CLAUDIA BARATTINI, LA MINISTRA QUE DEBE EL CRÉDITO FISCAL Y NO TERMINO NINGUNA CARRERA

A los 14 años se asiló con su padre en la embajada de Polonia. Regresó a los 24, cursó un semestre de Ingeniería Comercial, cuatro años de Historia, pero no se tituló. Por la deuda de $4,9 millones tiene retenida la devolución de impuestos. Trabajó en ONG chilenas e italianas. Como agregada cultural en Roma ganaba más de $4 millones mensuales. Vive en un departamento en Providencia, maneja un auto pequeño y tiene contrato hasta el 28 de febrero con el Teatro a Mil.  El 24 de enero fue la sexta designación más comentada del nuevo gabinete y se convirtió en trending topic. Con un currículum cargado de logros y una gestión como agregada cultural en Italia muy laureada, recibió aplausos del mundo artístico. Dos semanas después, una deuda impaga, revelada por La Tercera, vino a empañar el nombramiento de Claudia Barattini Contreras (soltera, 53) como ministra de Cultura de Michelle Bachelet. Se supo que ella se encuentra morosa en el pago del crédito fiscal, vigente entre 1981 y 1987, y del universitario, que lo sucedió hasta 1994, cuando fue reemplazado por el fondo solidario. Tenía un interés del 1% anual; el solidario, un 2%.  La deuda, que asciende a $4,9 millones, la contrajo a partir de 1984, al ingresar a Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Debido a que no le convalidaron los ramos de los tres años de Economía que cursó en la Universidad de La Sapienza en Roma, la mejor de Italia y más grande de Europa, se retiró al terminar el primer semestre, dio nuevamente la PAA y entró a Pedagogía en Historia en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce), pero no se tituló.

Además de Barattini, se encuentran morosos la designada ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas (50), con $196 mil; los futuros intendentes del Maule, Hugo Veloso (51), con $4,7 millones; de Antofagasta, Valentín Volta (49), con $650 mil y que aseguró haberlos cancelado antes de publicarse la lista de morosos de las universidades del Consejo de Rectores, y de Atacama, Miguel Vargas (46), con $9,6 millones que fueron repactados, según afirmó a La Tercera.  Actualmente en reposo por prescripción médica, debido a una operación en un ojo por desprendimiento de retina, Barattini explicó por correo que no fue notificada, pero suponía que tenía pendiente el pago del crédito, porque los últimos tres años le retuvieron la devolución de impuestos. Coincide con su retorno a Chile en 2010 y su incorporación al staff del Teatro a Mil, como directora de asuntos internacionales y coproducciones, donde tiene contrato hasta el 28 de febrero y gana entre $1,5 millones y $2 millones, según revela su círculo cercano.  Se declara independiente. “Me importa la política, pero no vengo del mundo de los partidos”, declaró a La Segunda. Quienes estudiaron en los 80 en el ex Pedagógico la recuerdan como simpatizante de las Juventudes Comunistas. Partido en el que militaba su padre Juan Barattini, director de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile en Valparaíso hasta el golpe militar. Se le prohibió la entrada, pero le siguieron pagando el sueldo hasta diciembre de 1973 “en una mesa instalada en la calle”, cuenta telefónicamente desde su casa en el Cerro Concepción de Valparaíso.  Un diplomático francés lo ayudó a asilarse en la embajada de Polonia, que había roto relaciones con Chile y era representada por Suiza. Por lo mismo, él y sus hijos Claudia, de 14, y Marcos, de 12, sólo tuvieron por compañía al senador Rafael Tarud durante el mes y medio como asilados. Marta Contreras, la madre, cantautora que ha musicalizado poemas de Gabriel Mistral y Nicolás Guillén, estaba de gira en París, se reencontró con la familia en Varsovia, donde al padre le otorgaron una beca para un doctorado en Teoría del Teatro en la Academia Nacional de Ciencias.  Al año y medio, en un seminario de coordinación política en Roma, le ofrecieron trabajo en Peruggia, asesorando al gobierno regional de La Umbría en materia cultural. Los Barattini Contreras dejaron Polonia, se instalaron en Peruggia, pero la hija mayor debió trasladarse a Roma, al Liceo Español, porque en el colegio local le exigían latín y griego, que no dominaba. En la semana vivía en la casa del ex diputado comunista Luis Guastavino, compañero de partido, porteño y amigo histórico de su padre. Su hija asistía al mismo establecimiento que Claudia y ambas bailaban en el grupo de folclor latinoamericano junto a otros jóvenes chilenos exiliados. Varias veces acompañaron las presentaciones del Inti Illimani en Italia.  La familia fue activa en el exilio. En Italia funcionaba Chile Democrático, que coordinaba la solidaridad con Chile. El padre recuerda que “había una tremenda estructura de los partidos políticos italianos; ellos organizaban actividades culturales, artísticas y de propaganda y nos invitaban a participar”.  Claudia creció rodeada de música, arte, teatro, practicó ballet en las academias nacionales de danza de Polonia e Italia y actuó en una compañía experimental mientras estudiaba Economía en Roma. “Tenía condiciones; era interesante lo que hacía, pero quería volver a Chile”, sostiene su padre, profesor de Teatro en la U. de Valparaíso.  En 1982, su hija hizo el primer intento. Fue detenida en el aeropuerto y expulsada a Argentina, porque su pasaporte tenía la letra L (de Limitado) al haber salido de Chile como asilada. En 1984 regresó definitivamente junto a su madre y hermano; su padre pudo hacerlo recién en 1987.

