sábado, 28 de diciembre de 2013

PRESIDENTA BACHELET: VIVIENDAS SOCIALES PARA FAMILIAS MÀS VULNERABLES

Para nadie es misterio que la clave del relativo éxito del próximo gobierno de Michelle Bachelet (MB) con apoyo de la Nueva Mayoría (NM), estará en llevar adelante con vigorosidad lo que pretenda hacer. Debiese moverse desde el anuncio al cómo hacerlo, lo que requerirá menos concepto y mayor persistencia. Esto al menos tener claro el qué, cómo y cuándo, debe estar precisado cumplidos los seis primeros meses de gestión. En ese instante, el país ya podrá hacerse una idea de cómo viene la mano. De lo contrario, puede haber turbulencias.
Y lógico, esto para impulsar los cambios estructurales definidos en el programa de gobierno, es decir, respecto de los tres ejes fundamentales de la propuesta: reforma tributaria, de educación y nueva Constitución.
Pero, además, hay otras necesidades que se deben cubrir adecuada y prontamente. Política habitacional para sectores vulnerables que debe liderar el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU).
El déficit habitacional en materia de viviendas sociales que aún persiste con cifras que prenden la luz roja. Creemos que, con las actuales políticas que vienen funcionando desde la última década, no es posible reducirlo sustancialmente podría implicar décadas si se persiste en las mismas, debido a la lentitud y extrema burocracia de los programas habitacionales vigentes. Aparte de errores de enfoque y una serie de otros factores que inciden en esa inercia.
El Programa MB/NM que se presentó de forma oficial durante la campaña en materias de ciudad, territorio y vivienda, enumera una serie de acciones y propuestas en diversas áreas, pero no especifica cómo y en cuánto tiempo se lograría. Muchas de ellas, claramente no conseguirían siquiera salvar una primera etapa de estudios, y ya pasaron los 4 años… Por lo tanto, es hora de aterrizar y hacer propuestas concretas y viables de ejecutar en ese breve plazo.
Primero, en lo coyuntural, admitir que existe un antecedente con el cual hay que trabajar o del que no se puede prescindir. Esto es, hay un programa habitacional corriendo, dirigido al primer quintil de ingresos o sea, a las familias más vulnerables, que genera la actual situación de 50 mil subsidios en la calle sin solución, otros tantos subsidios en proyectos paralizados y los nuevos subsidios a otorgar en los próximos cuatro años de gobierno, los cuales carecen de oferta constructiva debido a un monto de subsidio subestimado por la administración vigente. Por tanto, se debe atacar eso de plano.
Segundo, y a partir de esa premisa, lo que se debe hacer es corregir el punto clave del problema: el monto del subsidio actual en torno a las 600 UF es insuficiente para cubrir el estándar de construcción fijado por la anterior y la actual administración –que hemos reconocido como aceptable– y mantener esas condiciones implica incrementarlo en torno a las 900 UF. Grosso modo, para llevar a cabo esta política de shock, hablamos de incrementos cercanos a los 100 millones de unidades de fomento para financiar el ajuste de los 50 mil subsidios sin canje otorgados a la fecha, los subsidios en proyectos paralizados y los nuevos subsidios a entregar en el periodo 2014-18. No es menor la cifra, pero el MINVU deberá entrar a negociar rápidamente con el titular de Hacienda porque el tema debe, sí o sí, enfrentarse: la presión que, a través de protestas frente al MINVU, realizan semana a semana los diversos comités de viviendas en pos de una pronta solución, no es un dato casual. Y lo más seguro, de cara a la expectativa ciudadana que se personifica en la figura de MB, es que, si no se resuelve, estas se incrementarán.
Para lograr lo anterior –incrementar el monto de subsidio y obtener el compromiso de su financiamiento se debiera llegar al 12 de marzo con los textos normativos listos,  incluidas las resoluciones que permitan efectuar las modificaciones para generar el necesario ajuste a objeto que el gobierno y privado actor clave del proceso, ejecute los proyectos sociales hoy urgentes. Obviamente esto implica, además, reducir la burocracia en puntos relevantes del proceso, incluidas revisiones y aprobaciones SERVIU a los proyectos, agilizar el pago a contratistas, inspecciones técnicas de obra proactivas y colaborativas,  lo que se logra con marcos normativos simples y concisos que propicien facultades para resolver los casos cada proyecto es un mundo propio de acuerdo a criterios y mecanismos de rápida aplicación, lo que a su vez implicará hacer ajustes a la operatoria del actual sistema público administrativo que la rige.
Tercero, en materia de inversión real esto es, las líneas asociadas a inversiones específicas del sector vivienda, como inversiones en espacios públicos, vialidades, infraestructura sanitaria y pavimentos participativos, se requiere ampliar el feeling (plazo)de necesidades con todas las autoridades locales, minimizando el feeling con autoridades de afinidad política, esto es, cambiar la práctica de priorizar inversiones a comunas afines políticamente a la administración de turno. Esta apertura la resuelve el Secretario Regional Ministerial de Vivienda en cada Región del país. Como el tiempo es escaso, comenzar paralelamente a presentar y darle forma a un plan general de alcance a mediano y largo plazo. No caer en pretender empezar de cero todo de nuevo. Este plan debiera contemplar todas aquellas ideas e incluso programas impulsados por la actual administración y que todavía se encuentran a nivel incipiente, como la Política Nacional de Desarrollo Urbano que debe aterrizarse, programas para sectores específicos que más lo necesitan y otras nuevas propuestas de inversión multisectorial que no verán luz al término del mandato, pero, al final, ideas país que trasciendan la administración en curso para encaminar a las siguientes.
En resumen, la sugerencia es entrar con vigorosidad a resolver temas urgentes y de alto impacto, como lo son un ajuste de precio a los subsidios de vivienda social que permita disponer de una oferta real para soluciones habitacionales definitivas, priorización de la inversión sectorial bajo una las racionalidad de impacto social y no de impacto político-partidista, además de un enfoque de simplificar la burocracia.
Lograrlo, dependerá no tan sólo de la necesaria mística y entusiasmo de quienes ejercerán cargos de niveles altos y medios, sino que también de la eficacia en obtener un diagnóstico certero del problema y el modelamiento de su solución. Esto requiere de liderazgos con experiencia y conocimiento del negocio, mezclado con la vitalidad que aportan los jóvenes. Al menos exceptuando al o la Ministro(a), de ahí para abajo, es primordial contar con un staff que domine la especialidad. El factor tiempo es vital para el objetivo de echar a andar la máquina, e improvisar con gente inexperta en cargos claves del organigrama institucional, no sería una buena idea… y algo de eso se vio en los últimos años. Aparte, entender que, para obtener resultados satisfactorios y en plazos prudentes, es fundamental contar con el concurso del sector privado, a la postre el ejecutor material de los proyectos, a través de crear vínculos virtuosos en la relación contractual, lo que se traducirá en exhibir esas metas en el corto plazo.
Por cierto, para que la política funcione, es primordial que la autoridad propenda a establecer con fuerza la idea de reducir la burocracia. En ese concepto que, por lo demás, suele ser muy funcional para explicar por qué no se hacen las cosas, y cuando se hacen, que estén dentro de márgenes y plazos aceptables. Consecuencia de esto, el país pierde vastos recursos de forma insensata y, lo peor, es que el sistema propicia que nadie sea responsable de la situación. Todos, desde autoridades de primer nivel a funcionarios del tercero, miran para el lado porque al final la excusa es la de siempre: la culpa es de la señora burocracia. Y sigue vivita y coleando…
El textual de Michelle Bachelet , ni ningún otro gobierno en el futuro próximo, será capaz de tener logros importantes y visibles en los cuatro años a cargo de la  administración del país, en la medida que no ataque frontal y exitosamente ese Virus que impide avanzar al ritmo deseado, el que, por cierto, aplicando inteligencia, sabiduría e ímpetu joven, es más que posible.    EM  R.A.H

