A 20 años de la entrega del Informe Retting, la agrupación fue recibida por el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, y recalcó que la presentación es “una acción de justicia para hombres, mujeres, niños y adolescentes que aún no tienen verdad ni justicia”. Además, pidieron que el Gobierno se haga parte en las acciones judiciales.
Cuando se cumplen 20 años del Informe Rettig, este viernes la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, y una amplia comitiva, hicieron entrega al ministro Mario Carroza de 403 querellas por homicidio calificado, ante la violación a los derechos básicos de 566 víctimas.
Entre ellas se encuentran cuatro nonatos, hijos de madres torturadas, una niña de 25 días y 63 niños y adolecentes desde ocho años hasta 19 años, ejecutados entre 1973 y 1990, la mayoría durante los primeros años de la dictadura militar.
Alicia Lira declaró que “estamos realizando una acción de justicia a los hombres, mujeres, niños y adolescentes que fueron asesinados y que aún no tienen ni verdad ni justicia. A estos 20 años (del Informe Retting), nuestra agrupación y nuestros abogados vamos a presentar también la querella por la muerte de nuestro querido presidente Salvador Allende, donde exigimos que se investiguen plenamente las causas de su muerte y se haga justicia”.
Pese al rechazo de la familia ante esta iniciativa, corroborando la teoría del suicidio, el abogado de la asociación, Eduardo Contreras, señaló que se trata de un paso muy importante, ya que no es posible aceptar que la muerte de un Presidente quede en la impunidad e ignorancia total.
El abogado indicó que “no se pueden aceptar dogmas de fe cuando todos sabemos que el cuerpo del Presidente fue acribillado a balas por los militares y no se tiene certeza de cuál de las balas fue la que causó su muerte”, y añadió que el país tiene derecho a conocer la verdad.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, recibió las querellas y reiteró que “el Poder Judicial hace un esfuerzo con el fin de aclarar el tema de los DD.HH. y poder abarcar toda la cantidad de víctimas para las que no hubo acción en su momento, entre ellas, la del ex presidente Salvador Allende. Haremos el esfuerzo posterior para aclarar, investigar y dilucidar con una verdad jurídica, este tema histórico”, dijo.
Los dirigentes manifestaron su molestia ante la falta de empuje en la investigación durante los 20 años de gobierno de la Concertación e hicieron un llamado al actual Gobierno, en particular al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a hacerse parte de las querellas para asegurar un debido proceso.
Hoy también se realizó una manifestación a las afueras de los Tribunales de Justicia recordando los 20 años desde que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación hizo entrega del Informe Rettig. En el encuentro, la encargada de DD.HH. de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), María Eugenia Puelma, se refirió al trabajo pendiente e hizo un llamado a la sociedad a involucrarse: “Falta mucho para la justicia y la verdad, hay que hacer mucha más investigación. Hay casos que aún no se han visto, ha habido una negligencia y una gran desidia de parte del sistema judicial en relación a las causas de DD.HH. y es tiempo de que eso cambie. Hay que cambiarlo a través de la movilización de las propias agrupaciones, pero de la sociedad en general. No es un tema solo de las víctimas y sus familiares, es un tema de la sociedad chilena, porque ésta debe sanar estas heridas a través de verdad y justicia”, aseguró.
Se espera que con estas investigaciones se establezca la verdad, pero también que, de alguna manera, el Estado pueda reparar el dolor de las cientos de familias que fueron víctimas de la dictadura militar.
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