 TRADUCTORA DE BACHELET Y CAPAZ DE MOVER MONTAÑAS

Italia le era un destino tan familiar, que logró cosas que probablemente ningún otro agregado cultural ha conseguido. De partida, que Chile tuviera un pabellón en la Bienal de Venecia, una de las más antiguas e importantes del mundo. “Chile pasó de una representación normal a lucirse”, sostuvo Emilio Lamarca, director de asuntos culturales de la Cancillería hasta 2010, en El Mercurio.  Gestionó un libro de lujo –Las voces de Santiago. De Italia a Chile a lo largo de la ruta del teatro, su traducción al castellano– con entrevistas a los creadores de las principales obras chilenas e italianas presentadas en la edición 2008 del Festival de Teatro Santiago a Mil. Recogía citas del escritor Alessandro Baricco (Seda, Castillos de rabia) y del director de teatro experimental Romeo Castelucci, entre varias otras.  Carmen Romero, la directora del Festival y amiga de Barattini, destacó entonces que “no tenemos en Chile un libro de esta calidad sobre nuestro teatro y nuestro festival”.  El vínculo con Romero no sólo fue en teatro. Como agregada cultural promovió un intercambio musical: Inti Illimani y la orquesta del Teatro San Carlo de Nápoles dieron un multitudinario concierto en Pompeya en junio de 2010 y en diciembre los elencos del Teatro San Carlo vinieron de gira a Chile. Antonio Leal, ex presidente de la Cámara de Diputados, recuerda que  Gabriel Valdés, el entonces embajador de Chile en Italia, le comentó en un viaje a Roma el nivel de vínculos de Barattini y su “capacidad para mover montañas”. En 2009, la Presidenta Michelle Bachelet viajó a la capital italiana y la agregada cultural sirvió de intérprete en todos los actos, incluida la condecoración al cineasta Raúl Ruiz por el alcalde de Roma y la semana de cine dedicada al realizador chileno en el municipio romano.  Como agregada cultural entre 2006 y 2010 recibió un sueldo de US$8 mil ($4,4 millones) mensuales, calculan fuentes de la Cancillería. La cifra no figura en Gobierno Transparente. No tuvo que costear gastos de traslado ni se afanó buscando departamento, pues vivía en Roma cuando Bachelet la designó en el cargo que también ocupó su padre Juan Barattini durante dos años del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.  En 1999, Claudia Barattini se instaló en la capital italiana contratada por la ONG Terra Nova como cabeza de un  programa de cooperación italiana en América Latina. Después trabajó para la Asociación de Recreación y Cultura Italiana (Arci), promoviendo convenios de cooperación ciudadana entre Italia, Colombia, Brasil y Venezuela para buscar mejores prácticas entre vecinos en el tema de la violencia, presupuesto participativo y políticas públicas. Fue parte del primer Foro Social Mundial en Porto Alegre, que nació en oposición al de Davos, en Suiza. Tiene pasaporte italiano y habla el idioma tan bien como el castellano.

 VENDEDORA DE LIBROS, SOCIA CAPITALISTA, DIRECTORA DE LA MORADA

Mientras estudió en el ex Pedagógico, vendió libros usados en el Café del Cerro y en 1988 creó una sociedad editora llamada Grafos, junto a otras tres personas. Una de ellas era Andrea Palma Salamanca, miembro de las Juventudes Comunistas, dirigente del centro de alumnos del ex Pedagógico y hermana del frentista prófugo Ricardo Palma Salamanca, autor de los asesinatos de Roberto Fuentes Morrison (1989), Luis Fontaine (1990), Víctor Valenzuela (1990), Jaime Guzmán (1991) y el secuestro de Cristián Edwards (1991).  Al año siguiente, se asociaron con los diseñadores Juan Manuel y Osvaldo Aguiló –hermanos de Sergio, diputado socialista– en una empresa de diseño gráfico. “Yo era diseñador de la revistaPluma y Pincel, en esa época dirigida a las mujeres. Con mi hermano nos compramos un computador Macintosh súper moderno y una impresora y necesitábamos capital para hacer revistas para empresas y afiches. La Claudia y la Andrea tenían unas luquitas y entraron. Alcanzamos a hacer cosas, pero daba pocos dividendos. Pensaban que iban a hacer un buen negocio, pero no fue mucho, se retiraron y les compramos su parte”, explica Osvaldo Aguiló, quien sigue trabajando como diseñador.  Recuerda que el contacto fue el entonces pololo de Barattini, experto en computación, que no fue parte de la sociedad. “Además, nos conocíamos por la universidad, éramos todos gente de izquierda”.  Por correo, Barattini afirma que dejó la universidad porque decidió trabajar. Su primer empleo, en 1990, fue como asesora del director Andrés Pérez en la obra “Allende 1970-1973”, en la que estuvo a cargo de la investigación histórica para el guión.

Alcanzó a hacer la práctica en un colegio de Ñuñoa, según su amiga Perla Wilson, periodista que la conoció en la Corporación La Morada, donde la designada ministra de Cultura trabajó desde 1992 a 1999 en las áreas de educación y género. En esa época adoptó una decidida postura feminista, apoyó la discusión de la ley de divorcio y la defensa de los derechos humanos en la Radio Tierra, que pertenecía a La Morada. Fue parte del colectivo Mujeres de Memoria, que se manifestó en La Moneda y en el Congreso cuando Augusto Pinochet asumió como senador vitalicio. En 1994 combinó sus labores en La Morada con la coordinación del proyecto de la Fundación Rockefeller para crear una red latinoamericana de productores independientes de arte contemporáneo. Fue directora de La Morada durante un año (1998-1999).  “Es capaz de llevar adelante una idea política, social, cultural y ponerla en escena. Es una gestora que tiene un proyecto político muy claro. En ese tiempo era poner en evidencia el lugar de la sociedad civil y, dentro de ella, las mujeres”, describe Wilson.

Vive en un departamento de 90 m² en Providencia con Lyon, comprado con crédito hipotecario tras culminar su labor como agregada cultural. No tuvo auto hasta hace un par de años, en que celebró la adquisición de un modelo pequeño. Su círculo la cuida y no entrega más detalles. Es descrita como muy amistosa y entre sus cercanas se menciona a las actrices Paulina García, protagonista de Gloria, y Javiera Parada, con quien coincidió en Teatro a Mil.

Barattini aclara por correo que renegoció el crédito fiscal y pagó una parte sin hacer mayores precisiones. Cuando la Umce reabra sus puertas irá a repactar, porque no puede pagar el total de la deuda. El sueldo del actual ministro de Cultura es de $6,4 millones. Ximena P.V     E.M

HOY POR TI MAÑANA POR MI

El pasado 14 de enero, la militante PPD Paulina Saball, fue designada por Michelle Bachelet como la próxima ministra de Vivienda y Urbanismo.

La asistente social conoce bien la cartera: en el primer mandato de Bachelet fue subsecretaria de la repartición, mientras era ministra Patricia Poblete.  Anteriormente fue subsecretaria de Bienes Nacionales.

En el gobierno de Ricardo Lagos fue nombrada directora de la entonces Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), repartición que enfrentó duras críticas por la crisis ambiental en el Santuario del Río Cruces en Valdivia en 2004, que provocó la muerte de cientos de cisnes de cuello negro por los residuos que Celulosa Arauco, conocida como Celco, vertió en el río, provocando un daño ecológico que se mantiene hasta hoy.

