jueves, 20 de enero de 2011
MAGALLANES GANA GUERRA DEL GAS
Por casi una semana, precisamente hasta que se decidió mandar al frente al Ministro Golborne a jugarse al cara o sello su prestigio y ascendencia, el gobierno se mostraba resuelto a tratar el conflicto de Magallanes como una estricta cuestión de orden público y de ningún modo como lo que efectivamente era. Un asunto económico, social y hasta de naturaleza geopolítica. Tal incomprensión de lo que estaba pasando es la que en último término explica que se haya mandado a negociar al Subsecretario Ubilla, en lugar de haber enviado desde el principio al Ministro de Energía, de Economía, Planificación o, en su defecto, al Subsecretario de Desarrollo Regional (SUBDERE), todas autoridades con competencias efectivas sobre las cuestiones verdaderamente en juego.Los chilenos sabemos desde siempre que en vista del centralismo rampante y abusivo, las autoridades regionales tienen muy escasa autoridad efectiva sobre los asuntos que le son confiados a su administración. Pero hoy, a propósito de los sucesos de Magallanes, ha quedado patente y de modo vergonzoso, que si los Intendentes tradicionalmente mandaban poco, en el contexto actual de un gobierno que se solaza en un personalismo que lógicamente exacerba el centralismo, las autoridades regionales representativas del gobierno central en los respectivos territorios han quedado reducidas a la triste condición de figuras decorativas y sin mando efectivo. Es decir, un conflicto que se desata en una región no puede ser resuelto por las autoridades regionales, puesto que las mismas carecen de atribuciones, cuando no de personalidad o estatura política suficiente para encararlo eficazmente de modo autónomo. Cuando una autoridad es política y administrativamente impotente, o excesivamente temerosa frente a la jerarquía santiaguina, no tiene más remedio que recurrir una y otra vez al Palacio de la Moneda. Y si allí no se sabe exactamente cómo y qué hacer, y por lo mismo se recurre a la autoridad local de la Iglesia , entonces los ciudadanos, y no solamente en regiones, quedan colocados en el peor de los mundos y preguntándose: ¿Para qué sirven entonces las instituciones que la nación políticamente organizada se ha dado a sí misma para procesar sus conflictos? De otra parte, el conflicto magallánico ha sacado a la luz antecedentes preocupantes y desconocidos que merecen ser investigados. Es el caso de la relación contractual entre ENAP y la multinacional Methanex, empresa que representa el principal cliente de la estatal chilena en cuanto a aprovisionamiento de gas natural. Otro tanto cabe decir respecto a los asuntos atingentes a las empresas extranjeras que exploran en busca de gas y petróleo en los bloques territoriales licitados en los procesos llevados adelante por CORFO-ENAP en años recientes. La extraña circunstancia de que dichas empresas hayan encontrado gas en los mismos lugares en los que ENAP nunca tuvo éxito, pese a utilizar información geológica y tecnología prospectiva y de perforación equivalente, configura una circunstancia que debe ser esclarecida en todos sus detalles. De modo especial, pero no exclusivo, para disipar toda duda subsistente sobre colusiones entre ex ejecutivos de ENAP y las mencionadas empresas, tráficos de información privilegiada, etc. En un sentido más amplio, no sería extraño que los sucesos de Magallanes generaran réplicas semejantes en otras regiones del país por razones semejantes a las que han motivado la airada y explicable reacción en el extremo sur. Se sabe que diversas regiones desde donde los sucesos de Magallanes están siendo observados con sumo interés y sentimientos de comprensión y evidente solidaridad. Muy a pesar de que el Gobierno ha tratado explícitamente de indisponer y hasta de confrontar a los magallánicos con los habitantes de otras regiones.Como han subrayado diversos análisis, la cuestión que subyace a la crisis del gas en Magallanes tiene que ver con el colapso del modelo centralista imperante y con la consecuente reivindicación de las regiones de su derecho a tener más y mejores potestades para gobernar sus propios asuntos. En este sentido, es preciso que el país reflexione seriamente sobre el significado profundo de la total y acordada ausencia de banderas chilenas en las manifestaciones, las que como se pudo observar fueron reemplazadas por la bandera de Magallanes y otros símbolos regionales. Y aquella es una cuestión de naturaleza estrictamente política, de ningún modo económica y mucho menos tarifaria. Los magallánicos deben estar concientes que han protagonizado una hazaña de dimensiones épicas y de características pocas veces observadas en la historia nacional. Por ello, y porque su rebelión consiguió que a la postre sus puntos de vista hayan prevalecido en cuanto a las cuestiones más esenciales reivindicadas, la gesta magallánica merece ser apreciada como una circunstancia que marcará un antes y un después en la percepción que las regiones tienen de sí mismas. También sobre el potencial que encierra la unidad de propósitos y la convergencia en la acción, en bien de las legítimas e impostergables aspiraciones regionales. Los magallánicos han sabido reaccionar al unísono. Supieron también conducir el conflicto de un modo que no admite mayores reproches, salvo episodios muy aislados. También actuaron sabia y responsablemente para apreciar cuando era el momento preciso de poner término a las movilizaciones y al paro. Concientes de la necesidad de impedir que el capital político y social acumulado fuera dilapidado a causa de los maximalismos, y cuando se hizo evidente el peligro del desgaste y la división. Una semana entera de sacrificios, de parte de los que estuvieron y también de los que se restaron, se merecía el homenaje de cautelar a todo trance dicho capital, como condición esencial para enfrentar un futuro que se adivina incierto y cuesta arriba. Pues ya encontrará el centralismo un nuevo pretexto para intentar avasallar y someter. Una última consideración. Magallanes es una región que no está menos políticamente dividida que el resto del país. Sin embargo, no se apreció ninguna enseña partidaria en las movilizaciones, y cualquiera que hubiera intentado enarbolarlas seguramente habría sido repudiado y apartado. El conflicto fue entonces efectivamente enfrentado sin chauvinismos partidarios y con un espíritu unitario y convergente, propio de una rebelión de carácter estrictamente regionalista .De otra parte, dos de los cuatro parlamentarios regionales se definen como políticamente independientes, o al menos no militan formalmente en ningún partido. Ese es también el caso del Alcalde de Punta Arenas .Estos son antecedentes que deben hacer reflexionar autocríticamente a los partidos sobre el modo en que conducen sus relaciones con sus estructuras regionales. Pues como se puede apreciar, los vicios centralistas no son solo atribuibles a las prácticas atávicas de instituciones del Estado, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los partidos políticos.