sábado, 14 de diciembre de 2013

NELSON MANDELA DEFENSOR DE LOS DDHH

Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. Nelson Mandela Nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, El Cabo. A los cinco años pastoreaba ovejas y becerros. Fue uno de los 15 hijos de Henry Mgadla Mandela, consejero principal del Jefe Supremo de Thembuland, quien a la muerte de su padre se convirtió en tutor de Mandela. Al concluir la educación primaria en una escuela local de misioneros, cursó estudios en el Colegio Universitario de Fort Hare para obtener su título de Bachiller en Artes y donde entra en contacto con la política y conoce a Oliver Tambo. Ambos tomaron parte en una huelga estudiantil en 1940 que supuso su expulsión del centro. Después conoce a Walter Sisulu, quien le proporcionó un trabajo en un despacho jurídico. En 1944, junto a Sisulu, Tambo y Anton Lembede, fundan la rama juvenil del Congreso Nacional Africano (ANC). Se convirtió en el secretario nacional de esta organización en 1948 y aunque en principio se oponía a colaborar con otros grupos raciales, cambió de opinión en 1952 durante el transcurso de la denominada 'Campaña del Desafío'. Por ello propugnó la acción conjunta contra la política gubernamental del apartheid. En esta época, era ya presidente nacional de la rama juvenil del ANC y, con Tambo, había fundado el primer despacho de abogados dirigido por negros en Sudáfrica. En diciembre de 1952, fue detenido en virtud de la Suppression of Communism Act (Ley de Represión del Comunismo). Aunque su condena de nueve meses quedó en suspenso, se le prohibió acudir a mítines o abandonar el distrito deJohannesburgo. Esta prohibición se renovaría repetidamente durante los siguientes nueve años. A pesar de esta inhabilitación, continuó trabajando con los líderes del ANC. En diciembre de 1956 fue, junto con otras 156 personas, juzgado por traición. El juicio se prolongó hasta 1961 y concluyó con la absolución de todos los cargos. Tras la matanza de Sharpeville, en la que 69 ciudadanos negros murieron asesinados por las fuerzas de seguridad surafricanas durante una manifestación en contra del apartheid, fueron prohibidos el ANC y el Congreso Panafricano (PAC). En marzo de 1961, con el fin de evitar su detención y una nueva inhabilitación, Mandela pasó a la clandestinidad y, junto a Sisulu, recorrió en secreto el país para organizar una huelga de tres días. En junio de 1961, los dirigentes del ANC decidieron iniciar la lucha armada y crearon el Umkhonto we Size ('La lanza de la nación'), brazo armado del ANC, con Mandela como máximo dirigente. En enero de 1962, abandonó Sudáfrica y acudió a la Conferencia Panafricana de Addis Abeba (Etiopía); más tarde viajó a Argelia, donde recibió entrenamiento para la lucha guerrillera, y por último a Londres, ciudad en la que se reunió con los líderes de la oposición en el exilio. Regresó a su país en julio de ese año y fue detenido el 5 de agosto acusado de rebelión y abandono ilegal del país, por lo que fue condenado a cinco años de prisión. Mientras se encontraba en la cárcel, la policía registró el cuartel general del ANC en Rivonia. La mayor parte de los miembros dirigentes de esta organización fueron arrestados; además se confiscaron diversos documentos, entre los que estaba el diario escrito por Mandela durante su viaje por el extranjero. Él y otros activistas fueron juzgados, en lo que se conoce como el juicio de la traición de Rivonia. Duró desde octubre de 1963 hasta junio de 1964, y llevó a cabo su propia defensa y la de los otros acusados. Fue condenado a cadena perpetua. Durante más de 25 años fue el preso político más famoso del mundo. Pasó dieciocho años en la prisión de Robben Island, antes de ser trasladado a la de Pollsmoor (Ciudad de El Cabo) en 1982, fecha en la que se inició una campaña internacional en favor de su liberación. Durante los años que permaneció en la prisión de Robben Island, fue obligado a realizar trabajos forzados en las minas de cal de la isla. No les permitían usar gafas oscuras y los reflejos del sol sobre la cal dañaron sus ojos para siempre. Estando en la cárcel murió su madre y uno de sus hijos, pero se le negó el permiso para asistir a sus funerales. En 1985 rechazó la oferta del presidente Pieter Willem Botha de libertad condicional sobre la premisa de que el presidente no estaba dispuesto a modificar su posición sobre el régimen del apartheid. El gobierno del presidente Frederik Willem de Klerk liberó a Mandela en febrero de 1990, después delegalizar el ANC y otros partidos políticos. Mandela asumió el liderazgo del ANC y dirigió las negociaciones con el gobierno entre los difíciles años de 1990 y 1994, cuando en muchas ocasiones parecía que las negociaciones se iban a romper y que estallaría la violencia. En 1991, el régimen sudafricano abrogó la última de las leyes que constituían la base legal del apartheid. Mandela y De Klerk compartieron en 1993 el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para establecer la democracia y la armonía racial en Sudáfrica. En mayo de 1994, tras las primeras elecciones generales en las que todos los grupos raciales (incluidos los negros) tenían derecho al voto, Mandela se convirtió en el primer presidente de raza negra de la República de Sudáfrica. Al asumir su cargo de presidente renunció a una tercera parte del salario y creó el Fondo Nelson Mandela para la Infancia. Tras la aprobación parlamentaria, en mayo de 1996, de la nueva Constitución sudafricana, el propio Mandela la firmó en diciembre de ese año ante miles de personas, en Johannesburgo, poniendo así fin al periodo de transición democrática iniciado con su salida de la cárcel en 1990 y significando también la desaparición del gobierno de coalición formado por el ANC y el Partido Nacional de Frederik Willem de Klerk. Mandela se convirtió definitivamente, en 1997, en un líder indiscutible de las relaciones internacionales africanas, mediando en varios conflictos, como en el de Zaire (actual República Democrática del Congo), que en la primera mitad de ese año acabó por suponer el fin del régimen de Mobutu Sese Seko. El 20 de junio de 1999, Mandela entrega el poder a su sucesor, Thabo Mbeki, y se retira de la política, al menos formalmente. Desde que abandonó el cargo asumió diversas responsabilidades de liderazgo en diversas esferas, entre ellas las negociaciones relativas al conflicto de la región de los Grandes Lagos. En julio de 2001, la oficina de Nelson Mandela anunció que el ex presidente sudafricano, padece un cáncer de próstata. Mandela contrajo matrimonio tres veces y tuvo 5 hijos. Winnie Mandela, su ex mujer, fue arrestada acusada de fraude y robo por un caso de préstamos bancarios. Su última esposa es la ex primera dama de Mozambique, Graça Machel. Recibió más de un centenar de títulos universitarios honoríficos y galardones de todo el mundo. Nelson Mandela falleció en compañía de su familia en su casa de Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica, alrededor de las 20:50 hora local del 5 de diciembre de 2013, a los 95 años. El que fuera presidente sudafricano y líder en la lucha contra el Apartheid arrastraba desde años atrás un delicado estado de salud. Fue hospitalizado el 8 de junio de este mismo año en Pretoria, debido a una neumonía, que le mantenía alejado de los actos oficiales. Su última aparición pública se produjo en 2010 durante el Mundial de Fútbol que se celebró en su país. Cargos Presidente de Sudáfrica 10 de mayo de 1994 – 14 de junio de 1999 Predecesor Frederik Willem de Klerk Sucesor Thabo Mbeki Secretario general del MPNA 1998-1999 Premios Orden del Águila Azteca (2010) Arthur Ashe Award (2009) Embajador de la Conciencia, premio otorgado por Amnistía Internacional (2006) Llaves de la ciudad (2004) Premio Nobel de la Paz en 1993 Premio de la Paz de Mahatma Gandhi Orden de Canadá Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1992) Orden de San Juan Medalla Presidencial de la Libertad (2002) Orden al Mérito del Reino Unido (1995) Isithwalandwe (1992) Bharat Ratna (1990) Premio Lenin de la Paz (1990) Orden Nacional José Martí, Cuba (1992) Premio Internacional Simón Bolívar (1983) Premio Nacional de la Paz (1995) Premio Sájarov (1988) Escultura en el Palacio de Westminster, Londres (2007) Orden del Mérito de la FIFA Doctor Honoris Causa por: Universidad Europea de Madrid Universidad Andrés Bello de Chile Walden University (Estados Unidos) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad de Bilgi (Estambul) Universidad de Carabobo (Venezuela) Universidad de las Américas, de Ecuador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)