Daño por el cual, y tras llegar a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en diciembre del año pasado, la empresa debe realizar un pago indemnizatorio de 10 millones de dólares.

Según señala Poderopedia, mientras Saball dirigía la Conama salió a la palestra el vínculo laboral que tuvo con el entonces presidente de la celulosa responsable de la contaminación  de propiedad de la familia Angelini,  Alberto Etchegaray Aubry,  de quien fue su jefa de Gabinete cuando este era ministro de Vivienda de Patricio Aylwin.

JORGE BURGOS RESPALDA A CAROLINA ECHEVERRIA

El futuro ministro de Defensa, Jorge Burgos, respaldó a la designada subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría Moya (PPD), asegurando que ella “está comprometida con los derechos humanos”, pese a que su padre, el coronel (r) del Ejército, Víctor Echeverría Henríquez, está vinculado con abusos deshonestos y torturas al interior del Regimiento Buin en 1973.

“La denuncia es fuerte y, por ello, respeto y valoro la fuerza moral de Mónica Echeverría y Mercedes Bulnes, quienes afirman haber sido víctimas del militar en retiro, pero considero bastante complejo exigirle a una persona que tiene una ligazón tan importante como ser hija de una persona acusada por derechos humanos que tenga que hacer una declaración que establezca un reproche a su padre”, sostuvo.

Con sus declaraciones al programa “Una Nueva Mañana” deRadio Cooperativa, medio vinculado a la tienda falangista, el hasta ahora diputado de esa colectividad rompió la ley del silencio que respecto de los cuestionamientos a los futuros subsecretarios habían mantenido quienes conformarán el gabinete de la presidenta electa, Michelle Bachelet. En este caso, lo hizo en su calidad de titular de la cartera de la que depende la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

Burgos enfatizó que Carolina Echeverría, “en virtud de la relación que tiene, conoce la historia de su padre y yo presumo que tiene una creencia en la inocencia de su padre, mientras a quienes la conocemos nos consta su compromiso con el reproche más absoluto a la violación de los derechos humanos”.

“He estado en contacto permanentemente con ella (Carolina Echeverría). Está al tanto de las críticas y, como todo ser humano, tiene la afectación de tener una situación en que se involucra al padre en una cosa de esta naturaleza, tan grave… Qué quiere que le diga; eso le pasaría a cualquier persona normal”, hizo hincapié el parlamentario.

“Yo la respaldo en lo personal (…) nadie puede hacer un impedimento a una persona porque el padre está acusado (…) En un Estado de Derecho quienes determinan las responsabilidades penales son los Tribunales, no los denunciantes, ni tampoco son responsables los hijos; eso es ajurídico (Son aquellos que no han sido regulados por el Derecho, por lo tanto, no producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo: una lluvia suave, cerrar una puerta, una puesta de sol, la caída de las hojas en otoño, etc.) concluyo. Creo que Burgos no tiene ética ni moral en sus comentarios; mi hijo con excelentes notas de estudio, deportista destacado, recomendaciones de familiares pertenecientes a las fuerzas armadas, el año 1984 postulo a la Escuela de Investigaciones y Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea, la razón por que no fue aceptado en ambas fue lapidaria, su padre era ex preso politico, yo con mis principios de Igualdad, Verdad y Justicia que conservo hasta el día de hoy, destruí los sueños de mi hijo. creo honestamente que Carolina Echeverria agradezca el apoyo de la  Presidenta Bachelet , de un paso al costado y  siga respetando la Igualdad y los Derechos Humanos. Con el apoyo de Burgos a Echeverría, el presume que su padre es inocente y que es ajurídico, señalamos que nadie a dicho que Carolina Echeverría es responsable de los abusos deshonestos y torturas que cometió su padre que vive libremente en Iquique. Recordamos que las denuncias han logrado dar a conocer a Chile y el mundo los atroces crímenes cometidos por la dictadura militar, Patio 23, Villa Grimaldi, Hornos de Lonquel, La Fosa de Pisagua y tantos otros que determinaron responsabilidades penales que hasta el día de hoy algunos criminales medianamente las cumplen. Juan Parra G, Presidente Agrupación de Ex Presos Políticos Iquique.

FUTURA SUBSECRETARIA DE LAS FF.AA HIJA DE UN TORTURADOR Y VIOLADOR

Esposa del abogado Roberto Celedón fue víctima de abusos deshonestos por parte del padre de Carolina Echeverría

Mercedes Bulnes emplaza a la futura subsecretaria de las FF.AA. a dar explicaciones por las “heridas” del pasado

Habla pausado. Mide cada palabra que dice. No quiere hacerse cargo de rumores o de declaraciones de otras personas. Hace hincapié en que sólo puede hacerse cargo de sus propias vivencias. Recuerdos cargados de dolor. Para Mercedes Bulnes no pasó inadvertido el nombramiento de Carolina Echeverría Moya como futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas. En una entrevista con CNN Chile, la esposa del abogado de Derechos Humanos, Roberto Celedón, hace memoria del momento en que  fue detenida y conducida junto a su marido al Regimiento Buin y se da el tiempo para reflexionar sobre la hija de su abusador.

“El día 23 de octubre de 1973 fuimos detenidos junto a mi marido en la casa de mi padre y conducidos al Regimiento Buin. La persona que lideraba la detención fue el capitán Víctor Echeverría Enríquez. En ese tiempo, capitán y a cargo de la inteligencia militar y de llevar a delante todas las detenciones y los interrogatorios en el Buin (…) Roberto tenía entonces 26 años y yo 23, y estaba embarazada de mi tercera hija (…) esa noche, me dejaron a mi en la guardia hasta las dos de la madrugada. Y, en tanto, Roberto fue torturado dentro de las dependencias de la Comandancia del Buin”, sostiene la abogado.

No sabe bien si en esas torturas practicadas en contra de su cónyuge participó Víctor Echeverría. “Como él estaba vendado no reconoció a nadie, pero sí tengo claro que él sabía lo que estaba pasando”, explica, agregando que esa sospecha la confirmó los días posteriores.

“A mi me dejaron en libertad el día siguiente. Me mandaron a dejar a la casa. Y fui detenida el lunes siguiente. Pero, esos días yo fui a ver a Roberto, junto con mis cuñados que me acompañaron. Roberto estaba en muy malas condiciones. Me permitieron verlo en ese momento. Y por toda la conversación que se dio, estaba claro que este señor (Echeverría) estaba completamente al tanto. Además, él siempre estuvo presentes en mis visitas a Roberto. Nunca pude estar sola con él”, prosigue Mercedes Bulnes.

