuenta. Para él, el tiempo que pasó en la cárcel no se puede recuperar. Sus proyectos, los sueños y la vida familiar quedaron en suspenso. El portazo en la cara del CDE y de la justicia chilena se sumó al dolor de la prisión injusta. La indemnización que solicitaron al Estado por el error judicial fue negada y la decisión adversa sólo pudo ser revocada gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alfredo Soto y sus compañeros reciben una pensión de por vida que asciende a 300 mil pesos. A pesar de su triunfo, es una excepción y sólo se logró gracias a la ayuda de un organismo internacional. "Desde 1980 a la fecha se han producido 67 casos de errores judiciales y en sólo cuatro de ellos ha sido aceptada la indemnización", alega el abogado Roberto Celedón.Alfredo Soto sorprende. Tiene rabia y años perdidos, pero no deja de mirar la vida desde la libertad. "Las 300 lucas no reparan en nada el daño que sufrí, la cana, la humillación, el hambre, la celda de dos por dos que tuve que ocupar en la cárcel. Trescientas lucas no son nada", dice mirando una foto de su única hija, Susana Leonor, que tiene 7 años. Por ella disfruta cada día, e incluso guardó todas las grabaciones de los programas donde se cansó de contar su historia. "Salí en “Cuéntame” y en el “Rock and Pop”. Mi hija no sabe del sufrimiento que pasé, ella cree que soy una estrella, una estrella de la televisión".
Alejandra Carmona La Nación agosto 2008

¿CHILE Y LOS DERECHOS HUMANOS ?

El diputado del PRSD Carlos Abel Jarpa , miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, junto con celebrar la detención del ex líder serbobosnio Radovan Karadzic solicitó a las autoridades chilenas ratificar la subordinación del país a los dictámenes del Tribunal Penal Internacional en relación con los temas que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos.
Jarpa dijo que la detención de Karadzic es una buena noticia para “todos los que de una u otra forma han luchado por el respeto de las garantías individuales en Chile y el mundo”. Jarpa exigió a la oposición dar los votos para que el Estado sea parte del Estatuto de Roma que creó el TPI. La demora de Chile de asociarse al Tribunal se debe a la oposición de la derecha, que afirma que el país cedería soberanía. Jarpa dijo que el TPI da todas las garantías para un juicio imparcial.
A.I. 13 Agosto 2008

MEDICO ECUATORIANO QUE HABRIA REALIZADOS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CON SU HIJO ,SIGUE EJERCIENDO EN HOSPITAL DE IQUIQUE

El médico ecuatoriano Olmedo Valencia Lemus, que habría permitido que su hijo participara en varias intervenciones quirúrgicas, sigue ejerciendo en el Hospital de Iquique.
Así lo denunció Miriam Briceño, la mujer que hizo público su caso luego que una operación para superar el síndrome del túnel carpiano, realizada hace dos años y en la que participó el menor, la mantiene sin poder trabajar pues resultó con pérdida de sensibilidad en la mano.
"El todavía sigue atendiendo en el hospital. El me atendía en los dos años, me da las licencias, en la consulta particular también atendía", señaló la mujer en entrevista con radio Cooperativa.
Briceño dijo que si bien acudió a todas las instancias pertinentes, como el director del recinto y la junta médica del Colegio Médico de Iquique, todos hicieron caso omiso ante el grave hecho.
De hecho, aseguro que se trataba de una práctica de conocimiento público, pues "cuando iba a la terapia la gente comentaba, los médicos todos sabían todo, porque no me conocían por mi nombre. Me decían 'ah, la señora que el niñito operó'".
Sobre la intervención, Briceño relató que ante las referencias hechas por el niño durante el procedimiento le dieron a entender que ya había "operado" antes.
La mujer recordó que al finalizar el procedimiento el médico dijo "uy se portó bien la paciente", a lo que el niño respondió que "no fue como la abuelita que lloraba tanto".
La Tercera 06/08/2008

¿LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE ?

