LA EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Chile es el país que tiene "más privatizada" la educación terciaria y cerca del 80% de la matrícula estudia en una institución privada.“La excepción, hoy en día, es Chile”. Cristóbal Villalobos, académico de la U. Diego Portales, describe así el panorama de la educación superior en América Latina. Esto, porque “si se ven los países de la región, las universidades públicas o estatales son gratuitas o bien, el pago de aranceles es muy inferior al chileno”, dice el también investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación. Y ejemplifica con Uruguay, Venezuela y Argentina.

En cambio, en Chile, sólo 16 de las 60 universidades son estatales y sus aranceles pueden bordear hasta los $ 4,8 millones en las carreras de la salud. También hay nueve instituciones “públicas no estatales”, que fueron creadas antes de 1981, cuyos valores son similares a las estatales, y luego están las privadas, donde los alumnos pueden pagar hasta $ 6 millones al año, si es que no cuentan con alguna beca de arancel.

En materia de gratuidad, en 2013, las autoridades del Mineduc entregaron 276 mil becas de aranceles, aunque en la mayoría de los casos éstas no cubren el total del valor de la carrera. Si a ello se suman los créditos (Fondo Solidario y Con Aval del Estado), la inversión alcanza a $ 980 mil millones y la cobertura se extiende al 53% de los alumnos.

Situaciones como estas son las que, de aquí a seis años, deberían cambiar debido al anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de gratuidad universal en la educación terciaria.

Es por eso, además, que la situación de la educación superior en la región cobra relevancia, considerando también que esta semana los rectores de los planteles estatales le solicitaron al ministro del ramo que la gratuidad en el sistema se iniciara por ellas.

BIEN PUBLICO SOCIAL

“La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”, se indicó en la Conferencia regional del área, realizada por la Unesco en 2008.

En dicha instancia también se señaló que la enseñanza terciaria, “se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización”, punto que es abordado por Gonzalo Zapata, investigador del Centro de Políticas y Prácticas de la Educación (Ceppe) de la UC.

“Más allá de las diferencias en América Latina, la tendencia generalizada de las últimas décadas ha sido hacia la creciente privatización en toda la región. En comparación con el resto del mundo, América Latina tiene la proporción más alta de instituciones y matrícula atendidas por el sector privado”, señala.

De hecho, según el investigador de la U. Diego Portales, de los 24 millones de alumnos terciarios que hay en América Latina, cerca del 50% estudia en un plantel privado y cerca del 80% de la matrícula chilena lo hace en un plantel de ese tipo.

A pesar de eso, Zapata señala que la oferta pública “es financiada directamente por el Estado (...), y ésta prima fundamentalmente en aquellos países en los que existen sectores públicos importantes”.

Uno de los países que tiene una baja cifra es Argentina, país que desde los años 1950 tiene abiertas las universidades públicas a todos los connacionales.

Este modelo es uno de los más citados en Chile, pero Marcelo Rabossi, profesor de la U. Torcuato di Tella, de Buenos Aires, publicó en la revista Higher Education que edita el Ceppe que, de los 1,4 millones de alumnos que están en esas 54 universidades, “el 22% de todos los alumnos logra graduarse”, y añadió que “en más de un tercio de las universidades públicas de Argentina, las tasas de abandono superan el 80%”, por lo cual se han debido desarrollar distintas políticas para limitar la deserción, como crear carreras más cortas y técnicas.

Villalobos señala que México es otro país donde hay universidades gratuitas, pero allí es el Estado quien financia directamente los planteles. Mientras que en Uruguay, tras el egreso de la U. de la República, la única universidad pública (junto a cinco instituciones privadas), los estudiantes deben realizar un aporte al plantel.

En Brasil, donde las universidades federales superan las 60, pero también hay planteles públicos, estatales y privados, también se implementó un sistema de gratuidad en las que dependen de los estados federales. En ellas se implementó, según Villalobos, un sistema de cuotas para que hasta el 50% de la matrícula provenga de las escuelas públicas.

En Ecuador, en la década pasada, hubo un fuerte aumento de las instituciones privadas, en desmedro de las estatales. Sin embargo, en 2010, se instauró la gratuidad buscando asegurar la calidad de las instituciones y la inclusión, con resultados “positivos”, según sus autoridades.

DESAFIOS

Francisco Javier Gil, director de la Cátedra Unesco-Usach, señala que “la gratuidad no va a garantizar mayor inclusión, si es que no se hace una profunda reforma al sistema de ingreso”. Esto, porque si es que se exigen, por ejemplo, 650 puntos PSU para un cupo a la universidad, “los dejas a casi todos fuera”.

Zapata señala, por otro lado, que “la educación superior necesita de política, con claros objetivos, controles y financiamientos acordes al diseño. Uno de los errores más recurrentes en la región ha sido el crecimiento desregulado de la educación superior, muchas veces financiado pobremente, sin evaluación, acompañamiento ni control”.

Mientras, el experto en educación José Joaquín Brunner señala en su paper “Nuevas dinámicas de educación superior latinoamericana”, que en cuanto al acceso, hay que “tomar en cuenta las consecuencias de un ingreso masivo. En particular que, por un tiempo, un mayor número de estudiantes vendrá de hogares ubicados en los últimos tres quintiles de ingreso, cuyo capital económico, social y cultural es reducido”.