“Esa noche -detalla- Roberto fue llevado junto a una patrulla militar que encabezaba Echeverría a allanar diferentes domicilios buscando al hijo de don Fernando Castillo Velasco y la señora Mónica Echeverría (…) este capitán fue a la casa de Fernando Castillo y fue extremadamente violento con la señora Mónica y con la hija de ambos, Consuelo, que tenía en ese entonces 12 años”.

Se da un tiempo y deja en claro: “Nosotros no teníamos nada que ver con nada, Roberto militaba en la Izquierda Cristiana, yo militaba donde militaba Roberto. Nos acusaron de ser altos dirigentes del MIR después”.

A reglón seguido, hace énfasis que tiene probado “concretamente el abuso deshonestos en mi contra, por parte de Echeverría”. Delito, que a su juicio, es agravado por el hecho de haberse cometido en contra de una persona privada de libertad.

Consultada por su parecer frente al nombramiento de Carolina Echeverría como futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas, reflexiona lo siguiente: “Yo pienso que los hijos no son responsables de los pecados ni de los delitos de los padres. Pero sí creo que cuando uno asume un cargo público o de relevancia uno tiene el deber de informar a quien lo nombra las heridas que pueden haber en el pasado de uno. Uno tiene el deber de informar porque es un cargo público que está relacionado con las Fuerzas Armadas y ella tiene que decir algo”.

Luego, se da tiempo para hace la siguiente analogía: “Quiero recordar algo. Cuando la actual Reina de Holanda se iba a comprometer con el príncipe, ella debió declarar ante todos los medios de que no era responsable de los actos de su padre. Y su padre había sido ministro de Agricultura de una dictadura militar. Y el parlamento holandés exigió esa declaración y exigió que el padre no pudiese estar presente en la boda. Eso es un ejemplo de ética pública. Ella debe dar explicaciones. Tengo la convicción de que la señora Bachelet no sabía de esto”.              Christian Buscaglia

BECA PIÑERA A CANDIDATOS PERDEDORES

El escándalo estalló cuando se supo que el ex candidato a senador de la UDI por Santiago Poniente, Pablo Zalaquett, había sido contratado por el Ministerio de Salud para realizar una asesoría comunicacional por un sueldo de $2.000.000 a partir de diciembre de 2013, luego de perder su lucha senatorial en Santiago Poniente.

El diputado DC Gabriel Silber señaló que el ex alcalde de Santiago estaba recibiendo la “beca Sebastián Piñera”, por lo cual el ex edil anunció querella contra el parlamentario.

Zalaquett no es el único. Catorce nombres del oficialismo fueron reincorporados a alguna repartición pública luego de perder en las elecciones parlamentarias. Todos trabajaron en el Estado hasta mediados de año, cuando asumieron el desafío electoral, y regresaron luego de sus respectivos fracasos.

El vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, aseguró a El Mostrador que no detecta ningún inconveniente ético en esta situación: “A ellos se les pidió que dejaran la pega durante la campaña y después volvieron a trabajar. Ellos van a estar solamente hasta el 11 de marzo. Lo poco ético habría sido estar en campaña y haber cobrado igual el sueldo”, aseveró.

Consultado por la situación de algunos ex candidatos que volvieron a trabajar en un organismo distinto a aquel en que se desempeñaron antes de salir a probar suerte en las urnas, Eguiluz manifestó que “otro caso son los que se cambiaron de repartición después de perder la elección. Pero no creo que ellos estén más allá del 11 de marzo”. En todo caso, el dirigente se mostró sorprendido por la información y aseguró que se informaría al respecto. Revise a continuación quiénes son los ex candidatos que hoy figuran como flamantes asesores de diversos organismos públicos, y que en promedio cobran  $3.000.000.

Juan Pablo Camiruaga: vicepresidente RN, ex candidato a diputado por el distrito 34. A honorarios en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, desde el 02 hasta el 31 de diciembre, por $2.500.000. Antes no desempeñó ningún cargo en el Estado.

Jorge Alessandri Vergara: candidato UDI por el distrito 27. Aparece como subdirector de Dirección de Programación en la Presidencia de la República. En junio salió del cargo para asumir la candidatura, y regresó a su puesto el 21 de noviembre, tras perder las elecciones. Su hermano, Felipe Alessandri Vergara,  ejerce como abogado en la misma repartición. Recibieron más de $3.500.000 cada uno en diciembre.

 Rubén Carvacho Díaz: fue candidato perdedor de la UDI por el distrito 17, y desde el 1 de diciembre aparece como asesor en la Subsecretaría de Servicios Sociales por un sueldo de $2.500.000. Según Transparencia, antes se desempeñó en la Subsecretaría de Planificación y en la Dirección General de Obras Públicas, donde congeló su asesoría en agosto del 2013.

Sergio Correa Espinoza: Candidato perdedor de Evópoli por el distrito 36, en cupo RN. Desde el 2010 fue asesor en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, desde donde salió en mayo del 2013 para asumir la candidatura. Regresó el 26 de noviembre para “Apoyar la implementación de los programas del Ministerio en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, trabajando con los equipos regionales para asegurar el cumplimiento de metas y desafíos”, con un honorario de $2.700.000.

Luis Masferrer: El ex director de Gendarmería, fue de candidato por el distrito 57 RN , donde perdió. Por ello, desde el 9 de diciembre figura como asesor en la Subsecretaría de Interior, aunque extrañamente por un salario de $2.000.000

Carlos Cruz-Coke (RN): hermano del ex ministro de Cultura, Luciano, candidato a diputado por distrito 30, renunció en agosto a su puesto como asesor legislativo de la Subsecretaria de Prevención del Delito. Después de la campaña fue recontratado, entre noviembre y diciembre por $2.976.750.

Gonzalo Díaz del Río Riesco (RN): candidato a diputado por el distrito 25, fue recontratado en noviembre por la Subsecretaría General de Gobierno como asesor del gabinete ministerial, con un sueldo de $2.900.000.

Sandra Amar Mancilla (independiente por la Alianza): candidata a diputada por el distrito 60, trabajó el 2012 y 2013 en la Subsecretaría de Servicios Regionales. Renunció en agosto del año pasado y luego fue recontratada en diciembre por un total de $3.806.020.

