En 1997 el
Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle instituyó el denominado “Crédito Corfo”, que
pretendía ser una alternativa para el financiamiento de estudios en Educación
Superior. Pero el remedio resultó ser peor que la enfermedad, dejando a miles
de jóvenes y sus familias con un endeudamiento
extremo para financiar lo que debería ser un derecho social. Sin embargo,
gracias a préstamos usureros avalados por un
Estado cuyo rol era ser un mero intermediario, que además disponía de recursos pertenecientes a todos los chilenos, lo único
que se garantizó fue un lucrativo negocio para
la banca privada. Luego, en el 2005, fue instaurado el Crédito con Aval del
Estado, crédito que permitiría según sus creadores y visionarios, dar más
“oportunidades e igualdad” a la llamada clase media, sin embargo este crédito
–en virtud de las cifras 2013 entregadas por Ciper Chile– lo que ha
permitido es que la banca obtenga ganancias de más de
$150 mil millones sólo por actuar como intermediaria, sumándole a ello
las ganancias por Crédito Corfo, las que ascienden a más de $1.000 millones de
dólares. En esta línea, el número de endeudados Corfo suma más de 106 mil familias, y para el 2016 se estima que la
cifra de morosos CAE superará los 500 mil endeudados.
Lo
paradójico se refleja en el discurso dominante, ya que estas familias
habitualmente son las desplazadas del chorreo, el crecimiento y la bonanza
económica y deben endeudarse para acceder a
todos los derechos básicos que el Estado debería garantizarles.
En este orden de ideas, la realidad que supone esta “mochila” para cada uno de
estos chilenos y chilenas “beneficiarios” del sistema es impresentable. Siendo
mucho más impresentables los aires de triunfo con que el Gobierno de Sebastián
Piñera vociferó la rebaja de la tasa de interés
de los créditos, lo que ciertamente está muy lejos de solucionar algo. La
solución debe darse desde el Derecho a la Educación y no desde la vereda del
consumidor, para evitar la confusión brutal de que una tasa del 2% es lo
“justo”. Para no seguir avalando soluciones que apuntan a mantener las lógicas
del mercado y el subsidio del Estado, como regulador del sistema educacional,
las mismas lógicas que hoy tienen legítimamente movilizada a la ciudadanía, de
la mano del movimiento estudiantil. Pero algo incluso más allá de esta
convicción se asoma tras un oscuro velo: desde que comenzamos esta lucha que
visibiliza de manera descarnada lo que significa el
endeudamiento en educación, hemos ido descubriendo en cada relato los
abusos, engaños y estafas perpetradas por la banca. Los hechos han demostrado
que –contrario a lo que quisiera el gremio bancario, que se ha expresado a
través de su presidente, Jorge Awad – los bancos sí “abusan
de las personas”, y que en este caso la institucionalidad que debe
regular el sistema fracasó rotundamente.
Cientos de
familias que hasta ahora estaban convencidas de haber obtenido y firmado uno de
los denominados “Créditos Corfo”, comenzaron a solicitar a los bancos copia de
sus respectivos contratos y descubrieron que sus
créditos no fueron otorgados en el marco del sistema gestionado por Corfo, y
mucho menos contaban con la garantía de la institución estatal. Lo único que
los ligaba a la Corfo era una triquiñuela publicitaria.
Sus créditos son simples créditos de consumo educacional. Los bancos, de forma
fraudulenta, usaron la marca para atraer engañados a un sinnúmero de
clientes-estudiantes, aprovechándose de la
imagen de la entidad estatal, y lo que es peor, de la demanda creciente por
obtener recursos de un sector de la población que veía en ellos la única y
última posibilidad de concretar su anhelo de acceder a la educación superior.
La clase
política gobernante debe entender que esta aberración
que ellos mismos crearon y avalaron sobrepasa la discusión meramente técnica de
los recursos y mecanismos, es un tema de derechos,
democracia y justicia social, por ello Corfo debe tomar cartas en el
asunto, presentando una querella criminal en contra de
los bancos y sus autoridades, que estafaron a
cientos de chilenos utilizando su nombre. El Estado con urgencia debe entregar
una solución inmediata a estas familias, que han sido víctimas de uno más de
los abusos, engaños y estafas de la banca privada, como tantos otros que hemos
conocido recientemente. Y todo lo anterior, no puede sino ir de la mano con una
detención inmediata de los embargos, remates y
el envío de antecedentes a DICOM con que siguen presionando a nuestros
familiares y avales. No necesitamos más subsidio a la banca, necesitamos un Estado que garantice nuestros derechos sociales, ya
que todas estas familias y quizás más, son el resultado de las políticas que
han avalado y defendido el mercado en la educación y la lógica del
endeudamiento que ha generado y profundizado la desigualdad
y la colusión del Estado subsidiario con los bancos. Sumado a ello, no
ha existido voluntad política transversal (Concertación y Alianza) que se haga
cargo de eliminar el mercado de la educación y así devolvernos
un derecho social que debe ser para todas y todos los chilenos. En este
sentido, debemos entender que no es posible hablar de reforma educacional sin
hacerse cargo de esta problemática actual a la que fueron sometidas nuestras
familias, convirtiéndolas en presas del endeudamiento,
pobreza y precariedad, que comenzó con el anhelo
legítimo de estudiar una carrera universitaria o técnica para ser un
profesional y así, de esta manera, poder cumplir la falaz y perversa promesa
del actual modelo económico imperante: “la movilidad social”, es decir, “ser
mejor que nuestros padres”.
C. Villagrán D. López
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