La jornada fue desarrollada por investigadoras del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, además de la Coordinadora Nacional Contra la Represión.
La actividad fue realizada para conocer información actualizada sobre casos de Derechos Humanos y en qué pie judicial se encuentran, según sus estudios son cerca de 775 los procesados condenados por este tipo de casos, 221 condenados, pero sólo 70 en prisión efectiva y estamos hablando de crímenes contra la humanidad.
Según Cath Collins, profesora de ciencia política de la Universidad Diego Portales y encargada de investigación, este tipo de informaciones debe propagarse, para dar mayor conciencia sobre el respeto de los derechos humanos y develar el silencio que existe sobre sus violaciones.
“De nada sirve a nuestro juicio. También los juicio generan repudio social. No se puede generar repudio social si la gente no sabe, qué está pasando, quiénes están presos, por qué están presos. Nosotros creemos que tenemos esa misión un poco para ser un puente entre la academia y la sociedad civil para decir lo que está pasando, entregarlo para que se pueda entender y actuar sobre ello”, señaló la docente.
Otro de los puntos que se trató en este encuentro taller, fueron las deudas que tiene el Estado chileno con los Derechos Humanos, ya que sólo se conocen señales políticas, pero no una línea de política en su respecto.
Según Eliana Vidal, quien es miembro de la Agrupación de Ex Presos Políticos, el Estado abandonó el tema de los derechos fundamentales.
“El Estado reconoce esto, pero no se hace cargo de hacer justicia, es decir se queda ahí. Si no hay por los familiares, los sobrevivientes o por las organizaciones de derechos humanos, aquí en Chile no hay justicia, pero se queda ahí nada más, en el reconocimiento. Casi no hay querellas, porque hay que tener abogado, financiamiento, testigos, una serie de cosas que al Estado no le importa”, explicó la dirigenta.
Uno de los temas pendientes en esta materia es la reinterpretación del artículo 93 del código penal, la conocida ley de amnistía, que Michelle Bachelet se comprometió a derogar, algo que nunca se cumplió.
Si bien esta no ha vuelto a ser aplicada, después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo recomendara al fallar en el caso Almonacid, Paulina Pizarro, investigadora jurídica no se considera conforme con esta situación de hecho.
“No la derogamos, pero no la aplicamos, buscando la excepción para no aplicar ciertas cosas, interpretando, pero no vamos a anular y ahí tenemos claramente uno de los ejemplos de cómo vamos legitimando toda esta institucionalidad dictatorial. Por ejemplo Argentina, derogó su Ley de Amnistía, y no se cayo el mundo. Claramente no hay voluntad política y no sabemos cuándo va haber”, indicó Pizarro.
Igualmente hay casos en que se aplican medias prescripciones, lo que relativiza aún más este hecho.
Al final de esta jornada, la evaluación fue positiva, Nelson Aramburu, secretario de la Comisión Ética Contra la Tortura de Valparaíso, valora este trabajo.
“Ellos entregan datos duros. No hacen un trabajo agitativo, no hacen un trabajo consignista del tema, sino que se meten en el problema y lo entregan como una investigación académica. Lo otro es que se encuentra con una situación jurídica, institucional que aflora con toda nitidez en este estudio entregado a la opinión pública”, afirmó Aramburu.
De hecho, algunos participantes tendrán la misión de coordinarse con el equipo investigadora, para actualizar información.
Así, el trabajo científico investigativo refuerzan las ideas de las organizaciones para generar un lucha sostenida por el respeto de los derechos fundamentales en el futuro y de exigir que se paguen las deudas pendientes del Estado chileno.
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