COMPIN Y LAS EMPRESAS DE PAPEL

El senador Alejandro Navarro (MAS) pidió este jueves que la Seremi de Salud del Bíobío se pronuncie sobre una denuncia que hizo una funcionaria en 2010 sobre una presunta estafa en el pago de licencias médicas por parte de la Compin presuntamente a trabajadores de 10 empresas de papel.  Navarro explicó que Marcela Ibarra, quien trabajó en la Compin de Concepción y recopiló todos los antecedentes, el 24 de mayo de 2010 denunció los hechos ante el Seremi de Salud, con el fin de que éste los pusiera a disposición de la Justicia, pero a ocho meses de ello aún no ocurre, dijo.

El senador expresó que “la ley es clara, y en el Código Procesal Penal señala que existe la obligación de denunciar para ciertas personas. Asimismo en su artículo 175 indica que, tanto fiscales como demás empleados públicos, están obligados a informar acerca de delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones”.

Nuevamente Rossy Lamas

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se desistió de apelar para lograr la detención -con miras a un eventual procesamiento- de varios militares imputados por el homicidio -con 44 balazos- del cantautor Víctor Jara, acaecido a los pocos días del golpe de 1973 en el Estadio Chile. La decisión adoptada por la jefa del organismo, la ex fiscal Rossy Lama y recomendada por el actual patrocinante y jefe jurídico del organismo, Francisco Ugas, tiene una historia que comenzó a fines el año pasado. En esa oportunidad, el entonces abogado querellante por el Programa de DD.HH., Cristián Cruz, ingresó un escrito solicitando la prisión preventiva de los oficiales en retiro Hugo Sánchez, Edwin Dimter, Raúl Jofré y el ex fiscal castrense Rolando Melo, con el fin de que el ministro a cargo, Juan Fuentes Belmar, los encausara. Pero Cruz enfrentó un problema, ya que fue despedido por Lama, “porque no reunía los requisitos de las nuevas políticas de trabajo”, dijo en su oportunidad la funcionaria. Pues bien, el magistrado Fuentes rechazó la petición de más de 20 páginas formulada por Cruz, quien apeló al tribunal de alzada capitalino para revertir la decisión. Fue en ese momento cuando Lama le revocó el patrocinio y poder, con el fin de que no interviniera en la causa. Sin embargo, debido a un error en su presentación, el recurso de todas formas subió a la Corte de Apelaciones de Santiago y siguió su tramitación normal. Por eso es que ayer le llamó la atención a los ministros de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones que el Programa de DD.HH. se hubiera desistido de concurrir al estrado y hacer valer los argumentos de un organismo que actúa como querellante y en esa condición busca ejercer todos los recursos procesales que les granjea la ley. Hay que recordar que este fue el mismo tribunal que aprobó que el ex comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, declarara en el caso en calidad de testigo, hecho que provocó la incomodidad del gobierno ya que no fue informado. Vale recordar que Cruz, también estaba a cargo de un proceso relacionado con la muerte del ex ministro de Allende José Toha.  Este diario consultó al abogado Ugas, quien explicó que la decisión de no apelar se basó en que la diligencia solicitada por Cruz “no era procedente” en el estado actual de la causa. Según su versión, luego de revisar el expediente, es que no existían méritos procesales para ello. “Analicé la causa, pero no estuve de acuerdo en que se librara una orden de detención en contra de cuatro personas, que si bien es cierto están inculpadas, no están procesadas por el ministro instructor, toda vez que el escrito no pasó por mi revisión antes de ser presentado”, aseguró Ugas.

En la misma línea, explicó que la orden de detención es una medida que se aplica cuando una persona es requerida y no comparece ante el tribunal y en el caso de los cuatro militares mencionados, todos concurrieron a prestar su testimonio.

“La causa hay que trabajarla más, avanzar en el sumario. Y está avanzando, pero quien decide procesar o detener es el magistrado siempre y cuando se forme la convicción de que existen antecedentes suficientes para encausar. Y como máxima, aquí se buscará verdad y justicia, pero aplicando correctamente el derecho, por lo que solicitaré las diligencias pertinentes para asegurar el éxito de la investigación”. Lama ha sido cuestionada por las organizaciones de Derechos Humanos, debido a los despidos de varios abogados. En una entrevista que otorgó al diario uruguayo La Diaria, justificó su decisión, señalando que se contrató más personal con el fin de que no hubiera una merma de personal.  Actualmente, el único procesado por el juez es el ex conscripto José Paredes Vásquez, cuyo encausamiento fue confirmado a mediados de 2009 por la Corte de Apelaciones de Santiago, en calidad de presunto autor del homicidio del folclorista, otorgándole la libertad luego de 48 días de reclusión.  Si bien el ministro no ha anunciado nuevos procesamientos, mantiene en un “cuaderno  secreto” la nómina de todos los militares que estuvieron en el Estadio Chile, muchos de los cuales provenían del centro de detención y tortura de Tejas Verdes.

