A pocos días de que Sebastián Piñera
pusiera al general Humberto Oviedo a la cabeza de la institución, un fallo
dictado por el ministro Álvaro Mesa ordenó procesar, por su participación en el
homicidio de siete hombres en 1973, a su hermano, el general (r) Carlos Eduardo
Oviedo. El hecho habría puesto en alerta al Ejército ante la posibilidad de que
nuevos fallos salpicaran a militares retirados que ocuparon alguna vez
posiciones en el alto mando. No sólo eso, nuevos avances pondrían de manifiesto
la complicidad de algunos magistrados con la impunidad de las Fuerzas Armadas. La renuncia que
en marzo presentó el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago,
Alejandro Solís, a sus funciones como asesor del equipo de jueces
dedicados exclusivamente a resolver juicios por violación a Derechos Humanos
durante la dictadura militar, habría sido sólo la punta del iceberg en una
serie de presiones ejercidas por el Ejército iniciadas en noviembre pasado
cuando fue procesado y encargado reo un general (r), hermano del general
Humberto Oviedo Arriagada, quien asumió hace dos días la comandancia en jefe
del Ejército, según reveló un reportaje publicado por Ciper.
Se trata del general (r) Carlos Eduardo
Oviedo Arriagada procesado, junto a otros 25 militares y civiles, por el
asesinato de cinco estudiantes universitarios, un obrero y un agricultor en
noviembre de 1973. El fallo fue dictado por el ministro de la Corte de
Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa. El hecho desató la alarma en el Ejército, a
pocos días de que el entonces Presidente Piñera oficializara su decisión de
poner al general Humberto Oviedo a la cabeza de la institución.
Según explica el reportaje, Mesa habría
recibido un llamado del ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch,
coordinador nacional de los procesos por delitos de Derechos Humanos desde
junio de 2012, para solicitarle recibir a la parte militar para coordinar el
traslado de los uniformados procesados hasta la corte respectiva. Algo
peculiar, si se considera que no está entre las atribuciones de Mesa el
intervenir frente a las medidas que adoptan los 32 jueces que en todo el país
se dedican a esta función con plena potestad de sus actos. “Lo que sí es un
hecho es que en la Sala Penal de la Corte Suprema, donde tiene su sillón el
ministro Hugo Dolmestch, también tiene su lugar el auditor del Ejército,
Waldo Martínez, quien la integra sólo cuando se ven en esa sala los procesos
que llegan desde la Corte Marcial. Una cercanía que facilita la
comunicación”, consigna el reportaje.
Causa extrañeza que el caso tardara 40
años en obtener un fallo que hiciera justicia a sus víctimas. “Una de las
razones que podrían explicar esa demora es que varios de los militares
inculpados llegaron a ocupar posiciones de generalato y alto mando en el
Ejército. Y también, que abrir esa compuerta implica sumergirse en la complicidad
que tuvieron con la impunidad funcionarios del Poder Judicial de esa zona que
hicieron carrera”, señala la investigación. Al día siguiente de cometidos los
asesinatos, el propio Ejército aseguró a la prensa que los cadáveres
correspondían a militantes de grupos extremistas, versión que finalmente
resultó ser falsa.
Cuando el ex ministro Alejandro Solís
arribó para colaborar en estos casos de violaciones a los DD.HH, ninguno de los
ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago con dicha labor se mostró
contrario a su llegada. No es de extrañar, si se considera que el grupo de
magistrados tiene sobre sus espaldas deber de lidiar con más de mil causas que
aún están pendientes. No así lo manifestó en su momento el abogado de
militares procesados, Jorge Balmaceda, quien expresó su rechazo al
nombramiento de Solís calificándolo de “improcedente”, mismo argumento que
usaría el ministro Hugo Dolmestch para impugnar la contratación de Alejandro
Solís.
Consultado por esta materia, Dolmestch
aseguró que “Lo que se debiera haber hecho es contratarlo bajo mi dependencia
para organizar la base de datos y otros apoyos. Y eso es lo que yo iba a
plantear en el pleno del viernes (7 de marzo). Pero ya renunció. No es de mi
responsabilidad”, consigna el medio de investigación.
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