A mediados de 2013 y poco antes de cumplirse
40 años del Golpe Militar y de que Sebastián Piñera cerrara el penal
Cordillera, familiares y políticos protestaban fuera de la Corte Suprema luego
de que ésta confirmara la salida dominical de dos de los asesinos de los
militantes comunistas Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.
Solo cuatro días después, Gendarmería les daba el mayor de los beneficios
intrapenitenciarios, autorizándolos a salir de Punta Peuco todos los días.
Beneficio del que hasta ahora los familiares de las víctimas no habían sido
informados.
El jueves 20 de junio del año pasado, Javiera
Parada Ortiz y Manuel Guerrero Antequera protestaban frente al Palacio de
Tribunales junto a familiares, abogados y
políticos luego de que la Corte Suprema confirmara el otorgamiento del beneficio
intrapenitenciario de salida dominical de dos condenados por el secuestro y
asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.
Conocido como el Caso Degollados, sus hijos
veían con impotencia cómo el coronel de Carabineros Guillermo González
Betancourt y el sargento José Fuentes Castro, ambos en retiro, mantendrían el beneficio penitenciario
autorizado por el alcaide de Punta Peuco, Luis Meneses. González y Fuentes son
ex carabineros y agentes de la Dirección de Comunicación de
Carabineros (Dicomcar), y fueron dos de los seis implicados en el homicidio
perpetrado el 29 de marzo de 1985 contra los militantes comunistas José Manuel
Parada –entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad el
pintor y publicista Santiago Nattino, y el dirigente gremial de los profesores
Manuel Guerrero.
Sus asesinatos fueron un claro mensaje de la
dictadura para infundir terror en la población, que –tras la fuerte crisiseconómica– se
había tomado las calles para manifestarse contra el régimen.
Los tres cuerpos degollados de Parada,
Nattino y Guerrero remecieron al país. Así como el llamado de la viuda de José
Manuel Parada afuera del Servicio Médico Legal,
tras ser notificada de que su marido había sido identificado. “Hace ocho años
detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron a mi marido.
Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, y Antonio
que tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan
bien que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes, no les quepa
duda… hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero
que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos
que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuando siguen dialogando con
los asesinos! (…) ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por
todas!”.
La justicia llegó. En 1995 cinco de los seis
implicados fueron condenados a cadena perpetua por los delitos de secuestro con
homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita. Pero hoy, y desde hace
siete meses, González y Fuentes ya no
pasan sus días en Punta Peuco. Y es que la salida dominical obtenida por ambos en septiembre de
2012, se había ampliado en enero de
2013 al fin de semana, lo que los familiares de los militantes comunistas
asesinados ignoraban cuando protestaron. No sólo eso: cuatro días después de la
manifestación frente a tribunales, el sargento (r) José Fuentes Castro y el
coronel (r) Guillermo González Betancourt accedían al más importante beneficio
intrapenitenciario: la salida diaria. Es así como, desde el 24 de junio del año
pasado, los asesinos de los militantes comunistas fueron beneficiados con “la
salida controlada al medio libre”, que –según señala el Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios–, les da la libertad de salir del recinto penitenciario hasta 15 horas diarias, con el objeto de “concurrir a establecimientos
laborales, de capacitación, justicia laboral o educacional, a instituciones de
rehabilitación social o de orientación personal, con el fin de buscar o
desempeñar trabajos”. Todo, el mismo año en que se cumplían 40 años del
Golpe Militar y en que el Presidente Sebastián Piñera cerraba el Penal
Cordillera. Consultados sobre 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a Libertad Condicional”. En el caso de los dos la medida, desde
Gendarmería señalan que “de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplidos ex
carabineros, ese tiempo se cumplió en mayo de 2012. “Al tenor de lo anterior, en conformidad a lo establecido en el
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, un año antes de cumplirse el
tiempo para postular a la Libertad Condicional, los internos pueden postular a
los beneficios intrapenitenciarios”, señalan desde la institución liderada por
el coronel Marco Fuentes. De esta forma, González podía postular a beneficios a
partir de febrero de 2011 y Fuentes desde mayo de ese mismo año. Hasta la publicación de esta nota, los
familiares no tenían noticias del nuevo beneficio obtenido por los verdugos de
los militantes comunistas.