CONFESIONES = TORTURA

El reconocimiento que hace una persona de su responsabilidad en un delito ha sido considerado como la prueba más contundente para acreditar su participación en un hecho punible. No en vano ha sido calificada como “la reina de todas las pruebas” y ha dado origen al adagio “a confesión de parte relevo de prueba”.

La máxima certeza se logra precisamente cuando se reconoce participación y responsabilidad en el hecho. De allí que la confesión haya sido buscada con ahínco en el ámbito de las investigaciones judiciales desde la antigüedad.

Y, dado el valor que se le ha asignado como medio de prueba, también desde la antigüedad se han desarrollado y utilizado métodos para obtenerla o forzarla.

Así fue entonces que, como hija bastarda de la confesión, nació la tortura, procedimiento a través del cual, mediante la aplicación de apremios físicos y psicológicos de las más variadas estirpes, se lograba forzar un reconocimiento o confesión.

La tortura ha sido, por excelencia, el instrumento más utilizado para obtener confesiones. La literatura ha sido rica en mostrarnos las diversas formas y sistemas ideados para dicho fin. Todas ellas tienen, sin embargo, un elemento común: la perversidad.

En el presente existe una condena universal respecto de la tortura, que se manifiesta en sancionar drásticamente su uso. También las legislaciones de los Estados y el Derecho Internacional regulan minuciosamente los procedimientos policiales y judiciales para inhibir su práctica.

De allí que la “confesión” como medio de prueba, requiera cumplir con exigentes requisitos para ser considerada como prueba idónea en un juicio.

Nuestro sistema procesal penal, caracterizado por ser garantista, establece de forma clara y categórica que el imputado no está obligado a declarar; es decir, a auto incriminarse o, dicho de manera más simple, a confesar. La ley le garantiza su derecho a guardar silencio, y ese silencio no puede ser interpretado en ningún sentido por el juez.

Ya en el antiguo procedimiento penal, se disponía que la sola confesión fuera insuficiente para condenar y que se requirieran de otras pruebas para acreditar el hecho punible confesado.

Todo lo dicho viene al caso puesto que una peligrosa jurisprudencia actual de nuestros tribunales de justicia, esos de la reforma del proceso penal, ha aceptado como prueba de encontrarse confeso un individuo, el testimonio de terceros (testigos) que han escuchado esa confesión fuera de la sede del Tribunal, en este caso, ante policías o fiscales.

Se trata, en definitiva, de supuestas confesiones, que no son producidas en el juicio, que han sido prestadas en condiciones que no garantizan que se hayan respetado los derechos del imputado y que éste no haya sido objeto de apremios tanto físicos como psicológicos, u obtenidas bajo engaños o promesas ilícitas.

El solo hecho de que se acepten testigos de una confesión para acreditar la confesión, no obstante que ésta no se ha producido en el juicio o bajo condiciones que garanticen que ella es genuina, abre un tremendo forado en el actual sistema procesal penal, cuyo resultado final e inevitable será la reanudación de la práctica de la tortura.

Héctor Salazar  DDHH  Enero 2011

LA SALUD SIGUE ESPERANDO

La Corte de Apelaciones de Concepción condenó a los Servicios de Salud de Concepción y Arauco a pagar una indemnización de $ 50.000.000 cada uno por las deficiencias en la atención de una menor, lo que derivó en un cuadro de paraplejía.

Los ministros María Leonor Sanhueza, Diego Simpertigue y la abogada integrante Ruth Gabriela Lanata determinaron que ambos servicios son responsables por la atención negligente a la menor K.A.R.S en los hospitales de Concepción, Cañete y Curanilahue.

De acuerdo a los antecedentes del caso, la afectada nació con una patología de síndrome de médula anclada y sinus dermal, pero el mal tratamiento de esta última lesión derivó en una paraplejía.

El dictamen determina que todos los hospitales donde recibió atención la niña, Curanilahue, Cañete -dependiente del Servicio de Salud de Arauco- y el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción -dependiente del Servicio de Salud de Concepción- son responsables por falta de servicio en la atención de la niña.

