Como artero y anti ético calificó el ex juez y hoy parte la defensa de Héctor Llaitul, Juan Guzmán Tapia, el actuar de la fiscalía durante el proceso que terminó con cuatro comuneros condenados, cuyas penas se conocerán la próxima semana.En medio de una nueva huelga de hambre de los cuatro mapuches encarcelados en Lebu, Guzmán sostuvo que los representantes del Ministerio Público utilizaron un argumento jurídico como la Ley Anti terrorista con el único objetivo de conseguir tiempo para estructurar una acusación contra estas personas.“No la considero ética porque los resultados demuestran que la ley que se utilizó no correspondía. Se ocupó porque, en el fondo, es mucho más represiva y permite mayor tiempo por parte de los fiscales con los procesados. Pueden estar hasta diez días privados de libertad y a su disposición antes de ser puestos a disposición de un juez de garantía”, precisó Guzmán.El Ministerio Público invocó la Ley Anti terrorista para procesar a los comuneros mapuche acusados de una serie de delitos, entre ellos el atentado contra el bypass de Temuco y el supuesto ataque contra el fiscal Mario Elgueta.Juan Guzmán relativizó este último hecho, ya que la comitiva que acompañaba al fiscal estaba compuesta por 24 vehículos policiales precedidos de una tanqueta, tal como quedó demostrado durante el proceso, por lo que el ex juez consideró que se trató de un acto de defensa de parte de comuneros mapuche, a pesar de estar muy disminuidos frente al alto poder de fuego que tenían los policías de investigaciones y Carabineros.Pero más allá del hecho, Guzmán descartó que los responsables de los disparos de escopeta fueran los cuatro comuneros actualmente en prisión.“Por mi concepto no fueron, según las pruebas que logré reunir, no son Llaitul y las personas que están privadas de libertad. Esto se sabe por la investigación, por la forma en que se interroga a los inculpados y además por la función. Ellos saben muy bien que un ataque de esa naturaleza no va a ayudarlos en su causa”, comentó Guzmán.Por todos estos vicios en el proceso, es que el martes recién pasado Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, condenados por homicido frustrado en contra del fiscal Mario Elgueta, iniciaron una huelga de hambre en la Cárcel de Lebu. Victoria Fariña, abogada de Jonathan Huillical Méndez, anunció que hoy irá a Lebu para enterarse del estado de salud de los manifestantes, al tiempo que enfatizó que su defendido como los demás comuneros aboga por anular el juicio por la serie de anomalías en su realización.“Estamos trabajando en ello con el resto de los colegas porque, tal como lo denunciamos antes y durante el juicio y además después del veredicto, existieron vulneraciones de derecho. Sobre todo cuando se condena a cuatro personas por la declaración de un testigo protegido que está amparado bajo la Ley Anti terrorista”, aseguró la jurista.Victoria Fariña recordó además que los comuneros están condenados por la declaración de un policía que participó en el interrogatorio de Huillical, quien luego reconoció que lo había hecho bajo tortura.De todas formas se espera que los jueces actúen con mesura, en palabras de Juan Guzmán, defensor de Héctor Llaitul, y no llevar esta situación al extremo que por ejemplo, permita extender aún más la huelga de hambre que comenzaron este martes. Qué es un delito de lesa humanidad
El estatuto de Roma lo define “crimen de lesa humanidad”, cuando se comete como parte de una etapa generalizada o sistemática contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Entre estos crímenes se encuentran los asesinatos, exterminios, esclavitud, desplazamiento forzado de la población, encarcelación o privación grave de la libertad, embarazo forzado y abuso sexual.
En la declaratoria de lesa humanidad para el caso de Cañete, hay la posibilidad de que los familiares de las victimas accedan más a la justicia.
Si el caso fue denunciado ante Tribunales Internacionales, entonces el Estado se hará parte del proceso y los familiares de las victimas tendrán derecho a una reparación colectiva.
Según Naciones Unidas, en todo crimen de lesa humanidad debe existir verdad, justicia y reparación, y el Estado debe comprometerse a que no habrá repetición de los hechos denunciados.
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