miércoles, 27 de noviembre de 2013

BECA LUKSIC A JUAN JOSE UGARTE

A comienzos de mayo de este año, el Ministerio de Educación confirmó así la noticia: el hasta entonces jefe de la División de Educación Superior de la cartera, Juan José Ugarte, dejaba su cargo para “seguir especializándose en el extranjero, en un centro universitario de referencia mundial”. Ese centro era Harvard y el gran auspicio tras de sí era la Beca Luksic. Según consta en la página de Harvard University, y el Centro para Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, el ex funcionario del Mineduc como académico invitado, fue financiado por la Beca Luksic por el período 2013-2014.
El título del proyecto es “Incorporando el modelo de las Artes Liberales al sistema de Educación Superior chileno: Oportunidades y desafíos”.
El Ministerio de Educación comunicó este jueves la renuncia del jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, quien había presentado durante el verano la dimisión voluntaria a su cargo, la que se convino hacer efectiva desde el día 3 de mayo.
“Las razones expuestas por el profesional, que se desempeñó en el cargo desde 2010, se relacionan con su intención de retomar la actividad académica, aceptando una invitación para seguir especializándose en el extranjero, en un centro universitario de referencia mundial”, explicó el Mineduc a través de un comunicado de prensa.
Ugarte hizo frente a la crisis que afectó a la Universidad del Mar y estuvo en medio del escándalo por irregularidades al interior de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Un informe publicado por la Contraloría General de la República determinó que durante 2011 “en general, los integrantes —de la comisión— asistieron con rigurosidad a las sesiones, a excepción del Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, el que alcanzó el 29 % de asistencia de un total de 113 reuniones”.
Sin embargo, una resolución del ente fiscalizador finalmente lo sobreseyó del sumario disciplinario en su contra, al determinar que  “el porcentaje de asistencia respecto de aquellas sesiones en las que se encontraba habilitado, asciende a 67,6%”, y por tanto no le cabía “responsabilidad administrativa al respecto”
Ugarte, conocido como el hombre fuerte del poder de la Universidad Católica en el Mineduc, además se enfrentó con el Consejo de Rectores. Recordada es su polémica con la Universidad de Chile, entidad a la que acusó de evitar que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) fuera modificada por el Mineduc.
También es mencionado por el informe de la Contraloría debido a su rechazo a la utilización de una “minuta financiera”, documento en que se entregaban las bases para el análisis financiero realizado por la Secretaría Ejecutiva de la CNA como apoyo para la toma de decisiones de acreditación.
Escándalo en las becas Valech, Universidad Uniacc no acreditada recibe 5.400 millones de pesos a través del estado por programas de magister a personas que no tenían enseñanza media terminada y algunos no sabían leer ni escribir. Al consultar al ministerio este se excuso por encontrarse en el extranjero el encargado de la División de Educación Superior Juan José Ugarte.               Agosto 2013

lunes, 25 de noviembre de 2013

¿ PAGOS A EX AGENTES DE LA DINA ?

El Ejército destina mensualmente varios millones de pesos para pagar sueldos a ex agentes de los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet que figuran en sus plantillas como personal "a honorarios", según se puede comprobar en la página institucional de esa rama castrense. La situación se contradice con lo que declaró en septiembre de 2009 el entonces comandante en jefe, general Oscar Izurieta, actual subsecretario de Defensa, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que a esa fecha "no quedaban" ex agentes recibiendo pagos del Ejército.
Según aparece en la página institucional del Ejército correspondiente a 2013, reciben pagos mensuales los coroneles retirados y vueltos a contratar Patricio Zambelli Restelli y Hugo Acevedo Godoy, y el ex suboficial Eugenio Álvarez Gonzalez, todos ellos ex agentes de la DINA.
También reciben pagos mensuales los ex agentes operativos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA, Nazario Aracena Robles, Iván Droguett Ruiz y Nora Carreño Barrera.
Ninguno de ellos figura hasta ahora condenado o procesado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que cumplieron funciones operativas en brigadas vinculadas a crímenes, lo que han negado en sus declaraciones judiciales.
      EL CASO DE GONZALO SANTELICES
Quién sí está encausado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en Antofagasta en octubre de 1973, es el general retirado Gonzalo Santelices Cuevas quien recibe una remuneración mensual 1.670.000 pesos como "asesor del Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)". Santelices no perteneció a la DINA o a la CNI, pero estando al mando de la Guarnición Militar de Santiago, en febrero de 2008 fue dado de baja del Ejército por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, tras la publicación de un reportaje en el diario La Nación que incluyó su declaración judicial, prestada en septiembre de 2002, admitiendo su participación en ese crimen. Santelices declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way en las afueras de esa ciudad. Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara. Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.
      LOS PAGOS
Patricio Zambelli Restelli recibe del Ejercito 1.300.000 mensuales como "asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Según una declaración judicial de mayo de 2010, Zambelli es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi "junto a Miguel Krassnoff" mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.
En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del partido Comunista, que finamente fueron asesinados en otro cuartel del organismo (Simón Bolívar).
Hugo Acevedo recibe 750.000 pesos mensuales como "asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo".
En la DINA Acevedo integró la Brigada "Rengo" y después pasó a la CNI, donde cumplió funciones operativas hasta el fin de la dictadura, en 1990.
Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos (unos 660 dólares) como "asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército".
El ex teniente coronel Nazario Aracena, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como "supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército".
Nora Carreño, ex agente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como "asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago", mientras Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como "asesor del Estado Mayor General del Ejército".
      "INDIGNANTE"
Jorge Tarud (PPD), miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, consideró "indignante" la situación y dijo que el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, y el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, serán citados por dicha comisión, "para dar explicaciones al país".
Consideró además que los ex agentes deben ser cesados de inmediato de sus funciones.
La agrupación de Ex Presos Políticos de Iquique (Anexpp-Iquique) apoya a Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien señaló que con esta información queda claro que el Ejército sigue comprometido con quienes violaron los derechos humanos bajo la dictadura.
Anexpp-Iquique declara que lo grave es que el Ejército atentó contra una institución de la democracia, como es la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, al afirmar en 2009 su comandante en jefe, general Izurieta, que a esa fecha no quedaban ex agentes financiados por el Ejército. Ahora vemos que no es verdad.