INDIGNACIÓN
Para Manuel Guerrero hijo “resulta sumamente
violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para
presos comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la
vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más
beneficios que los presos comunes”. Y agrega que “con Javiera le demostramos a
la ministra de Justicia, junto al abogado del área de DDHH del Gobierno, con
quienes nos entrevistamos, que los beneficios fueron entregados de forma irregular porque su hoja de vida no
está limpia y uno de los requisitos que se necesitan es que no se tenga ningún
tipo de falta al reglamento interno (…) es vergonzante y muy doloroso. Estamos
indignados de saber que andan prácticamente libres y constituyen un peligro
para la sociedad”. El abogado Fernando Leal, que interpuso el recurso de
protección que intentó impedir la salida dominical de los ex carabineros,
considera la decisión de darles salida diaria como “impresentable y repudiable. Una muestra más de que en Chile hay
algunos que gozan de privilegios que no todos tienen (…) Esto habla muy mal del
gobierno de Piñera y del sector justicia”. Leal explica que, luego del fallo de
la Corte Suprema, se reunieron con la directora del Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. Además, detalla, “Javiera Parada y
Manuel Guerrero se reunieron con la ministra de Justicia (Patricia Pérez) que
ofreció impulsar un proyecto para que no se entreguen más beneficios a gente
que ha cometido delitos contra los Derechos Humanos, lo que no se ha
concretado”. En palabras del abogado, “me parece lamentable que la ministra se
haya reunido con hijos de las víctimas mientras el servicio dependiente de su
cartera seguía dando más beneficios a estos mismos asesinos”.
ACCIONES LEGALES
Uno de los requisitos para que los internos
obtengan este tipo de beneficios carcelarios es que tienen que haber tenido una
conducta sin sanciones. Durante los
alegatos presenté artículos de prensa que daban cuenta de que habían tenido una
pésima conducta penitenciaria.
Incluso, que Gendarmería presentó una denuncia contra Fuentes Castro al
Ministerio Público por amenazar de
muerte a otro interno”, asegura Leal. Dicha situación, le costó una sanción
de cuatro días de internación en celda solitaria. “González Betancourt también
estaba sancionado por participar en una huelga de hambre para obtener
beneficios”.
Pero “cuando terminé mi alegato en la Corte,
empieza a alegar el abogado de Gendarmería y dijo que habían cumplido con
todo. Al final, y porque el juez lo exigió, reconoció que tenían sanciones. Así
que pensé que el fallo lo iban a acoger. Pero si bien en el fallo dejaron
constancia que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados, se podía dar por
establecido que Gendarmería había entregado beneficios sin apegarse al reglamento, no fue tomado en cuenta porque nosotros
no habíamos acreditado cómo eso había dañado la integridad física de los
afectados. O sea, querían que les llevara un psiquiatra que dijera que a los
hijos les afecta que anden libres los asesinos de sus padres”. En su opinión,
“lo delicado era que la Corte Suprema estaba validando beneficios sobre la base
de una mentira: Gendarmería y el Ministerio de Justicia dijeron que cumplían
requisitos cuando no los cumplían.
Así que hice una presentación a Contraloría, pidiendo iniciara sumario administrativo en contra de Gendarmería y el
Ministerio”. Pero el órgano contralor se abstuvo
de pronunciarse sobre el tema. Luego de esto, hicieron una denuncia ante el
Ministerio Público, el que dio a la Brigada de Derechos Humanos de la
PDI orden de investigar. Hace 10 días, Leal presentó una querella criminal
por falsificación ideológica que se
aplica cuando un funcionario público falta a la verdad en hechos sustanciales en
representación de una hija de Guerrero que vive en Suecia, América Guerrero.
Fue declarada admisible. Según
detalla el abogado, “estamos pidiendo que sea citado el ex director nacional de
Gendarmería, Luis Masferrer, el jefe de gabinete del director, coronel Cristian
Alveal, y también el funcionario del Ministerio de Justicia que informó a la
Corte”. Claudia
Urqueta Ch. E.M.
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