Y agrega en sus considerando que “lo señalado lleva a sostener que las consecuencias de la infección sufrida por la menor pudieron ser evitadas con una atención oportuna y un cuidado más eficiente. No es excusa suficiente la señalada por la demandada, Servicio de Salud Arauco, en orden a que fue atendida siguiendo las indicaciones de la madre, pues es evidente que no era en ella en quien recaía tal determinación. Los testigos, todos ellos médicos, están contestes al señalar que no es habitual que las enfermedades de la niña conduzcan a los resultados a que se llegó en la especie. Es más, el testigo Pérez Cuadros (fojas 164) declara atender tres o cuatro casos semanales y nada ha señalado en el sentido de que alguno de ellos llegue al estado de la menor, incluso dice que éste es el segundo caso complicado que ve”, dice el fallo.

De igual modo establece que “como se ha venido diciendo, lo que se ha perseguido en esta causa es la falta de servicio por parte de los organismos estatales y es evidente que los padres de la menor solicitaron atención tanto al Servicio de Salud Concepción como Arauco, produciéndose, en definitiva, los daños ya tantas veces señalados”.

“El estado de la niña no obedeció a una acción puntual o concreta que pueda atribuirse a determinado agente, sino a un conjunto de acciones sucesivas que comenzaron en la atención otorgada por el Hospital Regional de Concepción, que minimizó el estado mórbido de la menor, habiendo quedado debidamente demostrado que estaba en posición de efectuar una atención más eficiente, como la que realizó cuando accedió a hospitalizarla el 12 de octubre de 2007, aun cuando a esa época los daños ya se habían producido”, sostiene el dictamen.

“Cada una de las acciones deficientes desarrolladas por las entidades públicas que intervinieron aparecen como suficientes, por sí solas, para causar el daño a la menor o, lo que es lo mismo, el actuar eficiente y oportuno de cada una de ellas pudo evitar el resultado dañoso que ha motivado este juicio. Se trataba de lo que es dable esperar de la atención en un establecimiento médico dependiente de un Servicio de Salud, esto es, el control básico de una infección de una menor de pocos meses de edad. Lo señalado lleva a concluir que confluye en la especie la responsabilidad de las dos entidades demandadas, de manera tal que el actuar de cada una de ellas provocó el daño por el cual se demanda, esto es, configuró la falta de servicio del Estado al cual sirven”, continúa.

“Como lo dispone el artículo 4° de la ley N° 18.575, fundamento de derecho de la demanda de autos, es el Estado el responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, por lo que determinado que concurrieron al daño ambos servicios demandados y constituyendo órganos de la Administración, corresponde que sean condenados cada uno en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo”, agrega.

La sentencia determina que la menor debe recibir $ 30.000.000 tanto del Servicio de Salud de Arauco, como del Servicio de Salud de Concepción; mientras que su madre y su padre deben recibir $ 10.000.000 cada uno de ambos servicios.

LA CIUDAD DE LOS FOTOGRAFOS

Gran éxito tuvo el documental ” La ciudad de los fotógrafos” exhibida en el salón Luis Valente Rossi ,ubicado en la “ Casa Del Pueblo “ , vivar 470 a cargo de la Anex PP-Iquique y los asesores del diputado Hugo Gutiérrez ,siguiendo el ciclo de documentales tanto en polìtica,deportes,cultural,mineros,pesqueros,vecinal,etc,etc.

Durante el periodo de la dictadura de Pinochet, un grupo de chilenos fotografió las protestas y la sociedad chilena en sus más variadas facetas. En la calle, al ritmo de las protestas, estos fotógrafos se formaron y crearon un lenguaje político. Para ellos fotografiar fue una práctica de libertad, un intento de supervivencia, una alternativa para poder seguir viviendo. Sus fotografías sirvieron para apoyar el testimonio de las víctimas de la dictadura y fueron fundamentales para iniciar los procesos de justicia. Algunos de ellos fueron reprimidos brutalmente, otros fueron asesinados… Pero muchos siguen vivos. Son los supervivientes de la dictadura de Pinochet o los náufragos de la democracia

En el filme, Moreno recuerda la participación de su padre, Pepe Moreno, en ese grupo y la labor de la AFI que, mientras los militares y la Dinacos (Dirección Nacional de Comunicación Social) impedía cualquier foto “no oficial”, plagó de imágenes de la violencia de la dictadura a los reprimidos medios opositores y a las agencias internacionales.