sábado, 23 de noviembre de 2013

NUEVA FICHA SOCIAL

En el contexto del actual proceso eleccionario, la eventual entrada en vigencia de la nueva Ficha Social –que reemplazaría a la Ficha de Protección Social (FPS) puesta en marcha en 2007– ha estado al centro de opiniones cruzadas entre el gobierno y la oposición. El debate ha permitido poner arriba de la mesa ideas y posiciones diversas, alcanzando la cima más polémica al entrar en la discusión ministros de Estado de la anterior y actual administración. Incluso el vespertino La Segunda señaló, en un reciente editorial, que si el país se inclinaba por asignar los beneficios mediante otro sistema –una categorización–  equivalía a asumir que optó por el camino de los derechos sociales que pondría “una fuerte presión sobre el gasto fiscal en el mediano plazo y funciona bajo el supuesto de que la prosperidad del país está asegurada”. Desde la FSP queremos profundizar en el debate de fondo: una nueva mirada sobre la pobreza, de lo asistencial a lo promocional. Al margen de lo candente del ambiente ante un escenario de medición de fuerzas políticas, lo cierto es que las reformas siempre abren controversias, y lo importante del proceso es enriquecer las posturas sin perder de vista a quienes en este caso serán los involucrados centrales: las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por ello, hay que tener mucho cuidado con los exitismos que algunos han planteado en esta área. La buena  focalización no es patrimonio de una sola forma de ver la realidad y menos de un sólo tipo de instrumento, sostener lo contrario sería absurdo. De hecho, el cambio de Ficha CAS1 a CAS2 y luego a Ficha de Protección Social, tiene que ver con los problemas que presentan estos métodos. No existe ningún instrumento de medición conocido que pueda detectar, con toda fiabilidad, quién es pobre y quién no lo es.  Podemos indagar la presencia del fenómeno, pero resulta una aberración no sólo conceptual sino también metodológica decir que poseemos un instrumento que permita discriminar con exactitud vivencias dinámicas, sinérgicas, complejas y multidimensionales como la pobreza. Por lo tanto, para iniciar una discusión seria sobre el tema de la focalización social en Chile, se debe evitar en la conversación el uso de consignas como la persecución de los falsos pobres. No estamos en el siglo XIX, donde esta discusión se dio y resolvió erradicando dichas nefastas denominaciones de la política pública. Todos los sistemas de focalización generan problemas de inclusión y exclusión, que van mucho más allá del eventual falseamiento de los datos, por lo que personas que debieran recibir apoyo no lo reciben y personas que no parece tan razonable que los reciban han logrado obtenerlos, y estos fenómenos no pueden ser confundidos con falseamiento y menos aun cuando hablamos de una experiencia tan compleja como la pobreza. Cuando hablamos de focalización, hacemos referencia a cómo el Estado reacciona ante las invocaciones de apoyo de la población, ante situaciones emergentes, permanentes o eventuales de pobreza y vulnerabilidad. Hoy la Ficha de Protección Social (FPS) es parte de un sistema y enfoque de focalización individual/familiar, que surge y se consolida históricamente, en un contexto de crisis económica, al comienzo de los años 80, para la entrega de subsidios monetarios y otras ayudas de emergencia. En términos técnicos, la estrategia seguida por Chile avanza desde sistemas de comprobación simple a sustitutiva de la información autorreportada por las personas (encuestaje). Estas alternativas técnicas, exigen la “demostración de pobreza o miseria” por parte de quienes solicitan apoyo del Estado. Implica un modo de conversación ensayado por 30 años entre el Estado y las personas afectadas, que ha generado (acumulativamente) efectos subjetivos muy negativos. Por un lado, la relación de las personas con el Estado ha generado desde sentimientos de frustración, inseguridad, invisibilización, hasta impotencia, persecución y desafiliación. Asimismo, ha obrado en una dirección contraria a la promoción social, toda vez que este ejercicio ha implicado para las personas en vulnerabilidad sentimientos de devaluación social y autoimágenes empobrecidas de sí mismos. Según los estudios de Voces de la Pobreza y Umbrales Sociales 2013, para los destinatarios, el concepto de pobreza y vulnerabilidad que la FPS encierra no sería capaz de capturar dimensiones dinámicas, subjetivas y emergentes que condicionan la experiencia de la pobreza. Asimismo, todo progreso obtenido por las familias representa un aumento de puntajes y pérdida de apoyos, en circunstancias que no es muy claro que su nueva (y mejor) situación los deje en condiciones de enfrentar sus proyectos y necesidades de manera autónoma. El fichaje ha poblado casi todos los intersticios de la política social, siendo solicitado para los más impresionantes temas como: la exención de los costes de la Defensoría Penal Pública, acceso al Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles, recibir ayudas médicas o, inclusive, para enfrentar no sólo carencias sino también desafíos, como el desarrollo de emprendimientos Fosis o Indap, o postular a beneficios económicos para cursar educación superior, etc. Son más de 100 los programas que hemos detectado que usan este sistema sin existir claridad de que aquello guarde relación con sus objetivos, en especial, frente a programas que actúan sobre una determinada comunidad en su conjunto y no sólo con familias o individuos. La Ficha ha sido usada tan extensiva y excesivamente, que hoy empieza a ser utilizada también por el sector privado, como referente para desarrollar acciones de bienestar. De esta manera, podemos afirmar que estamos enfrentados a una enorme ampliación de los efectos subjetivos y objetivos (negativos) del encuestaje. Además, al ser un método de focalización familiar/individual, provoca perjuicios en el capital social de las comunidades, en razón que genera sentimientos de desconfianza y competencia entre los propios vecinos, en especial cuando obtienen  puntajes diametralmente diferentes y unos quedan dentro y otros fuera de ciertas políticas e intervenciones, pese a que viven realidades socioresidenciales y culturales muy similares. Esta segmentación es absurda, innecesaria y perjudicial para superar pobreza. La demostración de miseria encierra un profundo acto de indignidad, toda vez que se abusa de su uso como única puerta de entrada para obtener accesos y apoyos. Como el instrumento no se adapta a sus necesidades y desafíos cambiantes, sinérgicos de las personas, éstas se ven obligadas a adaptar su realidad a lo que este instrumento es capaz de detectar. Esto llega al extremo que la ficha no cuenta entre sus preguntas “para qué se está solicitando su aplicación”, lo que pone en evidencia el bajo interés que esta información tiene para el sistema, pese a ser de enorme importancia para construir o definir la estrategia de apoyo. Por eso la Fundación Superación de la Pobreza propone minimizar la focalización social basada en la estrategia comprobación simple o sustitutiva y avanzar a comprobación administrativa y formas categóricas, en concordancia con lo señalado por organismos internacionales. Asimismo, deben ser implementados sistemas de diálogo con los afectados, basados en cuestionarios que lejos de exigir demostrar miseria, logren visibilizar, valorar y movilizar los propios recursos que las personas y comunidades han acumulado. Para ello, debemos modificar el sistema de apoyos al que se accede, poniendo al centro de los esquemas de apoyo estatal cuestiones de orden promocional y complementar con cuestiones asistenciales. También es clave que evolucionemos a esquemas de trabajo colectivo, donde el Estado favorezca la entrega de apoyos a comunidades como un todo, donde existen familias e individuos.  Este tipo de acción debe estar disponible no sólo para la extrema pobreza, también deben ser incorporadas aquellas familias y comunidades en pobreza no extrema y sectores medio-bajos. En efecto, actuar sobre los problemas de la clase media no es contradictorio con la superación de la pobreza, por el contrario, es fundamental para completar el proceso de resolución del problema. Lo anterior, en especial, si se toma en cuenta que amplios sectores de la mal denominada clase media, viven o forman parte del fenómeno de la pobreza transitoria, que han revelado los propios estudios que ha hecho el Estado a través de Mideplan (actual MDS). Por último, señalar que la propuesta de Umbrales Sociales Garantizados y el enfoque de derechos sociales, no es contradictoria con prácticas de focalización. Sostener lo contrario es un error. Lo que ocurre es que, en efecto, dicho enfoque exige que las formas de focalización no caigan en discriminaciones arbitrarias e intolerables, que las políticas no se centren en sólo incrementar las “tenencias” de las personas, sino que se preocupen por que las personas puedan realmente “hacer lo que hemos acordado que todos debemos poder hacer”, es decir, educarnos de forma adecuada, vivir saludablemente, trabajar en forma y condiciones, habitar de manera digna e integrada, etc. Indudablemente, aquello no se logra abusando de la entrega de bonos. Los Umbrales Sociales Garantizados pueden y deben implicar una mayor focalización de esfuerzos estatales en aquellos que exhiben más dificultades para “hacer” (educarse, trabajar, habitar, sanar), pero el método de focalización escogido debe ser congruente con un trato digno, comprensivo, centrado en la promoción y el empoderamiento de las personas.