Hace una semana caminaba por el paseo Huérfanos, buscando un “lustrabotas”, antes de llegar a Morandé me llamó la atención una mujer lustrabotas, la única de los tres puestos que hay en esa cuadra, probablemente por razones de solidaridad de género decidí lustrar mis zapatos con ella.
En poco menos de 10 minutos y mientras me prestaba sus servicios, la señora Lidia, de 51 años, me contó algunas cosas de su vida, viuda, 4 hijas/o y una nieta, hace un año que dejó sus labores de dueña de casa para trabajar en el puesto de lustrabotas.Las razones de la señora Lidia para ingresar al mercado laboral semiformal no obedecen a aspiraciones de desarrollo profesional o económico, ni de reivindicación de género, especialmente considerando su oficio; si no que lamentablemente en agosto de 2007 su marido de 55 años falleció, un par de meses antes había visitado al médico -lujo que no podían costear- y le diagnosticaron varias enfermedades crónicas, las que por falta de recursos y de tiempo no pudieron ser tratadas, por lo que se resignaron a esperar lo peor.Sin preparación ni capacitación para desempeñarse en otro tipo de trabajo, la señora Lidia debió comenzar a lustrar zapatos para mantener a su hija de 11 años, su hija cesante de 30 y su nieta de 15 años (hija de la anterior).Hace una semana le preocupaba juntar suficiente dinero para comprar el gas, le habían avisado desde su casa un rato atrás que se había acabado y que estaban cocinando en una estufa eléctrica; hoy pasé de nuevo, esta vez le pregunté su nombre.En esta oportunidad la preocupación de la señora Lidia era reunir dinero para pagar la patente de su puesto de lustrabotas, de $21.000 y que le permite mantener su única fuente de ingresos; ella no había almorzado hoy, para que cada $350 que paga el cliente por lustrar sus zapatos solo fuese destinado a pagar lo adeudado a la Municipalidad de Santiago. Obviamente .deberá descartar asumir cualquier costo del tratamiento prescrito en el consultorio por la depresión grado 2 que le diagnosticarona.La señora Lidia y su marido ya fallecido son un ejemplo de miles de hombres y mujeres pobres en Chile (14% de la población en el 2006 según informes gubernamentales), jefes/as de hogar, que gran parte de su vida han trabajado en su casa o fuera de ella, sin ningún tipo de retribución o remuneración justa y equitativa, sin protección de su salud ni sistema previsional, sin acceso a capacitación, ni educación, sin posibilidad de mejorar su calidad de vida y la de su familia, sin poder romper el famoso "círculo de la pobreza".Me pregunto ¿qué más podemos hacer por ella”, por tantos/as otros/as, ¿qué hacemos como país para solucionar estas carencias y desprotección social”, no basta con darle una propina o un pago extra por sus servicios, ni recomendar sus servicios a otros, no basta con escribir estas notas y que otros/as las lean.LOS DERECHOS HUMANOS de la señora Lidia y de su familia, también de su marido fallecido, han sido y son vulnerados cada día, pero no podemos demandar, denunciar, querellarnos o recurrir en contra de nadie, por que el Estado solo es responsable de prevenir y proteger los derechos humanos civiles y políticos, es decir podemos transitar libremente, podemos expresarnos, reunirnos, asociarnos, elegir a nuestros representantes, además tenemos garantizado el no ser esclavos ni ser torturados y por sobre todo tenemos derecho a la vida.Pero el Estado, quien constitucionalmente tiene el deber de estar “al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible,”“ (art. 1), no se hace responsable de que sus vidas sean dignas, de que la señora Lidia y sus hijas tengan educación, salud, alimentación, un trabajo, salario mínimo y suficiente, seguridad social, vivienda, menos aún se hace responsable de que -tarde o temprano- no mueran por no tener acceso a estos “otros” derechos.Ellas simplemente deberán asumir que en esas condiciones nacieron y que no tendrán más oportunidades que estas.
Yanira Godoy Coordinadora de Desc. A.I. Chile Julio 2008

RECHAZO A NUEVO PROYECTO DEL GOBIERNO DE TURNO

PPD anuncia voto en contra a emblemático proyecto del Insituto de Derechos Humanos. No podemos respaldar la iniciativa si es que no cuenta con el apoyo de quienes vivieron en carne propia todo tipo de violaciones. No tienen ningún sentido”, señaló la bancada de diputados del PPD anticipando su voto de rechazo al proyecto del gobierno que busca crear el Instituto de los Derechos Humanos.
A.I. 01 Agosto 2008