Rodrigo Sandoval (UDI): candidato diputado por el distrito 41, fue contratado en diciembre de 2013 por el gobierno regional del Bío Bío por $1.333.333. Antes de esto, Sandoval había sido director regional del INJUV en Bío Bío.

Jessica Mualim (RN): candidata a diputada por el distrito 31, fue contratada por diciembre en la Subsecretaría de Prevención del Delito, como asesora en el proyecto “Alerta Hogar”, por $3.050.000.

Gonzalo Figueroa (RN): candidato diputado por el distrito 54, volvió a la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde ya había trabajado el 2010, 2011, 2012 y 2013. En agosto había renunciado, pero una vez terminada la campaña electoral volvió, del 22 de noviembre del 2013 hasta diciembre, recibiendo un sueldo de $5.622.150 como Coordinador del Programa de Apoyo a Víctimas.

Felipe Cuevas (UDI): candidato a diputado por el distrito 11, volvió a la Subsecretaria de Obras Públicas el 21 de noviembre. Recibió $3.333.333 por “Prestar asesoría directa al Subsecretario, mediante la supervisión, coordinación, evaluación e implementación que demanda la adecuada gestión operativa de las Unidades (….), entre otras funciones que se describen en el portal de transparencia.

Arturo longton (RN): candidato a diputado por el distrito 12, aparece contratado por la Intendencia de Valparaíso desde enero a diciembre de 2013 por $2.000.000.

Patricio Urquieta (RN): candidato diputado distrito 6, fue contratado en la Subsecretaría de Servicios Sociales durante diciembre de 2013 por  $2.000.000.

CONGRESOS QUE MAS SE RECUERDAN EN EL PARTIDO SOCIALISTA

No hay dos eventos que le hayan provocado más daño a la cultura democrática y a la convivencia interna en el Partido Socialista que el XXIII Congreso (1971)  y el XXVII Congreso (2005). Por pura coincidencia ambos se desarrollaron los últimos días del mes de enero. El segundo, no sólo rompió para siempre amistades y trayectorias políticas surgidas en los peores años de la dictadura, sino que, también, el serio esfuerzo que realizaba aquella directiva por sacudirse del burocratismo, el aparatismo y la cooptación que el PS había heredado desde los convulsos años 60 y que se oficializó en el Congreso de La Serena de 1971, oportunidad en que la mesa liderada Aniceto Rodríguez, responsable del triunfo de Allende, fue acusada de “guatones”, y barrida en ese certamen. Tal como se repitió en 2005, cuando un grupo ajeno al proyecto Bachelet –que por entonces tenía como candidato a José Miguel Insulza– se tomó la colectividad con la complicidad de Ricardo Núñez.  En La Serena 71 se formalizó al margen del proyecto institucional que encabezaba Allende la creación  de un frente interno  encargado de la organización, y de una comisión de defensa  de la que dependerían  un aparato militar y una estructura de inteligencia. Esa fue la culminación de un largo proceso incubado a partir de 1965 que, influido por la revolución cubana, terminó en la bolchevización del PS que, hasta entonces, se había caracterizado por ser un partido bastante asambleísta, de mucha deliberación y discusión de tesis profundas sobre la naturaleza democrática del socialismo local que encabezó el rector de la Universidad de Chile, Eugenio González (“No concebimos la política como medio de encumbramiento personal, tampoco como ocasión de popularidad y vanagloria. Menos aún como empresa de utilización del poder”) y que se tradujo en el programa de 1947, o el largo intercambio epistolar (“La polémica socialista-comunista”) que tuvo Raúl Ampuero con el secretario general del PC y que llenó la discusión pública a lo largo de los 50 y 60 en un rico debate que siempre diferenció al socialismo criollo de los partidos estalinistas: “Ya hemos planteado la inconveniencia de erigir en autoridad ideológica indiscutible a cualquier partido en particular, precisamente cuando las transformaciones sociales se producen con velocidad vertiginosa en nuestra época”  LA MILITARIZACIÓN DEL PS   El cambio en el paradigma democrático que a lo largo de varias décadas construyó el PS lo expresó muy bien el polémico Documento de Marzo que evacuó la dirección clandestina en 1974 y que, entre otras cosas, responsabilizó a la propia organización por la derrota de 1973, debido a su falta de una conducción única, centralizada y homogénea“ ausencia de una columna vertebral marxista leninista” y propuso algo totalmente ajeno a su cultura política: “Avanzar hacia mayores niveles de unidad con el PC”, lo que no era otra cosa que la fusión con el partido de la hoz y el martillo. Por tal motivo aquel texto fue catalogado por una inmensa mayoría de dirigentes como “liquidacionista”. La feroz dictadura y la sobrevivencia clandestina no hicieron otra cosa que fortalecer el militarismo y sus derivados (el secreto, la compartimentación y la obediencia debida) proceso que la actual Presidenta vivió en carne propia.  Hay que recordar que ella fue parte del grupo de ayudistas del malogrado Carlos Lorca, que luego fue detenida junto a su madre y llevada a Villa Grimaldi por haber otorgado protección a una joven del MIR, motivo por el cual Manuel Contreras estuvo a punto de convertirla en otra víctima fatal del terror. En su exilio en la RDA trabajó en el frente interno que, bajo la fórmula de los encargados del partido, revisaba hasta la correspondencia de los militantes, lo que llevó a decir a Rodríguez Elizondo que aquella práctica fue el ejemplo más visible de “la criptografía y paranoia” que se apoderó del PS en el exilio.  Fue común, además, que muchos cuadros del PS recibieran instrucción militar, fuese en la URSS, Cuba o hasta en la misma Corea del Norte, y es muy probable que la Mandataria no haya escapado a ese proceso, en especial si ella militó en la fracción que se quedó tras la cortina de hierro y donde las características de bolchevización, lejos de extinguirse, se fortalecieron. Una temprana y dramática experiencia amorosa juvenil la hizo vivir en carne propia La vida de los otros y sufrió en primera persona la traición que tuvo como protagonista a su propio novio, Jaime López, número uno de la organización tras la caída de Lorca y a quien los sobrevivientes responsabilizan por la delación de dos directivas clandestinas sucesivas que terminaron en condición de desaparecidos.  Como se sabe, López al igual que toda la dirección de la JS de la época, leían La Orquesta Roja y admiraban al personaje central de la trama: Leopold Trepper. Según Jaime Gazmuri, en El sol y la bruma, aquella era la primera lectura obligatoria en la clandestinidad, el primer manual. A ese proceso de formación política en que estuvo inmersa hay que agregar su origen familiar militar y no sabremos nunca cuántas de sus convicciones fueron transmitidas por su padre, a quien ella reiteradamente ha dicho admirar. En recientes declaraciones, por ejemplo, ha insinuado que le gustan frases como aquella que subraya que “quien se mueve no sale en la foto”. Gonzalo Martner quien la contradijo públicamente-, Camilo Escalona que se sobregiró en su papel de factótum y Juan Carvajal  quien se autoerigió como el responsable de su popularidad han conocido, entre otros, muy de cerca la seriedad con que la Presidenta se toma esta frase.  Quienes la conocieron como parte del comité central o de la comisión política en los años 90, la recuerdan más bien por su silencio que por sus intervenciones. Una mujer despierta e inteligente, pero de escasa expresión. Por el 2003, cuando ella ya era una figura pública, Carmen Lazo, en uno de sus constantes viajes a Rancagua, me confesó que alguna vez la propuso para la comisión programa del PS, pero que ella no aceptó pues consideraba que había otros más indicados para esa tarea. Su propia vida cotidiana  está más bien llena de silencios y complicidades, donde no abunda la actividad social más allá del círculo afectivo de amistades.  También hay que recordar que la Presidenta electa ostenta una profesión donde se fortalece el trabajo individual y en solitario.  Y si bien el secretismo puede resultar eficiente en la clandestinidad, en el ejercicio de la profesión y en el mundo militar, llevado a la política postmoderna hija de las redes sociales y el peso de la opinión pública, puede  resultar desastrosa.  EL ECOSISTEMA POLÍTICO  Si bien el secreto, en el mundo desde el cual proviene, puede ser una forma de mantener la autoridad y el control, en particular en la designación de funcionarios (antes casi siempre filtrados, a veces desde la propia Moneda, para chequear nombres y aceptación), escasamente resulta efectivo en el actual ecosistema político. En efecto, en una actividad donde el diálogo, el debate y el “copuchenteo” son consustanciales, por lo demás, en un mundo cristiano como el nuestro, donde la confesión es uno de los rituales básicos de socialización, así como el intercambio de información, dicha práctica puede ser desastrosa tal como le ocurrió recientemente, tanto que se designó a Mahmud Aleuy como el encargado del recontrachequeo. Y es que en la seguidilla de errores que hemos visto se constata una y otra vez la omisión presidencial que la lleva a no valorar ni respetar leyes naturales del ecosistema político, que no sólo la han dejado mal parada antes de iniciar su gobierno, sino cuyos efectos negativos pueden aún prolongarse peligrosamente en el tiempo.  La Presidenta electa, cuyo carisma no es discutido por nadie, se enreda fácilmente cuando introduce en la política una lógica ajena a la naturaleza de este ecosistema, evidenciando, con ello, un profundo desprecio por las formas y ritos de hoy. A estas alturas cabe preguntarse ¿cuál ha sido su ganancia por imponer el secretismo en las nominaciones? Cero y, sin embargo, los costos han resultado altísimos: ante la opinión pública, con el mundo estudiantil, para su propia imagen y para qué hablar de los partidos políticos cuyos dirigentes cada vez más explícitamente marcan mayor distancia con ella. En tal sentido, la evidencia indica que ha sido una práctica poco efectiva y contraproducente. Cabe ahora interrogarse si la actual mandataria insistirá en el secretismo y la máxima lealtad con lógica de agencia de inteligencia en un ambiente cada vez más público e informado. . La reciente nominación de Aleuy parece que, más que hacerla reflexionar en torno a lo oportuno de esta conducta llevada a las esferas del gobierno, ha fortalecido su creencia en la burocracia hermética como instrumento de gobernabilidad. Está por verse si tal insistencia le traerá algún beneficio político o, definitivamente, será el Talón de Aquiles que la acompañará durante toda su administración.   Edison Ortiz                                