Conmovió profundamente cada testimonio y en particular el de Ana González, quien es madre, esposa y suegra de detenidos desaparecidos. Ella relata la importancia de los registros gráficos y como cuenta sólo con una foto de toda su familia.  “No tener la foto de la familia es como no formar  parte de la historia de la humanidad”.

Además, se introduce en el valor de la fotografía de la violencia durante la dictadura, la relación de los fotógrafos con esa violencia, la censura, el rostro de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos colgado en papel en el pecho de sus familiares, y en el recuerdo de Rodrigo Rojas Denegri, que murió junto a su cámara quemado por una patrulla militar.

En efecto, se pueden ver imágenes inéditas del joven de 22 años que, cuando se aprestaba a registrar las actividades del paro nacional contra la dictadura en 1986, fue detenido y brutalmente quemado por un comando a cargo del oficial Pedro Fernández Dittus -junto a Carmen Gloria Quintana- frente al número 3915 de la calle Hernán Yungue, y luego abandonado a su suerte en un predio de Quilicura.

MAGALLANES GANA GUERRA DEL GAS

Por casi una semana, precisamente hasta que se decidió mandar al frente al Ministro Golborne a jugarse al cara o sello su prestigio y ascendencia, el gobierno se mostraba resuelto a tratar el conflicto de Magallanes como una estricta cuestión de orden público y de ningún modo como lo que efectivamente era. Un asunto económico, social y hasta de naturaleza geopolítica. Tal incomprensión de lo que estaba pasando es la que en último término explica  que se haya mandado a negociar al Subsecretario Ubilla, en lugar de haber enviado  desde el principio al Ministro de Energía, de Economía,  Planificación o, en su defecto, al Subsecretario de Desarrollo Regional (SUBDERE), todas autoridades con competencias efectivas sobre las cuestiones verdaderamente en juego.Los chilenos sabemos desde siempre que en vista del centralismo rampante y abusivo, las autoridades regionales tienen muy escasa autoridad efectiva sobre los asuntos  que le son confiados a su administración. Pero hoy, a propósito de los sucesos de Magallanes, ha quedado patente y de modo vergonzoso, que si los Intendentes tradicionalmente mandaban poco, en el contexto actual de un gobierno que se solaza en un  personalismo que lógicamente exacerba el centralismo, las autoridades regionales representativas del gobierno central en los respectivos territorios  han quedado reducidas a la triste condición de figuras decorativas y sin mando efectivo. Es decir, un conflicto que se desata en una región no puede ser resuelto por las autoridades regionales, puesto que las mismas carecen de atribuciones, cuando no de personalidad o estatura política suficiente para encararlo eficazmente de modo autónomo. Cuando una autoridad es política y administrativamente impotente, o excesivamente temerosa frente a la jerarquía santiaguina, no tiene más remedio que recurrir una y otra vez al Palacio de la Moneda. Y si allí no se sabe exactamente cómo y qué hacer, y por lo mismo se recurre a la autoridad local de la Iglesia, entonces los ciudadanos, y no solamente en regiones,  quedan colocados en el peor de los mundos y preguntándose: ¿Para qué sirven entonces las instituciones que la nación políticamente organizada se ha dado a sí misma para procesar sus conflictos? De otra parte, el conflicto magallánico ha sacado a la luz antecedentes preocupantes y desconocidos que merecen ser investigados. Es el caso de la relación contractual entre ENAP y la multinacional Methanex, empresa que representa el principal cliente de la estatal chilena en cuanto a aprovisionamiento de gas natural. Otro tanto cabe decir respecto a los asuntos atingentes a las empresas extranjeras que exploran en busca de gas y petróleo en  los bloques territoriales  licitados en los procesos llevados adelante por CORFO-ENAP en años recientes. La extraña circunstancia de que dichas empresas hayan encontrado gas en los mismos lugares en los que ENAP  nunca tuvo éxito, pese a utilizar información geológica y tecnología prospectiva y de perforación equivalente, configura una circunstancia que debe ser esclarecida en todos sus detalles. De modo especial, pero no exclusivo, para disipar toda duda subsistente sobre colusiones entre ex ejecutivos de ENAP y las mencionadas empresas, tráficos de información privilegiada, etc. En un sentido más amplio, no sería extraño que los sucesos de Magallanes generaran réplicas semejantes en otras regiones del país por razones semejantes  a las que han motivado la airada y explicable reacción en el extremo sur. Se sabe que diversas regiones desde donde los sucesos de Magallanes están siendo observados con sumo interés y sentimientos de comprensión y evidente solidaridad. Muy a pesar de que el Gobierno ha tratado explícitamente de indisponer y hasta de confrontar a los magallánicos con los habitantes de otras regiones.Como han subrayado diversos análisis, la cuestión que subyace a la crisis del gas en  Magallanes  tiene que ver con el colapso  del modelo centralista imperante y con la consecuente reivindicación de las regiones de su derecho a tener más y mejores potestades para gobernar sus propios asuntos. En este sentido, es preciso que el país reflexione  seriamente sobre el significado profundo de la total y acordada ausencia de banderas chilenas en las manifestaciones, las que como se pudo observar fueron reemplazadas por la bandera de Magallanes y otros símbolos regionales. Y  aquella  es una cuestión de naturaleza estrictamente política, de ningún modo económica y mucho menos tarifaria. Los magallánicos deben estar concientes que han protagonizado una hazaña de dimensiones épicas y de características pocas veces observadas en la historia nacional. Por ello, y porque su rebelión consiguió que a la postre sus puntos de vista hayan prevalecido en cuanto a las cuestiones más esenciales reivindicadas, la gesta magallánica merece ser apreciada como una  circunstancia que marcará un antes y un después en la percepción  que las regiones tienen de sí mismas. También sobre el potencial que encierra la unidad de propósitos y la convergencia en la acción, en bien  de las legítimas e impostergables aspiraciones regionales. Los magallánicos han sabido reaccionar al unísono. Supieron también conducir el conflicto de un modo que no admite mayores reproches, salvo episodios muy aislados. También actuaron sabia y responsablemente para apreciar cuando era el momento preciso de poner término a las movilizaciones y al paro. Concientes de la necesidad de impedir que el capital político y social acumulado fuera dilapidado a causa de los maximalismos,  y cuando se hizo evidente el peligro del desgaste y la división. Una semana entera de sacrificios, de parte de los que estuvieron y también de los que se restaron, se merecía el homenaje de cautelar  a todo trance dicho capital, como condición esencial para  enfrentar un futuro que se adivina incierto y cuesta arriba. Pues ya encontrará el centralismo un nuevo pretexto para intentar avasallar y someter. Una última consideración. Magallanes es una región que no está menos políticamente dividida que el resto del país. Sin embargo, no se apreció ninguna enseña partidaria en las movilizaciones, y cualquiera que  hubiera intentado enarbolarlas seguramente habría sido repudiado y apartado. El conflicto fue entonces efectivamente enfrentado sin chauvinismos partidarios y con un espíritu unitario y convergente, propio de una rebelión de carácter estrictamente regionalista .De otra parte, dos de los cuatro parlamentarios regionales se definen como políticamente independientes, o al menos no militan formalmente en ningún partido. Ese es también el caso del Alcalde de Punta Arenas .Estos son antecedentes que deben hacer reflexionar autocríticamente a  los partidos sobre el modo en que conducen sus relaciones con sus estructuras regionales. Pues como se puede apreciar, los vicios centralistas no son solo atribuibles a las prácticas atávicas de instituciones del Estado, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los partidos políticos.

