Asimismo, el documento
consigna la carencia de un marco legal que garantice "distribución justa
de las frecuencias a los diferentes medios de difusión". El informe, que
investiga el respeto de los DD.HH. en todo el mundo, consignó que los principales
problemas en esta materia "conciernen discriminación
de la población indígena; violencia social
y discriminación de la mujer, niños y personas
LGBT; explotación infantil; y críticas
condiciones y tratos en cárceles". En el
reporte anual de Prácticas de Derechos Humanos de otros países (Country Reports on Human Rights Practices for 2013)
que realiza el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, la prensa chilena figura como un tema sobre el cual hay
que manifestarse.
El informe
señala que si bien “la Constitución provee de libertad de discurso y de prensa,
y el gobierno generalmente respeta estos derechos”, una serie de informes de las Fundación Equitas en 2013 y de Freedom
House en 2012 alertaron sobre una posible concentración de medios, ya que “la
mayoría de los productos mediáticos se encuentran en las manos de dos importantes empresas
familiares, Copesa y El Mercurio, que son los únicos recipientes de los subsidios
del gobierno”.
Asimismo,
consigna la carencia de un marco legal que
garantice “distribución justa de las frecuencias a los diferentes medios
de difusión”. El informe, que se aboca a estudiar todas las áreas
concernientes a los derechos humanos de los
ciudadanos, reveló que en Chile, los principales problemas en esta materia
“conciernen discriminación de la población indígena; violencia social y
discriminación de la mujer, niños y personas LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y
transgéneros); explotación infantil; y críticas condiciones y tratos en
cárceles”. Otro aspecto preocupante tiene que ver con el “uso de fuerza excesiva y abuso por parte de las fuerzas de
seguridad, reportes aislados de corrupción gubernamental
y antisemitismo”.
TORTURA Y MALTRATO
“Aunque la
Constitución prohíbe tales prácticas, organizaciones no gubernamentales con
credibilidad han recibido múltiples reportes de uso excesivo de la fuerza,
abuso y trato degradante por parte de Carabineros,
miembros de la PDI y gendarmes, pocos de los cuales resultaron en condenas”,
señala el texto. El informe cita el caso de dos estudiantes que fueron agredidas por Carabineros tras negarse a su detención
al interior de la casa central de la Universidad de Chile el pasado 13 de junio
de 2013. Asimismo, recuerda lo ocurrido el 30 de diciembre del año pasado
cuando miembros de la PDI golpearon en la cara y
en el cuello a un joven estudiante y lo fotografiaron
en su ropa interior. Además, alerta sobre el excesivo
uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. “El Instituto de
Derechos Humanos informó en su reporte anual de 2013 que se registraron 1.775
quejas en contra de Carabineros en 2012 por ‘violencia innecesaria’ pero menos
del 2% de esa cifra terminó en condenas en el sistema de justicia militar
durante ese período. Carabineros acusados de usar ‘violencia innecesaria’ a
menudo son reasignados dentro de la propia institución donde una investigación
interna lo que se ha hecho mal”, señala.
DISCRIMINACIÓN DEL PUEBLO
INDÍGENA
En lo que
respecta a la discriminación de grupos minoritarios, el informe estadounidense
consigna que en algunas materias de DDHH Chile se queda
atrás. Un ejemplo es el caso de personas con discapacidades. Y es que
aunque la ley prohíbe discriminar a este tipo de individuos, en la práctica
“las personas con discapacidades sufren formas de discriminación
de facto”. Esto se manifiesta en que “la mayoría de los edificios
públicos no contemplan los mandatos legales de accesibilidad. El sistema de
transporte público, particularmente fuera de Santiago, no provee adecuadamente
accesos para personas con discapacidades”. Otras personas que sufren problemas
de discriminación en nuestro país son los pueblos indígenas. El documento
señala que “los indígenas también han experimentado la discriminación social,
incluyendo en el empleo, y hubo informes de incidentes en que fueron agredidos y hostigados. Las mujeres indígenas
enfrentan una triple discriminación sobre la base de su sexo, origen indígena,
y reducida situación económica, y son especialmente vulnerables a la violencia, la pobreza y la enfermedad”. A esto agrega
que la “Constitución no protege específicamente
a los grupos indígenas”. Es interesante que en esta materia se reflexiona
además sobre los alcances y el impacto que tienen los megaproyectos
energéticos para estas comunidades. “La explotación de la energía , los
minerales y la madera se produjo cerca de las
comunidades indígenas, incluyendo los proyectos mineros en las regiones del
norte, donde viven pueblos aymara, atacameños y diaguitas, y la explotación de
madera en el sur, donde los mapuche habitan . Las tierras indígenas son
demarcadas con eficacia, pero algunas comunidades indígenas mapuche han exigido
la restitución de las tierras tradicionales de propiedad privada y pública”, explica
el documento. Por último, otro grupo que figura entre los que aún son
discriminados son las minorías sexuales. “El Movilh observó un
empeoramiento en los actos de violencia contra las personas LGBT, entre 2011 y
2012, entre ellos tres asesinatos, 20 actos de
agresión física o verbal, seis incidentes relacionados con la agresión y/o la
detención policial arbitraria, nueve incidentes de discriminación en el empleo,
10 incidentes de la educación discriminación, y 12 actos de violencia o la
segregación de la comunidad forzado por la familia o la amistad círculos”,
concluye. Bernardita G. J E.M
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