JUEZ REBAJA PENA A FAVOR DE COLEGA

El juez de garantía de Iquique, Vicente Muratori, decidió rebajar la pena y recalificar el delito a favor de su colega del Tribunal Oral de esa ciudad, Carlos Cosma, quien fue formalizado y acusado en diciembre de 2013 por conducción en estado de ebriedad por la Fiscalía Regional de Tarapacá.

El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2011, cuando según un examen del Servicio Médico Legal, Cosma conducía su vehículo con 1,9  gramos de alcohol por litro de sangre cuando fue detenido por carabineros que vigilaban que se cumpliera la evacuación a zonas de altura tras el terremoto y tsunami en Japón.

Según consigna El Mercurio, el juez Cosma no fue sometido a un alcotest, sino que fue llevado a una posta donde se le realizó un examen de sangre para la alcoholemia de rigor, la que arrojó la cifra antes mencionada. En el centro asistencial, sin embargo, el médico también le practicó un examen físico para evaluar su motricidad, según el cual el magistrado tenía “0,0 gramos de alcohol” por cada litro de sangre, contrario a lo declarado por el funcionario policial que lo detuvo y por un acompañante del juez, quien reconoció que ese día habían estado bebiendo.

Desenlace del juicio

En junio del año 2013, el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, ofreció un juicio abreviado a Cosma, quien debía reconocer “el delito de manejo en estado de ebriedad” y solicitó 61 días de presidio y la suspensión por dos años de su licencia de conducir.

Pese a esto en febrero de 2014, todo fue desestimado por el juez Muratori, quien recalificó los hechos como una “falta” y no un “simple delito” y condenó a su colega al pago de una multa de 2 UTM (82 mil pesos) y a una suspensión de licencia por dos meses, por conducción “bajo la influencia del alcohol” y no como informo carabineros que Cosma manejaba en estado de ebriedad

De acuerdo al matutino, para tomar esta decisión se instaló como “duda razonable” que el resultado de la alcoholemia no coincidiera con el examen físico realizado al magistrado en el día de su detención, por lo que el gramaje de alcohol en la sangre no involucra que la persona se encuentre en estado de ebriedad. La Fiscalía de Iquique declinó apelar a la decisión del juez Muratori, por lo que Cosma podrá continuar sus funciones en el Poder Judicial, ya que de haber sido culpable de la comisión de un delito, debió haber sido expulsado de acuerdo con el art.256 del Código Orgánico de Tribunales.   ( Fuente Cooperativa.cl )

ASESINOS DEL CASO DEGOLLADOS CON SALIDA DIARIA

A mediados de 2013 y poco antes de cumplirse 40 años del Golpe Militar y de que Sebastián Piñera cerrara el penal Cordillera, familiares y políticos protestaban fuera de la Corte Suprema luego de que ésta confirmara la salida dominical de dos de los asesinos de los militantes comunistas Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Solo cuatro días después, Gendarmería les daba el mayor de los beneficios intrapenitenciarios, autorizándolos a salir de Punta Peuco todos los días. Beneficio del que hasta ahora los familiares de las víctimas no habían sido informados.

