Cuestionamientos a
gobernadores abre nueva caja de pandora a Bachelet
Un nuevo
frente de críticas se abre para el gobierno de Michelle Bachelet, ya que a los
cuestionamientos surgidos con los nombramientos de los subsecretarios que tuvieron que renunciar antes de asumir sus
cargos, se suman ahora aquellos hacia los gobernadores designados por la
mandataria y que enfrentan problemas políticos y judiciales.
La gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio Muñoz (PPD),
figura con un puntaje de indigente en su Ficha
de Protección Social, lo cual la deja dentro del 1% más pobre de la población
del país y así lo demuestra un certificado del Ministerio de Desarrollo Social
y que da a conocer La
Tercera.
Según el diario, este caso provocó críticas privadas de
varios parlamentarios, quienes no quisieron opinar en público a la espera de
nuevos antecedentes.
Otra de las autoridades cuestionadas es el gobernador de
Santiago, Salvador Delgadillo (PC), quien enfrenta una querella de 2013,
presentada por el Consejo de Defensa del Estado, por presuntos desvíos de fondos de la reconstrucción cuando era
alcalde de Til Til. En este mismo caso también se querelló el concejal RN,
Sergio Covarrubias.
Otro flanco de cuestionamientos afecta al gobernador de
Antofagasta, Hernán Vargas, quien está en el ojo del huracán por una pensión
Valech, por cuanto ha sido puesta en duda su
calidad de ex preso político.
Cuando Vargas era concejal, varias agrupaciones de víctimas de derechos humanos pusieron
en duda su calidad de ex prisionero político, críticas que también fueron
tomadas por parlamentarios de la zona.
La propia diputada por la zona, Paulina Núñez (RN), había
puesto en cuestionamiento su condición de ex preso político al señalar que
“hace un tiempo surgió una duda de que nunca sufrió
alguna violación a sus derechos”.
Otro que se sumó a las críticas fue el senador Pedro
Araya, quien sostuvo que lo más grave fue que “él en su minuto señaló que quizás
había cometido un error y que iba a renunciar a la
pensión. Pero no renunció a la pensión”.
También está cuestionado el gobernador de Ñuble, Cristián
Fernández, a quien se reprocha su gestión cuando era alcalde de San Fabián de
Alico, cargo del que fue suspendido por el
Tribunal Electoral Regional, aunque posteriormente la medida fue revocada.
Entre las acusaciones que se le imputan, figuran problemas de gastos en la unidad de control del
municipio, irregularidades en contratos y anomalías
en la entrega de bienes municipales. E.M
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