jueves, 21 de noviembre de 2013

NO A LA ENTREGA DE LA PATAGONIA

Una campaña para que empresarios extranjeros se queden con extensiones de atractivos terrenos turísticos en la Patagonia austral realiza el gobierno de Piñera.
Alfonso Roux, seremi de Bienes Nacionales en Magallanes, dijo a El Mercurio que en julio empezarán a venderse lotes en Caleta María y el Lago Fagnano, por un valor de $6,5 millones la hectárea.
¿Qué le parece a usted?.El gobierno estima que a fines de este año podría adjudicar los primeros terrenos. La idea, dijo Roux, es fomentar la creación de para alojamiento y que promuevan actividades de turismo de intereses especiales, como montañismo, navegación en kayak, buceo y caminatas.Actualmente se están licitando 10 hectáreas en tres zonas del río Batchelor, casi 200 km al suroeste de Punta Arenas y en el área del parque marino Francisco Coloane. Todos estos lugares fueron visitados recientemente por un grupo de 56 operadores turísticos y potenciales inversionistas.
EMPRESARIOS ENCANTADOS “Esta es la región perfecta para el turismo de aventura”, dijo el brasileño Lorenzo Bagini, tras recorrer la zona sur de la isla Tierra del Fuego. El grupo recorrió 12 kilómetros de caminos construidos por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) hasta el Lago Fagnano para conocer en terreno los 29 lotes (58 hectáreas en total) en licitación. Los operadores turísticos visitaron también la zona de bahía Parry y, a bordo de botes zodiac, conocieron parte de los glaciares que se descuelgan de la cordillera Darwin. Durante la travesía en crucero, aprovecharon de intercambiar ideas y delinear posibles opciones de negocios.
PREGUNTA ¿Vamos a seguir entregando la Patagonia a empresarios y a extranjeros para fomentar el turismo de ricos  ¿Y por qué el Estado a través de CONAF o SERNATUR mejor no invierte en estos lugares para que puedan ser visitados y apreciados por los propios chilenos?

NO A LA ENTREGA DE LA PATAGONIA A LOS CAPITALISTAS EXTRANJEROS.

domingo, 17 de noviembre de 2013

¿HIJAS DE GOLBORNE CON SUBSIDIO HABITACIONAL ?

La Fundación Defendamos la Ciudad explicó que la polémica surgida por los subsidios entregados a las hijas del candidato a senador por Santiago Oriente, Laurence Golborne, están siendo mal utilizados, debido a que los inmuebles adquiridos son usados como hoteles para turistas. El presidente del organismo de defensa ciudadana, Patricio Herman, dijo que las hijas de Golborne son dueñas naturales desde el año 2000 de los departamentos 527C y 627C del edificio localizado en la calle Huérfanos 1400, en la comuna de Santiago, cuyo destino es comercial, porque es arrendado como hotel a turistas de paso en esta ciudad. Herman agregó que los subsidios de UF 200 recibidos por cada una de las hermanas “ha sido mal utilizados, porque ellas no viven en los inmuebles comprados. Así las cosas, en razón a que se trata de viviendas económicas acogidas al DFL2, instrumento legal que entrega innumerables franquicias tributarias a quienes tienen el dominio de estos inmuebles, automáticamente estos beneficios se han perdido y para ello el Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá que fiscalizar in situ para quitar esa clasificación”. Explicó que tal franquicia permite, entre otras cosas, que los “ingresos monetarios que generan los arriendos de estas viviendas no son declarados a perpetuidad en el global complementario de sus dueños y están exentos de pagar contribuciones de bienes raíces. Entonces y como no se ha cumplido el fin buscado con estos subsidios, que es entregar ayudas monetarias a las familias emergentes de clase media para que sean propietarias de los inmuebles en donde viven, entendemos que las sumas recibidas en el año 2000 serán devueltas por Laurence Golborne al Minvu a partir del lunes próximo”. En tanto, el portal El Desconcierto.cl confirmó que tales departamentos están actualmente arrendados a ciudadanos extranjeros. El administrador del edificio donde se encuentran ubicados y que no quiso dar su nombre, dijo que “funcionan como hotel”, lo cual habría sido también corroborado por dos conserjes del edificio. Ambos inmuebles pertenecen a Daniela e Ignacia Golborne Piccardo, siendo esta última la candidata que postula a un escaño en la Cámara de Diputados por San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.Sin embargo, esto no es lo único que se pone en tela de juicio, ya que Ignacia Golborne está inscrita para votar en la comuna de Las Condes, específicamente en el sector El Mirador de San Damián, el cual es conocido por el altísimo valor de las propiedades, ya que cada casa cuesta más de 500 millones de pesos. Los requisitos para postular a dicho beneficio, el cual entrega 4.600.000 (200 UF), son ser mayor de edad, de nacionalidad chilena, acreditar el ahorro mínimo que exige el programa y carecer de vivienda. Sin embargo, a pesar que la Ficha de Protección Social (ex CAS) no es excluyente, esta aporta a la postulación si es inferior al puntaje de corte del tercer quintil. Lo que señala el Minvu, a través de su página web, es que dicho subsidio está dirigido a “familias de sectores medios, con capacidad de ahorro, que puedan acceder a crédito hipotecario –si lo necesitan– y estén interesados en comprar su vivienda en zonas de Renovación Urbana o en Zonas de Desarrollo Prioritario”. Además, el Serviu exige presentar documentación sobre el grupo familiar y declarar el monto total del ingreso mensual neto que no podrá exceder de 60 UF. Otro de los requisitos es que “el postulante, su cónyuge, conviviente o algún integrante del grupo familiar declarado al postular no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: Sea propietario o asignatario de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio con destino habitacional (en el último caso, sólo se puede postular para construir en dicho sitio), sea beneficiario de un subsidio habitacional o posea un Certificado de Subsidio Habitacional vigente. “Esté postulando a cualquier otro programa habitacional, haya sido declarado como integrante del grupo familiar de personas beneficiadas en llamados anteriores, de hasta tres años al que se está postulando”.