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 El jueves 20 de junio del año pasado, Javiera Parada Ortiz y Manuel Guerrero Antequera protestaban frente al Palacio de Tribunales junto a familiares, abogados y políticos luego de que la Corte Suprema confirmara el otorgamiento del beneficio intrapenitenciario de salida dominical de dos condenados por el secuestro y asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

Conocido como el Caso Degollados, sus hijos veían con impotencia cómo el coronel de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento José Fuentes Castro, ambos en retiro, mantendrían el beneficio penitenciario autorizado por el alcaide de Punta Peuco, Luis Meneses. González y Fuentes son ex carabineros y agentes de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), y fueron dos de los seis implicados en el homicidio perpetrado el 29 de marzo de 1985 contra los militantes comunistas José Manuel Parada –entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad el pintor y publicista Santiago Nattino, y el dirigente gremial de los profesores Manuel Guerrero.

Sus asesinatos fueron un claro mensaje de la dictadura para infundir terror en la población, que –tras la fuerte crisiseconómica– se había tomado las calles para manifestarse contra el régimen.

Los tres cuerpos degollados de Parada, Nattino y Guerrero remecieron al país. Así como el llamado de la viuda de José Manuel Parada afuera del Servicio Médico Legal, tras ser notificada de que su marido había sido identificado. “Hace ocho años detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron a mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, y Antonio que tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan bien que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes, no les quepa duda… hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuando siguen dialogando con los asesinos! (…) ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por todas!”.

La justicia llegó. En 1995 cinco de los seis implicados fueron condenados a cadena perpetua por los delitos de secuestro con homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita. Pero hoy, y desde hace siete meses, González y Fuentes ya no pasan sus días en Punta Peuco. Y es que  la salida dominical obtenida por ambos en septiembre de 2012, se había ampliado en enero de 2013 al fin de semana, lo que los familiares de los militantes comunistas asesinados ignoraban cuando protestaron. No sólo eso: cuatro días después de la manifestación frente a tribunales, el sargento (r) José Fuentes Castro y el coronel (r) Guillermo González Betancourt accedían al más importante beneficio intrapenitenciario: la salida diaria. Es así como, desde el 24 de junio del año pasado, los asesinos de los militantes comunistas fueron beneficiados con “la salida controlada al medio libre”, que –según señala el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios–, les da la libertad de salir del recinto penitenciario hasta 15 horas diarias, con el objeto de “concurrir a establecimientos laborales, de capacitación, justicia laboral o educacional, a instituciones de rehabilitación social o de orientación personal, con el fin de buscar o desempeñar trabajos”. Todo, el mismo año en que se cumplían 40 años del Golpe Militar y en que el Presidente Sebastián Piñera cerraba el Penal Cordillera. Consultados sobre 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a Libertad Condicional”. En el caso de los dos la medida, desde Gendarmería señalan que “de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplidos ex carabineros, ese tiempo se cumplió en mayo de 2012. “Al tenor de lo anterior, en conformidad a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, un año antes de cumplirse el tiempo para postular a la Libertad Condicional, los internos pueden postular a los beneficios intrapenitenciarios”, señalan desde la institución liderada por el coronel Marco Fuentes. De esta forma, González podía postular a beneficios a partir de febrero de 2011 y Fuentes desde mayo de ese mismo año. Hasta la publicación de esta nota, los familiares no tenían noticias del nuevo beneficio obtenido por los verdugos de los militantes comunistas.

INDIGNACIÓN

Para Manuel Guerrero hijo “resulta sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para presos comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los presos comunes”. Y agrega que “con Javiera le demostramos a la ministra de Justicia, junto al abogado del área de DDHH del Gobierno, con quienes nos entrevistamos, que los beneficios fueron entregados de forma irregular porque su hoja de vida no está limpia y uno de los requisitos que se necesitan es que no se tenga ningún tipo de falta al reglamento interno (…) es vergonzante y muy doloroso. Estamos indignados de saber que andan prácticamente libres y constituyen un peligro para la sociedad”. El abogado Fernando Leal, que interpuso el recurso de protección que intentó impedir la salida dominical de los ex carabineros, considera la decisión de darles salida diaria como “impresentable y repudiable. Una muestra más de que en Chile hay algunos que gozan de privilegios que no todos tienen (…) Esto habla muy mal del gobierno de Piñera y del sector justicia”. Leal explica que, luego del fallo de la Corte Suprema, se reunieron con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. Además, detalla, “Javiera Parada y Manuel Guerrero se reunieron con la ministra de Justicia (Patricia Pérez) que ofreció impulsar un proyecto para que no se entreguen más beneficios a gente que ha cometido delitos contra los Derechos Humanos, lo que no se ha concretado”. En palabras del abogado, “me parece lamentable que la ministra se haya reunido con hijos de las víctimas mientras el servicio dependiente de su cartera seguía dando más beneficios a estos mismos asesinos”.

ACCIONES LEGALES

Uno de los requisitos para que los internos obtengan este tipo de beneficios carcelarios es que tienen que haber tenido una conducta sin sanciones. Durante los alegatos presenté artículos de prensa que daban cuenta de que habían tenido una pésima conducta penitenciaria. Incluso, que Gendarmería presentó una denuncia contra Fuentes Castro al Ministerio Público por amenazar de muerte a otro interno”, asegura Leal. Dicha situación, le costó una sanción de cuatro días de internación en celda solitaria. “González Betancourt también estaba sancionado por participar en una huelga de hambre para obtener beneficios”.