ANEXPP-IQUIQUE APOYA AL DOCTOR MADARIAGA

La Anexpp – Iquique (Agrupación Nacional de Prisioneros Políticos Iquique) junto a su Comisión de Salud y demás agrupaciones de DD.HH demostraron una vez más que la unidad de todos, es la base en la lucha de la salud para los Expp y familiares.

En agosto del 2008, la Expp-Iquique, AFEPI y Corporación Pisagua, unidos lucharon y lograron sacar de una oficina donde funcionaba el Equipo Prais (5 personas) a las actuales 8 oficinas con escritorios, pc y salón con living ,ala sur del hospital donde funcionan actualmente, quedando en espera la auditoria que pidió esta comisión el 2006 para saber el destino de los presupuestos destinados al Prais.

Esta unidad, potenciada hoy con las agrupaciones y sindicatos de la salud esta impidiendo la destitución del medico psiquiatra Carlos Madariaga de la dirección del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais) por parte de la directora del servicio de salud Adriana Tapia.

Señalamos que es un error esta decisión de la directora, por todo lo que representa el doctor Madariaga para los Expp y familiares, especialmente en el área de la salud mental que es donde se encuentra el mayor daño producido a esta población.

Dar a conocer todo lo que a hecho este profesional comprometido con los DD.HH da para varios libros, para muestra un botón ,decenas de ediciones sobre la materia en varios países, cientos de talleres de capacitación en salud mental, depresión, daño transgeneracional, charlas de salud mental en el Chile actual y varios programas que constantemente lo esta dando a conocer a los miles de usuarios Prais y familiares.