martes, 12 de noviembre de 2013

NUEVO PLAZO PARA POSTULAR A BECAS DE ESTUDIOS

Este miércoles a las 14 horas vencía el plazo para que los jóvenes que van a ingresar a primer año de carreras técnicas y universitarias en 2013 postulen a las becas y créditos que entrega el Estado. Sin embargo, el Mineduc anunció que la fecha se extenderá hasta el día 29 de noviembre a las 20:00 horas
De acuerdo al ministerio, hasta ayer se habían recibido 158.305 postulaciones, para los cerca de 230.000 beneficios disponibles. 
Este proceso comenzó el 29 de octubre y por primera vez se está realizando de manera conjunta, tanto para los alumnos que quieran optar por una universidad como para quienes quieran ingresar a un plantel técnico. De esta manera, todos los postulantes van a conocer el 11 de enero los resultados de preselección, con debida anticipación para poder tomar decisiones de manera informada. 
“El año pasado, a este misma fecha, teníamos 16 mil postulantes más que este año. Hemos redoblado esfuerzos para contar con más becas y mejores condiciones para los créditos, además de ampliar la cobertura de becas al 60% de la población. Las oportunidades de progresar están diseñadas para que sean efectivamente utilizadas”, explicó Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc.
“Por eso, recordamos a los jóvenes que se puede acceder a becas técnicas teniendo un promedio de enseñanza media de 5,0, y para carreras universitarias, desde 550 puntos. De aprobarse el proyecto de Ley de Presupuestos, este último puntaje se rebajará a 500 puntos para los alumnos más vulnerables”, agregó.
      Simulador de Beneficios                                                            
Para apoyar la postulación a becas y créditos y brindar mejores herramientas para la toma de decisiones, el Ministerio de Educación ha implementado por primera vez un “Simulador de beneficios”, que desde su lanzamiento ha recibido más de 35 mil visitas. 
La aplicación entrega una estimación referencial de las becas y créditos a los que podrá acceder el alumno, de acuerdo a los datos académicos y socioeconómicos que ingrese.
Para realizar la simulación, se debe elegir una carrera e institución en específico dentro de un abanico de más de 8 mil carreras y 80 instituciones de Educación Superior. Luego, se debe completar datos estimativos sobre puntaje promedio PSU aproximado, notas de Enseñanza Media e ingreso familiar.
Con esa información, el simulador arroja posibles becas y/o créditos, además de informar datos específicos como arancel de referencia y real, y monto total del crédito, en caso de existir.
Como todos los años la Comisión de Educación de la Agrupación de ex presos políticos de Iquique da a conocer al ministerio, el malestar de todos los familiares de ex presos políticos que estudian con la beca Valech, el aumento anual de las carreras($70.000) y no así la mensualidad ya que han pasado 7 años y aun se mantiene, generándole a ellos un tremendo daño mental y económico para cubrir dicha alza, lo que no refleja el sentido de la ley 19992 en beneficios para la educación ya que la beca cubre toda la carrera y solamente se paga la matricula.

Para postular se debe completar el formulario del sitio www.fuas.cl/postulacion/. Más información sobre becas disponibles y sus requisitos se pueden encontrar en www.becasycreditos.cl.

martes, 29 de octubre de 2013

LA DINA Y SUS COMPLICES

El diario El Mercurio y algunos de sus medios asociados, así como el Consorcio Periodístico Copesa, recibieron dinero  de  la  DINA en 1975. Los pagos se efectuaron mediante cheques  que ambas empresas cobraron desde una millonaria cuenta encubierta que esta organización criminal mantenía en un banco nacional, cuyo titular era el jefe de este organismo, Manuel Contreras.Los medios que en un informe de la Corte Suprema aparecen cobrando documentos extendidos por el organismo de fachada son, además de El Mercurio y Copesa, los diarios Las Ultimas NoticiasDiario AustralLa NaciónLa Prensa, además de El DíaLa Discusión de Chillán. También recibieron pagos los semanarios Qué Pasa Ercilla y las agencias internacionales de noticias United Press International, UPI y France Press, como también la agencia nacional Orbe. Los documentos, que llevaban la inconfundible firma de Contreras, fueron cobrados desde la cuenta corriente N° 13280724 del Banco de Crédito e Inversiones de la época, la que en todo caso figuraba bajo el nombre falso de “Dirección de Rehabilitación Nacional, DINAR”.A juicio de organismos de Derechos Humanos, los pagos efectuados por la DINA a estos órganos de prensa, explican no sólo el ocultamiento en la información de estos medios acerca de los crímenes de la dictadura, sino también su complicidad al informar sobre supuestos enfrentamientos en los que murieron militantes de izquierda, cuando judicialmente quedó establecido que sus muertes fueron asesinatos y desaparecimientos.Entre estas informaciones de prensa está la Operación Colombo. Esta fue un montaje de la dictadura sobre 119 detenidos desaparecidos que algunos de esos medios hicieron figurar como ejecutados por sus propios compañeros en Argentina, producto de rencillas políticas internas o muertos en inventados enfrentamientos con las fuerzas policiales argentinas.También está el crimen de Rinconada de Maipú, en el que algunos periodistas “cubrieron la espalda” de la DINA difundiendo un falso enfrentamiento con agentes, cuando los prisioneros salieron muertos desde Villa Grimaldi, tal como confirmó la investigación judicial sobre el caso.A ello se suman los múltiples falsos intentos de fuga de prisioneros informados por estos medios en Santiago y regiones, cuando los juicios y respectivos protocolos de autopsia determinaron que fueron crímenes, como aquellos de Pisagua, Temuco, San Antonio, Copiapó, Calama, Linares y Santiago, entre otros.La DINA también financió desde esta cuenta a distintos estamentos del Ejército, como su Comandancia en Jefe, el Comando de Institutos Militares, CIM, el Batallón de Telecomunicaciones, la Escuela de Infantería de San Bernardo, los regimientos de Infantería N°4 “Arauco” y N° 9 de Chillán, el Instituto Geográfico Militar y la Fábrica de Materiales y Armamento, Famae.La propia Junta de Gobierno, la Secretaría General de Gobierno y la Escuela Naval, también cobraron cheques desde la cuenta de “DINAR”.Todos los documentos fueron cobrados en “escudos” que era la moneda nacional vigente en Chile hasta el 29 de septiembre de 1975, cuando fue cambiada al actual peso (para calcular después de esa fecha,  1.000 escudos = 1 peso).De acuerdo al informe del más alto tribunal del país, la DINA manejó miles de millones de escudos cuando el sueldo vital, ingreso mínimo de la época, era de 27 mil escudos.Desde esta cuenta también fueron pagados con altas sumas mensuales los principales agentes, entre ellos Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza, Christoph Willikie, Eduardo Iturriaga Neumann, Cristián Labeé y Juan Morales Salgado, además de la amante de Contreras, su secretaria Nélida Gutiérrez, y la enfermera Carlota Bolumburu, que inyectaba a los prisioneros para morir en la Clínica Santa Lucía.El referido informe de la Corte Suprema sobre esta abultada cuenta camuflada, está adscrito al expediente sobre el crimen del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, cometido por agentes DINA en Washington en 1976. En él se revisaron todos los movimientos bancarios ocurridos en esta cuenta durante 1975, cuando la DINA reinaba en el país.           E.M.   Jorge E.

