El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se desistió de apelar para lograr la detención -con miras a un eventual procesamiento- de varios militares imputados por el homicidio -con 44 balazos- del cantautor Víctor Jara, acaecido a los pocos días del golpe de 1973 en el Estadio Chile. La decisión adoptada por la jefa del organismo, la ex fiscal Rossy Lama y recomendada por el actual patrocinante y jefe jurídico del organismo, Francisco Ugas, tiene una historia que comenzó a fines el año pasado. En esa oportunidad, el entonces abogado querellante por el Programa de DD.HH., Cristián Cruz, ingresó un escrito solicitando la prisión preventiva de los oficiales en retiro Hugo Sánchez, Edwin Dimter, Raúl Jofré y el ex fiscal castrense Rolando Melo, con el fin de que el ministro a cargo, Juan Fuentes Belmar, los encausara. Pero Cruz enfrentó un problema, ya que fue despedido por Lama, “porque no reunía los requisitos de las nuevas políticas de trabajo”, dijo en su oportunidad la funcionaria. Pues bien, el magistrado Fuentes rechazó la petición de más de 20 páginas formulada por Cruz, quien apeló al tribunal de alzada capitalino para revertir la decisión. Fue en ese momento cuando Lama le revocó el patrocinio y poder, con el fin de que no interviniera en la causa. Sin embargo, debido a un error en su presentación, el recurso de todas formas subió a la Corte de Apelaciones de Santiago y siguió su tramitación normal. Por eso es que ayer le llamó la atención a los ministros de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones que el Programa de DD.HH. se hubiera desistido de concurrir al estrado y hacer valer los argumentos de un organismo que actúa como querellante y en esa condición busca ejercer todos los recursos procesales que les granjea la ley. Hay que recordar que este fue el mismo tribunal que aprobó que el ex comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, declarara en el caso en calidad de testigo, hecho que provocó la incomodidad del gobierno ya que no fue informado. Vale recordar que Cruz, también estaba a cargo de un proceso relacionado con la muerte del ex ministro de Allende José Toha. Este diario consultó al abogado Ugas, quien explicó que la decisión de no apelar se basó en que la diligencia solicitada por Cruz “no era procedente” en el estado actual de la causa. Según su versión, luego de revisar el expediente, es que no existían méritos procesales para ello. “Analicé la causa, pero no estuve de acuerdo en que se librara una orden de detención en contra de cuatro personas, que si bien es cierto están inculpadas, no están procesadas por el ministro instructor, toda vez que el escrito no pasó por mi revisión antes de ser presentado”, aseguró Ugas.
En la misma línea, explicó que la orden de detención es una medida que se aplica cuando una persona es requerida y no comparece ante el tribunal y en el caso de los cuatro militares mencionados, todos concurrieron a prestar su testimonio.
“La causa hay que trabajarla más, avanzar en el sumario. Y está avanzando, pero quien decide procesar o detener es el magistrado siempre y cuando se forme la convicción de que existen antecedentes suficientes para encausar. Y como máxima, aquí se buscará verdad y justicia, pero aplicando correctamente el derecho, por lo que solicitaré las diligencias pertinentes para asegurar el éxito de la investigación”. Lama ha sido cuestionada por las organizaciones de Derechos Humanos, debido a los despidos de varios abogados. En una entrevista que otorgó al diario uruguayo La Diaria, justificó su decisión, señalando que se contrató más personal con el fin de que no hubiera una merma de personal. Actualmente, el único procesado por el juez es el ex conscripto José Paredes Vásquez, cuyo encausamiento fue confirmado a mediados de 2009 por la Corte de Apelaciones de Santiago, en calidad de presunto autor del homicidio del folclorista, otorgándole la libertad luego de 48 días de reclusión. Si bien el ministro no ha anunciado nuevos procesamientos, mantiene en un “cuaderno secreto” la nómina de todos los militares que estuvieron en el Estadio Chile, muchos de los cuales provenían del centro de detención y tortura de Tejas Verdes.
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