Pero “cuando terminé mi alegato en la Corte, empieza a alegar  el abogado de Gendarmería y dijo que habían cumplido con todo. Al final, y porque el juez lo exigió, reconoció que tenían sanciones. Así que pensé que el fallo lo iban a acoger. Pero si bien en el fallo dejaron constancia que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados, se podía dar por establecido que Gendarmería había entregado beneficios sin apegarse al reglamento, no fue tomado en cuenta porque nosotros no habíamos acreditado cómo eso había dañado la integridad física de los afectados. O sea, querían que les llevara un psiquiatra que dijera que a los hijos les afecta que anden libres los asesinos de sus padres”. En su opinión, “lo delicado era que la Corte Suprema estaba validando beneficios sobre la base de una mentira: Gendarmería y el Ministerio de Justicia dijeron que cumplían requisitos cuando no los cumplían. Así que hice una presentación a Contraloría, pidiendo iniciara sumario administrativo en contra de Gendarmería y el Ministerio”. Pero el órgano contralor se abstuvo de pronunciarse sobre el tema. Luego de esto, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, el que dio a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI orden de investigar. Hace 10 días, Leal presentó una querella criminal por falsificación ideológica que se aplica cuando un funcionario público falta a la verdad en hechos sustanciales en representación de una hija de Guerrero que vive en Suecia, América Guerrero. Fue declarada admisible. Según detalla el abogado, “estamos pidiendo que sea citado el ex director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, el jefe de gabinete del director, coronel Cristian Alveal, y también el funcionario del Ministerio de Justicia que informó a la Corte”.                    Claudia Urqueta Ch.  E.M.                                                                                                                                                                   

DESIGNACIÓN DEL NUEVO INTENDENTE DE TARAPACA

Damos a conocer y apoyamos un interesante artículo, del diputado Hugo Gutiérrez sobre el nuevo intendente de Tarapacá, el cual nos deja una gran duda sobre el comportamiento y acciones de esta persona en el sistema público. Creemos que no le fueron entregados e informados los antecedentes a nuestra Presidenta y asesores sobre estas situaciones. En nuestra región tenemos personas en los partidos  políticos e independiente  que se encuentran capacitadas para ser designadas y asumir este alto cargo.

La probidad es primero La decisión de nombrar a Mitchel Cartes como intendente de Tarapacá, fue un error. Pero aún se está a tiempo para corregirlo. Siempre en la designación de un puesto tan relevante, habrá quienes estén de acuerdo y quienes no, por las más diversas como legítimas razones.

No es posible que la máxima autoridad del país, encargada de este tipo de nombramientos, deje a todo el mundo contento, y no esperamos eso. Sí esperamos que cualquier designación de este tipo, cumpla con estándares mínimos, siendo la probidad un aspecto esencial. Podemos discrepar en cuanto a enfoques políticos, a evaluación de la experiencia y capacidades de un candidato, pero sobre lo que no es posible tener dobles lecturas, es la exigencia de que cualquiera que quiera manejar recursos y capacidades fiscales, ostente una estricta observancia de la ética pública. Ésa es la primera línea que separa a quienes están aptos para el cargo y quiénes no. El problema es que Mitchel Cartes tiene aún mucho que aclarar sobre su comportamiento en el aparato público. Con dos sumarios en curso, donde está en juego el posible mal uso de cuantiosos recursos públicos de la Dirección de Vialidad regional, la nominación de Cartes se vuelve inviable: en primer término por un problema de procedimiento, ya que pondríamos a un "acusado", en la condición de ser su propio "juez"; pero más importante aún, estamos quebrando la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros. El proyecto de Nueva Mayoría en Tarapacá es portador de una promesa: haremos las cosas distintas y mejor. Nos comprometimos no sólo con un proyecto transformador, nos comprometimos también con una nueva práctica política, alejada de la corrupción, el nepotismo y el clientelismo, que fue sello de anteriores administraciones y que tanto daño han hecho en la región. La ciudadanía ha repudiado ese comportamiento, castigando en las urnas a quienes aparecen como responsables. No es aceptable que una persona de probidad cuestionada, acceda al principal cargo ejecutivo en la región, saltándose el escrutinio ciudadano y eludiendo a los organismos fiscalizadores. Como abogado, entiendo y respeto el principio de inocencia. Ciertamente es posible que esta persona, de quien nunca antes había oído hablar, resulte absuelta de los cargos que se le imputan. Es de esperarse. Pero mientras no exista claridad sobre las graves acusaciones que pesan en su contra, no está en condiciones éticas, ni políticas, de encabezar la Intendencia. Lo cierto es que si no hubiera renunciado sorpresivamente a Vialidad cuando comenzaron las sospechas sobre su accionar, enfrentando así la investigación sumaria; si hubiera dejado -como exige la normativa vigente- el Libro de Obras, donde está el registro de todo lo obrado en su gestión, éste asunto podría haberse resuelto mucho antes, pero no lo hizo. Su comportamiento, lejos de tranquilizar, pone un manto de dudas sobre sus reales intenciones.No creo que la futura presidenta Bachelet haya conocido estos antecedentes a la hora de designar a Cartes, no sería coherente con las bases de su proyecto transformador. El ambiente de "secretismo" con que se manejó esta designación, dónde sólo un reducido grupo de personas tiene acceso a quien toma las decisiones, facilita la comisión de este tipo de "errores no forzados". Lo facilita, en primer lugar, porque no es posible evitar que algunas de esas personas con acceso a áreas restringidas de la política, concurra con un interés político propio, más que vinculados al proyecto general; y lo facilita, en segundo lugar, porque impide que haya luz sobre el proceso, que surjan más antecedentes, que haya un necesario debate ciudadano. Considerando que la apuesta es lograr la elección democrática de todas las autoridades regionales, creo que es la transparencia el mejor de los caminos. Pero eso es ya otra historia. En la región existen personas capaces, en términos políticos y técnicos, para encabezar el gobierno regional, que no tienen como lastre dudas acerca de su integridad. Quiero dejar en claro que mi rechazo a esta nominación, no responde a la militancia de esta persona. Creo que hay buenos militantes comunistas que cumplen a cabalidad los requisitos para la Intendencia, pero también lo hay en el mundo independiente, en los partidos de la ex Concertación, incluso en el propio Partido Socialista regional, casa del actual nominado. Mi inquietud no responde a intereses corporativos partidarios, sino al mejor interés de los pueblos de Tarapacá. No veo la razón de transformar un error de evaluación, en una situación potencialmente catastrófica para la región. Lo primero de toda autoridad, sobre todo cuando no ha sido electa, es asumir su responsabilidad con un mínimo de legitimidad social y éste no es el caso. La presidenta electa, junto a su equipo, deberían tomar en consideración éstos antecedentes y reevaluar su decisión, aún están a tiempo de hacerlo.

Hugo Gutiérrez Gálvez, Diputado de la República por la Región de Tarapacá.