domingo, 20 de octubre de 2013

NO A UNA NUEVA MESA DE DIALOGO

Los militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos y que se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco, ofrecieron hoy entregar información sobre sus crímenes a cambio de recibir beneficios carcelarios.
La oferta la hizo en declaraciones al canal CNN Chile el abogado René López, defensor del general Manuel Contreras, el antiguo jefe de la DINA, quien está condenado a más de 300 años de prisión en decenas de juicios por crímenes de lesa humanidad.
La idea fue rechazada por la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, que la calificó de “chantaje inaceptable”.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 34.000 sufrieron torturas y fueron encarcelados por motivos políticos.
El abogado López, defensor también de otros oficiales reos, dijo que lo que pedirán los oficiales encerrados en la prisión de Punta Peuco, a cambio de información, “es lo que hay que sentarse a conversar”.
Sostuvo que se debe formar “una mesa de diálogo” entre los condenados y los familiares de detenidos desaparecidos para materializar la iniciativa y emplazó al presidente Sebastián Piñera a respaldarla.
“Si el Presidente autoriza, podemos entrar a conversar, formar una mesa de diálogo, chequear antecedentes, buscar por ahí y por allá”, explicó.
“Está la mejor disposición de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones, de toda la gente que participó en esos hechos, de colaborar, de forma concreta y eficaz, no voladores de luces”, añadió.
Consultado sobre qué pedirían los represores a cambio, dijo que “eso es, justamente, lo que hay que sentarse a conversar”.
Requerido si lo que buscan es una reducción de condenas, López respondió que “podría ser una posibilidad”.
Agregó que “no podemos hacer hipótesis sobre hechos mientras no nos miremos a la cara y conversemos directamente el tema”.
Matizó, respecto de la información que entregarían los presos, que “no estoy diciendo que toda la gente tiene toda la información, obvio que más de alguien sabe algo, pero no todo. La idea es entregar la verdad a la cara”, sostuvo.
“Lo que estoy diciendo es que las partes, conversando directamente, puedan llegar a un entendimiento y haber resultados positivos”, argumentó.
En declaraciones a la edición electrónica del diario La Tercera, Mireya García señaló que la propuesta es “un chantaje inaceptable”, que confirma algo que los familiares de las víctimas siempre han sabido: “que la información existe”.
“Lo que deben hacer (los presos) es entregarla a los tribunales de justicia y no chantajear con la información”, dijo, y subrayó: “Nosotros no estamos para mesas de diálogo que finalmente lo que buscan es exculpar”, sostuvo.
Agregó que en su opinión, René López “está absolutamente delirante, todo lo que dice es parte del delirio de un abogado que opina de una óptica extremadamente particular y extraña”.
“La mesa de diálogo ya existió (Gobierno-Fuerzas Armadas, entre agosto de 1999 y junio de 2000) y los resultados fueron extremadamente negativos, tanto para las instituciones (castrenses) como para las víctimas”, recordó García.
“No significó más verdad ni más justicia, al contrario, sólo significó más angustia para los familiares”, concluyó.
 La Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos Iquique respalda a la compañera Mireya Garcia y ve con rabia porque los criminales han esperado tanto tiempo en entregar esa información que muchos compañeros y familiares fallecieron esperándola, No al chantaje de información x beneficio, esto lo hemos esperado por 40 años, si abandonamos este mundo sin obtenerla, nuestros familiares seguirán la lucha por lograrla. 

JULIO PONCE REGALÓN DE LAS AFP

Las AFP tienen US$ 758 millones en las “Cascadas” de Julio Ponce y SQM

La Superintendencia de Pensiones reveló la exposición de las AFP al caso Cascadas. Al 9 de octubre de este año, los trabajadores chilenos tenían US$ 757,9 millones invertidos en las sociedades de Julio Ponce y SQM, a través de los fondos de pensiones, cifra que representa 0,46% de los más de US$ 153.000 millones que administran las cinco AFP. El Fondo C tiene alrededor de la mitad de esas inversiones (US$ 379 millones) y AFP Habitat es la más expuesta, con US$ 235 millones. La mayoría de las inversiones de las AFP es en los papeles de SQM, donde tienen US$ 380,9 millones, o sea, más de la mitad del total. Eso sí, en proporción total, es AFP Modelo la que tiene la mayor exposición (0,39%). La Superintendencia recuerda que, de acuerdo a la regulación vigente, las inversiones de los fondos deben ser diversificados “de manera tal que un eventual impacto negativo que pueda tener un emisor específico, un instrumento o grupo de ellos, no afecte significativamente la seguridad ni la rentabilidad del total de las inversiones”. También reveló que está haciendo diligencias para fiscalizar a las Administradora y asegurarse de que estén cumpliendo la ley “al momento de tomar sus decisiones en torno este caso”. En un comunicado, la Superintendencia informó, que entre las acciones que está tomando –o ya tomó–, se encuentran “análisis de datos propios respecto de las carteras de inversiones” de las AFP en relación a las inversiones en instrumentos emitidos por SQM y sus sociedades controladoras. La Superintendencia informó que está fiscalizando el comportamiento de las propias administradoras y lo que han hecho “para cautelar el interés de los Fondos administrados, para dar cumplimiento a cabalidad con su rol de mandatarios legales de sus afiliados, según lo dispone la ley”. En otra arista del caso, el senador DC Mariano Ruiz Esquide pidió que se investiguen las denuncias de Julio Ponce, de que las AFP también participaron en algunas de las operaciones que están siendo cuestionadas por la SVS. Ruiz Esquide envió oficios al ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Pensiones.

¿PERSONAS OBLIGADAS A PERTENECER A LAS AFP ?

El mundo bursátil está lleno de misterios, de juegos secretos y a veces de fraudes. La historia y la literatura dan cuenta de muchos casos en que algunos aventajados hacen cosas admirables con dinero ajeno e infinitas argucias que a veces los órganos controladores nunca descubren y que en ocasiones, cuando ocurre, resulta tarde y el daño está hecho.
En Chile, desde que se potenció el mercado de capitales, las operaciones de bolsa adquirieron una dimensión muy importante. En particular, dicho mercado adquirió una trascendencia enorme cuando se les permitió a las AFP comprar acciones a mediados de 1985, para controlar empresas, no sólo privadas, sino especialmente las que se privatizaron.
Nació en Chile una gran industria que se nutrió de los fondos previsionales, en que vimos reiteradamente situaciones reñidas con la ética y la legalidad y que fueron requiriendo perfeccionamientos legales para impedir el involucramiento de los fondos previsionales en las maniobras propias de los grupos económicos controladores y surgió así una vasta creación legal que trató de establecer un estatuto para los directores independientes, auditorías del mismo tipo y un conjunto de reglamentos corporativos que buscaban resolver los problemas de conflictos de intereses enormes.
Pero estos son siempre muchos más frecuentes y acuciantes y, sobre todo, más rápidos que la autoridad que debe controlar. Hemos visto sólo en el último tiempo casos notables de audacia y de delitos, como la situación de La Polar, el uso de fondos privados y otros temas en Unimarc; hace un año, el intento de Enersis por obtener un enorme capital de bolsillos chilenos para comprarse las empresas latinoamericanas y muchos otros que se verán en el camino a corto andar.
Hoy preocupa a la opinión pública el caso de las cascadas, una creación que debe tener más de 25 años en la que el controlador de Soquimich logra su poder mediante un conjunto de empresas que se relacionan escalonadamente y también horizontalmente, formando un entramado que permite al menos dos cosas conocidas ahora con claridad. La primera, controlar con menos dinero del que se posee una empresa importante y hacerlo con la colaboración de minoritarios que en los diversos escalones ponen su plata medio a ciegas, en la esperanza de recibir algunas migajas que el controlador pueda darles. Sabemos también, ahora, que el controlador en este caso además utiliza su poder de decisión en el entramado para efectuar operaciones que lo benefician a él a costa de sus socios más pequeños y, asimismo, de la fe pública de las transacciones de la Bolsa de Comercio.
La historia en sí, hasta aquí, ya representa un grave atentado al ahorro de las personas que ¿deciden? compartir riesgos en sociedades en carácter de minoritarios y que confían en la Bolsa de Comercio y los corredores de bolsa.
Sin embargo, el problema se agrava de manera considerable cuando inexplicablemente los órganos privados con fines públicos, llamados AFP, se entusiasman con dineros del ahorro previsional, y con esos dineros caen en la trampa mortal de hacerse socios del controlador en diversos escalones y atraviesos que conforman las cascadas. Resulta altamente preocupante observar, una vez más, que el sistema previsional es permeable a la ocurrencia de estos hechos y ya muy difícilmente podemos aceptar la explicación de que la economía es así o los mercados son asá o que así son los riesgos en el negocio accionario.
Resulta asombroso que las AFP hayan admitido durante tanto tiempo apuntalar el imperio de personas que, vinculadas de algún modo a un régimen de facto, se hicieron inicialmente de la compañía bajo condiciones no competitivas, que operaba en un mercado internacional en que se competía con acuerdo de precios.
Las AFP en este capítulo han hecho francamente el ridículo y resulta incomprensible su tardanza en ejercer todas las acciones legales que corresponden. Su actitud podría implicar complacencia con la cuestión que ha descubierto la Superintendencia de Valores y Seguros, aparentemente también gracias a antecedentes y denuncias aportadas por particulares y por las propias AFP.
Tampoco se entiende cómo las autoridades, en 25 años, no se dieron cuenta de este entramado que al parecer obtuvo el apoyo de importantes redes políticas que, si bien aún no han salido a colación, están a la vista en los directorios como una primera pista.
Los corredores de bolsa como nunca informaron nada de esto a sus clientes y menos de que el precio de la empresa verdadera, y no las de papel, dependiera de un acuerdo oligopólico a nivel mundial, a excepción de Larraín Vial, que el año 2012 advirtió de la volatilidad de precios. Ello resulta francamente escandaloso y perfila un fraude al más alto nivel, con ocultamiento deliberado de información.
El problema de las AFP, según algunos, suele reducirse a si fracasaron en materia previsional por culpa de su diseño o porque el mercado laboral no se comportó como se esperaba, lo que para los efectos de un buen razonamiento viene a ser una tautalogía, porque un buen diseño debió haber establecido a priori las características del mercado laboral chileno. Del fracaso monumental de las AFP nos hemos salvado a medias, porque el Estado ya se hizo cargo del más del 50% de los pensionados del país, gracias a la visión subsidiaria del gobierno de Bachelet. Pero del problema del poder económico que tienen las AFP para la compra de acciones tanto en Chile como en sus operaciones internacionales, de las cuales no hay mayor claridad de cómo operan los controles, no se habla casi nada, es materia de la cual todos quieren hacerse los lesos.
Una AFP estatal no soluciona el problema esencial del sistema previsional, pero podría establecer un conjunto de condicionantes operativos muy útiles en cuanto al control económico que las AFP detentan.
Los fondos de pensiones, administrados por las AFP, constituyen, como se ha dicho por parte de diversos autores, la espina dorsal del postmoderno capital financiero. El historiador Gabriel Salazar, en un interesante estudio sobre los movimientos sociales en Chile, con meridiana claridad señala que “el capital financiero mundial –constituido casi exclusivamente por fondos de pensiones y fondos soberanos–, opera, pues, sobre enormes volúmenes de dinero que no son, en esencia, “capital”, y movido por operadores que tampoco son, en esencia, “capitalistas”, al punto que sus propietarios originales (los trabajadores cotizantes) tampoco son, en esencia, “propietarios”, porque en este sistema, la administración de estos fondos es más importante, funcional y jurídicamente que su propiedad”. Los fondos de pensiones administrados por las AFP, al año 2012, equivalían a ciento cincuenta y tres mil ochocientos siete millones de dólares, que es una suma equivalente al PIB chileno.
Las candidaturas a la presidencia de la República no han profundizado en este tema, en circunstancias que si se desea de alguna manera corregir el modelo económico, por un lado, y en ciertos rubros y materias introducir cambios sustanciales, lo que procedería es que los programas de gobierno abordaran seriamente todo el tema de los fondos de pensiones y de sus administradoras, organismos, estas últimas, que constituyen el instrumento determinante de la mercantilización de las pensiones.
En el mecanismo de los fondos de pensiones administrados por los grupos económicos dueños de las administradoras de pensiones, se da la paradoja de que el mundo laboral cotizante presta mensualmente las cantidades de dinero cotizadas a los grupos económicos, para que estos las utilicen en provecho directo e inmediato de sus propias empresas, especialmente las que operan en los ramos financieros.
Estas últimas reciben, a través de complicados mecanismos, los dineros que fueron cotizados y los emplean para mover el mercado de capitales, cuyos grandes frutos van en directo beneficio de quienes administran esos dineros. Si se desea verdaderamente hacer cambios, debe modificarse radicalmente todo el sistema de funcionamiento de los fondos de pensiones. El pilar solidario instalado durante el gobierno de la señora Bachelet, fue únicamente un paliativo, que se da dentro del esquema de mercado en actual aplicación, pero no constituyó una modificación sustancial, como es la que realmente se requiere.
La lectura del evangelio del último domingo hablaba de la lepra, terrible enfermedad de la antigüedad que hacía que la carne se cayera a pedazos en una muerte lenta y agónica. Los hechos de las cascadas, que parecen aludir al agua que purifica y escurre, apunta aquí a lo contrario, a un líquido pestilente que ensucia el sistema económico, que desprestigia el sistema financiero en general y el accionario en particular. Deja, además, al Estado como regulador actuando tarde y con inexplicables desavenencias entre el Ejecutivo (SVS) y el Ministerio Público. Todo ello confunde a la población y se presta para malos entendidos y maledicencias. El sistema económico actual está padeciendo de la grave enfermedad descrita y eso trae grave desprestigio a la clase empresarial y anticipa duros momentos para la ciudadanía. En cuestión de tiempo y, quizás, poco tiempo.
Ramón Briones E.  Hernán Boselin C.